DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. DEBE SUPLIRSE EL ERROR CUANDO SE PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DE OTRO, PERO DE SU APRECIACIÓN INTEGRAL SE ADVIERTE QUE ES POR DERECHO PROPIO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 23/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN AUXILIO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 9 DE ABRIL DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR Y GUADALUPE MADRIGAL BUENO, Y DEL MAGISTRADO JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR. SECRETARIO: LUIS OMAR GARCÍA MORALES.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión pública ordinaria correspondiente al nueve de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 23/2025, suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región(1) y Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito,(2) perteneciente al Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.
El problema jurídico planteado para resolver por este Pleno Regional se delimitó en auto de presidencia de la siguiente manera: “Conceptos de violación en amparo directo. determinar si su análisis debe realizarse en atención a la causa de pedir o en estricto derecho, cuando el juicio lo promovió el apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en contra de la multa que le impuso un Juez de Distrito”.
Antecedentes del asunto
1. Denuncia de la contradicción. A través del oficio 8TLFAI/28/2025 de veinte de febrero de dos mil veinticinco, el Juez de Distrito del Octavo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito.
2. Trámite ante este Pleno Regional. Mediante acuerdo de veintiuno de febrero de la presente anualidad, la Presidencia de este Pleno Regional admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios indicada y la registró bajo el consecutivo 23/2025.(3)
3. En esa misma determinación, se solicitó a las presidencias de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, remitieran la versión digitalizada de las ejecutorias que dieron origen a los criterios en posible disputa e informaran si se encontraban vigentes o, bien, superados o abandonados y, de ser el caso, señalaran las consideraciones respectivas, acompañando al efecto el archivo electrónico de la ejecutoria en la que se sustente el nuevo criterio.
4. Además, se hizo del conocimiento al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN), la admisión del presente asunto y se le solicitó que comunicara si existía o no una diversa contradicción de criterios, amparo en revisión o cualquier otro asunto que constituyera precedente obligatorio radicado en ese Alto Tribunal sobre el tema a dilucidar.
5. Turno. En la misma fecha, este asunto se turnó electrónicamente,(4) para su estudio, a la ponencia de la Magistrada María Enriqueta Fernández Haggar.
6. Vigencia de criterios. Por auto de veintiséis de febrero de dos mil veinticinco, la Presidencia del Pleno Regional recibió los oficios de los tribunales contendientes, mediante los cuales informaron, respectivamente, que su criterio se encuentra vigente y, además, que habilitaron y pusieron a disposición los expedientes electrónicos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
7. Confirmación de turno. Mediante acuerdo de seis de marzo de la presente anualidad, se tuvo al Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la SCJN, informando que durante los últimos seis meses no se encontró radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema a dilucidar en esta contradicción.
8. Por tanto, al encontrarse debidamente integrado el presente asunto, se confirmó el turno electrónico,(5) para la elaboración del proyecto de sentencia respectivo.
9. Lista. El proyecto de trato se listó para su resolución el uno de abril de dos mil veinticinco.
I. Competencia
10. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de la posible contradicción de criterios que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción III, 38 y 39 fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Competencia, Integración, Organización y Funcionamiento de los Plenos Regionales; y 1, fracción II, punto 4, así como los ordinales 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Creación, Denominación e Inicio de Funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con los artículos 1, 2 y 3 del diverso Acuerdo General 38/2023, del citado Pleno, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio.
11. Lo anterior, al tratarse de una posible contradicción de criterios en materia de Común suscitada entre Tribunales Colegiados del Séptimo Circuito y la Cuarta Región (que auxilia al Séptimo Circuito), sobre el que este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
II. Legitimación
12. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero(6) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 227, fracción III,(7) de la Ley de Amparo, al haber sido formulada por el Juez de Distrito del Octavo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa.
III. Criterios denunciados
13. Con el fin de determinar si existe o no la contradicción de criterios, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y los aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como divergentes.
14. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 613/2023.
14.1 Demanda laboral. El diecinueve de enero de dos mil veintitrés, una persona demandó del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (en adelante INFONAVIT), la entrega de la cantidad generada por concepto de INFONAVIT 97 y sus rendimientos; de ese asunto conoció el Octavo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa.
14.2 Sentencia. El dieciocho de abril de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dictó la sentencia correspondiente, en la que declaró procedente el pago de lo demandado y, en la que, cabe destacar, impuso una multa en lo personal al apoderado legal del INFONAVIT.
