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Modo: Corpus Pro

DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 265/2013. · Registro digital (IUS): 24890
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Pág. 509.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 265/2013. SUSCITADA ENTRE EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 16 DE OCTUBRE DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE. SECRETARIA: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ.

II. Competencia y legitimación

8. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en atención a lo dispuesto en el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en términos de la tesis aislada P. I/2012 (10a.), sustentada por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).". Así como en los artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto circuito, y el tema de fondo corresponde a la materia civil. Lo anterior, con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis 259/2009.

9. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que emitió la resolución en la que sostuvo uno de los criterios contendientes. Por tanto, formalmente, se actualizó el supuesto de legitimación previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.

III. Existencia de la contradicción

10. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado, consistentes en que:(5)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

11. El discernimiento expuesto es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 72/2010.(6)

12. Por otro lado, cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no impide proceder a su análisis para determinar si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, con el epígrafe: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.(7)

13. Posturas contendientes. En primer orden, se sintetizan las consideraciones y argumentaciones en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus resoluciones, las que servirán para dar respuesta a una primera interrogante: ¿Existe contradicción en los criterios que refieren los denunciantes?

14. Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. Al resolver el amparo en revisión número 151/2013, dicho tribunal analizó un asunto con las siguientes características:

15. En un incidente de convivencia, emanado de un juicio civil ordinario, sustanciado ante el Juez Noveno de lo Familiar del Primer Partido Judicial de Jalisco, el actor promovió el incidente de nulidad de actuaciones en contra de lo actuado en la audiencia de convivencia. Dicha diligencia judicial fue documentada mediante el acta respectiva, emitida por el Juez de lo Familiar; en ella se consignó, entre otros hechos, que la hija menor de edad del actor manifestó que no deseaba convivir con su padre. En el mencionado incidente de nulidad de actuaciones, el actor alegó la ilicitud de la diligencia consignada en el acta emitida por el Juez, porque, en su opinión, no se cumplieron, en perjuicio de su hija menor de edad, las formalidades que la ley señala para el desahogo de las audiencias en las que se escucha a quienes son menores. El Juez de primera instancia resolvió no admitir el referido incidente, con el argumento de que lo expuesto por el actor no era motivo para anular el acta impugnada, pues no se habían inobservado las formalidades del procedimiento en perjuicio del incidentista.

16. En contra de la resolución del Juez de lo Familiar de desechar el incidente de nulidad de actuaciones, el actor promovió un juicio de amparo indirecto del cual conoció, por razón de turno, el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco. El Juez de amparo admitió la demanda y, tras la sustanciación del juicio, resolvió sobreseerlo fuera de la audiencia constitucional, por considerar que el quejoso no había observado la regla de la definitividad antes de promover el juicio de amparo. El Juez consideró que el quejoso no había agotado previamente el recurso de revocación que tuvo a su disposición y que procedía en contra del acto reclamado.

17. En contra de la resolución anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión, del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que le asignó el número de expediente 151/2013.

18. En sesión de dieciséis de mayo de dos mil trece, dicho tribunal resolvió confirmar la resolución recurrida que sobreseyó en el juicio de amparo. En cuanto al tema de la presente contradicción, el tribunal expresó los siguientes argumentos:

18.1 Si bien es cierto que en los litigios en los que están involucrados los derechos de una persona menor de edad se debe aplicar la ley con flexibilidad y observar el principio del interés superior de la niñez, la intervención de una persona menor, por sí sola, no conduce a soslayar automáticamente el orden jurídico, ni constituye una eximente para satisfacer los presupuestos legales indispensables de la contienda constitucional, dado que no existe disposición normativa que lo autorice.

18.2 El Tribunal Colegiado argumentó que el quejoso estaba obligado a cumplir con el principio de definitividad, rector del juicio de amparo, agotando el recurso de revocación, tal y como lo señaló el Juez de Distrito en su sentencia, en la que invocó como aplicable por analogía la jurisprudencia: "NULIDAD DE ACTUACIONES. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN Y NO EL DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL INCIDENTE PROMOVIDO CONTRA LA NOTIFICACIÓN DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, PERO QUE NO TIENDE A ÉSTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."(8)

18.3 Asimismo, el órgano colegiado manifestó que el quejoso debió esperar a que fuese resuelto el incidente de convivencia en el que se emitió el auto impugnado, para reclamar el citado proveído como violación procesal en el juicio de amparo que se promoviera contra la sentencia interlocutoria correspondiente. Lo anterior, porque de resultar favorable al agraviado el sentido de la sentencia interlocutoria, la transgresión alegada desaparecería. De esta forma, lo ocurrido en la audiencia consignada en el auto impugnado resultaría intrascendente, si finalmente se fijase un régimen de convivencias del quejoso con su hija acorde con sus pretensiones.

