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Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE LA LEY.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2015. · Registro digital (IUS): 25824
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-09-11
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADM
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I , Pág. 619.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 24 DE JUNIO DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: MARÍA DEL CARMEN ALEJANDRA HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambos preceptos legales vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de distinto circuito en un tema que, por ser de naturaleza administrativa, corresponde a la materia de su especialidad.

SEGUNDO.-Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 227, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que se formuló por un Magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, órgano que sustentó uno de los criterios presumiblemente discrepantes.

TERCERO.-Criterios señalados como contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta los principales antecedentes de los asuntos de donde emanan los criterios que se denuncian como opositores y las consideraciones esenciales que los sustentan:

I. Amparo directo AD. **********. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región.

• La empresa **********, a través de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra acto del Magistrado instructor de la Sala Regional del Noroeste III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Culiacán, Sinaloa, consistente en la sentencia de cinco de marzo de dos mil catorce, dictada en el expediente **********.

• Los puntos resolutivos de la sentencia reclamada son:

"I. La parte actora no probó su acción, en consecuencia;

"II. Se reconoce la validez de la resolución impugnada, precisada en el resultando primero del presente fallo."

• Habiendo correspondido el conocimiento de la demanda de amparo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito, en cumplimiento al oficio STCCNO/4122/2014, del secretario técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, lo remitió al Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para que en apoyo de aquél dictara la resolución correspondiente. En sesión de doce de diciembre de dos mil catorce, este último dictó sentencia que otorgó la protección de la Justicia Federal a la quejosa. Al efecto, en cuanto a lo que aquí interesa, consideró lo siguiente:

"CUARTO.-Existencia de una violación procesal. No se transcribe la sentencia reclamada, ni los conceptos de violación, toda vez que, en suplencia de la queja deficiente, se advierte una violación procesal que dejó sin defensa al quejoso, cuya trascendencia es relevante para la resolución del asunto en definitiva, al infringirse su derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia y de adecuada defensa, previstos en los artículos 17, párrafo segundo, y 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"En el caso, con fundamento en la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, se advierte una violación evidente de la ley en perjuicio del quejoso, consistente en que no se respetó el plazo para que la accionante, aquí quejosa, formulara alegatos, lo que resulta transgresor del derecho fundamental de debida defensa que consagra el artículo 14 constitucional; sin embargo, se estima necesario justificar la procedencia de la suplencia de la queja deficiente en la hipótesis referida, aun ante la ausencia de un concepto de violación específico en la demanda de amparo.

"Es importante tener presentes los siguientes principios que, en materia de derechos humanos, se prevén en el artículo 1o. constitucional: ...

"Lo hasta aquí expuesto permite concluir que, de acuerdo con los principios constitucionales que rigen en materia de derechos humanos, el derecho fundamental de acceso a la justicia conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de proteger y respetar los derechos fundamentales vinculados con aquél, así como garantizar la efectividad de los medios legales de defensa, lo que implica acudir a la interpretación de la ley que permita lograr tales objetivos, habida cuenta que el acceso a la jurisdicción no se debe supeditar a formalismos que resulten excesivos o carentes de razonabilidad respecto del fin legítimo que se persigue con la exigencia constitucional de establecer en la ley presupuestos procesales para el ejercicio de los derechos de acción y defensa. ...

"Partiendo del anterior contexto, se actualiza el supuesto del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo,(1) que prevé la suplencia de la queja deficiente en la materia administrativa, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar sus derechos fundamentales y las garantías previstas para su protección reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales.

"En la referida porción normativa también se prevé que en este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada.

"Los artículos del 170 al 174 de la Ley de Amparo establecen las reglas para el trámite del juicio de amparo directo. De manera particular, se advierte que el artículo 171, primer párrafo, de esa legislación(2) prevé que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, las cuales se encuentran previstas en los diversos 172(3) y 173(4) de la propia ley, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo, estableciendo diversas excepciones en su párrafo segundo.

"En tanto que del párrafo primero del artículo 174 de la Ley de Amparo,(5) se observa que en la demanda de amparo principal y, en su caso, en la adhesiva, el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; y que las que no se hagan valer se tendrán por consentidas, precisando la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo.

