Corpus
Modo: Corpus Pro

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 277/2011. · Registro digital (IUS): 23695
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Pág. 706.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 277/2011. SUSCITADA ENTRE EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO. 18 DE ENERO DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos en asuntos de carácter penal, la cual corresponde a la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, al haberse presentado por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Octavo Circuito, actualizando el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, primer párrafo, de la Ley de Amparo.

TERCERO. Los criterios materia de análisis, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, se apoyan en los hechos y argumentos lógico-jurídicos que se exponen a continuación:

A) El Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver la improcedencia número **********, estimó que si el agraviado combate un acto emitido dentro de juicio que sea de imposible reparación no está obligado a agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que sean procedentes ante las autoridades responsables, por las razones que enseguida se exponen:

"... Ahora bien, este Tribunal Colegiado, al resolver diversos asuntos, estimó que aun cuando el quejoso reclamara un acto habido dentro de un juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, debía interponer previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de respetar el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, en contra del acto reclamado, los recursos ordinarios o medios de defensa legales procedentes ante las autoridades de la potestad común, en contra de tal acto; sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema lleva a este órgano jurisdiccional a abandonar ese criterio, para ahora considerar que si el agraviado combate un acto emitido dentro de un juicio, que sea de imposible reparación, no está obligado a agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, a fin de acatar dicho principio de definitividad, los recursos ordinarios o medios de defensa legales, que sean procedentes ante las autoridades responsables, en contra del acto reclamado, sino que, en tal caso, sin necesidad de agotarlos, puede interponer el juicio de amparo indirecto en contra del acto que reclame; lo anterior, con apoyo en la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘DEFINITIVIDAD, EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO INDIRECTO.’, a la cual se hará referencia más adelante.

"Así las cosas, partiendo de esa situación, de que el auto de exequendo constituye un acto habido dentro de un juicio, cuya ejecución es de imposible reparación, este Tribunal Colegiado, en una nueva reflexión que realiza sobre tal cuestión, considera que en la especie, el Juez de Distrito no estuvo en lo correcto, cuando al emitir el auto aquí recurrido, desechó de plano la demanda de garantías interpuesta por los quejosos, ahora recurrentes, al estimar actualizada con el carácter de manifiesta e indudable la causal de improcedencia de mérito.

"Lo antes puntualizado es así, porque este Tribunal Colegiado, con base en una nueva reflexión que realiza sobre el tópico de mérito, considera que, en la especie, los quejosos, ahora recurrentes, no tenían porqué agotar en contra de los actos reclamados, ante el Juez responsable, previo el ejercicio de la acción constitucional de amparo, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedieran en contra de tales actos combatidos, en acatamiento al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías; pues, tal como ya se dijo, los actos aquí reclamados constituyen actos habidos dentro de un juicio, que producen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación.

"Se estima lo anterior, con base en las consideraciones que vertió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el doce de mayo del dos mil, la denuncia de contradicción de tesis número 82/99-SS, suscitada entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya ejecutoria puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, julio de 2000, página 107; por ende, se estima que la demanda de amparo interpuesta por los impetrantes del amparo, ahora recurrentes, debió ser admitida por el a quo, puesto que como los actos reclamados constituyen actos habidos dentro de un juicio, cuya ejecución es de imposible reparación, entonces, es evidente que los agraviados, aquí revisionistas, se encuentran eximidos de su obligación de agotar, ante el Juez natural, frente a los actos combatidos, antes de promover el juicio de garantías, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedieran en su contra; en dicha ejecutoria, la Segunda Sala de dicho Alto Tribunal expresó las consideraciones siguientes:

"‘... En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo, obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo pues, como ya se dijo, el juicio de garantías se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios.

"‘Ahora bien, el citado principio no es aplicable en todos los casos, pues el propio artículo 107 constitucional, prevé diversos supuestos de excepción.

