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Modo: Corpus Pro

EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 348/2010. · Registro digital (IUS): 23151
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO, TODOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Pág. 773.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 348/2010. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, TERCERO Y CUARTO, TODOS DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 22 DE JUNIO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la posible contradicción de tesis denunciada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el punto cuarto del Acuerdo 5/2001 emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiuno de junio de dos mil uno, en relación con el punto segundo, segundo párrafo, en virtud de que se trata de la posible contradicción entre tesis que sustentan Tribunales Colegiados de Circuito en relación con un asunto de carácter civil.

SEGUNDO. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la denuncia fue formulada por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, quien se encuentra facultado para tal efecto.

TERCERO. Los criterios materia de análisis, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, se apoyan en los hechos muy similares, pues el acto reclamado consiste en la negativa del Juez de la causa de decretar el embargo de los saldos existentes en la cuenta bancaria que la demandada, Comisión Federal de Electricidad, tiene a su nombre en cierta institución de crédito.

Los criterios jurídicos que sostuvieron los Tribunales Colegiados con respecto a la procedencia del juicio de amparo indirecto son los siguientes:

A) Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito (improcedencia **********):

"En el resto de los agravios los revisionistas señalan, en lo medular, que es incorrecto el desechamiento de la demanda, en virtud de que el Juez de Distrito no tomó en cuenta que el acuerdo reclamado entraña una negativa a ejecutar y hacer cumplir la sentencia dictada por la propia responsable, que frente al quejoso y actor en el juicio natural constituye un acto privativo que tiene como finalidades incorporar dentro de su esfera de derechos el que le fue reconocido en la sentencia emitida en el sumario de origen, acto que además es de imposible reparación y contra el cual resulta procedente el amparo biinstancial.

"Aducen además, que el artículo 510 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa fue aplicado de manera incorrecta por el Juez de amparo, porque en la demanda de garantías se reclamó la resolución que fue emitida para la ejecución de la sentencia dictada en el sumario civil de origen y de la cual es parte actora, misma en la que niega acreditar el embargo decretado contra la cual el numeral invocado expresamente contempla que ese tipo de resoluciones no admite recurso.

"También expresan que la resolución que constituye el acto reclamado es una determinación dictada en respuesta a una promoción presentada con el objeto de ejecutar la sentencia decretada en los autos del juicio natural, es decir, es de aquellas resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, la cual en términos del mencionado numeral no admite recurso alguno y, por tal motivo, adverso a lo aseverado por el Juez de Distrito, contra un auto de esa naturaleza que niega decretar el embargo resulta procedente el amparo interpuesto, pues es de explorado derecho que al negar el embargo en vía de ejecución de sentencia se traduce en un acto cuya ejecución es de imposible reparación y debe estimarse que frente al actor del juicio de origen y quejoso, la negativa del Juez responsable constituye un acto privativo del derecho que le fue reconocido en la sentencia que él mismo dictó, en tanto equivale a un acuerdo que niega de manera definitiva el derecho que se tiene para que se ejecute en todos sus términos la referida sentencia.

"Que el hecho de desechar de plano la demanda de garantías sin que se le hubiera dado la oportunidad de aportar los elementos de prueba dentro de procedimiento, que hasta antes de finalizar la audiencia constitucional está en pleno derecho de presentar todas aquéllas relativas a acreditar que el acto reclamado afecta los intereses jurídicos de los revisionistas, y que por tal motivo es improcedente que se haya desechado de plano la demanda con base en meras presunciones, dado que para que las causales de improcedencia operen deben ser patentes, claras e inobjetables.

"Los agravios resumidos se estiman infundados por las razones que a continuación se exponen.

"El artículo 145 de la Ley de Amparo, establece:

"‘El Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado.’

"Del texto del numeral transcrito se colige que el desechamiento de una demanda de garantías procede única y exclusivamente, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de suerte que si la improcedencia no es patente, clara y evidente, ello basta para admitir la demanda de garantías.

"Bajo tales premisas se obtiene que, en términos del expresado ordinal 145 el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causales de improcedencia reguladas en el precepto 73 de la ley de la materia y que sea de tal manera evidente o manifiesta e indudable la causal que se actualice, que resulte ocioso darle trámite a una demanda de garantías notoriamente improcedente.

"Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 2a. LXXI/2002, definió lo que debe entenderse por ‘motivo manifiesto e indudable de improcedencia’, y en lo conducente estableció: ‘manifiesto’ es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e ‘indudable’, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, sin género de duda, por la claridad y veracidad de éste. Concluyendo que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, por advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda de garantías, de su aclaración, o de los documentos anexos a dichas promociones, de manera que aun en el supuesto de que se admita la demanda y se sustancie el procedimiento, no se pueda arribar a una conclusión diferente con los elementos de convicción allegados por las partes, es decir, que para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.

"La tesis invocada se encuentra publicada página 448, julio de dos mil dos, Tomo XVI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro 186605, cuyo rubro y texto disponen:

"‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’ (se transcribe).

"Por otra parte, el artículo 510 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa y que según los recurrentes interpretó equívocamente el Juez de Distrito, dispone:

"‘Contra las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, no se admite recurso. Si la resolución fuere de otra naturaleza, será procedente la apelación en efecto devolutivo.’

"Del ordinal transcrito se advierte que en tratándose de resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia, no se admitirá más recurso que el de responsabilidad, pero si la resolución es de naturaleza distinta, será procedente el recurso de apelación.

"Bajo tales premisas, se obtiene que el acto reclamado que se hizo consistir básicamente en la resolución de cinco de abril de dos mil diez pronunciada por el Juez responsable en los autos del juicio sumario civil ... donde negó decretar el embargo de los saldos existentes en la cuenta ... que la demandada en el juicio natural aquí tercera perjudicada, tiene a su nombre en la institución de crédito ... no se trata de aquéllas que son emitidas para la ejecución de una sentencia, como en forma errónea lo pretenden los revisionistas; por el contrario, tiende a obstaculizar la ejecución de la sentencia definitiva del juicio de origen y, en esa virtud, al ser de naturaleza distinta, los recurrentes, antes de acudir al juicio de amparo, debieron haber recurrido la determinación reclamada mediante el recurso de apelación acorde lo establecido por el invocado precepto 510 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa.

"Se afirma lo anterior, pues como el acto impugnado constituye una negativa del juzgador responsable de decretar el embargo de la cuenta bancaria de la tercera perjudicada; es inconcuso que no participa de la naturaleza de aquéllas resoluciones que son dictadas para la ejecución de una sentencia, en tanto con la misma no se impulsa el procedimiento de ejecución de la sentencia, lo que era necesario para que pudiera considerarse como tal; por lo que, al no ser así, sino de un género distinto, dado que tiende a dificultar la ejecución de la referida sentencia, es por lo que se coincide con el Juez de amparo en torno a que los recurrentes debieron haber recurrido el acto impugnado a través del recurso de apelación a que alude el dispositivo legal en cita.

"Luego, al quedar de manifiesto que contra la resolución reclamada procede el recurso de apelación, en tales condiciones, los revisionistas estaban en aptitud de hacer valer ese medio de defensa que la legislación ordinaria establece a su favor, previamente a acudir al juicio constitucional; medio de defensa a través del cual dicho acto podría ser nulificado, modificado o revocado; por tanto, es incuestionable que se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII del ordinal 73 de la Ley de Amparo, al no haber colmado el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, como en forma acertada lo estimó el Juez de Distrito.

"Sobre el particular es aplicable, por compartir su criterio, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 902, mayo de 2002, Tomo XV, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 187016, cuyo rubro y texto disponen:

"‘AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). ..."

B) Asuntos planteados ante el Tercer Tribunal Colegiado del Decimosegundo Circuito:

• Improcedencia **********:

"Dichos motivos de inconformidad son fundados y suficientes para revocar el auto recurrido.

"Primero, es importante precisar que si bien, la regla general aplicable al principio de definitividad consiste en que previamente a la promoción del juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios que señale la ley rectora del acto reclamado, existen asuntos que por la forma en que el quejoso formula la impugnación constitucional, se apartan de dicha regla genérica, por lo que evidentemente resultan excepcionales, y tal característica debe considerarse también para determinar la procedencia del juicio de garantías; tales casos excepcionales derivan tanto de la ley como de la propia jurisprudencia.

"Así pues, es importante señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 82/99-SS, entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito emitió la tesis 2a. LVI/2000, misma que se encuentra publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, julio de 2000, página 156, que a la letra dice:

"‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe).

