PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTARLO CUANDO SE RECLAMAN DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL EMITIDAS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE LOS TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 65/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO DEL TERCER CIRCUITO Y QUINTO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 31 DE MAYO DE 2017. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y EDUARDO MEDINA MORA I. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIA: JAZMÍN BONILLA GARCÍA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracción VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto Circuito, respecto de la que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por la Magistrada presidente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, órgano colegiado que emitió uno de los criterios contendientes en la contradicción.
TERCERO.-A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis, resulta conveniente traer a colación las posiciones que asumieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, a través de las ejecutorias respectivas.
El criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito derivó de lo resuelto en el recurso de queja 22/2017, interpuesto contra el acuerdo dictado en el juicio de amparo indirecto 3209/2016, por virtud del cual, el secretario encargado del despacho del Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco desechó la demanda de amparo promovida contra la modificación al anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de octubre del dos mil dieciséis, reclamada del jefe del Servicio de Administración Tributaria, por considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues antes de acudir al juicio de amparo la quejosa debió promover juicio de nulidad.
El Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento consideró que, contrario a lo decidido por el secretario encargado del despacho, la parte quejosa no estaba obligada a promover juicio de nulidad contra el acto reclamado, previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, es decir, no estaba vinculada a respetar el principio de definitividad.
Arribó a esa conclusión, sobre la consideración de que no es posible considerar actualizada la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque a pesar de que dispone que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los que proceda algún medio ordinario de defensa, lo cierto es que la quejosa reclamó una disposición de observancia general.
Explicó que las disposiciones de observancia general no se pueden considerar actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, porque el artículo 107, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo prevé que el amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor causen perjuicio a la parte quejosa, disposición en la que se ubican las resoluciones de observancia general, como es la Resolución Miscelánea Fiscal, máxime que fue emitida en términos del artículo 33, inciso g), del Código Fiscal de la Federación.
De ahí que concluyera que la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, no es aplicable para normas generales, sino únicamente para actos de autoridad distintos de éstas.
En consecuencia, ordenó revocar el auto recurrido para el efecto de que el Juez de Distrito prescindiera de considerar actualizada esa hipótesis legal y proveyera lo conducente en relación con la admisión de la demanda, a menos que advirtiera alguna otra causa de improcedencia.
Por su parte, el criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito derivó de lo resuelto en el recurso de revisión 137/2014, interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 183/2014, por virtud del cual, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal sobreseyó en el juicio promovido contra la regla I.3.16.7 y el artículo cuarto transitorio de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre del dos mil trece, reclamada del jefe del Servicio de Administración Tributaria, por considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues antes de acudir al juicio de amparo la quejosa debió promover juicio de nulidad.
Para definir su postura, el Tribunal Colegiado de Circuito tuvo en cuenta que, de conformidad con el artículo 107, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra normas generales, entendiendo por éstas, entre otras, los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general.
Dijo que, conforme al artículo 33, fracción I, inciso g), del Código Fiscal de la Federación, las resoluciones misceláneas fiscales son disposiciones de carácter general emitidas por autoridades hacendarias para el mejor cumplimiento de sus facultades que jerárquicamente se ubican por debajo de las leyes federales, en términos del artículo 133 constitucional, aclarando que se trata de actos formalmente administrativos que tienen como fundamento una cláusula habilitante.
Sentado lo anterior, tomó en cuenta que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo contra los que proceda algún medio ordinario de defensa, lo que evidencia que es posible que el acto reclamado actualice la hipótesis de improcedencia ahí prevista, en tanto constituye un acto formalmente administrativo y, como consecuencia, uno emitido por autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.
Sobre esas bases, consideró que, contrario a lo alegado por la quejosa, estaba obligada respetar el principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin que se actualice una excepción, porque si bien la diversa fracción XIV de esa norma concede a la parte quejosa la opción de promover juicio de amparo o juicio de nulidad contra una norma general, lo cierto es que esa excepción sólo opera cuando existe un acto de aplicación y, en el caso concreto, se reclamó la norma en su carácter de autoaplicativa.