18.4 El Tribunal Colegiado adujo que, además, no era posible estudiar los argumentos del quejoso orientados a evidenciar la ilegalidad del acuerdo impugnado, en atención a que dicha cuestión es la materia de fondo de la litis constitucional, la que no es posible analizar ante el sobreseimiento decretado. Al respecto, el órgano de control constitucional citó la siguiente jurisprudencia: "AGRAVIOS, CUANDO SE RECURRE EL SOBRESEIMIENTO."(9)

18.5 El órgano revisor también consideró que, tal y como lo destacó el Juez de Distrito, el quejoso debió observar el principio de definitividad, por así determinarlo la jurisprudencia emitida por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.".(10) El anterior criterio, expuso el órgano colegiado, es de observancia obligatoria en términos del artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, a diferencia del criterio judicial que invocó el quejoso, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO EN MATERIA FAMILIAR CUANDO EL ACTO RECLAMADO OCASIONA A UN MENOR DE EDAD UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN."(11)

18.6 Por último, el Tribunal Colegiado argumentó que, a lo anteriormente señalado, se añade que el acto reclamado no causa a la menor un perjuicio irreparable, en la medida que con la inadmisión del incidente de nulidad no se afectan sus derechos fundamentales, puesto que, en todo caso, se lesionarían las prerrogativas de índole procedimental del promovente del amparo. El órgano colegiado reiteró que, de resultar favorable al quejoso el fallo interlocutor, las irregularidades que se hubiesen cometido se borrarían dejando intacta su esfera jurídica.

18.7 Bajo estos lineamientos, la autoridad revisora resolvió confirmar la resolución recurrida y sobreseer en el juicio de amparo.

19. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Al resolver los amparos en revisión 12/2009 y 100/2010, analizó asuntos con las siguientes características:

Amparo en revisión 12/2009

20. En un juicio ordinario civil, relativo a la pérdida de la patria potestad, del índice del Juez Décimo Octavo de lo Familiar del Distrito Federal, promovido por la madre de una menor de edad en contra del padre de esta última, el mencionado Juez, por solicitud de la actora, emitió un acuerdo por medio del cual, como medida provisional, previno a la parte demandada de abstenerse de causar molestias tanto a la actora como a su hija menor, hasta en tanto se resolviera la controversia de origen.

21. En contra del acuerdo anterior, el demandado, por propio derecho y en ejercicio de la patria potestad de su hija menor de edad, promovió juicio de amparo indirecto. Por razón de turno, le correspondió conocer del asunto al Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, que resolvió desechar la demanda de amparo, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. El Juez de Distrito argumentó que el quejoso no agotó el recurso de apelación en contra del auto impugnado, en acatamiento al principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio de amparo.

22. En contra de la resolución anterior, el quejoso, por derecho propio y en ejercicio de la patria potestad de su hija menor de edad, interpuso el recurso de revisión que, por razón de turno, le correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que le asignó el número de toca 12/2009.

23. El diecinueve de febrero de dos mil nueve, dicho tribunal resolvió revocar la resolución recurrida y, por tanto, ordenar al Juez de Distrito proveer lo conducente, en relación con la admisión de la demanda de amparo promovida por el quejoso. En cuanto al tema de la presente contradicción, el tribunal expuso los siguientes argumentos:

23.1 Para resolver si le asiste la razón al quejoso, resulta necesario desentrañar la naturaleza de los actos de imposible reparación y su posible impugnación en el juicio de amparo. Al respecto, el órgano colegiado refirió que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal establece la procedencia de la acción de amparo en contra de actos en juicio cuya ejecución es de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que, en su caso, procedan. Asimismo, el tribunal recordó que fue intención del legislador reglamentar la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, con la finalidad de que la impugnación de los actos de imposible reparación sea a través del juicio de amparo indirecto. En el mismo sentido, el legislador tuvo la intención de establecer una distinción entre los actos de imposible reparación y los actos dictados fuera de juicio o después de concluido.