"‘Para esclarecer lo anterior, conviene acudir a la interpretación literal y teleológica del artículo 107 de la Constitución General de la República, concretamente en sus fracciones III, IV, VII y XII, que son del tenor siguiente: (se transcribe).

"‘Del examen integral de las fracciones III, IV, VII y XII del artículo 107 de la Constitución General de la República, se advierte que el juicio de amparo ante Juez de Distrito procede cuando se reclaman:

"‘a) Actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo:

"‘I. Cuya ejecución sea de imposible reparación;

"‘II. Fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos ordinarios procedentes; y,

"‘III. Que afecten a personas extrañas al juicio.

"‘b) Actos o resoluciones dictadas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que, además de los casos señalados en los numerales I a III que anteceden, causen un agravio no reparable mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal, siempre que para la suspensión del acto reclamado no se exijan mayores requisitos que los que para tal efecto prevé la Ley de Amparo.

"‘c) Actos que importan una violación a las garantías consagradas por los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República.

"‘De lo antes expuesto, válidamente se colige que, por imperativo constitucional, el principio de definitividad sólo es aplicable a las partes que intervienen en el juicio o procedimiento del cual emana el acto reclamado y, en ningún caso, a los terceros extraños al mismo, pues el citado artículo 107 de la Constitución General de la República, en su fracción III, inciso c), expresamente señala que el juicio de amparo es procedente contra actos que afecten a los terceros extraños a juicio, sin que se advierta la imposición de restricción alguna.

"‘Luego, es evidente que la facultad que tiene el tercero extraño al juicio o procedimiento, del cual emana el acto reclamado para acceder al juicio de garantías, no está afectada por el llamado «principio de definitividad», ya que puede hacerlo sin necesidad de agotar previamente los recursos o medios ordinarios de defensa a su alcance.

"‘Asimismo, se advierte que el dispositivo constitucional en comento prevé otras excepciones al principio de definitividad del juicio de amparo indirecto, que se configuran cuando se reclaman:

"‘-Actos en juicio emitidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuya ejecución es de imposible reparación;

"‘-Resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, si para la suspensión de su ejecución la ley que las rige exige mayores requisitos que los que prevé la ley reglamentaria del juicio de amparo para tal efecto;

"‘-Actos que importan una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República. ...

"‘Bajo ese contexto, se concluye que no existe la obligación de agotar el principio de definitividad del juicio de amparo indirecto, previamente a su interposición:

"‘A) Por disposición constitucional, cuando se reclaman:

"‘I. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan;

"‘II. Actos cuya ejecución es de imposible reparación;

"‘III. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; y,

"‘IV. Actos que importan una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución General de la República.

"‘B) Por disposición de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, cuando se reclaman:

"‘I. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional;

"‘II. Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como lo son, entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales;

"‘III. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; y,

"‘IV. Actos o resoluciones que carecen de fundamentación.

"‘C) Por disposición de los criterios sustentados por los tribunales judiciales de la Federación:

"‘I. Cuando únicamente se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República, como lo es la garantía de audiencia; y,

"‘II. Cuando los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste reglamenta no se contempla su existencia.’

"Las anteriores consideraciones dieron origen a la tesis aislada con clave 2a. LVI/2000, de rubro: ‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’, la cual, si bien tan sólo constituye una tesis aislada, es decir, que en modo alguno viene a constituir una jurisprudencia, al no ser atinente al tema central dilucidado en dicha denuncia de contradicción de tesis; sin embargo, sí constituye una tesis aislada temática, que en virtud de ser proveniente de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, dada su jerarquía, lleva a este Tribunal Colegiado a abandonar el criterio que con anterioridad había sustentado, de que aun cuando el acto reclamado fuera de ejecución irreparable, ello no eximía al quejoso de su obligación de respetar el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, para ahora sostener, con base en una nueva reflexión, el criterio preconizado en esta resolución, de que si el acto combatido constituye un acto habido dentro del juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, el agraviado no tiene porqué observar el aludido principio de definitividad.

