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Modo: Corpus Pro

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR JUICIO DE AMPARO DIRECTO, SE HACEN VALER VIOLACIONES PROCESALES PREEXISTENTES, QUE NO FUERON IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE, NI ADVERTIDAS EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. VIOLACIONES PROCESALES PREEXISTENTES. CONFORME AL PRINCIPIO DE CONCENTRACIÓN, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ANALIZAR Y RESOLVER TODAS LAS QUE LES SON PROPUESTAS DESDE LA PRIMERA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO, ASÍ COMO AQUELLAS ADVERTIDAS EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO PROCEDA, SO PENA DE PRECLUSIÓN PROCESAL (SISTEMA VIGENTE DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO). VIOLACIONES PROCESALES PREEXISTENTES. ES IMPROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN EN UN SEGUNDO O ULTERIOR JUICIO DE AMPARO DIRECTO, CUANDO LA RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO SE PRONUNCIÓ EN ACATAMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO PREVIA (SISTEMA VIGENTE DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 18/2023. · Registro digital (IUS): 32064
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-01-19
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERA
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo IV, Pág.3836.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 18/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN AUXILIO DEL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO. 15 DE NOVIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y DE LOS MAGISTRADOS JORGE TOSS CAPISTRÁN Y GUILLERMO VÁZQUEZ MARTÍNEZ. PONENTE: MAGISTRADO JORGE TOSS CAPISTRÁN. SECRETARIA Y SECRETARIO: DAFNE MIROSLABA CARRILLO DE LEÓN Y RAÚL HUERTA BELTRÁN.

I. COMPETENCIA

Este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en Monterrey, Nuevo León es competente para resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 42, fracción I, del de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los artículos 6, fracción I, 7, 10 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 y el diverso numeral 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, toda vez que el presente asunto versa sobre la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados pertenecientes a la Región Centro-Norte del País.

Incluso, la competencia de este Pleno Regional así la fincó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 104/2023, mediante ejecutoria correspondiente a la sesión de cinco de julio de dos mil veintitrés, tal como se indicó en párrafos arriba plasmados.(9)

II. LEGITIMACIÓN

La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III,(10) de la Ley de Amparo, en atención a que fue formulada por uno de los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, que participó como integrante del Pleno, en dos de las ejecutorias denunciadas, en las que votó en contra, formulando voto particular.

III. CRITERIOS DENUNCIADOS

Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa, Veracruz, al resolver el amparo directo 1251/2016, en apoyo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con sede en Monterrey, Nuevo León, en sesión de catorce de diciembre de dos mil dieciséis.

Antecedentes.

Demanda laboral. Un trabajador compareció ante la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, a demandar(11) de diversa persona moral particular, el pago de diversas prestaciones.

Primer laudo. El trece de octubre de dos mil nueve, se dictó laudo en el cual se consideró de buena fe el ofrecimiento de trabajo, por ende, se arrojó la carga probatoria del despido al trabajador, la que se consideró no cumplida, ante lo cual, se absolvió a la parte demandada de pagar salarios caídos, se ordenó la reinstalación y también se le absolvió de las prestaciones restantes, toda vez que de los hechos de la demanda, se desprendió que el actor no los generó.

Primer juicio de amparo directo. Inconforme con ello, el actor promovió juicio de amparo directo, del que tocó conocer y resolver al Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Cuarto Circuito, con residencia en Monterrey, Nuevo León, quien, bajo la vigencia de la abrogada Ley de Amparo, el ocho de julio de dos mil diez, dictó sentencia, que concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes:

"... para el efecto de que la junta responsable deje legalmente insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento, para que reciba la prueba confesional ofrecida por el reclamante a cargo de **********, en su carácter de representante legal de la empresa demandada, como testimonial y, requiera a la negociación demandada a fin de que proporcione el último domicilio que tenga registrado del testigo y, en su oportunidad emita un nuevo laudo en el cual al calificar la buena o mala fe del ofrecimiento del empleo, tome en cuenta que el despido aducido se ubica luego de una reinstalación ordenada en un juicio anterior, así como los antecedentes del caso, la conducta procesal de las partes, las circunstancias en que se da y todo tipo de situaciones y condiciones que permitan concluir de manera prudente y racional, que tal proposición revela la intención del patrón de que continúe la relación de trabajo, caso en que habrá buena fe, o bien, que tan solo persigue burlar la norma que le impone la carga de probar la justificación del despido, o hastiar al trabajador en el litigio para hacerlo desistir de su reclamación, supuestos en que habrá mala fe."

Segundo laudo. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad laboral responsable, el veinticuatro de junio de dos mil catorce, pronunció laudo, en el cual concluyó que la parte actora no reveló su intención de continuar con el vínculo laboral, interpretándose como un rechazo real de la oferta del empleo, motivo por el cual, se invalidó la acción de reinstalación; además de que ésta fue calificada como de buena fe, sin que la parte actora hubiera logrado demostrar el despido alegado; como resultado de ello, se absolvió a la demandada de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por el reclamante dentro del juicio.