23.2 El órgano colegiado de control constitucional argumentó que los efectos de la distinción que precede se ha justificado con motivo de los diversos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativos al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Al respecto, el tribunal recordó que el principio de definitividad cobra plena aplicación en el llamado amparo judicial, por lo que la procedencia del juicio de amparo sólo se encuentra reservada para aquellos actos cuya afectación a los particulares no encuentren remedio en algún medio ordinario de defensa. El tribunal adujo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho, en su jurisprudencia, que en atención a la gravedad que implicaría una afectación de imposible reparación respecto de los derechos fundamentales de los gobernados, se puede intelegir que los actos de imposible reparación que incidan directamente sobre "las garantías individuales" de los gobernados se encuentran exentos de observar el mencionado principio de definitividad.

23.3 El Tribunal Colegiado expuso que lo afirmado con antelación se advierte de la siguiente tesis sustentada por la Segunda Sala de esta Suprema Corte: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.".(12) El órgano colegiado manifestó que si bien dicho criterio no es obligatorio, ha sido validado por el Pleno de esta Suprema Corte, al invocarlo en diversas ejecutorias que han servido para sustentar jurisprudencia, como es el caso del criterio siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. PROCEDE EN LA VÍA INDIRECTA SIEMPRE Y CUANDO CAUSE UN PERJUICIO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.".(13) Manifestó el órgano colegiado que la tendencia anterior resulta patente en la siguiente tesis jurisprudencial de la Primera Sala: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.".(14) El tribunal recordó que el citado criterio sólo se refería a los actos dictados fuera de juicio y después de concluidos, previstos en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese abordado el tema específico de los actos de imposible reparación, regulados en la fracción IV del referido artículo. En el mismo sentido, el órgano colegiado argumentó que, en diverso criterio, la Primera Sala de la Suprema Corte estableció que cuando existiesen cuestiones que pudieran provocar una afectación de imposible reparación a los derechos fundamentales de los individuos, resultaba inmediata la promoción del juicio de amparo indirecto. El criterio judicial de referencia es el siguiente: "PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO TIENEN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS DE LA PERSONA."(15)

23.4 Igualmente, el Tribunal Colegiado argumentó que la excepción al principio de definitividad tiene sustento en una construcción lógica fundamental: la imposibilidad jurídica de someter ante la autoridad constituida ordinaria un tema de violación a los derechos fundamentales, pues involucraría necesariamente la interpretación de la Constitución Federal y dicha facultad se encuentra expresamente reservada por la Constitución al Poder Judicial de la Federación. El órgano de control constitucional invocó los siguientes criterios emitidos por el Pleno y por la entonces Tercera Sala, respectivamente, de la Suprema Corte: "CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS GENERALES. NO LO AUTORIZA EL ARTÍCULO 133 DE LA CONSTITUCIÓN."(16) y "CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, EXAMEN DE LA, IMPROCEDENTE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL COMÚN.".(17) El tribunal argumentó que la finalidad fundamental que sustenta al principio de definitividad en el juicio de amparo, es que resultaría fútil obligar a los gobernados a someter lo relativo a la afectación irreparable a sus derechos fundamentales ante las autoridades ordinarias, si éstas carecen de facultades constitucionales para pronunciarse al respecto.

23.5 A continuación, el Tribunal Colegiado consideró necesario precisar en qué consiste la imposible reparación. Expuso que la imposible reparación a la que hace alusión la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo puede ser sustantiva o adjetiva. Es sustantiva, adujo el órgano colegiado, cuando la ejecución del acto reclamado infringe de manera inmediata los derechos fundamentales constitucionales, y es adjetiva cuando los actos reclamados afectan de manera predominante y grave los derechos procesales de las partes. Para sustentar lo anterior, el tribunal invocó la siguiente tesis jurisprudencial emitida por el Pleno de esta Suprema Corte: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO."(18)

23.6 Una vez que el órgano colegiado de control constitucional delimitó el significado del término "imposible reparación como excepción al principio de definitividad", analizó si en esta hipótesis se encuentra la restricción a que un menor de edad conviva con uno de sus padres. Al respecto, el tribunal concluyó que sí.