14.3 Amparo directo. El apoderado legal del INFONAVIT, únicamente en su carácter de representante de éste, promovió amparo directo en su contra.
14.4 Postura adoptada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. Por una parte, sobreseyó en el juicio de amparo y, por otro lado, concedió el amparo respecto de la multa que fue impuesta, en lo personal, al apoderado del Instituto.
14.5 Sobre este aspecto, determinó que la demanda de amparo debía entenderse promovida por el apoderado legal del INFONAVIT, por propio derecho y en representación del Instituto, pues a pesar de que en el acuerdo de admisión se admitió exclusivamente por lo que se refería al INFONAVIT, lo cierto era que de su contenido integral se advertía que también acudió al juicio de amparo por propio derecho, al formular conceptos de violación en contra de la multa que le fue impuesta en lo personal.
14.6 Por ello, estimó que el apoderado legal también acudió por propio derecho a esa vía constitucional, con independencia de lo atendible o no de lo alegado.
14.7 Citó en apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SUPLIRSE EL ERROR CUANDO SE PROMUEVE POR DERECHO PROPIO, PERO DE SU APRECIACIÓN INTEGRAL SE DESPRENDE QUE SE PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DE OTRO.”(8)
14.8 Y, en atención a la causa de pedir, estimó ilegal la multa que le fue impuesta, por lo que otorgó la protección constitucional solicitada.
15. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, al resolver el cuaderno auxiliar 72/2024, en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito en el juicio de amparo directo 959/2023.
15.1 Demanda laboral. El veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, una persona demandó a una afore y al INFONAVIT el pago del monto acumulado en la subcuenta Retiro 97 e INFONAVIT 97, respectivamente; de ese asunto conoció el Octavo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa.
15.2 Sentencia. El veintiocho de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dictó la sentencia correspondiente, en la que condenó a los demandados al pago de lo exigido; y, además, impuso una multa en lo personal al apoderado legal del INFONAVIT.
15.3 Amparo directo. Inconforme con lo anterior, el INFONAVIT interpuso amparo directo.
15.4 Postura adoptada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región. Negó el amparo solicitado, al respecto, destacó que quien acudió al juicio de amparo directo fue el INFONAVIT, quien tuvo el carácter de parte demandada en el juicio de origen, motivo por el cual los conceptos de violación serían analizados bajo el principio de estricto derecho, pues no operaba la suplencia de la queja deficiente en su favor al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo.
15.5 Hizo hincapié en que el apoderado legal del INFONAVIT compareció a esa instancia constitucional en representación del Instituto, no así por propio derecho.
15.6 Por tanto, sostuvo que, si al apoderado legal del INFONAVIT se le impuso en lo personal una multa, éste es quien debió acudir a esa instancia constitucional como persona física, no así en su carácter de apoderado de la demandada.
15.7 Citó como fundamento la jurisprudencia emitida por el ahora extinto Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, de rubro: “RECURSO DE QUEJA. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO LA AUTORIDAD QUE EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE O DELEGADO DEL TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, IMPUGNA LA MULTA IMPUESTA A ESTE ÚLTIMO, SIN PRECISAR QUE ACUDE EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA FÍSICA QUE EN SU CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO FUE SANCIONADO.”(9)
IV. Precisión de la materia de contradicción
16. Como se relató previamente, en el auto de Presidencia de veintiuno de febrero de dos mil veinticinco, se fijó como aparente punto de contradicción: “CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. DETERMINAR SI SU ANALISIS DEBE REALIZARSE EN ATENCIÓN A LA CAUSA DE PEDIR O EN ESTRICTO DERECHO, CUANDO EL JUICIO LO PROMOVIÓ EL APODERADO LEGAL DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), EN CONTRA DE LA MULTA QUE LE IMPUSO UN JUEZ DE DISTRITO”; sin embargo, ese acuerdo se sustenta en una vista preliminar del asunto, que no vincula al Pleno, pues a éste corresponde la fijación definitiva del punto de contradicción y el tema jurídico correspondiente, en términos del artículo 226, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo.(10)
17. En sustento a lo anterior, se cita la tesis 2a. V/2016 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. LA PROBABLE DIVERGENCIA DE CRITERIOS PRECISADA EN LA DENUNCIA RELATIVA, NO VINCULA AL PLENO O A LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN A CONSTREÑIRSE A LOS TÉRMINOS COMO SE PLANTEA NI AL PUNTO JURÍDICO ESPECÍFICO. La denuncia formulada por el legitimado para ello, en términos del artículo 227, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, constituye un mero requisito de procedibilidad necesario para que el órgano competente examine los criterios contendientes y determine si existe o no disconformidad en las consideraciones relativas y, en su caso, emita la jurisprudencia que deba prevalecer, sin que el tema probablemente divergente señalado por el denunciante vincule al Pleno o a las Salas del Alto Tribunal a constreñirse a los términos como se plantea ni al punto jurídico específico, dado que el propósito formal de la denuncia queda satisfecho en la medida en que origina el trámite de la contradicción de tesis y justifica la legitimación correspondiente; además, por disposición expresa del diverso numeral 226, párrafo penúltimo, de la legislación citada, en los asuntos de esta naturaleza se faculta al órgano correspondiente para acoger uno de los criterios discrepantes; sustentar uno diverso; o declarar inexistente o sin materia la contradicción de tesis; con la única limitante de que la decisión se tomará por la mayoría de los Ministros integrantes.”(11)
18. En ese sentido, al analizar minuciosamente las características del asunto, así como los criterios denunciados, este Pleno Regional estima que el punto de contradicción se debe delimitar de la siguiente manera: ¿debe suplirse el error cuando la demanda de amparo directo se promueva en representación de alguien más, pero de su contenido se advierte que se promueve por derecho propio?