"De lo anterior, se puede sintetizar que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, éste se aparta de la regla general del principio de definitividad, ya sea porque la Constitución Federal, la Ley de Amparo o los criterios jurisprudenciales emitidos por los tribunales de amparo facultados así lo establecen; sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas.

"Ahora bien, el artículo 510 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, establece: (se transcribe)

"De la interpretación literal del precepto anteriormente transcrito queda de manifiesto que contra las resoluciones dictadas para la ejecución de una sentencia no se admite recurso; de ahí, que se estime que el auto por el cual el Juez de Distrito desechó la demanda de garantías bajo el argumento de que contra la negativa de la autoridad responsable de ejecutar la sentencia definitiva dictada en el juicio sumario civil 300/2009 consistente en embargar los saldos de la cuenta bancaria identificada con el número ... a cargo de la Institución de Crédito ... cuyo titular es la Comisión Federal de Electricidad, procedía el recurso de apelación, sea incorrecta, porque dicho numeral es categórico en expresar que contra esas resoluciones dictadas para la ejecución de la sentencia no se admite recurso.

"De ahí, que no se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, y opuestamente a lo razonado por el juzgador federal, el quejoso no tenía obligación de interponer el recurso de apelación en contra del acto que reclama, previo a interponer el juicio de garantías.

"Además de lo anterior, debe decirse que el artículo 145 de la Ley de Amparo otorga facultades al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo, únicamente cuando se trate de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, siendo lo manifiesto cuando el motivo se advierte en forma clara, patente y evidente de la lectura de la demanda, y lo indudable, resulta cuando se tiene certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admita la demanda no es posible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, lo que no acontece en la especie.

"Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia 747 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, que se comparte, publicada en la página 503, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Compilación 1917-1995, que a la letra dice:

"‘DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.’ (se transcribe).

"En las relatadas consideraciones, lo procedente es revocar el auto recurrido y ordenar al Juez Federal, provea nuevamente sobre la admisión de la demanda de garantías de que se trata.

"Finalmente, debe decirse que no se soslaya que los actos reclamados consistentes en negativa de la autoridad responsable de ejecutar la sentencia definitiva dictada en el juicio sumario sumario civil **********, consistente en embargar los saldos de la cuenta bancaria identificada con el número ... a cargo de la Institución de Crédito ... cuyo titular es la Comisión Federal de Electricidad, sucedieron en la etapa de ejecución de sentencia, y que de acuerdo con el artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de esa naturaleza, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; sin embargo, en el caso que nos ocupa, constituye una excepción a esa regla general, porque se trata de actos omisivos por parte del Juez responsable con los que se obstaculiza el procedimiento de ejecución de sentencia, y por esa razón es procedente el juicio de amparo en contra de dichos actos, porque de otra manera no podría ejecutarse la sentencia, lo que tiene sustento en lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, que establece el derecho al acceso a la justicia y que abarca también la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada.

"Al respecto tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 47/2008, que se invoca por similitud de razón en cuanto a los actos reclamados, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, julio de 2008, página 364, del rubro y texto siguientes:

"‘REMATE. LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA SEÑALAR FECHA PARA LA AUDIENCIA RESPECTIVA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe). ..."

• Amparo en revisión **********:

"CUARTO. Resulta innecesario transcribir tanto la sentencia recurrida como los agravios expuestos en su contra, ya que este tribunal no se ocupará de su análisis, pues se advierte que en el juicio de amparo indirecto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, diversa a la que la recurrente invoca en sus agravios, consistente en la hipótesis localizada en la fracción XVIII del citado artículo, en relación con lo previsto en la fracción III del artículo 114 de la ley de la materia, ya que la primera es de estudio preferente, porque antes de analizar si el acto reclamado es o no ‘la última resolución’ en la etapa de ejecución de sentencia, es factible y procedente examinar si en contra del mismo acto procede algún recurso ordinario de defensa que haga innecesario el análisis de cualquier otra circunstancia; al no haberse preparado el juicio a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en el amparo, como ocurrió en la especie.

"Lo anterior es así, porque sobre el particular sigue rigiendo el principio de que, siendo la procedencia de la acción de amparo de orden público, su estudio debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no, y en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo; que textualmente prevé: ‘Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio.’

