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Modo: Corpus Pro

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. EL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN NO DEBE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIENDO OBLIGATORIO PARA LOS TRIBUNALES DE AMPARO SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 238/2011. · Registro digital (IUS): 23486
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Pág. 146.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 238/2011. SUSCITADA ENTRE EL PRIMERO Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO. 16 DE NOVIEMBRE DE 2011. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. AUSENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: RICARDO MANUEL MARTÍNEZ ESTRADA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001 y punto segundo del diverso Acuerdo 4/2002 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito.

No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer; esta reforma entró en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del referido decreto.

Sin embargo, lo anterior no implica que a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia para conocer y resolver el presente asunto, ya que a juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad al decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo.

Ello es así porque si bien es cierto que las contradicciones de tesis no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción, se generaron con la resolución de juicios de amparo; de ahí que realizando una interpretación armónica, sea posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis iniciadas con anterioridad al decreto de reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado, ni formal ni materialmente, el Pleno del Sexto Circuito.

La anterior interpretación es acorde con la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual implica que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de criterios; por lo que, de considerar que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estarían supeditados a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.

En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente, estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializados o especializados en una misma materia), empero, acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Sexto Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que la misma fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente), se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental, anterior al cuatro de octubre de dos mil once; y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante de la contradicción. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el Magistrado Antonio Meza Alarcón, integrante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito; órgano jurisdiccional que emitió uno de los asuntos en los que se sostiene uno de los criterios en posible contraposición.

TERCERO. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Ese órgano jurisdiccional al resolver el amparo en revisión 316/2010, en la sesión correspondiente al seis de mayo de dos mil once, sostuvo, en síntesis, lo siguiente:

"Conviene destacar que en el juicio de garantías de origen se reclamó el cumplimiento de la resolución de veinticinco de febrero de dos mil diez, por medio de la cual se impuso a la parte quejosa, una multa y, sus consecuencias, consistentes en el citatorio de veintitrés y la notificación de veinticuatro, ambos de marzo de dos mil diez.

"Además, la parte inconforme precisó tener el carácter de tercero extraña puesto que alegó que no fue notificada desde el inicio del procedimiento administrativo por infracciones a la Norma Oficial Mexicana NOM-174-SCFI-2007, prácticas comerciales, elementos de información para la prestación de servicios en general.

"De lo anterior, se desprende que la recurrente no reclamó la resolución que culminó el procedimiento administrativo, sino su simple notificación y cumplimiento.

"Además, en relación con el llamamiento a dicho procedimiento administrativo, no es un acto del que la recurrente se hubiese inconformado o señalado como acto reclamado destacado, pues si bien es verdad que se ostentó como tercero extraña al juicio por equiparación, lo cierto es que dicha figura no es aplicable en este caso, en la medida de que no se está en un juicio seguido en sede jurisdiccional.

"Las principales razones por las cuales el Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio, son que la peticionaria de amparo se inconformó contra la notificación de la resolución administrativa, así como sus consecuencias, mismas que se tratan de actos definitivos, los cuales pueden ser revocados, nulificados o modificados por medio del recurso ordinario de revisión, previsto en el artículo 135 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, sin que se esté en el supuesto de excepción del artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado sí está fundado y, no se exigen mayores requisitos para suspender la ejecución del acto impugnado.

"El Juez Federal aseveró que la regulación del medio ordinario de impugnación no exige mayores requisitos que los que contempla la Ley de Amparo para conceder la suspensión de la ejecución del acto impugnado, pues al cotejar las disposiciones que la regulan se concluye que no se exigen mayores requisitos, por lo que no se está en el supuesto de excepción previsto en la última parte del primer párrafo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo.

"Ahora, se sostiene que el agravio es infundado, porque en el caso concreto no puede equipararse el ilegal emplazamiento en un juicio de instancia, con la notificación del inicio de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, dado que la naturaleza jurídica de un juicio en sede jurisdiccional es diversa a los procedimientos administrativos.