Segundo juicio de amparo directo. En desacuerdo con lo determinado, nuevamente el actor promovió juicio de amparo directo, pero ya bajo la vigencia de la Ley de Amparo reformada, que fue resuelto por el aludido Tribunal Colegiado de Circuito, determinando conceder una vez más el amparo y la protección de la Justicia Federal, para efectos de que la autoridad responsable:

"1) Dejar insubsistente el laudo reclamado y atendiendo a las consideraciones expuestas, considerar que la oferta de trabajo realizada por la empresa demandada es de mala fe y, por ende, se abstenga de revertir a la parte actora la carga probatoria respecto del despido injustificado reclamado;

"2) Prescinda en determinar que la acción de reinstalación quedó invalidada, por existir desinterés del actor de seguir laborando para la demandada; y,

"3) Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, emita el laudo que conforme a derecho proceda."

Tercer laudo. Conforme a lo dispuesto por el Tribunal Colegiado, el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la autoridad responsable dictó otro laudo en el que ordenó la reinstalación del actor, calificó de mala fe la oferta de trabajo, arrojó la carga probatoria al patrón y, al entrar al estudio de las excepciones que éste opuso, calificó de fundada la de oscuridad en relación a las circunstancias del despido, por lo que absolvió a la parte demandada de pagar salarios caídos, así como de las prestaciones restantes. Por otro lado, dejó a salvo los derechos del actor para reclamar el reparto de utilidades.

Tercer juicio de amparo directo y su correlativo adhesivo. Esta última determinación constituyó el acto reclamado en la ejecutoria denunciada, y acudieron a impugnarla tanto la parte actora a través del juicio de amparo principal, como el patrón demandado, mediante el amparo adhesivo, todo ello bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo.

Decisión del Tribunal Colegiado de Circuito.

De manera unánime, en lo que aquí interesa, en suplencia de la queja deficiente, el Tribunal Colegiado determinó que se actualizó una violación procesal en perjuicio de la parte trabajadora, quejoso principal, consistente en que:

• La autoridad responsable fue omisa en requerir al trabajador para que aclarara o corrigiera la demanda inicial, al apreciarse una deficiencia en los hechos en el que el actor fincó sus pretensiones, toda vez que de su relato no se advertía la fecha, hora y el momento aproximado en que ocurrió el despido alegado.

• Para conceder el amparo por la actualización de dicha violación procesal, indicó que no era impedimento el hecho de que el laudo reclamado haya sido dictado en cumplimiento a una segunda sentencia de amparo, pues fue hasta ese momento procesal que la violación transcendió al resultado del fallo, tal y como se desprende del contenido de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los diversos 174 y 182 de la Ley de Amparo, cuyos contenidos transcribió.

• A partir de la normativa descrita y de las constancias de autos, estimó que si bien el laudo reclamado fue pronunciado como consecuencia de dos sentencias de amparo previas, no por ello precluyó la posibilidad de que, vía conceptos de violación o en suplencia de la queja, se conceda el amparo por encontrar actualizada la violación consistente en la omisión de requerir al trabajador para que aclare o corrija la demanda inicial.

• Añadió, que si el trabajador, quejoso principal hubiese manifestado dicha omisión como concepto de violación en las demandas de amparo presentadas en contra de los dos primeros laudos, dicha inconformidad se habría calificado como inoperante, pues en ese momento esa violación no trascendía al resultado del fallo, dado que tanto en el primero como en el segundo laudos, la Junta absolvió de las prestaciones accesorias de salarios caídos, por estimar que el actor no demostró su carga probatoria respecto al despido, no así porque no hubiese señalado las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dio el despido; de ahí, que fue hasta el tercer laudo cuando esa violación procesal trascendió, pues fue el momento en el cual la Junta se pronunció respecto a la excepción de obscuridad.

• De suerte que se estimó procedente conceder el amparo solicitado.

Amparo adhesivo.

Los conceptos de violación propuestos por el patrón tercero interesado en el amparo adhesivo se calificaron inatendibles, por no estar encaminados a fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo reclamado, ni a plantear violaciones al procedimiento que hubieran afectado sus defensas y pudieran trascender a su resultado. Entonces, se negó la protección constitucional solicitada en esa vía.

Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en Zacatecas, Zacatecas, al resolver el amparo directo 558/2022, relacionado con los diversos 559/2022, 560/2022 y 561/2022, así como el identificado con el número 560/2022, vinculado con los diversos 558/2022, 559/2022 y 561/2022, ambos en sesión ordinaria virtual celebrada el dos de marzo de dos mil veintitrés.