23.7 Para justificar la afirmación anterior, el Tribunal Colegiado analizó lo relativo a los derechos de la infancia. Argumentó que el artículo 4o. constitucional reconoce el derecho fundamental de la niñez a que se procure su desarrollo integral, y que preservar el citado derecho está a cargo de los ascendientes, tutores y custodios, y es obligación del Estado Mexicano otorgar las facilidades necesarias a los particulares para que coadyuven en esa preservación. Asimismo, el órgano colegiado afirmó que las reformas al artículo 4o. constitucional son parte del movimiento internacional por la defensa de los derechos de la niñez iniciado por la Organización de las Naciones Unidas. Adujo que el reconocimiento constitucional de los derechos de la niñez fortalece el principio de equidad entre las personas, ya que debe haber igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales. El tribunal manifestó que los niños son aquellos seres humanos que no han alcanzado el cúmulo de experiencias vitales adquiridas por el paso del tiempo, que se estiman necesarias para su incorporación a la sociedad de manera independiente y responsable. Señaló que en nuestro derecho toda persona menor de dieciocho años es considerada infante, por lo que debe gozar de cuidados especiales. Adujo el Tribunal Colegiado que lo anterior encuentra sustento en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es de referencia obligatoria, en términos del artículo 133 constitucional, que sitúa al citado instrumento internacional por encima de las leyes ordinarias federales y locales. Al respecto, el órgano colegiado citó el siguiente criterio del Pleno de esta Suprema Corte: "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."(19)

23.8 En el mismo orden de análisis sobre los derechos de la infancia, el Tribunal Colegiado argumentó que del preámbulo, así como de los artículos 7, apartado 1; 9, apartados 1 y 3; 24, punto 2, inciso e); 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño, es posible advertir que los niños, como todo ser humano, gozan de los derechos fundamentales que han sido reconocidos en los instrumentos internacionales; que la falta de madurez física y mental de los niños requiere de protección especial, tanto antes como después de su nacimiento; que la protección se garantiza cuando el Estado da los medios para que las familias protejan a los menores; que el entorno idóneo para el óptimo desarrollo del menor se encuentra en el seno de la familia, a través de un ambiente de felicidad, amor y comprensión, con la participación de ambos padres, en tanto ello no resulte contrario al interés superior del menor, y que es obligación del Estado Mexicano como de los padres procurar el desarrollo normal de un menor, que se produce cuando el entorno le permite la posibilidad, en atención a sus capacidades físicas y mentales, para su preparación a una vida independiente en sociedad. Al respecto, el órgano colegiado citó la siguiente tesis propia: "MENORES DE SIETE AÑOS. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR SU NORMAL DESARROLLO (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL)."(20)

23.9 Una vez expuesto lo anterior, el Tribunal Colegiado concluyó que las resoluciones que afectan los derechos de convivencia de los hijos menores de edad con su padres inciden necesariamente en el desarrollo integral o normal de las personas menores de edad, lo que es contrario a lo dispuesto por el artículo 4o. constitucional como en la Convención sobre los Derechos del Niño.

23.10 En el caso concreto, adujo el órgano de control constitucional, el acto reclamado constituye un acto cuya consumación afecta de manera irreparable el derecho fundamental de la menor de edad a un desarrollo integral, pues ni el padre ni la menor podrán recuperar el tiempo que les fue vedado para interrelacionarse como naturalmente debe ocurrir dada la filiación que les une. Estimar lo contrario, afirmó el Tribunal Colegiado, sería validar la afectación de los derechos fundamentales de una persona menor de edad de manera irreparable, con motivo de que sus padres no supieron defender sus derechos en la instancia ordinaria, lo cual contravendría la finalidad perseguida tanto por la Constitución Federal como por la Convención sobre los Derechos del Niño. Expuso el órgano colegiado, que no pasaba por alto que el citado instrumento internacional dispone que la separación de los niños de uno o ambos padres se puede justificar cuando la convivencia de los primeros con los últimos resulta más perjudicial que benéfica para su propio desarrollo, pues tan grave es permitir la convivencia entre un menor y su padre cuando éste ejerce violencia física o mental sobre dicho menor, como grave sería privar a este último de su normal desarrollo al lado de su progenitor. Sin embargo, manifestó el tribunal, lo anterior sería el tema toral a dilucidar de manera inmediata a través del juicio de amparo, por lo que correspondería al Juez de Distrito ponderar dicha situación, al allegarse de todo el material probatorio que estime necesario, una vez que la demanda de amparo fuese admitida.