"Esto es así, cuenta habida que los primeros constituyen una instancia contenciosa formal, en el entendido de que si se pronuncia la sentencia definitiva, no es jurídicamente posible que se le dé a conocer el emplazamiento junto con el fallo definitivo, para que la inconforme tenga la oportunidad de combatirlo vía ampliación del recurso que promueva.

"En el caso de los segundos, son procedimientos de verificación que se llevan a cabo en sede administrativa, a cargo del superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto impugnado, en la inteligencia de que en este caso, si la inconforme manifiesta desconocer la notificación que le dio inicio al procedimiento, la autoridad está obligada a dar a conocer de manera plena la constancia aludida y, la inconforme está en aptitud de combatirla, vía ampliación del recurso ordinario, dentro del plazo legal establecido.

"Por tanto, tampoco es jurídicamente correcto, inferir que en los procedimientos en sede administrativa, pueda sostenerse la existencia de un tercero extraño al procedimiento por equiparación, dado que la naturaleza verificadora en sede administrativa de los procedimientos es diversa a los juicios en sede jurisdiccional, puesto que en el caso de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, es posible combatir la notificación con la que inician, en conjunción con la resolución que les pone fin.

"Lo anterior, en el entendido de que la autoridad contra la que interpone el recurso está obligada a exhibir la notificación para que la inconforme la controvierta vía ampliación, en la cual podrá incluso, ofrecer pruebas con las que demuestre la ilegalidad de la actuación, cuestión que no es posible en los juicios de instancia.

"Así las cosas, no se está en el caso de suplir la deficiencia del agravio, porque se ostentó como tercero extraño al procedimiento por equiparación, como lo solicita en la parte final del agravio identificado como IV."

Asimismo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver el amparo en revisión 83/2011 en su sesión correspondiente al seis de mayo de dos mil once, sostuvo, esencialmente, lo siguiente:

"En principio, resulta conveniente precisar que del contenido de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso manifestó que el treinta de septiembre de dos mil diez, revisó el expediente 3275/2009, percatándose de que por proveído de veinticuatro de mayo del mismo año se dio inicio al procedimiento administrativo instaurado en su contra, dándole un término para que hiciera las manifestaciones conducentes y ofreciera pruebas, que tal proveído supuestamente se le notificó el veintiséis del mismo mes y año, y que, finalmente, el veinticuatro de agosto de dos mil diez se dictó resolución por la que se le impuso una multa.

"A partir de lo anterior, el recurrente señaló como acto reclamado únicamente la indebida notificación de veintiséis de mayo de dos mil diez, practicada dentro expediente 3275/2009 de los del índice de la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por parte del notificador de dicha dependencia, en la inteligencia de que no manifestó inconformidad alguna respecto de la resolución con que culminó el procedimiento administrativo de origen.

"Ahora, la juzgadora federal resolvió sobreseer en el juicio, en atención a que estimó actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, atento a que el quejoso estuvo en posibilidad de impugnar la notificación controvertida, mediante el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con el diverso 41, fracción II, del mismo ordenamiento. ...

"Por tanto, tampoco es jurídicamente correcto, inferir que en los procedimientos en sede administrativa, pueda sostenerse la existencia de un tercero extraño al procedimiento por equiparación, dado que la naturaleza verificadora en sede administrativa de los procedimientos, como se ha sostenido en esta ejecutoria, es diversa a los juicios en sede jurisdiccional, puesto que ha quedado evidenciado que en el caso de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, es posible combatir la notificación con la que inician, en conjunción con la resolución que les pone fin.

"Lo anterior, en el entendido de que la autoridad contra la que interpone el recurso está obligada a exhibir la notificación para que el inconforme la controvierta vía ampliación, en la cual podrá incluso, ofrecer pruebas con las que demuestre la ilegalidad de la actuación, cuestión que no es posible en los juicios de instancia.

"Así las cosas, como no es jurídicamente válido suplir la deficiencia de la queja en este tipo de asuntos, el agravio hecho valer es inoperante, porque el recurrente no expresa argumentación alguna para impugnar la legalidad de las consideraciones realizadas por la Juez de Distrito al emitir la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio, mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo o forma, en que incurra el fallo sujeto a revisión."

CUARTO. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. Ese órgano jurisdiccional, al resolver el amparo en revisión 122/2011, en su sesión correspondiente al trece de abril de dos mil once, sostuvo, en síntesis, lo siguiente:

"Es parcialmente fundado el agravio expuesto por el recurrente.

"En principio, resulta conveniente precisar que mediante demanda presentada el trece de octubre de dos mil diez ********** promovió juicio de garantías, señalando como actos reclamados las notificaciones de veintiséis de mayo de ese mismo año efectuadas en los expedientes 3275/2009 y 3341/2009, de la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

"Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso manifestó que el treinta de septiembre de dos mil diez revisó el expediente de referencia, percatándose de que por proveído de veinticuatro de mayo del mismo año se dio inicio al procedimiento administrativo instaurado en su contra, dándole un término para que hiciera las manifestaciones conducentes y ofreciera pruebas; que tal proveído supuestamente se le notificó el veintiséis del mismo mes y año, y que, finalmente, el veinticuatro de agosto de dos mil diez se dictó resolución por la que se le impuso una multa.

"A partir de lo anterior, el quejoso señaló como acto reclamado únicamente la indebida notificación de veintiséis de mayo de dos mil diez, practicada dentro expediente 3341/2009 de los del índice de la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por parte del notificador de dicha dependencia, sin manifestar inconformidad alguna respecto de la resolución con que culminó el procedimiento administrativo de origen.

"El treinta y uno de diciembre de dos mil diez se dictó sentencia en el juicio de amparo 1523/2010, de los del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, sobreseyendo el juicio de garantías.

"Al efecto, la Juez de Distrito estimó actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, atento a que el quejoso estuvo en posibilidad de impugnar la notificación de veintiséis de mayo de dos mil diez, efectuada en el expediente 3341/2009, radicado ante la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en relación con el diverso 41, fracción II, del mismo ordenamiento.

"Ahora bien, asiste la razón al recurrente en cuanto a que en la especie se está planteando la ilegalidad de una notificación que lo deja en estado de indefensión en el procedimiento de origen, vulnerándose en su contra de manera manifiesta la garantía de audiencia.

"Ahora bien, en principio conviene destacar que en el juicio de garantías de origen se reclamó la notificación de veintiséis de mayo de dos mil diez efectuada en el expediente 3341/2009, de los del índice de la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; a través de tal notificación se pretendió dar a conocer a ********** el oficio ********** de veinticuatro del mismo mes y año, por medio del cual el titular de la referida dirección le informó el inicio del procedimiento administrativo de calificación de infracciones en su contra, concediéndole un término de quince días hábiles para que expusiera lo que a su derecho conviniera y, en su caso, aportara las pruebas conducentes, indicándole su derecho para consultar el expediente administrativo y para formular alegatos (fojas 52 y 53 del juicio de amparo).

"En consecuencia, no se reclama una simple notificación, sino el llamamiento al procedimiento administrativo instaurado en contra del hoy recurrente, siendo que en caso de que se hubiera efectuado ilegalmente, se vulneraría en su contra la garantía de audiencia.

"En este sentido conviene precisar que el llamamiento del demandado al procedimiento administrativo de origen constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, por lo que su omisión o práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo incluso a suplir la queja deficiente al respecto, en términos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo.

"Ahora bien, al reclamarse el ilegal llamamiento o emplazamiento al procedimiento administrativo de origen, entonces, el quejoso promovió el juicio de garantías equiparándose a un tercero extraño al juicio, aduciendo que se enteró de la existencia de ese procedimiento hasta el día treinta de septiembre de dos mil diez, al consultar las constancias relativas, percatándose que había una resolución por la que se le impuso una multa.

"Y siendo así, procede el amparo indirecto sin necesidad de agotar medio de defensa alguno, con independencia de los requisitos exigidos para otorgar la suspensión del acto combatido, pues es a través del juicio biinstancial que el inconforme puede aportar ante el Juez, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al procedimiento se realizó en forma distinta a la prevista en la ley."

