AMPARO DIRECTO. FORMAS DE CUMPLIRLO EN EL MARCO DEL SISTEMA JUDICIAL EN MATERIA LABORAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 75/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 13 DE AGOSTO DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y DE LOS MAGISTRADOS JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ Y CASIMIRO BARRÓN TORRES. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR. SECRETARIO: LUIS OMAR GARCÍA MORALES.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión pública ordinaria correspondiente al trece de agosto de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 75/2025, suscitada entre el Primer(1) y Cuarto(2) Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, perteneciente al Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.
El problema jurídico planteado para resolver por este Pleno Regional se delimitó en auto de presidencia de la siguiente manera: “DETERMINAR CUÁNTOS DÍAS DEBE OTORGAR LA AUTORIDAD DE AMPARO PARA EL CUMPLIMIENTO A UN TRIBUNAL LABORAL DEL NUEVO SISTEMA Y, SI DICHO CUMPLIMIENTO SE DEBE REALIZAR POR ESCRITO O DE FORMA OBLIGATORIA EN AUDIENCIA DE JUICIO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 192, 193, 237 Y 258, DE LA LEY DE AMPARO, CONCATENADO CON LOS DIVERSOS 873-J Y 894, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.”
Antecedentes del asunto
1. Denuncia de la contradicción. A través de oficio JA/10/2025, el Juez de Distrito adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
2. Trámite ante este Pleno Regional. Mediante acuerdo de trece de mayo de dos mil veinticinco, la Presidencia de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios indicada y la registró bajo el consecutivo 75/2025.(3)
3. En esa misma determinación, se solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, remitieran la versión digitalizada de las ejecutorias que dieron origen a los criterios en posible disputa e informaran si se encontraban vigentes o, bien, superados o abandonados y, de ser el caso, señalaran las consideraciones respectivas, acompañando al efecto el archivo electrónico de la ejecutoria en la que se sustente el nuevo criterio.
4. Además, se hizo del conocimiento al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la admisión del presente asunto y se le solicitó que comunicara si existía o no una diversa contradicción de criterios, amparo en revisión o cualquier otro asunto que constituyera precedente obligatorio radicado en ese Alto Tribunal sobre el tema a dilucidar.
5. Turno. En la misma fecha, este asunto se turnó electrónicamente,(4)para su estudio, a la ponencia de la Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar.
6. Vigencia de criterios. Por autos de dieciséis y treinta de mayo de dos mil veinticinco, la Presidencia del Pleno Regional recibió los oficios de los tribunales contendientes, mediante los cuales informaron, respectivamente, que su criterio se encuentra vigente y, además, que habilitaron y pusieron a disposición los expedientes electrónicos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
7. Confirmación de turno. Mediante acuerdo de nueve de junio de la presente anualidad, se tuvo al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la SCJN, informando que durante los últimos seis meses no se encontró radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema a dilucidar en esta contradicción.
8. Por tanto, al encontrarse debidamente integrado el presente asunto, se confirmó el turno electrónico,(5) para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.
9. Lista. El proyecto de trato se listó para su resolución el cinco de agosto de dos mil veinticinco.
I. Competencia
10. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción III, 38 y 39 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción II, punto 4, así como los ordinales 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con los artículos 1, 2 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del citado Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
11. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios en materia de Trabajo suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, sobre el que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
II. Legitimación
12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III,(7) de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por el Juez de Distrito adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan.
III. Criterios denunciados
13. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como divergentes.
14. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 576/2023.
14.1 Demanda de amparo directo. Los apoderados legales de la parte actora interpusieron demanda de amparo directo contra la sentencia dictada por el Juez de Distrito adscrito al Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, en la que, entre otras cuestiones, se les impuso una multa y se ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República, con supuestos hechos ilícitos de falsedad en sus declaraciones.
14.2 Postura adoptada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Concedió el amparo solicitado; al efecto, indicó que deberían quedar incólumes, por haber adquirido firmeza e inmutabilidad, las actuaciones atinentes a las pruebas y alegatos, porque no advirtió algún vicio que las tornara ilegales.(8)
14.3 Enseguida, ordenó al Juez responsable dejara insubsistente el acto reclamado y, desahogara de nueva cuenta la audiencia de juicio con citación de las partes, y que en ésta, dictara otra resolución con la que culmine formal y materialmente la audiencia, ciñéndose a reiterar todo lo que no fue materia de amparo y atendiera a lo resuelto en otros juicios uniinstanciales relacionados, asimismo, concedió el amparo para el efecto de dejar insubsistentes las multas impuestas a los quejosos y, prescindiera de dar vista a la Fiscalía con los supuestos hechos de falsedad en sus declaraciones.