"La referida tesis aislada, clave 2a. LVI/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, julio de 2000, Novena Época, página 156, tiene como rubro y texto los siguientes:

"(se transcribe)

"Así las cosas, debe revocarse el auto recurrido y ordenar al Juez a quo admita a trámite la demanda de garantías, de no advertir diversa causa de improcedencia."

Bajo similares consideraciones, el órgano jurisdiccional en cita resolvió la improcedencia **********.

B) El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver la improcedencia número **********, estimó que si el agraviado combate un acto emitido dentro de juicio que sea de imposible reparación, sí está obligado a agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que sean procedentes ante las autoridades responsables, por las razones que enseguida se exponen:

"... contrariamente a lo argumentado por el recurrente, no puede estimarse que la Juez de Distrito, al emitir el auto combatido, hubiere violado en perjuicio de los quejosos, lo dispuesto en el numeral 73, fracción XV, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.

"Lo anterior es así, en virtud de que la excepción a que se refiere el autorizado de la parte agraviada, no resulta aplicable cuando el acto reclamado hubiere sido dictado por un tribunal judicial, como es el caso que nos ocupa, ya que de los datos insertos en la demanda de garantías, formulada por los quejosos, se aprecia que expresamente señalaron que la sentencia interlocutoria reclamada fue dictada por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco, México.

"En ese contexto, la fracción XV del aludido numeral 73 es aplicable, como literalmente refiere la ley en dicho apartado: ‘Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ...’, hipótesis que, como se ha dicho, en la especie no se actualiza; tan es así, que la Juez de Distrito, en el auto impugnado, no se apoyó en dicho supuesto, sino en la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del propio numeral, la cual sí es aplicable para asuntos como el que nos ocupa, pues la misma refiere la hipótesis cuando el acto reclamado se trate de ‘... resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas ...’

"De ahí que resulte infundada la aseveración del promovente, pues la excepción consistente en que no hay obligación de agotar recursos o medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, no es aplicable en asuntos como el que nos ocupa.

"Sin que pase inadvertido para este tribunal revisor que, al margen de lo alegado en los agravios, y en relación con la obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa prevista (sic) en el mencionado artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, el segundo párrafo de dicho numeral establezca: ‘... Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución.’; no obstante, lo cierto es que, en la especie, dichos supuestos de excepción no se actualizan.

"Por otra parte, debe puntualizarse que, como se advierte de la resolución impugnada, la Juez de Distrito no desechó la demanda por considerar que el acto reclamado no constituía un acto cuya ejecución fuera de imposible reparación, sino que el desechamiento obedeció a que la parte quejosa no dio cumplimiento al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías.

"Partiendo de lo anterior, en la especie, resulta ocioso el estudio de los agravios, a través de los cuales el promovente sostiene que el acto reclamado es de imposible reparación, pues aun suponiendo sin conceder que así fuera, ello no eximía a la parte solicitante del amparo, a que previo a la instauración del juicio de garantías, hiciera valer los recursos o medios de defensa, en virtud de los cuales la propia autoridad de instancia pudiera modificar, anular o revocar la resolución combatida; por ende, es inconcuso que, aun en el supuesto no concedido de que el acto reclamado se considerara de imposible reparación, ello no eximía a los quejosos de que, previo a la promoción del juicio de garantías, cumplieran con el llamado principio de definitividad.

"Orienta sobre el particular, el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, el cual se comparte, visible en la página 650 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, del mes de agosto de 1997, tesis número IV.4o.2 K, cuyos rubro y texto literalmente refieren:

"‘ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. PARA QUE PROCEDA EL AMPARO EN SU CONTRA DEBEN AGOTARSE LOS RECURSOS ORDINARIOS.’ (se transcribe)

"Asimismo, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 521 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, del mes de mayo de 1994, la cual refiere:

"‘RECURSOS, AUN CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN EL JUICIO, DEBEN ACOTARSE LOS.’ (se transcribe)

"Sin que pase inadvertido para este Tribunal Colegiado, la existencia de la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’, cuyos datos de localización y texto son del tenor siguiente: (se transcriben).

"Tesis que no altera la postura asumida por este órgano revisor en los párrafos precedentes, pues si bien es cierto que en la misma, de manera genérica, se establece que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman actos dentro de un juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; también lo es que ese criterio, como en los propios datos de localización señala (sic), únicamente representa una ‘tesis aislada’ que no constituye jurisprudencia de observancia obligatoria, en términos de lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, ya que, si bien emanó de las consideraciones vertidas por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 82/99-SS, también lo es que dicho criterio no constituyó jurisprudencia obligatoria, pues como se advierte de la ‘nota’ inserta con posterioridad al precedente de dicho criterio aislado, expresamente se puntualizó que: ‘Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no se trata del tema central de la contradicción que se resolvió’; datos que expresamente se advierten al consultarse dicha tesis, en el disco compacto elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el título ‘IUS 2004 julio 1917-diciembre 2004, Jurisprudencia y Tesis Aisladas,’ disco uno, correspondiente a la 9a. Época.

"Aunado con lo anterior y en relación con la afirmación inserta en dicha tesis, en el sentido de que no existe obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, cuando se reclaman actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, este Tribunal Colegiado no comparte dicho criterio pues, al menos, tratándose de la materia civil, del contenido de lo dispuesto expresamente en la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se desprende que ésa haya sido la intención del Constituyente, ya que, por el contrario, del inciso aludido claramente se desprende que si bien el juicio de amparo procede en contra de actos en juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación; sin embargo, está condicionado al agotamiento previo de los recursos que, en su caso, procedan, pues dicho apartado legal expresamente señala: ‘Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan’.

"Lo anterior, sin desconocer que existen casos de excepción a dicha regla, como los contemplados en el artículo 107, fracciones III, inciso c) (contra actos que afecten a personas extrañas a juicio), VI (los administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución) y XII (los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal), de la Carta Magna, y en el diverso 73, fracciones XII (amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación), XIII (los que importen peligro de privación a la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el 22 constitucional) y XV (los que carezcan de fundamentación) de la Ley de Amparo, además de los expresamente señalados en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que, como toda (sic) las leyes que establecen excepciones, son de estricta interpretación, según lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número ochenta y nueve, consultable en la página ciento cuarenta y siete de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación de mil novecientos diecisiete a mil novecientos setenta y cinco, la cual es del tenor siguiente:

"‘LEYES DE EXCEPCIÓN.’ (se transcribe)

"De ahí que este Tribunal Colegiado no estime acertado sostener, como regla general, que contra los actos de ejecución irreparable no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios, pues al menos en la materia civil, ello, en todo caso, resulta excepcional, ya que aun en contra de actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, deben agotarse los recursos ordinarios procedentes, pues se insiste, por una parte, la Carta Magna así lo dispone y, por otra, salvo las excepciones que marca la propia Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será a través de los recursos o medios de defensa que prevé la ley ordinaria, en donde el agraviado puede lograr la modificación o revocación del acto de autoridad del cual pretende demostrar su inconstitucionalidad en el juicio de amparo; medios de impugnación que, en caso de prosperar, evitarían la intervención de la Justicia Federal.

"Asimismo, en relación con el mencionado criterio que nos ocupa, de rubro: ‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’, este Tribunal Colegiado tampoco comparte la afirmación genérica que ahí se contiene, en el sentido de que no existe la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, cuando se reclaman actos que carezcan de fundamentación pues, como se ha dicho, dicha excepción al referido principio, que el ahora recurrente alega en su favor, no resulta aplicable cuando el acto reclamado hubiere sido dictado por un tribunal judicial, como es el caso que nos ocupa, pues la fracción XV del aludido numeral 73 de la Ley de Amparo, es aplicable, como literalmente lo refiere: ‘Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ...’, hipótesis que, se insiste, no sería extensiva cuando el acto reclamado se trate de ‘... resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo ...’, además de que, como se ha dicho, las leyes que establecen excepciones son de estricta aplicación y, por tanto, no pueden aplicarse por analogía a caso alguno no comprendido en ellas.