23.11 Bajo estos lineamientos, el Tribunal Colegiado resolvió declarar fundados los agravios del recurrente quejoso, revocar la resolución recurrida y ordenar al Juez de Distrito admitir la demanda de amparo, pues consideró que se configuraba una excepción al principio de definitividad y que no se actualizaba de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo.

Amparo en revisión 100/2010

24. En un juicio ordinario familiar, relativo a la pérdida de la patria potestad, del índice del Juez Vigésimo Tercero de lo Familiar del Distrito Federal, promovido por la madre de dos menores de edad en contra del padre de estos últimos, el mencionado Juez emitió un acuerdo por medio del cual ordenó establecer un régimen de convivencias provisional entre los menores y su padre, no obstante que la actora había hecho del conocimiento del juzgador que tanto ella como sus hijos habían sido objeto de violencia familiar por parte del demandado.

25. En contra del acuerdo anterior, la actora, por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad, promovió juicio de amparo indirecto. Por razón de turno, le correspondió conocer al Juez Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, que resolvió desechar la demanda de amparo, pues se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. El Juez de Distrito argumentó que la quejosa no agotó el recurso de apelación en contra del auto impugnado, en acatamiento al principio de definitividad que rige para la procedencia del juicio de amparo.

26. La quejosa, por derecho propio y en representación de sus hijos menores de edad, interpuso el recurso de revisión contra esa decisión el que, por razón de turno, le correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que le asignó el número de toca 100/2010.

27. El veintidós de abril de dos mil diez, dicho tribunal resolvió revocar la resolución recurrida y ordenó al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión de la demanda de amparo promovida por la quejosa. En cuanto al tema de la presente contradicción, el tribunal reprodujo literalmente las consideraciones referidas con antelación respecto del amparo en revisión 12/2009 y agregó los siguientes argumentos:

27.1. El Tribunal Colegiado expuso que no dejaba inadvertida la circunstancia de que, en el caso, existe un criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte, en el sentido de que la excepción al principio de definitividad que rige tratándose de menores de edad, con relación a las violaciones procesales, sólo opera para la tramitación del juicio de amparo directo. En atención a lo anterior, el órgano colegiado citó la siguiente jurisprudencia: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.".(21) Asimismo, el tribunal transcribió la ejecutoria de la que emanó el anterior criterio judicial.

27.2. El órgano de control constitucional argumentó que de la tesis y ejecutoria referidas con antelación era posible concluir que: el principio de definitividad, no obstante ser una regla de aplicación general, presenta excepciones considerando la índole del quejoso y la naturaleza del acto reclamado. En estas condiciones, no será necesario agotar los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de amparo directo, cuando se impugnen violaciones procesales que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Expuso el Tribunal Colegiado, asimismo, que no debe hacerse extensiva la excepción al principio de definitividad en los casos en los que por la vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que traten sobre controversias sobre el estado civil o que afecten al orden familiar, a menores o incapaces. Adujo el tribunal que de una interpretación sistemática de la Ley de Amparo no se aprecia que haya sido voluntad del legislador que la mencionada excepción al principio de definitividad surtiera efecto cuando se tratase del juicio de amparo indirecto, pues esta vía no requiere de actos procesales preparatorios.

27.3. No obstante lo referido con antelación, el órgano colegiado sostuvo que existen casos o supuestos en los que los actos impugnados mediante el juicio de amparo indirecto pueden ocasionar un daño de imposible reparación a un menor de edad, por lo que deben considerarse como una excepción al principio de definitividad, tal y como lo argumentó a lo largo de su ejecutoria.

27.4. El Tribunal Colegiado manifestó que si bien el artículo 4 constitucional, así como los preceptos 7, apartado 1; 9, apartados 1 y 3; 24, punto 2, inciso e); 28 y 29, todos de la Convención sobre los Derechos del Niño, disponen que las resoluciones que afectan los derechos de convivencia respecto de los hijos menores de edad con sus padres, inciden necesariamente en el desarrollo integral o normal desarrollo de las personas menores de e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24890-ce2bfda9/definitividad-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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