14.4 El Tribunal sostuvo que de acuerdo con los artículos 873-H, 873-I y 873-J de la Ley Federal del Trabajo, la audiencia de juicio es un solo acto procesal que, conforme con los principios de inmediación, concentración y de continuidad, se integra por tres periodos diferentes para su validez jurídica, a saber: pruebas, alegatos y el dictado de la sentencia, los cuales, por su naturaleza, contenido y alcance, deben iniciar siempre con la celebración de la audiencia y culminar formal y materialmente con el dictado de la resolución en la propia audiencia, lo que significa que no cabe emitirse el fallo si previamente no se han agotado cada una de las actuaciones que le preceden a través del orden lógico y metodológico previsto para ello por la ley laboral.
14.5 Estimó que esto resulta lógico y jurídicamente razonable, sobre todo si se toma en cuenta que la armonía de los principios de que se trata –inmediación, concentración y continuidad–, permite que el desahogo de pruebas, la formulación de alegatos y el dictado de la sentencia en la audiencia de juicio, formen un único bloque procesal, aunque se trate de actos distintos unos de otros, por la naturaleza y la dinámica del nuevo procedimiento laboral.
14.6 Indicó que aun cuando técnicamente la audiencia de juicio es un solo acto procesal, lo cierto es que está integrado por diversos periodos diferentes unos de otros, ya que en el primero y segundo, pruebas y alegatos, se otorgan ciertos derechos y facultades de las partes y se requiere la actuación del juzgador sobre el particular, en tanto que en el tercero, dictado del fallo, únicamente se exige la intervención de la persona juzgadora.
14.7 En ese sentido, añadió que atento a los lineamientos legales previstos para la audiencia de juicio en el nuevo procedimiento laboral, el juzgador queda obligado a realizar en su orden las actuaciones integrantes de la propia audiencia de manera sucesiva, una de la otra, en tanto que las partes tienen la carga de hacer valer en cada periodo la facultad o el derecho que les corresponde.
14.8 Dispuso que esa división de actuaciones en un solo acto procesal como es la audiencia de juicio, que obedece a exigencias jurídicas y de carácter práctico, así como a la dinámica del nuevo procedimiento laboral, son reglas que debe atender el juzgador para la legal y eficaz validez de la audiencia de juicio, por lo cual, de no atenderse en su orden lógico y cronológico, se produce perjuicio a las partes quebrantándose las formalidades que rigen para la audiencia de que se trata.
14.9 Determinó que cuando se concede la protección constitucional contra un fallo recaído en la audiencia de juicio del nuevo procedimiento laboral, el tribunal no debe limitarse a dejar insubsistente la sentencia reclamada en el amparo y emitir otra en la que se subsanen los vicios advertidos en la ejecutoria relativa, sino que, por virtud de la dinámica y lógica imperantes en el nuevo procedimiento laboral, a la luz de los principios de inmediación, concentración y continuidad, el juez está constreñido a citar a las partes a una nueva audiencia de juicio, en la que debe dejar firmes todas las actuaciones en las cuales no se advirtió alguna violación y pronunciar la nueva sentencia en la propia audiencia, en la que se ciña a las directrices fijadas en el fallo protector.
14.10 En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requirió a la responsable para que en el plazo legal de tres días, contados a partir de su notificación, cumpliera con el fallo protector, con el apercibimiento respectivo.
15. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 9/2024.
15.1 Demanda de amparo directo. Una persona trabajadora interpuso demanda de amparo directo contra la sentencia emitida por el Primer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Jalisco, en la que, entre otras cuestiones, se absolvió a la parte patronal al pago de diversas prestaciones, derivadas de un despido injustificado.
15.2 Postura adoptada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Concedió el amparo solicitado, a efecto de que el juez responsable dejara insubsistente el acto reclamado, dictara una nueva sentencia en la que reiterara todo lo que no fue materia de concesión; asimismo, para que determinara nuevamente el salario diario integrado del actor, el cual debía servir de base para calcular las condenas decretadas y, con base en ello, debía obtener una cantidad líquida de éstas.