"Lo que se robustece con el criterio interpretativo de nuestro Más Alto Tribunal del País, que en su jurisprudencia P./J. 122/99, consultable en la página 28, Tomo X, noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, literalmente consideró:

"‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (se transcribe).

"Asimismo, apoya por analogía, la jurisprudencia 76/2004, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 262, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, junio de 2004, registro 181325, bajo el rubro y texto siguiente:

"‘IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SU EXAMEN EN LA REVISIÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OBTUVO RESOLUCIÓN FAVORABLE.’ (se transcribe).

"En el caso, como se dijo con anterioridad, el juicio de amparo indirecto es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, dispone: (se transcribe)

"El artículo transcrito pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo, cuando el acto reclamado se hace consistir en una resolución de carácter judicial o emitida por un tribunal administrativo o de trabajo, contra la cual, proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda modificar, revocar o nulificar el acto reprochado, salvo los casos de excepción expresamente establecidos.

"Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se puede acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si se pasase por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable a fin de que ésta agote las facultades que le competen y, por ende, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de los juzgadores de primer conocimiento.

"Bajo ese orden de ideas, al hacer un análisis del acto reclamado, se tiene que no se encuentra en los supuestos de excepción al principio de definitividad que legal y jurisprudencialmente se han establecido, ya que en el caso el promovente del amparo ... es parte actora en el juicio sumario civil ... que siguió en contra de la Comisión Federal de Electricidad, por tanto, no le deviene el carácter de tercero extraño al juicio, y, por ende, se encuentra obligado a acatar el principio de definitividad en comento.

"Igualmente, el acto reclamado no pone en peligro la privación de la vida, deportación o destierro, o aquéllos actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, dado que, en el juicio sumario civil ... se ventilaron cuestiones referentes a la declaración judicial sobre la constitución de una servidumbre legal de paso a favor de la Comisión Federal de Electricidad, al pago de la indemnización de pesos a que se refiere el artículo 1108 del Código Civil Federal y su correlativo 1106 del Código Civil para el Estado de Sinaloa, procedimiento que se encuentra en ejecución de sentencia, donde el acto reclamado lo es el auto de treinta de noviembre de dos mil nueve, en el cual el Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mocorito, Sinaloa, negó al actor decretar el embargo de los saldos existentes en la cuenta número ... que la demandada tiene a su nombre en la institución de crédito ... haciendo evidente que el acto reclamado no es de aquellos a los que refiere el segundo párrafo de la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo; por tanto, el quejoso estaba obligado a agotar el principio de definitividad que prevé tal dispositivo.

"Establecido lo anterior, se tiene que el artículo 510 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, dispone: (se transcribe).

"Con base en la interpretación gramatical que se realiza al mencionado numeral, se obtiene que dentro de las resoluciones pronunciadas para la ejecución de una sentencia se distinguen las que se dictan durante la fase de ejecución de la propia sentencia, y las que no participan de la naturaleza de aquéllas; habida cuenta de que el vocablo ‘para’, se define en su acepción principal como la preposición con que se denota el fin o término al que se encamina una acción, y no deja lugar a duda acerca de la naturaleza de las resoluciones a que alude la norma invocada, que no pueden ser otras más que las que se dirijan a la ejecución de la sentencia y no aquellas que, pronunciadas con posterioridad a la definitiva, pero dotadas de autonomía propia, están desvinculadas de la ejecución; aunque hayan tenido lugar en tal periodo. Esto lo explica la intención del legislador, puesto que utilizó la aludida preposición ‘para’ y no la preposición ‘en’, con la cual habría comprendido todo tipo de resoluciones dictadas en el procedimiento de ejecución de sentencia.

"Apoyan a la anterior consideración, la jurisprudencia y criterios siguientes:

"‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA, CONTRA EL AUTO QUE NIEGA ORDENAR LA, PROCEDE RECURSO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (se transcribe).

"‘EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, RESOLUCIONES DICTADAS PARA LA. CONCEPTO.’ (se transcribe).

"‘EJECUCIÓN DE SENTENCIAS.’ (se transcribe).