"Es por ello que el criterio asumido en la mencionada tesis, por cuanto a que no existe obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, cuando se reclaman actos que carezcan de fundamentación, no resulte aplicable a la materia civil, pues sólo lo sería cuando el acto reclamado emanara de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; de ahí que la afirmación genérica que se contiene en tal sentido en dicha tesis aislada no se comparta por el tribunal revisor, sobre todo si se toma en cuenta que en los datos de localización del criterio se advierte expresamente que dicha tesis se ubica en la ‘materia común’."

De las consideraciones anteriores surgió la siguiente tesis:

"Novena Época

"Registro: 177211

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

" XXII, septiembre de 2005

"Materia(s): Civil

"Tesis: II.4o.C.22 C

"Página: 1527

"PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SUS EXCEPCIONES, EN ASUNTOS DEL ORDEN CIVIL. En la tesis aislada número 2a. LVI/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, del mes de julio de dos mil, de rubro: ‘DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’, se estimó que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman, entre otros, los actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, y los que carezcan de fundamentación. Dicho criterio, a pesar de estar ubicado en la materia común, según se desprende de sus datos de localización, y de que resulta tajante al referir dichas excepciones, no se estima aplicable a los asuntos del orden civil. Lo anterior es así, en virtud de que en relación con el primer supuesto de excepción citado, este tribunal considera que del contenido de la fracción III, inciso b), del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se desprende que esa haya sido la intención del Constituyente, ya que por el contrario, del inciso aludido claramente se evidencia que si bien el juicio de amparo procede contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; sin embargo, ello está condicionado al agotamiento previo de los recursos que en su caso procedan; lo anterior, sin desconocer que existen supuestos de excepción a dicha regla, como los contemplados en el artículo 107, fracciones III, inciso c) (contra actos que afectan a personas extrañas al juicio), IV (los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución) y XII (los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal) y en el diverso 73, fracciones XII (amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación), XIII (los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional) y XV (los que carezcan de fundamentación) de la Ley de Amparo, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que, como todas las normas que establecen excepciones, son de estricta aplicación, según lo ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XIX, página 754 de rubro: ‘LEYES DE EXCEPCIÓN.’; de ahí que no se estime acertado sostener como regla general, que contra los actos de ejecución irreparable no sea obligatorio agotar los recursos ordinarios, pues al menos en la materia civil ello, en todo caso, resulta excepcional; asimismo, tampoco se comparte la afirmación genérica contenida en dicha tesis aislada en el sentido de que no existe la obligación de cumplir con el principio de definitividad, cuando se reclaman actos que carezcan de fundamentación, pues dicha excepción no resulta aplicable cuando el acto reclamado hubiere sido dictado por un tribunal judicial, como es el caso de la materia civil, ya que dicha salvedad se ubica en el segundo párrafo de la fracción XV del numeral 73 de la Ley de Amparo, la cual sólo es aplicable, como literalmente lo refiere: ‘Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ...’, hipótesis que evidentemente no sería extensiva a casos en donde el acto reclamado se trate de resoluciones dictadas por tribunales judiciales, como generalmente lo es en la materia civil; además, como se ha dicho, las normas que establecen excepciones son de estricta aplicación y, por tanto, dicha excepción no puede aplicarse por analogía a caso alguno no comprendido en ellas; de ahí que la afirmación genérica que se contiene en tales supuestos de la tesis aislada en comento, no es de compartirse en asuntos del orden civil, sobre todo cuando de los datos de localización de tal criterio, se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23695-94361b0f/principio-de-definitividad-debe-agotarse-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.