15.3 Luego, con fundamento en el artículo 192, relacionado con el diverso numeral 258, de la Ley de Amparo, requirió a la autoridad responsable para que, en el término de veintidós días posteriores a la fecha de notificación, diera cumplimiento a la ejecutoria, con el apercibimiento de ley.
IV. Precisión de la materia de contradicción e inexistencia
16. Como se relató previamente, en el auto de Presidencia de trece de mayo de dos mil veinticinco, se fijaron como aparentes puntos de contradicción: “DETERMINAR CUANTOS DÍAS DEBE OTORGAR LA AUTORIDAD DE AMPARO PARA EL CUMPLIMIENTO A UN TRIBUNAL LABORAL DEL NUEVO SISTEMA Y, SI DICHO CUMPLIMIENTO SE DEBE REALIZAR POR ESCRITO O DE FORMA OBLIGATORIA EN AUDIENCIA DE JUICIO, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 192, 193, 237 Y 258, DE LA LEY DE AMPARO, CONCATENADO CON LOS DIVERSOS 873-J Y 894, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO”; sin embargo, ese acuerdo se sustenta en una vista preliminar del asunto, que no vincula al Pleno, pues a éste corresponde la fijación definitiva del punto de contradicción y el tema jurídico correspondiente, en términos del artículo 226, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo.(9)
17. En sustento a lo anterior, se cita la tesis 2a. V/2016 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO. La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes.”(10)
18. En ese sentido, este Pleno Regional estima que no puede considerarse materia de contradicción de criterios el tema denunciado respecto al plazo que debe otorgarse a una persona Juzgadora en materia laboral para cumplir con una sentencia de amparo, por dos motivos, el primero, debido a que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, no formularon argumentos jurídicos en sustento de sus respectivas posturas y, la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que los Tribunales, en las sentencias que pronuncien, adopten criterios divergentes sobre un mismo tema y, el segundo motivo de inexistencia, se origina porque la determinación del plazo para cumplir con el fallo constitucional no es rígida ni uniforme, sino que debe ajustarse a las particularidades de cada asunto, permitiendo a los tribunales ponderar la complejidad o sencillez del caso para fijar el término legal más adecuado y garantizar así la efectividad de la protección constitucional, claro está, sin soslayar el contenido del artículo 192 de la Ley de Amparo, que regula precisamente el término con que cuenta la autoridad responsable para tal efecto.
19. Así es, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 72/2010(11) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se entiende por criterio, el adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de criterios se actualice cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan posturas jurídicas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
20. Entonces, el término que se debe otorgar a los Jueces en materia laboral, para cumplir una sentencia de amparo, no es per se un elemento determinante ni apto para delinear un tratamiento metodológico único mediante el sistema de contradicción de criterios, ya que en los asuntos de origen, no existió pronunciamiento alguno por parte de los órganos terminales que ahora contienden, de modo que existe impedimento legal de unificar dichas posturas con un criterio general sobre un punto jurídico plenamente determinado; es decir, si únicamente se fijaron plazos diferentes para cumplimentar la sentencia de amparo, sin que para ello, se emitiera argumentación jurídica de fondo, no existe materia real de contradicción, pues no hay elementos jurídicos que contraponer ni criterios que unificar.
21. El segundo motivo de inexistencia, encuentra razonable justificación atendiendo a la jurisprudencia 1a./J. 83/2024 (11a.),(12) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que sostuvo que no es una exigencia que en las sentencias concesorias de amparo, particularmente en su parte considerativa y resolutiva, se fije el plazo con que cuenta la autoridad para acatar dicho fallo y los apercibimientos y/o señalamientos de las consecuencias legales ante su incumplimiento, ya que el requisito contenido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, se satisface cuando se establecen con claridad los efectos en que se traduce dicha concesión.
22. El criterio de referencia es del tenor siguiente:
“SENTENCIAS CONCESORIAS EN AMPARO DIRECTO. NO RESULTA UNA EXIGENCIA QUE SE INSERTE EN SU PARTE CONSIDERATIVA Y EN EL RESOLUTIVO RELATIVO, UN APARTADO EN EL QUE SE ESPECIFIQUEN LOS PLAZOS, REQUERIMIENTOS Y APERCIBIMIENTOS PARA ASEGURAR SU CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO 74, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO).