"Aunado a lo anterior, interpretando a contrario sensu el aludido numeral 510, del código procesal aplicable en esta entidad federativa, se concluye que cuando la determinación dictada en la ejecución de sentencia, tenga como efecto precisamente lo contrario a procurar ésta (su ejecución), es decir, para que no se cumpla, debe en tal supuesto proceder la interposición del recurso ordinario que corresponda para impugnar dicha determinación; porque además la parte final del mencionado dispositivo no permite otra interpretación al prever el recurso de apelación en contra de aquellas resoluciones que tengan otra naturaleza o finalidad al de las dictadas para la ejecución de una sentencia.

"Resultan ilustrativas, por cuestión de analogía, las jurisprudencias que a continuación se insertan:

"‘EJECUCIÓN PERIODO DE. CASO EN EL QUE PROCEDE RECURSO ORDINARIO CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN EL. (ARTÍCULO 501 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE JALISCO).’ (se transcribe).

"‘SENTENCIA. EJECUCIÓN DE. RECURSOS. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).’ (se transcribe).

"...

"Bajo tales premisas, el transcrito acto reclamado que se hizo consistir básicamente en el auto de trece de noviembre de dos mil nueve pronunciado por el Juez responsable en los autos del juicio sumario civil **********, donde negó decretar el embargo de los saldos existentes en la cuenta ... que la demandada en el juicio natural, aquí tercera perjudicada, tiene a su nombre en la institución de crédito ... no se puede ponderar como de las que son emitidas para la ejecución de una sentencia, porque contrario a ello, tiende a negar la ejecución de la sentencia definitiva del juicio de origen, por esa razón, deviene como las señaladas en el artículo 510 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa de naturaleza distinta, por lo que es inconcuso que la parte recurrente antes de acudir al juicio de amparo, debió haber recurrido la determinación reclamada mediante el recurso de apelación, acorde a lo establecido por el invocado precepto 510 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa.

"Encuentra apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia y criterio siguiente:

"‘EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA NIEGA DEBE SER IMPUGNADA MEDIANTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY ANTES DE RECLAMARLA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).’ (se transcribe).

"Conviene precisar en relación con lo anteriormente expuesto, que nuestro Máximo Tribunal ha estimado con naturaleza jurídica diferente a los actos desplegados para ejecución de sentencia, aquéllos contrarios a la consecución de la ejecución de una sentencia, al grado de que ha estimado procedente el juicio biinstancial en contra de los mismos (por supuesto una vez observado el principio de definitividad), lo que apoya lo ponderado que apunta a que la negativa de embargo de mérito no puede ser considerada como un acto para ejecución de sentencia, por su diferente naturaleza jurídica a la consecución de la ejecución de una sentencia.

Al respecto, cobra aplicación por analogía la jurisprudencia 47/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 364, Tomo XXVIII, julio de 2008, Novena Época, que dice:

"‘REMATE. LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA SEÑALAR FECHA PARA LA AUDIENCIA RESPECTIVA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe).

"Luego, al quedar de manifiesto que contra la resolución reclamada procede el recurso de apelación, en tales condiciones, el quejoso estaba en aptitud de hacer valer ese medio de defensa que la legislación ordinaria establece a su favor, previamente a acudir al juicio constitucional, medio de defensa a través del cual dicho acto podría ser nulificado, modificado o revocado; por tanto, es incuestionable que se surte la causal de improcedencia prevista por la fracción XIII del ordinal 73 de la Ley de Amparo, al no haber colmado el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, como lo debió advertir el Juez de Distrito.

"En las relacionadas consideraciones, lo que procede es revocar la sentencia recurrida y en su lugar, decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, con fundamento en la fracción III del arábigo 74 de la citada ley reglamentaria...."

Vale la pena informar desde este momento que no se transcribirá el contenido de las ejecutorias recaídas al fallar las improcedencias **********, **********, **********, ********** y ********** que obran en autos, por referirse a temas que no forman parte de la presente contradicción, como se demostrará más adelante.

C) Asuntos planteados ante el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito:

• Improcedencia **********:

"QUINTO. ...

"Ahora, es pertinente citar el contenido del numeral 145 de la Ley de Amparo que establece:

"(se transcribe).

"Con relación al precepto legal en cita, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es.

"Lo anterior se desprende de la tesis 2a. LXXI/2002, publicada en la página cuatrocientos cuarenta y ocho del Tomo XVI, julio de dos mil dos, Semanario Judicial de la Federación y su Ga

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23151-e30ac858/embargo-el-auto-que-niega-ordenarlo-es-impugnable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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