Antecedentes.

Demanda burocrática. Diversas personas físicas acudieron ante el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas, a demandar del Ayuntamiento de Fresnillos, Zacatecas,(12) su reinstalación, nivelación salarial y otras prestaciones.

Primer laudo. La demanda laboral fue tramitada y resuelta por el referido tribunal burocrático, pronunciándose un laudo mixto, en el que algunos de los actores lograron acreditar sus pretensiones, no así el promovente quejoso en el juicio de amparo directo laboral 558/2022, pues no hubo condena de reinstalación, al razonarse toralmente inexistente el despido injustificado controvertido. De igual forma se absolvió al ayuntamiento demandado del pago de la prestación de nivelación u homologación salarial exigida y de los demás conceptos derivados de ella, toda vez que la acción principal no procedió.

Primer Juicio de amparo directo. Inconformes con ello, diversos trabajadores promovieron sendas demandas bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo, las que fueron tramitadas como amparos directos 483/2021, 484/2021, 485/2021, 486/2021 y 533/2021, de la estadística del propio Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con asiento en Zacatecas, Zacatecas.

Por lo que hace al trabajador promovente en el juicio de amparo directo al que se hizo mención anteriormente, se determinó otorgarle el amparo para el efecto de que el tribunal burocrático responsable, entre otros aspectos, tuviera por cierto que el operario actor fue despedido injustificadamente por el Ayuntamiento demandado; y, con libertad de jurisdicción, resolviera lo que en derecho correspondiera en torno a la acción de reinstalación y demás prestaciones laborales (nivelación salarial, salarios caídos, basificación, aguinaldo, prima vacacional, apertura de incidente de liquidación, cuotas obrero patronales e incrementos salariales).

Segundo laudo. En cumplimiento a la citada ejecutoria, el Tribunal de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Zacatecas dictó laudo el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en donde, en lo que respecta al demandante que al caso interesa, entre otras determinaciones, condenó al Ayuntamiento demandado a reinstalarlo en su puesto de jefe del Departamento de Turismo, adscrito a la Dirección de Desarrollo Económico y Fomento.

Segundo juicio de amparo directo. Dicha sentencia constituyó el acto reclamado en los juicios de amparo directos denunciados, los que fueron promovidos en lo individual, por diversos trabajadores, bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo.

Criterio del Tribunal Colegiado de Circuito.

En las dos ejecutorias emitidas por mayoría de votos (con voto particular del Magistrado denunciante Juan Gabriel Sánchez Iriarte), en lo que constituye la litis de este asunto, se estableció lo siguiente:

• En el caso concreto, no existe posibilidad de reponer el procedimiento para llamar al juicio burocrático de origen al sindicato conducente, por dos razones esenciales:

I. Del contenido de la demanda burocrática, no se advirtió planteamiento alguno, en relación a que sí se hubieran cumplido los requisitos previstos en el artículo 8, fracción II, incisos a) y b), de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, para la basificación de los trabajadores de confianza; tampoco que se hubiera solicitado la anuencia sindical, por lo que no se encontró justificación para llamarlo; máxime que la litis corresponde a un segundo amparo.

II. Esa falta de llamamiento en todo caso podría considerarse una violación procesal, que no fue invocada por los quejosos, ni advertida oficiosamente por ese tribunal en los amparos directos de origen, por lo mismo, de acogerse en esa instancia constitucional, equivaldría a contravenir las reglas que rigen el juicio de amparo directo, en términos del artículo 174 de la Ley de Amparo.

• Máxime que la sentencia reclamada fue dictada en cumplimiento al juicio de amparo directo 486/2021, del índice de ese tribunal, por lo que si en ese medio de control constitucional el acto reclamado fue un laudo absolutorio, en ese momento procesal el tribunal estuvo en aptitud de examinar la citada violación, lo que en el caso, no aconteció.

• De ahí que tanto en el juicio de amparo directo número 558/2022, como en el relacionado 560/2022, se decidió no reponer el procedimiento.

Como se observa de los antecedentes delimitados, entre el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, Zacatecas (juicios de amparo directo 558/2022 y 560/2022) y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con sede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León (que recibió auxilio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa de Enríquez, Veracruz, en el juicio de amparo directo 1251/2016), se aprecia que los juicios de valor se suscitaron en segundos o ulteriores juicios de amparo directos, que fueron tramitados bajo la vigencia de la actual Ley de Amparo, lo que resulta trascendente por el momento procesal en que ocurre el punto de choque entre los aludidos tribunales.

IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

Al efecto, cabe señalar que los criterios sostenidos por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, si bien no se encuentran expuestos formalmente como tesis, acorde a lo dispuesto en los artículos 218 y 219 de la Ley de Amparo, ello no es obstáculo para que el Pleno Regional en Materia de Trabajo se ocupe de la denuncia de la posible contradicción de criterios de que se trata, pues a fin de que se determine su existencia, basta que se adopten criterios disímbolos al resolver sobre un mismo punto de derecho.

Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y siete, Tomo XIII, abril de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de epígrafe y contenido siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."

Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 94/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja trescientos diecinueve, Tomo XII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, noviembre de dos mil, que a continuación se transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY. Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados." Con la precisión que, por lo que hace al diverso criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz (quien resolvió en apoyo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con asiento en Monterrey, Nuevo León), de su ejecutoria derivó la integración de la tesis aislada identificada con el número (IV Región) 2o.11 K (10a.), visible en la página tres mil cincuenta, Tomo IV, Libro 40, marzo de dos mil diecisiete, Décima Época, materia común, registro digital: 2013951, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. PUEDEN ANALIZARSE EN EL AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL LAUDO O SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA CONSTITUCIONAL Y CONCEDERSE LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, SIEMPRE Y CUANDO HASTA ESE MOMENTO HAYAN TRASCENDIDO AL RESULTADO DEL FALLO Y EL QUEJOSO HUBIERA ESTADO IMPOSIBILITADO PARA HACERLAS VALER ANTERIORMENTE DE FORMA ADHESIVA AL AMPARO PRINCIPAL, AL NO HABERSE PROMOVIDO ÉSTE."

En congruencia con lo anterior, partiendo de que la finalidad de la contradicción de criterios es crear seguridad jurídica, resolviendo los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál de las posturas contendientes debe, en su caso, prevalecer.

Al respecto, es importante destacar que para que exista contradicción de criterios se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia hayan:

1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales, aunque no lo sean las cuestiones fácticas que las rodean; y,

2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la solución de la controversia planteada.

En ese sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 72/2010, visible en la página siete, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se identifica y transcribe:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Incluso, quedó establecido por el Más Alto Tribunal del País que, para determinar si existe o no una contradicción de criterios, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados y no tanto los resultados que ellos arrojen, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas, no necesariamente contradictorias en términos lógicos.

A partir de los criterios que ha emitido la Suprema Corte, se concluye que las características siguientes deben analizarse para poder arribar a una conclusión en torno a la existencia de la contradicción de criterios:

a) No es necesario que los criterios que se estiman discrepantes deriven de elementos de hechos idénticos, pero es esencial que estudien la misma cuestión jurídica, y que a partir de ésta, arriben a decisiones encontradas.

b) Que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, hayan resuelto una cuestión litigiosa, en la cual se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un proceso interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que éste fuese y al efecto, arribaron a soluciones distintas.

c) Que entre los ejercicios interpretativos, exista al menos una parte del razonamiento en el que la interpretación realizada, gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

d) Que de los anteriores elementos se pueda formular una pregunta genuina, acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

e) Aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, ello no es obstáculo para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.

Así pues, analizadas las ejecutorias pronunciadas por los órganos de control constitucional, este Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Norte considera que sí existe contradicción de criterios entre los órganos contendientes, ya que:

Conforme a lo anterior y la síntesis realizada en el apartado de "CRITERIOS DENUNCIADOS" de esta sentencia, se aprecia que los órganos colegiados se pronunciaron sobre una problemática particular, a saber: si conforme a la Ley de Amparo vigente, resulta factible o no, analizar violaciones procesales preexistentes alegadas por el quejoso o advertidas de oficio por el Tribunal Colegiado correspondiente en suplencia de la queja deficiente, en los juicios de amparo directo que no constituyen el primero en promoverse y, sobre ese punto, llegaron a conclusiones distintas.

En efecto, mientras que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con asiento en Zacatecas, Zacatecas, por mayoría de votos, estimó que no hay posibilidad de reponer el procedimiento cuando el laudo reclamado se dictó en cumplimiento de una sentencia de amparo, pues de hacerlo se contravendrían las reglas que rigen el juicio de amparo directo previstas en el artículo 174 de la Ley de Amparo, precisamente porque desde el primer juicio de derechos fundamentales la violación procesal no fue invocada por la parte quejosa, ni advertida oficiosamente en suplencia de la queja por el propio órgano.

En cambio, por unanimidad de votos, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con sede en Xalapa de Enríquez, Veracruz, al resolver en apoyo del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito con sede en Monterrey, Nuevo León, consideró a partir del examen al artículo 174 de la Ley de Amparo, que aun cuando el laudo que se reclamó fue dictado como consecuencia de la emisión de dos sentencias de amparo previas, ello no actualizaba la figura jurídica de la preclusión para que, ya sea vía conceptos de violación o en suplencia de la queja, pudiese concederse el amparo ante la act

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32064-1190cfe8/conceptos-de-violacion-inoperantes-lo-son-si-con · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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