"De esta forma, del análisis sistemático de lo dispuesto por los artículos 79, fracción VI, en relación con los diversos 170, párrafo primero, y 174 de la Ley de Amparo, conduce a establecer que en materias de estricto derecho como es la administrativa, la suplencia de la queja procede respecto de violaciones a las leyes que rigen el procedimiento cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente a las leyes de procedimiento que lo haya dejado sin defensa, siempre que con el ejercicio de la facultad de suplir la queja deficiente no se afecten situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la sentencia o resolución definitiva impugnada en el amparo directo.

"Sin embargo, debe entenderse por situaciones procesales resueltas, aquellas que hayan sido atendidas por la autoridad jurisdiccional responsable a través del medio ordinario de defensa que el afectado con su comisión haya interpuesto en su contra en el curso del procedimiento, en el caso de que la ley conceda dicho medio de impugnación, pero cuyo resultado adverso no fue materia de los conceptos de violación expresados en contra de la resolución que puso fin al juicio contencioso administrativo, por omisión del quejoso de expresar argumentos impugnativos de la violación procesal cometida.

"Es así, pues en ese supuesto la violación de procedimiento debe estimarse consentida, porque habiendo quedado resuelta en el procedimiento, el quejoso omite formular conceptos de violación, a pesar de que estuvo en aptitud legal de hacerlo; de donde deriva que la facultad del Tribunal Colegiado de examinar de oficio las violaciones de naturaleza procesal se actualiza sólo cuando la violación se cometió en el procedimiento y no fue resuelta en el curso del mismo, porque no se promovió en su contra el medio ordinario que hubiese permitido subsanarla, siempre que tal violación sea manifiesta, haya afectado las defensas del particular y trascendido al resultado del juicio.

"Por otra parte, cabe destacar que el penúltimo párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo prevé que en los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de ese precepto, la suplencia se dará aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, de donde se observa que no se prevé literalmente la suplencia ante la ausencia de conceptos de violación en tratándose del supuesto previsto en la fracción IV de ese numeral, que es el caso precisamente de violaciones al procedimiento en que se haya dejado sin defensa al quejoso.

"Sin embargo, atendiendo al contexto de derechos fundamentales antes descrito y toda vez que el juicio de amparo constituye el recurso efectivo en el Estado Mexicano para la protección de derechos fundamentales del gobernado, debe considerarse que cuando exista una violación a ellos en el desarrollo del procedimiento que dio origen al acto reclamado, como lo es el de la debida defensa que se prevé en el artículo 14 constitucional, la suplencia de la queja deficiente procede aun cuando no exista un argumento en la demanda tendente a combatirlo (por estar encaminados únicamente al fondo del asunto), pero que sea de mayor beneficio al quejoso, pues con ello el juicio de amparo se traduce en un recurso capaz de conducir a un análisis por parte de un tribunal competente a efecto de establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación.

"Lo anterior resulta congruente con lo establecido en el artículo 170, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo, donde se prevé, en lo conducente, que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, ya sea que la violación se cometió en éstas, o bien, durante el procedimiento, cuando se afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

"Y, con el precepto 174 de esa legislación, que impone al Tribunal Colegiado de Circuito la obligación de decidir todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquella que, en su caso, advierta en suplencia de la queja deficiente.

"Aunado a que la violación procesal advertida, al contravenir el derecho fundamental a una adecuada defensa previsto en el artículo 14 constitucional, se puede traducir en un mayor beneficio para el quejoso, al estar vinculado con aspectos determinantes para el sentido del fallo que se emite, como lo son: 1) la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) la oportunidad de alegar; y, 4) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas; lo anterior, siempre que la violación procesal trascienda al resultado del fallo, por lo que deberá atenderse a las circunstancias especiales del caso.

"Además, resulta congruente con el modelo de recurso judicial efectivo que se ha expuesto en párrafos precedentes, pues el Alto Tribunal ha definido que el juicio de amparo se traduce en el derecho interno, en la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y, por ende, este órgano jurisdiccional no puede omitir reparar un derecho fundamental violado en el desarrollo del procedimiento a pesar de haberlo advertido, desatendiendo a su obligación constitucional prevista en el numeral 1o. de la Carta Magna.

"Por otra parte, se destaca el contenido del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, con el diverso 79 del propio ordenamiento, pero actualmente en vigor: ...

"Trasladando esas consideraciones al caso que nos ocupa, si bien la Ley de Amparo en vigor prevé literalmente la suplencia de la queja deficiente en los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 79, aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios -como lo hacía la anterior Ley de Amparo en su artículo 76 Bis, fracción II, únicamente en el caso del reo-; ello no exime a los juzgadores de amparo de examinar una violación evidente de la ley en contra del quejoso que lo haya dejado sin defensa al actualizarse una violación a un derecho fundamental consagrado en la Constitución o en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.

"De ahí que cobre aplicación, por identidad de razón, el criterio del Pleno del Alto Tribunal que se ha transcrito.

"Es así, pues no existe disposición expresa en la Ley de Amparo en vigor que prohíba la suplencia de la queja deficiente en estos casos, y de la exposición de motivos no se desprende que el legislador, con la redacción del artículo 79 que se analiza, tenga la intención de excluir el referido supuesto.

"Más bien, en el caso, se trata de la misma hipótesis de la legislación abrogada, en donde a pesar de que no se preveía expresamente la posibilidad de suplir la deficiencia de la queja ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, cuando no existe algún argumento sobre la violación procesal, el Pleno del Alto Tribunal determinó que no se puede dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías.

"Por ende, debe subsistir ese criterio en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo.(6)

"Pensar lo contrario, llevaría al absurdo de considerar que el Tribunal Colegiado, a pesar de advertir una evidente violación a derechos fundamentales, no estuviera en aptitud de repararla, incumpliendo con ello su obligación constitucional prevista en el artículo 1o., en detrimento también de la naturaleza del juicio de amparo, como recurso efectivo para la reparación de violaciones a derechos fundamentales, máxime cuando se trate de una violación a la adecuada defensa que protege el artículo 14 constitucional.

"En el caso, en suplencia de la queja deficiente, se advierte una violación procesal en el trámite del juicio nulidad en la vía sumaria, consistente en que no se respetó el plazo para que la accionante, aquí quejosa, formulara alegatos, lo que resulta transgresor del derecho fundamental de debida defensa que consagra el artículo 14 constitucional. ...

"Por lo que el proceder del Magistrado instructor responsable resulta contrario a derecho, al declarar cerrada la instrucción, cuando no notificó previamente a la accionante de la fecha en que se llevaría a cabo esa actuación y, con ello, redujo, sin conocimiento de la accionante, el plazo para formular alegatos, lo que se traduce en una violación a las leyes del procedimiento que afecta la defensa del quejoso.

"Aunado a lo anterior, la violación procesal advertida trasciende al fallo reclamado, pues la Sala reconoció la validez de la resolución impugnada y, de haberse otorgado el plazo para formular alegatos conforme a derecho, en su caso, podría traer como consecuencia que la Sala responsable emitiera una resolución favorable a los intereses del accionante, porque, precisamente, su naturaleza permite refutar los argumentos de la demandada en el procedimiento contencioso administrativo.

"Además, se viola el artículo 14 constitucional, pues, como se expuso, dentro del derecho fundamental a una defensa adecuada, se encuentra la oportunidad de alegar.

"Y la parte quejosa no contaba con un medio de defensa ordinario para combatir tal determinación, toda vez que el recurso de reclamación procede contra la determinación de improcedencia de la vía sumaria, resolución de medidas cautelares en esa vía, y en contra de las resoluciones del Magistrado instructor que admitan, desechen o tengan por no presentada la demanda, la contestación, la ampliación de ambas o alguna prueba; las que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio antes del cierre de instrucción, o bien, aquellas que admitan o rechacen la intervención del tercero, en términos de los artículos 58-3, 58-9 y 59 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; pero no en contra del anticipado o indebido cierre de instrucción.

"Efectos del amparo

"En consecuencia, procede conceder la protección constitucional para que la autoridad responsable deje sin efectos la sentencia reclamada y reponga el procedimiento para el dictado de un nuevo acuerdo en que se señale fecha para el cierre de instrucción, notificando legal y oportunamente a la parte quejosa para que esté en aptitud de formular alegatos y hecho esto continúe el trámite legal hasta el dictado del fallo conforme a derecho corresponda.