Además, consideró que tampoco se actualiza alguna otra excepción al principio de definitividad, porque la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé la suspensión de los actos cuya nulidad se impugne, sin distinguir si se trata de disposiciones de observancia general o cualquier otro tipo de actos.
En consecuencia, confirmó el sobreseimiento decretado.
CUARTO.-Una vez establecidas las posturas que sirvieron de base para la tramitación de la contradicción de tesis planteada y tomando en consideración que un presupuesto lógico para su resolución es su existencia, corresponde verificarla.
Con esa finalidad, conviene precisar que, de acuerdo con la mecánica que prevalece en la calificación sobre la existencia o no de la contradicción de tesis, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se configura cuando los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos implicados en la denuncia, examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales, incluso, cuando parten de aspectos fácticos distintos, frente a las cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas.
Dicho criterio encuentra reflejo en la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010, del Pleno de este Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto del 2010, página 7, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
También se ha estimado que, para el surgimiento de la contradicción de tesis, es indispensable que lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa y que, además, la cuestión jurídica estudiada en los criterios antagónicos goce de generalidad y no de individualidad; de manera tal que con la jurisprudencia que derive del fallo de la contradicción de tesis, se cumpla el objetivo perseguido por esta institución, que es el de dar certidumbre jurídica.
Sentado lo anterior y a fin de decidir si en el caso que nos ocupa existe la contradicción de tesis denunciada, se toma en cuenta que de la lectura de las posturas que propiciaron esta contradicción de criterios, sintetizadas en el considerando que antecede, se obtiene que ambos tribunales contendientes conocieron de juicios de amparo indirecto promovidos, en términos generales, contra una Resolución Miscelánea Fiscal emitida por el jefe del Servicio de Administración Tributaria que fueron considerados improcedentes por el Juez de Distrito del conocimiento en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al estimar que la parte quejosa debió promover juicio contencioso administrativo federal antes de acudir al juicio de amparo.
El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito consideró que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo no es aplicable a los casos en que se reclame una disposición de observancia general, como la resolución miscelánea fiscal, sino únicamente a actos distintos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que no constituyan normas generales. Sobre esa base, concluyó que la quejosa no estaba obligada a agotar el juicio de nulidad antes de acudir al juicio de amparo indirecto.
En cambio, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo es aplicable, incluso, en los casos en que se reclame una disposición de observancia general como la Resolución Miscelánea Fiscal, pues se trata de un acto formalmente administrativo, esto es, se trata de un acto emitido por una autoridad distinta de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. En consecuencia, consideró que el juicio promovido por la parte quejosa es improcedente, en tanto antes de acudir al juicio de amparo debió promover juicio de nulidad.
Pues bien, de la confrontación de las posturas referidas se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se enfrentaron a una misma situación jurídica, a saber, determinar si, a fin de respetar el principio de definitividad en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, la parte quejosa debió promover juicio contencioso administrativo federal antes de acudir al juicio de amparo indirecto reclamando una disposición de observancia general (resolución miscelánea fiscal), arribando a distintas conclusiones.
En efecto, como se dijo, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito consideró que no es aplicable la hipótesis de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y, por tanto, que la quejosa no estaba obligada a promover juicio contencioso administrativo federal, mientras que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que sí se actualizó esa hipótesis de improcedencia y, por tanto, la quejosa debió promover juicio de nulidad antes de acudir al amparo.
Pues bien, bastan las explicaciones anteriores para advertir que se encuentran satisfechas las condiciones para considerar existente la contradicción de criterios, pues los tribunales contendientes conocieron de la misma cuestión jurídica general concluyendo en forma antagónica; de manera tal que la jurisprudencia que derive de su fallo cumplirá el objetivo de generar certidumbre jurídica.
Ante tales circunstancias, esta Segunda Sala considera que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si cuando se reclama una regla general administrativa, como es la resolución miscelánea fiscal, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y, por tanto, si antes de acudir al juicio de amparo se debe promover juicio contencioso administrativo federal.
