DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. ES INAPLICABLE ESE PRINCIPIO CUANDO SE IMPUGNA UNA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL EN LA VÍA INDIRECTA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCER Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 2 DE OCTUBRE DE 2017. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ, RENÉ OLVERA GAMBOA, TOMÁS GÓMEZ VERÓNICA, ELÍAS H. BANDA AGUILAR, ÓSCAR NARANJO AHUMADA Y JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA. DISIDENTE: ROBERTO CHARCAS LEÓN. PONENTE: JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA. SECRETARIO: ROBERTO TOMÁS GÓMEZ GUEVARA.
Zapopan, Jalisco, acuerdo del Tribunal Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de dos de octubre de dos mil diecisiete.
VISTOS, para resolver, los autos del expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis 15/2017; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio sin número, suscrito por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez, por el cual denuncia la posible contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver, respectivamente, los recursos de queja 9/2017 y 7/2017, que derivan, en ese orden, de los juicios de amparo indirecto 3177/2016 y 3176/2017, del índice del aludido juzgado; la cual fue registrada con el número de correspondencia 2542, de la cual se deduce, esencialmente, que la pretensión es determinar si contra el acto reclamado consistente en el anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el dos mil dieciséis, se actualiza o no la excepción al principio de definitividad establecido en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.-Trámite ante el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito. En proveído de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, el Magistrado presidente del Pleno de Circuito, Juan José Rosales Sánchez, admitió la denuncia aludida, ordenando su registro con el número 15/2017; solicitó a los órganos colegiados contendientes el envío de las fotocopias certificadas de las ejecutorias recaídas a los recursos de queja 9/2017 y 7/2017, respectivamente, del índice de los Tribunales Colegiados Tercero y el Sexto, ambos en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, así como para que informaran si el criterio sustentado en tales asuntos, a la fecha, se encontraba vigente, o bien, de haberlo abandonado, expresaran la causa que motivó hacerlo y la remisión de la sentencia en la cual se apoyaran las consideraciones del nuevo; asimismo, solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informara si existía alguna contradicción de tesis que guardara relación con la temática tocante en la presente y, de ser el caso, enviara las constancias atinentes; y, finalmente, ordenó comunicarle a todos los Tribunales Colegiados en la materia y Circuito sobre la admisión del asunto (fojas 32 a 34 vuelta).
Mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil diecisiete, el secretario de Acuerdos tuvo por recibido los oficios 6/2017-ST y 1788/2017, al igual que las ejecutorias de los recursos de queja 7/2017 y 9/2017, del índice del Tercero y del Sexto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, respectivamente; también, se tuvo al aludido Tercer Tribunal Colegiado informando que continuaba vigente el criterio sostenido al resolver el recurso de queja; igualmente, acordó estar en espera de que el referido Sexto Tribunal comunicara lo que le fue solicitado.
Por auto de veintiséis de mayo siguiente, en lo que interesa, se tuvo por recibido el oficio CCST-X-207-05-2017, suscrito por la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis, en el cual, la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que de la consulta del Sistema de Seguimiento de Contradicciones de tesis pendientes de resolver ante el Más Alto Tribunal, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente dentro de los seis meses previos a la consulta, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis vinculada con la temática planteada en este asunto (foja 108).
Luego, en proveído de nueve de agosto de esta anualidad, se recibió comunicado del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Circuito, quien a través de su presidencia, manifestó que existían diversas ejecutorias dictadas por dicho órgano jurisdiccional, siendo éstas las emitidas en los recursos de queja 13/2017 y 18/2017, en las cuales se estimó que, aun cuando se planteaban violaciones directas a la Constitución, también se alegaron cuestiones de mera legalidad, por lo cual debía agotarse el principio de definitividad, asimismo, se tuvieron por recibidas las copias certificadas de las referidas ejecutorias; informando a aquel que aún prevalece el criterio sostenido en el recurso de queja 7/2017 (folios 110 y 110 vuelta).
Cabe hacer hincapié que el propio órgano judicial más recientemente citado, también emitió la ejecutoria dictada el nueve de marzo siguiente, en el recurso de queja 14/2017, en la que decidió revocar el desechamiento de la demanda de amparo, pero en nada estorba que hubiese arribado a una conclusión diversa, en la inteligencia de que los agravios hechos valer en contra de esa determinación, son disímbolos a los que se tienen presentes para fallar esta divergencia de criterios.