"La anterior concesión se estima otorga un mayor beneficio al quejoso, pues se centra sobre una violación al derecho fundamental de una defensa adecuada, lo cual puede resultar trascendente en la determinación que en el fondo se vuelva a emitir, toda vez que se otorgara la oportunidad de formular alegatos que pueden formar parte de la litis de nulidad y, por ende, se estima innecesario el análisis de los restantes conceptos de violación, en términos del artículo 189 de la Ley de Amparo."

II. Amparo directo DC. ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

• ********** promovió amparo directo contra el acto de la Segunda Sala Regional del Noreste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consistente en la sentencia de dieciséis de abril de dos mil trece dictada en el contencioso **********, cuyo conocimiento correspondió al citado Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

• Seguido el juicio en sus términos, dicho órgano dictó sentencia en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil trece, en que concedió la protección constitucional al quejoso y, en cuanto aquí interesa, determinó lo siguiente:

"SÉPTIMO.-Estudio de los conceptos de violación. Este colegiado advierte que ha habido en contra del quejoso una violación evidente de la ley que lo dejó sin defensa, cuya trascendencia es relevante para la resolución del asunto en definitiva, al infringirse su derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia y de adecuada defensa, previstos en los artículos 17, párrafo segundo, y 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Ello, porque el auto de cinco de diciembre de dos mil doce, mediante el cual la Magistrada responsable tuvo por contestada la demanda al administrador local jurídico de Guadalupe, y por ofrecidas las pruebas consistentes en copias certificadas del oficio de liquidación **********, de veintitrés de marzo de dos mil doce, emitido por la Dirección General del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Nuevo León, y de la boleta de infracción número **********, de diecinueve de agosto de dos mil diez, expedida por la Dirección General de Autotransporte Federal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se notificó por boletín electrónico a la parte actora, no obstante que debió de habérsele notificado de manera personal o por correo certificado, a efecto de darle oportunidad para que, en términos de lo dispuesto por el artículo 16, fracción II, y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pudiera ampliar su demanda, al haber manifestado desconocer la resolución administrativa que pretendía impugnar; violación que trascendió al resultado de la sentencia reclamada, al validarse actos que no le fueron dados a conocer.

"Razón por la cual, este tribunal se aparta de los conceptos de violación vertidos por el referido quejoso y ejerce la suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo vigente, que resulta aplicable para la resolución de este juicio, con fundamento en el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, ya que la demanda se presentó con posterioridad a su entrada en vigor.

"A efecto de sustentar la operancia de la suplencia de la queja en los términos indicados, precisa destacar que los artículos del 170 al 174 establecen las reglas para el trámite del juicio de amparo directo; y el 79, fracción VI, la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, cuando se adviertan violaciones evidentes a la ley.

"Así, de manera particular se advierte que, el artículo 171, primer párrafo, prevé que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, las cuales se encuentran previstas en los artículos 172 y 173, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo, estableciendo diversas excepciones en su párrafo segundo.

"En tanto que del párrafo primero del artículo 174 se lee, que en la demanda de amparo principal y, en su caso, en la adhesiva, el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; y que las que no se hagan valer se tendrán por consentidas, precisando la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo; y del párrafo segundo, se colige la obligación del Tribunal Colegiado de Circuito, de decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta una suplencia de la queja.

"Respecto a este último punto, el artículo 79, fracción VI, contempla la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

"Asimismo, establece que en ese caso, la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada.