QUINTO. Análisis de la existencia de la contradicción. De conformidad con el criterio adoptado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, la existencia de la contradicción de tesis está condicionada a que, en el caso concreto, los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

El criterio anterior, se contiene en la jurisprudencia P./J. 72/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, cuya sinopsis dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

En congruencia con esa tesis, se concluye que sí existe contradicción de criterios en el presente asunto, toda vez que, respecto de un mismo tema, a saber: si es o no jurídicamente correcto que en los procedimientos en sede administrativa, pueda sostenerse la existencia de un tercero extraño al procedimiento por equiparación, y si, por esa calidad de tercero, debe suplirse la deficiencia de la queja en este tipo de asuntos, amén de que no es exigible agotar medio de defensa alguno previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto (principio de definitividad), los tribunales arribaron a conclusiones diversas.

En efecto, esta Sala advierte que tanto el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito al resolver los recursos de revisión AR 316/2010 y AR 83/2011, como el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión AR 122/2011, analizaron la constitucionalidad de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio que se instauraron en contra de los quejosos, los cuales culminaron con la imposición de una multa, bajo el argumento toral de que aquéllos no fueron notificados del inicio de esos procedimientos.

Para el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito no es jurídicamente correcto, sostener que en los procedimientos en sede administrativa, pueda sostenerse la existencia de un tercero extraño al procedimiento por equiparación, por considerar, esencialmente, que la naturaleza verificadora de los procedimientos administrativos es diversa a los juicios en sede jurisdiccional, puesto que en el caso de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, es posible combatir la notificación con la que inician, en conjunción con la resolución que les pone fin.

Por ello, concluyó el mencionado órgano jurisdiccional que no es jurídicamente válido suplir la deficiencia de la queja en este tipo de asuntos, porque se ostentó como tercero extraño al procedimiento por equiparación, amén de que debe agotarse el recurso ordinario contemplado en ley, previamente a la promoción del amparo indirecto.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 122/2011 sostuvo, esencialmente, que al reclamarse el ilegal emplazamiento al procedimiento administrativo de origen, entonces, el quejoso promovió el juicio de garantías equiparándose a un tercero extraño al juicio, por lo que procede el amparo indirecto, pues es a través de ese juicio que el inconforme puede aportar ante el Juez, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al procedimiento se realizó en forma distinta a la prevista en la ley.

Por tanto, concluyó el mencionado tribunal que el llamamiento del demandado al procedimiento administrativo de origen constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, por lo que su omisión o práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo incluso a suplir la queja deficiente al respecto, en términos de lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, sin que deba agotarse medio de defensa alguno "con independencia de los requisitos exigidos para otorgar la suspensión del acto combatido, pues es a través del juicio biinstancial que el inconforme puede aportar ante el Juez, en la audiencia constitucional, las pruebas necesarias para demostrar la falta de emplazamiento o que el llamamiento que se le hizo al procedimiento se realizó en forma distinta a la prevista en la ley."

De esta manera, se concluye que sí existe la contradicción de tesis denunciada, en razón de que los Tribunales Colegiados al analizar la constitucionalidad de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio que se instauraron en contra de los quejosos, los cuales culminaron con la imposición de una multa, bajo el argumento toral de que aquéllos no fueron notificados del inicio de esos procedimientos, sostuvieron las posturas contrarias relatadas en los párrafos anteriores.

Demostrado que sí existe contradicción de tesis, se determina que el punto a resolver consiste en determinar si es o no jurídicamente correcto que en los procedimientos en sede administrativa, pueda sostenerse la existencia de un tercero extraño al procedimiento por equiparación, y si, por esa calidad de tercero, debe suplirse la deficiencia de la queja en este tipo de asuntos y agotarse o no los medios ordinarios de defensa, previamente a la promoción del amparo indirecto (principio de definitividad).

SEXTO. Estudio de fondo. A efecto de resolver el punto de contradicción precisado en el último párrafo del considerando anterior, conviene atender a lo establecido en la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente:

"Artículo 114. El amparo se pedirá ante Juez de Distrito: ... II. Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o de trabajo. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23486-a69e8d23/procedimiento-administrativo-seguido-en-forma-de-juicio-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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