Finalmente, el presidente del Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por acuerdo de nueve de agosto del presente año, turnó el asunto al Magistrado Juan Manuel Rochín Guevara, para la elaboración del proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 8/2015, modificado por el diverso 52/2015, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado, este último, el quince de diciembre de dos mil quince; en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del propio Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. Esta denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, acorde con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al haberse planteado por el secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en funciones de Juez.
Lo anterior tiene apoyo en la tesis 2a. LXXXV/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, de la Décima Época, visible en la página 1037, con número de registro digital: 2002259, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL SECRETARIO DE JUZGADO DE DISTRITO ENCARGADO DEL DESPACHO POR VACACIONES DEL TITULAR ESTÁ FACULTADO PARA DENUNCIARLA. El artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que los Jueces de Distrito podrán denunciar una contradicción de tesis; en ese tenor el secretario de Juzgado de Distrito encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, puede denunciar contradicciones de tesis, pues al sustituir en sus funciones al titular, con autorización del Consejo de la Judicatura Federal, durante ese periodo tiene las facultades inherentes en su carácter de sustituto de aquél, como son la resolución de los juicios de amparo cuyas audiencias se hubiesen fijado durante ese lapso e incluso para pronunciar sentencia definitiva en procedimientos diversos a los de la materia de amparo, es decir, cuenta con todas las funciones jurisdiccionales del Juez de Distrito; lo anterior con el objeto de observar el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, amén de que se estima que sí cuenta con las facultades aludidas durante dicho lapso, pues lo que se resuelve en una contradicción de tesis permite establecer criterios jurídicos que servirán para resolver y brindar certeza jurídica respecto de aspectos jurisdiccionales, lo que corrobora su facultad de hacer la denuncia respectiva, además de que de no hacerlo dejaría de cumplir con la función inherente al cargo."
TERCERO.-Posturas contendientes. Con el ánimo de no dejar de lado detalle alguno, conviene reproducir la parte conducente de las ejecutorias pronunciadas por ambos órganos contendientes.
Por una parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 9/2017, en sesión de diez de febrero de los corrientes, sostuvo:
"QUINTO.-Son fundados los agravios.
"En la resolución recurrida, el Juez de Distrito desechó la demanda de garantías promovida por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, de acuerdo a las consideraciones siguientes:
"a) Precisó a las autoridades responsables y los actos reclamados, de la manera siguiente:
"Autoridad responsable:
"Jefe del Servicio de Administración Tributaria.
"Actos reclamados:
Ver manera en que se precisó a las autoridades responsables y los actos reclamados
"b) Explicó la referida causa de improcedencia, así como las excepciones que contiene.
"c) Posterior a ello, dijo que en el caso, previamente a la promoción del amparo biinstancial, se debió cumplir con el principio de definitividad, por lo que antes de acudir al juicio de garantías, se debió interponer juicio contencioso administrativo, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, e impugnar la regla de observancia general que reclamó del jefe del Servicio de Administración Tributaria, ya que constituye un medio de defensa legal, por medio del cual, pueden ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados a la autoridad responsable.
"d) Que lo anterior era así, conforme de los numerales 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establecen la procedencia del juicio contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación, medio ordinario de defensa que tiene como finalidad nulificar, revocar o modificar los actos que a través de la presente instancia se pretenden impugnar. En apoyo de lo anterior, citó la tesis de rubro: ‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE CARÁCTER GENERAL PUEDE CONSISTIR EN UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA O EN ALGUNO EMITIDO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, RESPECTO DE LOS QUE PROCEDA AQUÉL.’
"e) Luego, dijo que no actualizaba alguna excepción de la causa de improcedencia; para evidenciar lo anterior, reprodujo el contenido del numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y dijo lo que se advertía de su contenido (suspensión del acto impugnado); asimismo, reprodujo los artículos 135, 138, 144, 147, 154 y 156 de la Ley de Amparo, mencionando que dichos preceptos establecen las reglas generales para la tramitación, alcances y requisitos para el otorgamiento de la suspensión de un acto reclamado en materia administrativa, y lo precisó.