"El análisis sistemático de lo dispuesto por los artículos 79, fracción VI, en relación con los diversos 170, párrafo primero, y 174, de la vigente Ley de Amparo, conduce a establecer que en materias de estricto derecho como es la administrativa, la suplencia de la queja procede respecto de violaciones a las leyes que rigen el procedimiento cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente a las leyes de procedimiento que lo haya dejado sin defensa, siempre que con el ejercicio de la facultad de suplir la queja deficiente no se afecten situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la sentencia o resolución definitivas impugnadas en el amparo directo, entendiéndose por situaciones procesales resueltas aquellas que hayan sido atendidas por la autoridad jurisdiccional responsable a través del medio ordinario de defensa que el afectado con su comisión haya interpuesto en su contra en el curso del procedimiento, en el caso de que la ley conceda dicho medio de impugnación, pero cuyo resultado adverso no fue materia de los conceptos de violación expresados en contra de la resolución que puso fin al juicio contencioso administrativo, por omisión del quejoso de expresar argumentos impugnativos de la violación procesal cometida, pues en ese supuesto la violación de procedimiento debe estimarse consentida, porque habiendo quedado resuelta en el procedimiento, el quejoso decide omitir su formulación en los conceptos, a pesar de que estuvo en aptitud legal de hacerlo; de donde deriva que la facultad del Tribunal Colegiado de examinar de oficio las violaciones de naturaleza procesal se actualiza sólo cuando la violación se cometió en el procedimiento y no fue resuelta en el curso del mismo porque no se promovió en su contra el medio ordinario que hubiese permitido su subsanación, siempre que tal violación sea manifiesta, haya afectado las defensas del particular y trascendido al resultado del juicio.

"Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente del juicio de nulidad del que deriva la sentencia aquí reclamada, no se advierte que el tribunal responsable hubiera hecho pronunciamiento alguno con relación a la violación procesal aquí destacada (falta de notificación personal del auto mediante el cual se tuvo a la autoridad dando contestación a la demanda, a efecto de que pudiera ampliar ésta); de ahí que este Colegiado esté facultado para hacer el pronunciamiento respectivo, en términos del mencionado artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo, al no afectarse alguna situación procesal ya resuelta.

"Por otra parte, este Colegiado también considera que, en el caso concreto, el quejoso se encontraba eximido de preparar la violación advertida de oficio, atendiendo a que ésta se produjo con anterioridad a la vigencia de la nueva Ley de Amparo, al no ser jurídicamente factible exigir en tal caso que el quejoso debiera prepararla, a través del medio de defensa previsto en la ley del acto, precisamente, porque la violación aludida se ubica en una época anterior, en la que por jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el actor no estaba obligado a preparar violación procesal alguna en materia administrativa.

"Para sustentar esta última consideración, precisa destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis **********, analizó el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal -en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011-, concomitante con el artículo 161 de la Ley de Amparo, y emitió la jurisprudencia 2a./J. 198/2007, de rubro: ‘VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. EN MATERIA ADMINISTRATIVA EL AGRAVIADO NO ESTÁ OBLIGADO A SU PREPARACIÓN ANTES DE COMBATIRLA EN LA DEMANDA DE AMPARO.’

"En tanto que este Colegiado, al analizar el citado artículo 107, fracción III, inciso a), a partir de la mencionada reforma, consideró que de su redacción pudiera considerarse que la obligación de preparar las violaciones procesales en el juicio de amparo directo regía en todas las materias ya que no se especificaba que ello sólo fuera aplicable en asuntos del orden civil, precisión que fue determinante para la interpretación dada por la Segunda Sala a los alcances de la norma, conjuntamente con las consideraciones formuladas durante los procesos legislativos relativos.

"Que, no obstante ello, debía recordarse que la norma reformada era la base conforme a la que se desarrollaría la ley reglamentaria respectiva, que no había sido adecuada al referido texto constitucional, aunado a que la obligación de preparar las violaciones procesales implicaba una multitud de cargas para los quejosos durante la tramitación del juicio natural y en la demanda de amparo directo, relativas a la promoción en tiempo del recurso o medio de defensa previsto en la norma ordinaria; a su invocación, en su caso, en el recurso que proceda contra la sentencia definitiva del juicio natural y a su posterior impugnación en la vía constitucional.

"Por tanto, se concluyó, mientras la Ley de Amparo no se hubiera adecuado al indicado precepto constitucional, mediante las reformas que correspondieran, debía atenderse a lo que en ese momento exigía y a la señalada jurisprudencia, que permitían la invocación de violaciones procesales en el amparo directo en materia administrativa, sin necesidad de su preparación; consideraciones que dieron origen a la tesis IV.2o.A.20 K (10a.), de rubro: ‘VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO DIRECTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. AUN CUANDO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE SU REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011, PUDIERA CONSIDERARSE QUE DEBEN PREPARARSE, AL NO HABERSE ADECUADO A DICHO PRECEPTO LA LEY REGLAMENTAR

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25824-75920d92/suplencia-de-la-queja-deficiente-su-procedencia-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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