V. Requisitos para la existencia de la contradicción
19. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de criterios tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, en el caso, la Región Centro-Sur, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los jueces y justiciables, dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas.
20. El Pleno de la SCJN ha reconocido que para que exista una contradicción de criterios, antes llamada de “tesis”, basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron.
21. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P/J. 72/2010, del Pleno de la SCJN, de rubro y texto:
“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.”(12)
22. Si la finalidad de estos asuntos es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;
b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y
c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
23. Es decir, existe una contradicción de criterios cuando dos órganos jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias, y (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas genuinas y específicas. 24. Por otra parte, no es necesario que los criterios divergentes constituyan jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten posturas distintas sobre un mismo punto de derecho.
25. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES”,(13) así como la tesis aislada: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.”(14)
26. En atención a lo expuesto, a continuación, se procederá a analizar si, en el caso, se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de criterios.
VI. Existencia de la contradicción
27. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México determina que sí existe contradicción de criterios entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, al dictar las sentencias denunciadas.
28. Ello es así, porque del análisis que se practica a las ejecutorias aquí involucradas, se advierte que los órganos jurisdiccionales contendientes examinaron un mismo punto jurídico y adoptaron posiciones discrepantes; cuestiones que se reflejan en las consideraciones que soportaron sus correspondientes decisiones y se detallarán a continuación.
29. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. En efecto, los órganos jurisdiccionales, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo en las partes considerativas de la sentencia que sustentaron.
30. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este Pleno Regional considera que el segundo requisito se cumple con relación al criterio emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito.
31. Se afirma lo anterior, porque los órganos en contienda resolvieron los respectivos juicios de amparo directo, en los que determinaron de manera discrepante, si se debe suplir el error en los casos en que la demanda de amparo directo se promueva en representación de alguien más, pero de su contenido integral se advierte que en realidad es por derecho propio.
32. Con relación al tema, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, determinó que sí debe suplirse ese error, con apoyo en la jurisprudencia aplicada por analogía, del Pleno de la SCJN de rubro: “DEMANDA DE AMPARO. DEBE SUPLIRSE EL ERROR CUANDO SE PROMUEVE POR DERECHO PROPIO, PERO DE SU APRECIACIÓN INTEGRAL SE DESPRENDE QUE SE PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DE OTRO”(15) mientras que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, determinó lo contrario.
33. De lo expuesto, se advierte que los órganos jurisdiccionales no sólo analizaron las mismas cuestiones o problemas jurídicos, sino que sus ejercicios interpretativos y resultados fueron opuestos; por tanto, se acredita el segundo requisito para la existencia de la contradicción de criterios.
34. Tercer requisito para establecer la contradicción de criterios. Está colmado ante las posturas divergentes de los Tribunales Colegiados contendientes, lo que da lugar a formular la siguiente pregunta: ¿debe suplirse el error cuando la demanda de amparo directo se promueva en representación de alguien más, pero de su contenido se advierta que se promueve por derecho propio?
VII. Estudio de fondo
35. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio que enseguida se desarrolla.
• Suplencia del error
36. La suplencia del error es un mecanismo procesal neutral que garantiza precisión jurídica sin favorecer a ninguna de las partes en el juicio, dicha figura jurídica está contemplada en el artículo 76 de la Ley de Amparo, el cual dispone:
“Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.”