No pasa inadvertido que uno de los órganos contendientes conoció de un recurso de queja interpuesto contra el auto de desechamiento que consideró actualizada en forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, mientras que el otro conoció de un recurso de revisión interpuesto contra la sentencia que sobreseyó en el juicio en términos de esa norma, es decir, uno de los casos que dio origen al criterio en contienda derivó del examen del acuerdo recaído a la promoción de la demanda, mientras que el otro se emitió una vez que se tramitó el juicio. Sin embargo, esta Segunda Sala considera que esa circunstancia es intrascendente para la definición de la existencia de la contradicción de tesis, en la medida en que su propósito es, como se dijo, definir si en un juicio de amparo indirecto promovido contra una regla general administrativa, como la resolución miscelánea fiscal es posible considerar actualizada la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.
QUINTO.-Para estar en aptitud de resolver el problema jurídico planteado, resulta necesario tener en cuenta que esta Segunda Sala ha considerado que las causas de improcedencia del juicio deben interpretarse de manera estricta, ya que constituyen la excepción a la regla, que es, precisamente, la procedencia de la instancia; de ahí que para resolver sobre la actualización de un motivo que pudiera conducir al desechamiento de la demanda, o bien, a decretar el sobreseimiento, el órgano judicial no debe efectuar interpretaciones extensivas.
Es aplicable, en lo conducente, el criterio aislado 2a. CLVII/2009, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, enero de 2010, página 324, que establece:
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA.-Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el Juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el Juez de amparo."
Sentado lo anterior, resulta conveniente informar el contenido de los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, constitucionales, que establecen:
"Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:
"I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte."
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.
"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución."
El primer artículo transcrito establece la procedencia genérica del juicio de amparo contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte, así como las garantías otorgadas para su protección.
En dicho precepto, el Poder Reformador de la Constitución distinguió las disposiciones de observancia general de los actos y omisiones, aclarando que los tribunales federales conocerán de las controversias suscitadas por normas, actos u omisiones de la autoridad.
Por su parte, el artículo 107 establece, en su primer párrafo, que las controversias de las que habla el artículo 103, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases que ahí se establecen.
Es decir, esa norma constitucional prevé las bases que rigen el juicio de amparo y, por ende, las que sirven de base a la interpretación de las normas reglamentarias que al efecto se emitan.
Entre las bases previstas por esa norma destaca la establecida en su fracción IV, conforme a la que el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones en materia administrativa que provengan de autoridades distintas de los tribunales contra los cuales no proceda algún recurso.
Esa misma disposición establece para ese tipo de actos y omisiones el principio de definitividad, por virtud del cual, el gobernado, antes de acudir al amparo, debe agotar los medios ordinarios de defensa por los que puedan quedar sin efectos los actos u omisiones que se estimen lesivos de derechos.
Asimismo, dispone salvedades a la exigencia de observar el principio de referencia, concretamente, en el supuesto de que, existiendo un medio de defensa ordinario, la legislación que lo regule no prevea la suspensión, o bien, sujete su otorgamiento a mayores requisitos y plazo que la Ley de Amparo, así como respecto de actos que carezcan de fundamentación y en el evento de que exclusivamente se aduzcan violaciones directas a la Constitución Federal.
De la interpretación de ambas normas constitucionales se advierte lo siguiente:
1. El Poder Reformador de la Constitución distinguió claramente entre los actos que se pueden reclamar en un juicio de amparo de acuerdo a su naturaleza: normas generales, actos u omisiones de la autoridad, lesivos de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución y los tratados internacionales de los que México sea Parte.
2. También estableció que el juicio de amparo será procedente contra actos u omisiones en materia administrativa que provengan de autoridades distintas de los tribunales contra los cuales no proceda algún recurso.
3. Tratándose de ese tipo de actos (actos u omisiones de autoridad) rige el principio de definitividad, por virtud del cual, el gobernado, antes de acudir al amparo, debe agotar los medios ordinarios de defensa por los que puedan quedar sin efectos los actos u omisiones que se estimen lesivos de derechos.