"f) Posterior a ello, dijo de ambos ordenamientos eran coincidentes en los alcances que debe tener la suspensión del acto; asimismo, de la confrontación de ambos ordenamientos se advertía que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exige menores requisitos para conceder la citada medida cautelar y que establecen un procedimiento similar, explicando dichas similitudes.
"g) En apoyo de lo anterior, citó la jurisprudencia 19/2015 (10a.), y la tesis de títulos: ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).’ y ‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.’
"h) Por esos motivos, concluyó el juzgador que era inconcuso que en el caso se actualizaba la referida causa de improcedencia y, por tanto, procedía desechar de plano la demanda.
"i) Agregó el juzgador que la referida causal era manifiesta en la medida en que, dado el planteamiento de la demanda de amparo, era patente que se actualizan las hipótesis jurídicas de dichos motivos de improcedencia; y lo indudable se daba de los propios argumentos que en ella se vertieron, concluyendo que aun cuando se admitiera la demanda de garantías y se siguiera el procedimiento respectivo, no se formularía una diversa convicción respecto a la actualización de la causa de improcedencia de que se trata, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, porque aun en esa hipótesis, subsistiría la causal de inejercitabilidad analizada.
"En contra de lo anterior, la recurrente en los agravios de la resolución recurrida vulneró en su perjuicio el contenido de los numerales 113 y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, conforme a lo siguiente:
"a) En primer lugar, precisó los motivos en que el Juez sustentó el desechamiento de la demanda de garantías, y luego señala que, en términos del aludido artículo 133 de la ley de la materia, para desechar la demanda, es indispensable que se apoye en un motivo manifiesto e indudable de improcedente (sic), el cual debe advertirse en forma patente y clara de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan.
"b) Que, por tanto, el Juez a quo estaba obligado a analizar el contenido íntegro de la demanda de amparo que presentó y no solamente el acto que se reclamó de la autoridad responsable, como lo hizo al emitir el acuerdo o resolución que ahora se combate, y que ello evidenció que el juzgador no consideró que en este caso lo demandado fueron: ‘VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.’
"c) Que lo anterior se podía apreciar con la simple lectura que se realizara al escrito inicial de demanda, donde en el capítulo X se desarrollaron los conceptos de violación, indicando que el acto reclamado violaba en forma directa la garantía de seguridad jurídica, el principio de jerarquía de leyes y la garantía de legalidad, previstas en los artículos 14, 16, 31, fracción IV, 89, fracción I, y 133 de la Constitución Federal, en perjuicio de sus legítimos intereses, lo cual implica violaciones directas a la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.
"d) Que el juzgador violó el referido numeral 133, ya que no realizó un análisis íntegro del escrito inicial de la demanda de amparo, al omitir considerar que se reclamaron las referidas violaciones directas a la Constitución.
"e) Que si bien era verdad, el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos de autoridades administrativas distintos de los tribunales, que deban ser revisados de oficio o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal, por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, y no se hubieren agotado antes de promover la acción constitucional, en el caso que nos ocupa, es evidente que el Juez de Distrito sólo analizó la primera excepción a este presupuesto, consistente en que el juicio de amparo procederá cuando no se prevea la suspensión del acto impugnado de oficio o mediante la interposición del recurso, juicio o medio de defensa legal que haga valer el recurrente, con los mismos alcances que prevé la Ley de Amparo, y sin exigir mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva, ni más plazos para el otorgamiento de la suspensión provisional, pero que omitió el estudio de las restantes excepciones, en su perjuicio.
"f) Que ello se origina, toda vez que, en tal caso, se actualiza la excepción correspondiente a ‘CUANDO ÚNICAMENTE SE RECLAMEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’, supuesto jurídico que se actualizó en el presente caso y que el juzgador no analizó.
"g) Que para confirmar dicho reclamo bastaba dar lectura al escrito inicial de demanda, con lo cual se podrá corroborar que se desarrollaron conceptos de violación en los que se indicó que el acto reclamado violaba en su contra la garantía de seguridad jurídica, el principio de jerarquía de leyes y la garantía de legalidad, previstas en los artículos 14, 16, 89, fracción I, y 133 de la Constitución Federal, lo que implica violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"h) Que, por lo anterior, procede que se revoque el acuerdo recurrido, ordenando que se emita otro en su lugar en que se admita la demanda de amparo promovida y se resuelva sobre la suspensión provisional que fue solicitada en su contenido, para no afectar los legítimos intereses de mi representada.
"Tiene razón la quejosa.
"En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo dice lo siguiente:
"‘Artículo 113. ...’
"Dicho numeral establece que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por ‘manifiesto’, debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.
"Así, como el propio juzgador lo reconoce, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, pues no requiere mayor evidencia, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trata se actualiza en el caso concreto, de modo tal que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran ofrecer las partes.
"De ahí que, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse tanto al escrito de demanda como los anexos que se acompañen y así considerarla aprobada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos que se expresen y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.
"Por tanto, se insiste, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se exhiban, de modo tal que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia.
"Es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece con los datos de localización e identificación siguientes:
Ver datos de localización e identificación 1
"Este criterio jurisprudencial, si bien se emitió durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, aún continúa en vigor, en términos de lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el artículo 145, en su texto anterior, y el artículo 113, en vigor, son coincidentes al establecer que el Juez de Distrito examinará la demanda y si advierte la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará.
"La redacción de tales preceptos es del texto siguiente:
"‘Artículo 145. ...’
"‘Artículo 113. ...’
"Como se anticipó, el Juez Federal desechó la demanda, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, con motivo de que, en acatamiento al principio de definitividad, previo a la interposición el juicio de amparo, se debió interponer el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa e impugnar la regla de observancia general que reclamó; ello, toda vez que en esa instancia se podía obtener la suspensión del acto y, por tanto, no se actualizaba la causa de excepción al referido principio.
"Frente a ello, como ya se dijo, la recurrente argumenta que no debe agotar el juicio contencioso administrativo y, por ende, cumplir con el principio de definitividad, porque se actualiza un supuesto de excepción a dicho principio, esto es, el relativo a que no existe tal obligación cuando únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"En la demanda de amparo, específicamente, en el capítulo de ‘Conceptos de violación’, la quejosa expresó los siguientes:
"‘X. Conceptos de violación
"‘Primero. El acto reclamado resulta inconstitucional, toda vez que a través de su contenido se violan en contra de mi mandante las garantías de legalidad y seguridad jurídica, consagradas en el artículo 16 de la Constitución Federal.
"‘Esto es así, ya que a través de las modificaciones al anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de octubre de 2016, y que entró en vigor el día 1o. de noviembre de 2016, expresamente se indica que los lineamientos técnicos para la construcción de los archivos digitales XML (donde se deben contener los catálogos de cuenta, balanzas de comprobación, pólizas de periodo, entre otros documentos que en forma digital mi mandante debe enviar mensualmente a través de la página del Servicio de Administración Tributaria) se encuentran contenidos en el «documento técnico».
"‘Al respecto, en primer lugar, debe indicarse que la remisión al «documento técnico» resulta del todo inconstitucional debido a que para brindar toda la seguridad jurídica a que tienen derecho los contribuyentes, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, era indispensable que en dicho anexo se contuvieran los lineamientos técnicos para la construcción de los archivos digitales XML.
"‘Esto es así, debido a que la obligación de enviar la contabilidad electrónica está a cargo de los contribuyentes, por lo que son ellos a los que deben estar dirigidos los citados lineamientos técnicos para la construcción de dichos archivos digitales XML, a fin de que estén en posibilidad jurídica y material de cumplir con la citada obligación.
"‘De esta forma, al no contenerse en el citado anexo los lineamientos técnicos para la construcción de los archivos digitales XML, ni dirigirse a los contribuyentes el «documento técnico» al que se hace referencia en el mencionado anexo, mi mandante se encuentra en un total estado de inseguridad jurídica, lo cual viola lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que legal y materialmente se encuentra imposibilitada de cumplir con la obligación de enviar mensualmente su contabilidad electrónica a la página del Servicio de Administración Tributaria, debido a que el envío electrónico de su contabilidad debe realizarse a través de archivos XML, donde las reglas para su construcción no están en el anexo 24 que se impugna y, además, el «documento técnico» al que se hace referencia en dicho anexo, no está dirigido a los contribuyentes, como lo es mi mandante.
"‘Segundo. El acto reclamado resulta inconstitucional, ya que a través de su contenido se violan los derechos de mi representada de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en el artículo 16 de la Constitución Federal.
"‘En efecto, como ya se indicó, mediante las modificaciones al anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de octubre de 2016, y que entró en vigor el día 1o. de noviembre de 2016, expresamente se prevé que los lineamientos técnicos para la construcción de los archivos digitales XML (donde se deben contener los catálogos de cuenta, balanzas de comprobación, pólizas de periodo, entre otros documentos que en forma digital mi mandante debe enviar mensualmente a través de la página del Servicio de Administración Tributaria) se encuentran contenidos en el «documento técnico».
"‘...
"‘Ahora bien, aun cuando el contenido de las modificaciones al anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, entraron en vigor a partir del día 1o. de noviembre de 2016, el «documento técnico» que es necesario acatar, no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, sino que solamente ha sido publicado por el Servicio de Administración Tributaria a través de su página de Internet oficial, por lo que se está dejando a mi mandante en un estado total de inseguridad jurídica, ya que dicho documento técnico debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación.
"‘En segundo lugar, suponiendo sin conceder que no fuera necesario que el «documento técnico» fuese publicado en el Diario Oficial de la Federación, el anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, a través del contenido del «documento técnico», nos remite a lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML que se encuentran previstos y especificados en el consorcio W3, a través de la página de Internet http//www.w3.org."
"‘...
"‘3. En tercer lugar, esta situación da como resultado que se deje a mi mandante en un estado de total inseguridad jurídica, puesto que a través de dicho «documento técnico» se le está obligando a cumplir con diversos lineamientos técnicos de forma y sintaxis especificados y emitidos por una comunidad internacional (Consorcio W3), que no es una autoridad legitimada y además no tiene facultades ni competencia al respecto, pues con independencia de que supuestamente se dirija a las personas que van a llevar a cabo la construcción de los archivos XML, es mi mandante quien tiene la obligación de enviar mensualmente su contabilidad a través de los citados medios electrónicos técnicos que resultan a todas luces inconstitucionales.
"‘4. En cuarto lugar, aunado a lo anterior, el anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, a través del contenido del «documento técnico», al establecer los lineamientos y formatos respectivos para cumplir a través de la página de Internet http//www.w3.org. deja a mi mandante en un estado de inseguridad jurídica, toda vez que dicha página se encuentra en un idioma que no es el español, tal como se puede observar en la siguiente imagen.
"‘...
"‘Y, en ese mismo sentido, el artículo 76, fracción XVII, inciso a), punto 1, de la Ley del Impuesto sobre la Renta menciona que los contribuyentes residentes en el país que tengan establecimientos en el extranjero tendrán, entre otras obligaciones, la de llevar los asientos contables en idioma español.
"‘...
"‘Todo lo anterior permite establecer que en la actualidad no existe ley o artículo constitucional que determine alguna lengua como «la oficial» en México; sin embargo como se vio, sí existen disposiciones que ponen de manifiesto la necesidad de que las personas -que intervienen en un procedimiento jurisdiccional, o bien, en sede administrativa, para dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales- no solamente entiendan el castellano o español, sino que, además, su intervención se haga en ese mismo idioma, a fin de brindar seguridad jurídica, ante la eventualidad de que las partes que intervienen en un proceso jurisdiccional, o bien, las autoridades encargadas de su desahogo y de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, desconozcan un idioma diferente al que usualmente se utiliza por la cultura del Estado Mexicano.
"‘Derivado de esta situación, es evidente que las modificaciones al anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, deja a mi mandante en un completo estado de inseguridad jurídica.
"‘...
"‘Tercero. El acto reclamado resulta inconstitucional, toda vez que a través de su contenido se sobrepasa la cláusula habilitante que se estableció en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación.
"‘Lo anterior es así, ya que a través del artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, se estableció una cláusula habilitante, para que la H. Autoridad hacendaria establezca las reglas de c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27694-3c264f9c/definitividad-en-el-juicio-de-amparo-es-inaplicable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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