37. Su propósito es corregir errores u omisiones en la cita de los preceptos constitucionales o legales que se estimen violados, sin alterar los hechos expuestos en la demanda, haciendo un análisis integral que lleve a la persona juzgadora a resolver la cuestión efectivamente planteada.
38. La suplencia del error permite al Juez de amparo corregir equivocaciones en la denominación o cita de los artículos constitucionales o legales invocados por las partes, ya sea en la demanda de amparo o en los agravios presentados en un recurso.
39. Así, el órgano jurisdiccional debe examinar los conceptos de violación o agravios en su conjunto, así como otro tipo de razonamientos, es decir, la demanda de amparo en su integridad, para resolver la cuestión efectivamente planteada, siempre respetando los hechos narrados por las partes.
40. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000(16) del Pleno de la SCJN, de título y contenido siguiente:
“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.
41. A diferencia de la suplencia de la queja deficiente, que puede estar limitada por la materia o el sujeto involucrado (por ejemplo, trabajadores, menores de edad, imputados o personas en situación vulnerable), la suplencia del error aplica a todas las partes en el juicio de amparo, sean particulares o autoridades; esto se justifica porque la norma en análisis no distingue y por eso, su aplicación no puede hacerlo.
42. Aunque ambas figuras buscan garantizar el acceso a la justicia, existen diferencias clave entre éstas, por señalar algunas, la suplencia del error se enfoca en corregir faltas técnicas, entre ellas, las relacionadas con las citas normativas; por su parte, la suplencia de la queja implica suplir deficiencias en los argumentos presentados por las partes, e incluso construir conceptos de violación no planteados, explícitamente cuando se advierte una violación a derechos fundamentales, en ciertas materias y casos específicos.(17)
43. Luego, el artículo 76 de la Ley de Amparo establece que el juez debe corregir errores u omisiones en las citas normativas y resolver conforme a lo efectivamente planteado, mientras que el artículo 79 amplía esta facultad al permitir que se suplan deficiencias incluso ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios.
44. En conclusión, la suplencia del error fortalece el acceso a la justicia tutelado en el artículo 17 de la Carta Magna, al evitar que dislates técnicos obstaculicen la protección efectiva de los derechos fundamentales.
45. Aclarado lo anterior, lo que sigue es verificar si procede suplir el error de la persona que promueve la demanda de amparo directo de forma equivocada.
• Suplencia del error en el carácter con que se promueve la demanda de amparo.
46. Sobre este tema, el Pleno de la SCJN, al resolver la contradicción de tesis 12/1995, sostuvo que el artículo 4° de la Ley de Amparo abrogada, establecía la posibilidad de que el agraviado pudiera promover el juicio de amparo no sólo por derecho propio, sino a través de su representante, de su defensor y, excepcionalmente, de un pariente o de una persona extraña.
47. En esa ejecutoria, el Alto Tribunal reseñó que el artículo 13 de la citada legislación disponía “Cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable tal personalidad será admitida en el juicio de amparo, para todos los efectos legales siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas."
48. Al interpretar esos dispositivos legales (4° y 13), el Pleno de la SCJN concluyó que la persona que tuvo reconocida su personalidad como representante de alguna de las partes en el juicio natural puede promover el juicio de amparo, aunque no por su propio derecho, porque ya se demostró que no es a él a quien afecta el acto reclamado, sino como representante de la parte afectada.
49. El Pleno de la SCJN analizó el artículo 79 de la legislación de amparo vigente en esa época (1995) y, explicó que dicho numeral ordena a los tribunales de amparo a corregir los errores en que las personas quejosas hubieren incurrido en la demanda al citar los preceptos constitucionales o legales y examinar en su conjunto todos los razonamientos de las partes a fin de resolver la cuestión que efectivamente se planteó.
50. En ese orden de ideas, el Alto Tribunal resolvió que si de una demanda de amparo se advierte que lo alegado por el representante son violaciones constitucionales cometidas no en su perjuicio, sino en el de su representada, pues sus conceptos de violación están formulados en ese sentido, era claro el error del promovente de la demanda que señala comparecer por derecho propio, por lo que a fin de resolver efectivamente la cuestión planteada era menester corregir ese error, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, pues si dicho precepto autoriza a corregir el error en la cita de los preceptos legales y constitu
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33272-a805f44f/demanda-de-amparo-directo-debe-suplirse-el-error · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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