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si en la parte considerativa de las sentencias concesorias de amparo, así como en sus puntos resolutivos, debe insertarse un apartado en el cual se fijen los plazos, requerimientos y apercibimientos en que la autoridad responsable debe acatar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del fallo. Mientras que uno incluyó un considerando relativo a las "Medidas para asegurar el estricto cumplimiento de la ejecutoria" y un punto resolutivo en el que requirió a las autoridades responsables para que cumplieran con la sentencia en los plazos señalados; los otros implícitamente decidieron no adicionar alguna consideración o apartado relativo.
Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no es una exigencia que en las sentencias concesorias de amparo, particularmente en su parte considerativa y resolutiva, se fije el plazo con que cuenta la autoridad para acatar dicho fallo y los apercibimientos y/o señalamientos de las consecuencias legales ante su incumplimiento, ya que el requisito contenido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, se satisface cuando se establecen con claridad los efectos en que se traduce dicha concesión. Justificación: De la interpretación de los artículos 74 y 77 de la Ley de Amparo, se advierte que el órgano jurisdiccional debe precisar los efectos en los que se traduce la concesión del amparo, así como los supuestos en los que las autoridades responsables deben actuar –atendiendo a la naturaleza positiva o negativa del acto o cuando éste implique una omisión–, a fin de restituir a la persona quejosa en el pleno goce de sus derechos y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual constituye el parámetro que deben seguir las autoridades para acatar el fallo protector. Sin embargo, no es una exigencia que en dichas sentencias se inserte un apartado en el que se especifiquen los plazos, requerimientos y apercibimientos en que las autoridades responsables deben acatar el fallo para asegurar su cumplimiento, ni que ello se refleje en un punto resolutivo, pues esas medidas corresponden a la etapa de ejecución del juicio de amparo, la cual inicia una vez que la sentencia causa ejecutoria y se ordena su notificación en términos de los artículos 192 y 193 de la ley de la materia. Por lo que es hasta ese momento cuando se deberá formular cualquier requerimiento a las autoridades vinculadas para cumplir con el fallo, otorgándoles un determinado plazo para ello y apercibiéndolas para el caso de no hacerlo sin causa justificada, se harán acreedoras a la imposición de multas o, en su caso, a la remisión del expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.”
23. Luego, como ya se indicó, el plazo para cumplir con una sentencia de amparo no es rígido ni uniforme, sino que debe ajustarse a las particularidades de cada asunto, permitiendo a los tribunales ponderar la complejidad o sencillez del caso para fijar el término legal que considere más adecuado y garantizar así la efectividad de la protección constitucional.
24. Por los motivos expresados sobre ese aspecto, se genera la inviabilidad de unificar un criterio respecto a dicho tópico, por lo que procede declarar la inexistencia de contradicción de criterios denunciada.
25. Así, la materia a dilucidar en este asunto, consistirá en determinar si en términos de los artículos 873-J y 894, último párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, para cumplir un amparo concedido a efecto de dictar una nueva sentencia en el sistema judicial en materia laboral, ¿debe realizarse dentro de una nueva audiencia de juicio, o es innecesario su desahogo y puede dictarse solamente por escrito?
V. Requisitos para la existencia de la contradicción
26. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de criterios tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, en el caso, la Región Centro-Sur, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los jueces y justiciables, dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas.
27. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para que exista una contradicción de criterios, antes llamada de “tesis”, basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
28. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P/J. 72/2010, del Pleno de la SCJN, de rubro y texto:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.”(13)
29. Si la finalidad de estos asuntos es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
30. Es decir, existe una contradicción de criterios cuando dos órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias, y (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas genuinas y específicas.
31. Por otra parte, no es necesario que los criterios divergentes constituyan jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten posturas distintas sobre un mismo punto de derecho.
32. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.”,(14) así como la tesis aislada: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.”(15)
33. En atención a lo expuesto, a continuación, se procederá a analizar si, en el caso, se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.
VI. Existencia de la contradicción
34. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México determina que sí existe contradicción de criterios entre los sustentados por el Primer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al dictar las sentencias denunciadas.
35. Ello es así, porque del análisis que se practica a las ejecutorias aquí involucradas, se advierte que los órganos jurisdiccionales contendientes examinaron un mismo punto jurídico y adoptaron posiciones discrepantes; cuestiones que se reflejan en las consideraciones que soportaron sus correspondientes decisiones y se detallarán a con
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33569-643798ad/amparo-directo-formas-de-cumplirlo-en-el-marco · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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