Sentadas las bases constitucionales de interpretación que deben darse a la Ley de Amparo, conviene tener en cuenta el contenido de los artículos 1o., fracción I y 107, fracciones I, inciso g), y II, que establecen:
"Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:
"I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte."
"Artículo 107. El amparo indirecto procede:
"I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.
"Para los efectos de esta ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes:
"...
"g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general;
"II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo."
De la transcripción anterior se advierte que el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo reproduce lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución, señalando también que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.
Por su parte, el artículo 107 enlista los actos contra los que procede concretamente el juicio de amparo indirecto.
En su fracción I establece que el juicio es procedente contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación causen perjuicio al quejoso entendiendo por éstas, entre otras, los tratados internacionales aprobados en términos del artículo 133 constitucional, las leyes federales y las Constituciones Locales.
Concretamente, en su inciso g), el legislador estableció que para efectos de la Ley de Amparo se entiende por normas generales los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general.
Por su parte, la fracción II establece que el juicio de amparo indirecto también es procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.
De lo hasta ahora expuesto, destaca que tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo, el Poder Reformador de la Constitución y el legislador, aun cuando habría bastado con que hicieran referencia genérica a "actos de autoridad", ya que tanto las normas generales, como las omisiones susceptibles de vulnerar derechos constituyen propiamente "actos de autoridad", distinguieron las disposiciones de observancia general de los actos y omisiones.
En efecto, en los artículos 103 y 107 constitucionales y, por consecuencia, en la Ley de Amparo que los reglamenta, se distinguió con toda claridad entre normas generales y cualquiera otro tipo de acto u omisión autoritaria, aclarando que en ambos casos procede el juicio de amparo indirecto.
Al haber establecido el legislador categorías diferenciadas de actos que materializan el poder público contra los cuales es procedente el juicio de amparo, las reglas concretas de procedencia que para cada uno se hayan previsto, constitucional y legalmente, se deben aplicar exclusivamente al tipo de acto al que se refieren, ya sea por su naturaleza (actos, omisiones o normas generales), o bien, por la autoridad de la que provengan (de tribunales o de órganos diferentes).
Tal distinción cobra relevancia en el caso que nos ocupa, en que procede verificar si cuando se reclama una regla general administrativa, como es la resolución miscelánea fiscal se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo y, por tanto, si antes de acudir al juicio de amparo se debe promover juicio contencioso administrativo federal. Esa norma legal establece:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia.
"Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior."
El precepto transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27307-19cce5f9/principio-de-definitividad-es-innecesario-agotarlo-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FACULTAD DE LOS JUECES ORDINARIOS DE EJERCER CONTROL DIFUSO SOBRE DISPOSICIONES GENERALES, NO JUSTIFICA INAPLICAR NI EXCLUIR L (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- ACTOS FUNDADOS EN UNA NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL CON EFECTOS GENERALES POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. PUEDEN IMPUGNARSE, A ELECCIÓN DEL AFECTADO, (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- DERECHOS HUMANOS. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO DE AMPARO DE PROMOVERLOS, RESPETARLOS, PROTEGERLOS Y GARANTIZARLOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL. CONTENIDO Y ALCANCE DEL DEBER DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN DE REALIZARLO AL CONOCER JUICIOS DE AMPARO (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIV, PÁRRAFO T ((V Región)1o.1 K (10a.))
- ACTOS FUNDADOS EN UNA NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL CON EFECTOS GENERALES POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. PUEDEN IMPUGNARSE, A ELECCIÓN DEL AFECTADO, (P./J. 4/2023 (11a.))
- PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ÉSTE CUANDO SE RECLAMA LA APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE (2a./J. 15/2022 (11a.))
- AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. CUANDO SE SOBRESEE RESPECTO DEL PRECEPTO IMPUGNADO, EL ACTO DE APLICACIÓN SE DESVINCULA DE ÉSTE Y ELLO GENERA QUE EL ANÁLISIS POR VICIOS PROPIOS QUE (XXX.3o.2 K (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis