SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DESPEDIDOS O CESADOS SIN MEDIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ALGUNO.
SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DESPEDIDOS O CESADOS SIN MEDIAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ALGUNO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 11/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017. ONCE VOTOS DE LOS MINISTROS ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: DANIEL ÁLVAREZ TOLEDO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día siete de septiembre de dos mil diecisiete.
VISTOS, los autos, para resolver la contradicción de tesis 11/2015.
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Por escrito presentado el dieciséis de enero de dos mil quince, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Máximo Tribunal, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunció la posible contradicción de tesis entre las sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en auxilio del Tercer Tribunal en Materia Administrativa del Tercer Circuito.(1)
2. SEGUNDO.—Trámite. Por acuerdo de diecinueve de enero de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte admitió a trámite la denuncia de que se trata y la registró con el expediente número 11/2015; estimó que, por tratarse de la materia común, la competencia correspondía al Tribunal Pleno; solicitó a los órganos jurisdiccionales contendientes informaran si los criterios que sustentaron se encontraban vigentes y, en su momento, remitió los autos para su estudio a la ponencia de la Ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas.(2)
3. Por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil quince, el presidente de esta Suprema Corte emitió auto en el que estableció que el presente expediente quedó debidamente integrado, por lo que ordenó su devolución a la Ministra ponente.(3)
4. TERCERO.—Returno. En proveído de cuatro de enero de dos mil dieciséis, el presidente de este Alto Tribunal ordenó returnar este asunto a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández.(4)
CONSIDERANDO:
5. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, en conformidad con los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 10, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte.
6. Lo anterior, por tratarse de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de distintos Circuitos respecto de un tema que corresponde a la materia común, ya que consiste en la interpretación de un precepto de la Ley de Amparo vigente, para cuya resolución se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno.(5)
7. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, se actualizó el supuesto de legitimación previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
8. TERCERO.—Criterios contendientes. El planteamiento sobre el que se sostiene la denuncia de contradicción de tesis, infiere dos posturas antagónicas.
9. Por una parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito consideró que la suplencia de la queja prevista en la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, opera en favor de los miembros de los cuerpos de seguridad pública, con independencia de que la relación jurídica entre el empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o el administrativo; en cambio, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región determinó que dicha suplencia no opera a favor de dichos sujetos.
10. Hecha esta breve aproximación, se procede a establecer los criterios contendientes, con la precisión de que las ejecutorias que serán analizadas se emitieron bajo la vigencia de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación.
I. Primera postura.
11. La ejecutoria relativa al amparo directo 419/2013,(6) que resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, en la parte relativa, establece lo siguiente:
"SEXTO.—Antecedentes. Los hechos más relevantes que se desprenden de las constancias que integran los presentes autos son:
"********** promovió juicio ordinario laboral ante el Tribunal de Arbitraje en el Estado, en contra del responsable de la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Administración Penitenciaria del Estado y otras autoridades, de quienes reclamó la reinstalación en su trabajo, por considerar que fue despedido injustificadamente, así como el pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, prima de antigüedad, salarios retenidos, veinte días por año, bonos de despensa, premios, y aquellas prestaciones laborales que el Gobierno del Estado entrega a sus empleados y servidores públicos.
"En su demanda manifestó que el dieciséis de julio de dos mil, inició a laborar en el Cereso de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, con la función de auxiliar de mantenimiento.
"Refirió además que, sin motivo ni razón alguna, a las ocho horas del quince de julio de dos mil siete, fue despedido injustificadamente de su trabajo por el responsable del área de Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Administración Penitenciaria del Estado.
"A la demanda laboral en comento aportó (en un sobre), el gafete a nombre de **********, con número de empleado **********, con vigencia de diciembre de dos mil tres, de la dependencia CERESO Cadereyta, así como original de recibo de pago con número de folio **********, fechado el treinta de marzo de dos mil siete a su nombre; pero en el puesto de celador.
"Al conocer de la demanda, mediante auto de once de julio de dos mil siete, el Tribunal de Arbitraje del Estado declinó conocer de la misma, en atención a que la naturaleza jurídica de la relación de desempeñar el puesto de celador, era de carácter administrativo, y en ese sentido, la competencia le correspondía al entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado (ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León), por lo que le remitió la citada demanda y sus anexos.
"Al recibir la demanda, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, por auto de treinta y uno de octubre de dos mil siete, aceptó conocer de la misma y requirió al promovente para que en el término de cinco días la aclarara, con el apercibimiento de ley.
"Luego, por escrito recibido el diecisiete de noviembre de dos mil siete, ********** señaló como acto reclamado: ‘Lo es el despido del cual fui objeto en fecha 15 de junio del año 2007, siendo aproximadamente las 8:00 horas, al estar desarrollando mis labores como oficial de auxiliar de Mantenimiento, en el Cereso de Cadereyta, en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a través del Lic. **********, en su carácter de responsable del área de Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Administración Penitenciaria del Estado.’
"Así, por acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil siete, la Magistrada de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, admitió a trámite la demanda.
"El dos de julio de dos mil ocho, se dictó sentencia definitiva, en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio de nulidad, al establecerse la inexistencia del acto impugnado, consistente en el despido injustificado de quince de junio de dos mil siete, por haberse acreditado que al promovente se le dio de baja desde el cuatro de mayo de dos mil siete, por acumular más de cuatro inasistencias a sus labores.
"En contra de esa sentencia, el actor promovió el recurso de revisión que se resolvió por el Magistrado de la Sala Superior y presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado el veinte de noviembre de dos mil ocho, en el sentido de confirmar la sentencia impugnada.
"En oposición a la resolución definitiva aludida en el párrafo anterior, el promovente del juicio de nulidad promovió el juicio de amparo al que le correspondió el número ********** del índice de este Tribunal Colegiado, el cual se resolvió el dos de abril de dos mil nueve, en el sentido de otorgar el amparo solicitado: ‘... para el efecto de que la Sala responsable, deje insubsistente la sentencia impugnada y, reponga el procedimiento en el entendido de que tenga por ciertos los hechos controvertidos por las autoridades responsables denominadas gobernador, secretario general de Gobierno, secretario de Seguridad Pública y director General de Prevención y Readaptación Social, todas del Estado de Nuevo León, en sus escritos de contestación de demanda y, con libertad de jurisdicción resuelva el fondo del asunto.’
"En cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo **********, la autoridad responsable revocó la sentencia de primera instancia y ordenó a la Sala primigenia repusiera el procedimiento del juicio de nulidad; dejara sin efectos los acuerdos en los que tuvo por contestando en tiempo y forma la demanda a las autoridades gobernador, secretario general de Gobierno, secretario de Seguridad Pública y director general de Prevención y Readaptación Social, todas del Estado de Nuevo León, y emitiera un nuevo acuerdo en el que tuviera a dichas autoridades por contestando fuera del término legal; en consecuencia, tuviera por ciertos los hechos controvertidos en la demanda, y hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resolviera el fondo del asunto.
"En acato a ello, la Magistrada de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, emitió el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil nueve, en el que estableció la presunción de la existencia de los actos expresados en la demanda, en cuanto a las autoridades gobernador, secretario general de Gobierno, secretario de Seguridad Pública y director general de Prevención y Readaptación Social, todas del Estado de Nuevo León. (fojas 216 y 217)
"El veintiocho de abril de dos mil nueve, la Magistrada de la Sala Ordinaria aludida, emitió una nueva sentencia (por segunda ocasión), en la que resolvió que la presunción de la existencia de los actos reclamados de las autoridades gobernador, secretario general de Gobierno, secretario de Seguridad Pública y director general de Prevención y Readaptación Social, todas del Estado de Nuevo León, quedó desvirtuada con las pruebas que integran el sumario, toda vez que con ninguna de ellas se acreditó la existencia del acto impugnado y sí, que desde el cuatro de mayo de dos mil siete se solicitó la baja del promovente por rescisión de su contrato, al haber acumulado más de cuatro faltas injustificadas, por lo que, una vez más, decretó el sobreseimiento en el juicio, ante la inexistencia del acto impugnado (fojas 228 a 244).
"En contra de esta última sentencia, el actor promovió recurso de revisión, que fue resuelto el veintiocho de septiembre de dos mil nueve, en el sentido de revocar la resolución y ordenar la reposición del procedimiento: ‘a fin de que se lleve a cabo en forma debida y legal el emplazamiento a dicho juicio del responsable del Área de Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Administración Penitenciaria del Estado, con tal carácter de autoridad. Asimismo para que reponga el procedimiento del juicio en cita, a partir de la contestación de la demanda del subsecretario de Administración Penitenciaria del Estado y dé vista expresa de ésta y de los anexos de la misma, a la parte actora, previniéndola para que, de ser su intención pueda formular ampliación de demanda.’ (fojas 267 a 281)
"En cumplimiento a esa determinación, la Sala Ordinaria emitió el acuerdo de trece de octubre de dos mil nueve, en el que ordenó la reposición del procedimiento y corrió traslado al actor de la contestación rendida por el subsecretario de Administración Penitenciaria en el Estado y de los anexos que dicha autoridad allegó, por si era su deseo ampliar la demanda. Ese proveído se notificó al actor, por conducto de su autorizado, el veintisiete de octubre de dos mil nueve (fojas 284 y 285), sin que el promovente hubiera ampliado su demanda.
"Paralelamente a lo anterior, el actor promovió amparo directo, en contra de la resolución de revisión que ordenó la reposición del procedimiento; juicio del cual correspondió conocer a este Tribunal Colegiado con el número **********, en el que, por acuerdo plenario del seis de enero de dos mil diez, se estableció la incompetencia legal de este órgano jurisdiccional para conocer del asunto, al no haberse impugnado una sentencia definitiva o una resolución que pusiera fin al juicio, por lo que se remitió la demanda al Juez de Distrito en Materia Administrativa en turno en el Estado, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común.
"De ese juicio de amparo indirecto, conoció la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, bajo el número **********, quien asumió la competencia planteada y emitió la resolución constitucional terminada de engrosar el veintidós de marzo de dos mil diez, en la que negó el amparo al quejoso.
"En contra de la resolución constitucional mencionada en el párrafo anterior, el quejoso promovió el recurso de revisión **********, resuelto por este Tribunal Colegiado el doce de agosto de dos mil diez, en el sentido de confirmar la resolución impugnada y negar el amparo solicitado.
"Por otra parte, seguida que fue la secuela procesal por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, nuevamente el diez de noviembre de dos mil once, la secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, en funciones de encargada del despacho, emitió una nueva sentencia (por tercera ocasión), en la que estableció que la presunción de la existencia de los actos reclamados quedó desvirtuada con las pruebas que integran el sumario, toda vez que con ninguna de ellas se acreditó la existencia del acto impugnado y sí se acreditó que desde el cuatro de mayo de dos mil siete se solicitó la baja del promovente por rescisión de su contrato, al haber acumulado más de cuatro faltas injustificadas, por lo que, una vez más, decretó el sobreseimiento en el juicio, ante la inexistencia del acto reclamado del gobernador, secretario general de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Subsecretaría de Administración Penitenciaria, Dirección de Readaptación Social, coordinador Administrativo de la Subsecretaría de Administración Penitenciaria, así como el subprocurador Jurídico de la Procuraduría General de Justicia (quien fuera sustituido por el consejero jurídico del Gobernador) todos del Estado de Nuevo León (fojas 356 a 371).
"En contra de esa sentencia, el actor en el juicio de nulidad promovió recurso de revisión, el cual se resolvió por los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, mediante la resolución de veintiocho de noviembre de dos mil doce, en la que se confirmó la sentencia recurrida.
"En desacuerdo con la sentencia citada en el párrafo anterior, el actor promovió juicio de amparo directo, del que tocó conocer a este cuerpo colegiado bajo el número estadístico 129/2013, y que fue resuelto el treinta de mayo de dos mil trece, en el sentido de declarar infundados una parte de los conceptos de violación y otros fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, por las siguientes razones medulares:
"a) La calificativa de infundados se dio en relación con el primer concepto de violación, porque se estimó que si bien en la ejecutoria dictada en el amparo directo 39/2009, se otorgó el amparo y protección constitucional, para el efecto de que se hiciera efectiva la sanción prevista en el artículo 53 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, en perjuicio de las autoridades que no rindieron oportunamente su contestación en el juicio de nulidad, lo cierto es que la presunción legal contenida en esa porción normativa, admite prueba en contrario y de acuerdo con lo resuelto por la Sala del conocimiento, lo que se confirmó a la postre por la aquí responsable, las pruebas que obran en el sumario desvirtuaron dicha presunción legal, lo que llevó a establecer el sobreseimiento en el juicio.
"Quedó establecido que la presunción de certeza respecto a los hechos que les atribuyó a las demandadas que no rindieron oportunamente su contestación, no lleva, indefectiblemente, como lo alega, a que se establezca una condena a cargo de dichas autoridades, en cuanto a las pretensiones de la actora, fundamentalmente porque esa presunción admite prueba en contrario y, en el caso, en apreciación de la Sala Ordinaria, las pruebas que existen en el sumario relativas a que desde el cuatro de mayo de dos mil siete se solicitó la baja del promovente por rescisión de su contrato, al haber acumulado más de cuatro faltas injustificadas, resultaron suficientes para desvirtuar la referida presunción legal.
"b) Por otro lado, se estimó que el segundo y tercer conceptos de violación resultaron fundados, pues se concluyó que contrario a la apreciación de la Sala Superior, sí se expusieron motivos de disenso susceptibles de ser analizados, en la medida en que se encontraban encaminados a controvertir la razón en la que se sustentó el sobreseimiento decretado por la Sala primigenia, en atención a que debió atenderse la causa de pedir contenida en los agravios que, en el caso, se hizo consistir en la incorrecta valoración de las pruebas con las que el recurrente estima «que» sí se acreditó el acto controvertido, por lo que sus agravios no debían de calificarse de inoperantes.
"Por tanto, se concedió el amparo, para el efecto de que: ‘la Sala responsable deje insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado y emita otra en la que se pronuncie en cuanto a la valoración de las pruebas, en relación con la existencia del acto impugnado’.
"En cumplimiento a la resolución anterior, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, el veintiuno de junio de dos mil trece, dictó la resolución correspondiente, en la que confirmó nuevamente el sobreseimiento decretado por la Sala Ordinaria, bajo las siguientes razones medulares:
"En el noveno considerando, la Sala Superior estimó dar cumplimiento a la sentencia de amparo, en cuanto a la valorización de las pruebas en relación con la existencia del acto impugnado.
"La resolutora apreció que con el oficio **********, de once de enero de dos mil ocho, signado por **********, directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y con el escrito de contestación presentado ante la Oficialía de Partes de la Primera Sala Ordinaria el día veintidós de enero de dos mil ocho, no se acreditaba la existencia de los actos impugnados (el despido).
"Se consideró que con el oficio **********, de once de enero de dos mil ocho, signado por la directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se acreditó que a la fecha de emisión de ese oficio, el licenciado **********, era ajeno a dicha dependencia, pues ya no desempeñaba el puesto de coordinador administrativo de la Subsecretaría de Administración Penitenciaria del Estado.
"Que con la instrumental de actuaciones consistente en el escrito de contestación del subsecretario de Administración Penitenciaria del Estado, se acreditó que los actos impugnados son inexistentes, pues señala que el accionante fue quien dio motivo a la suspensión del puesto, por haber dejado de asistir sin justificación alguna a su labor de trabajo, además de que dicha autoridad se encontraba impedida para emitir el acto de despido, sino que tenía la obligación de poner del conocimiento de su superior jerárquico los hechos que generen alguna hipótesis de rescisión de contrato en que incurrieran los servidores públicos a su mando, sin que ello se tradujera en resolver sobre situaciones de despido, manifestando que el recurrente incurrió en responsabilidad al abandonar su puesto por haber faltado injustificadamente más de cuatro días seguidos, lo que culminó en una separación temporal de su cargo, pues para la fecha que refirió haber sido despedido, ya había dejado de asistir a su lugar de trabajo.
"De ahí que se estimó que contrario a lo argumentado por la recurrente, con dicha documental e instrumental de actuaciones que obran en el procedimiento principal, no se acreditó la existencia del acto impugnado, además de que no se advertía que el subsecretario de Administración Penitenciaria del Estado hubiere confesado la separación injustificada del actor al puesto que desempeñaba, sino por el contrario, dicha autoridad había dado a conocer que fue el propio accionante quien faltó por más de cuatro ocasiones a su trabajo, lo que trajo por consecuencia que se recibiera ante la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el control de personal (COPER), con lo cual se acreditaba la baja del accionante.
"Indicó que las pruebas documental e instrumental de actuaciones, no se contraponían entre sí, pues por una parte la directora jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informa que a la fecha de la emisión del oficio –once de enero de dos mil ocho–, el licenciado **********, ya no tenía el puesto de coordinador administrativo de la Subsecretaría de Administración Penitenciaria del Estado, y por el otro, a través de la contestación presentada por quien ahora tenía ese puesto, se informó y justificó que el citado **********, nunca dio de baja ni despidió injustificadamente al accionante, el día quince de junio de dos mil siete.
"Por ello, razonó que fue correcto el proceder de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, al decretar el sobreseimiento.
"Inconforme nuevamente con la sentencia, el quejoso presentó el amparo directo que ahora nos ocupa.
"SÉPTIMO.—Cuestiones previas. Suplencia de la queja. Es necesario precisar que la legalidad de la sentencia que, por esta vía se impugna, debe analizarse bajo el supuesto de la suplencia de la queja deficiente que es solicitada por el quejoso, conforme a lo siguiente:
"De los antecedentes que informan el presente asunto y que quedaron extractados en el considerando previo, se desprende que el quejoso solicitó la indemnización constitucional y demás prestaciones con motivo de que en su opinión fue despedido injustificadamente en su puesto de oficial de auxiliar de mantenimiento.
"Se advierte que no fue materia de contradicción por parte del quejoso ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, el hecho de que se resolvió el asunto conforme a que el acto impugnado versó sobre el despido en el puesto de celador del CERESO Cadereyta, y no en el de oficial de auxiliar de mantenimiento, por así corroborarse del último recibo de sueldo que se acompañó a la demanda, y porque en todo momento en la contestación lo único que fue aceptado por las autoridades demandadas, fue el aludido cargo de celador, para un centro de reclusión penitenciaria en el Municipio de Cadereyta, en el Estado de Nuevo León.
"Aspecto el anterior que es pertinente señalar, porque al ser un hecho no controvertido por el quejoso, el puesto en el que se desempeñó es una circunstancia que debe seguir rigiendo el sentido del fallo.
"Ahora bien, si el quejoso se desempeñó en el puesto de celador, es claro que es parte del cuerpo de seguridad pública y, por tanto, el vínculo jurídico existente entre el quejoso y el Estado, es de naturaleza administrativa.
"Lo expuesto encuentra fundamento en la tesis «2a. XCIV/97» de rubro y texto: ‘CUSTODIOS DE CENTROS PENITENCIARIOS. LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN DEBE CONCEPTUARSE COMO DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR LO QUE EL VÍNCULO JURÍDICO EXISTENTE ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y NO LABORAL.’ (la transcribió)
"En este contexto, la actual Ley de Amparo que rige en el presente asunto (por haberse presentado la demanda de amparo, el veintiséis de julio de dos mil trece), amplió el margen de protección de los trabajadores, pues se asienta que ese beneficio opera ‘en materia laboral, en favor del trabajador con independencia de que la relación entre el empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo’.
"El artículo 79 de la ley de la materia, en literalidad, establece: (lo transcribió)
"Del precepto anterior se advierte que la suplencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, procederá en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre el empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o el derecho administrativo.
"Como se destacó precedentemente, la relación del Estado para con el quejoso es administrativa, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que la relación Estado-empleado fue, en principio, de naturaleza administrativa, pero el derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui géneris. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos, a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad.
"En esta parte es observable, la jurisprudencia P./J. 24/95, de rubro y texto: ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’ (la transcribió)
"En este sentido, es dable señalar que la interpretación que debe darse al artículo 79, fracción IV, de la actual Ley de Amparo, sí es aplicable al presente asunto, pues la relación Estado-empleado en el caso del quejoso, en su carácter de celador de un centro penitenciario, no obstante de estar regulada por el derecho administrativo, su origen es sustancialmente de trabajo y, en consecuencia, aplica en favor del referido quejoso la suplencia de la queja.
"Es así, porque se destaca el hecho de que la redacción del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo en comento, establece que la suplencia opera: ‘en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo’, lo cual hace procedente la aludida suplencia, porque la interpretación que debe darse al precepto debe ser acorde al nuevo paradigma constitucional y en pro de que se interprete la norma en lo que más favorezca al justiciable.
"Se dice lo anterior, porque no puede darse una interpretación diversa al citado precepto, ya que lo contrario sería dejar en letra muerta las reformas a la Ley de Amparo, que extiende el supuesto de procedencia de la suplencia de la queja a la parte trabajadora que sea regulada por el derecho administrativo, ya que no podría actualizarse materialmente ese supuesto, pues cualquier acto emitido por el Estado como empleador, reclamado en su calidad de empleado de aquél, evidentemente que la materia sería de esa misma naturaleza.
"Luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que el principio de suplencia de la queja deficiente en el juicio de amparo, se erige como una institución de capital importancia dentro de nuestro sistema jurídico, con características particulares, con el fin de impedir la denegación de justicia por razones de carácter meramente técnico-jurídicas; por ello, debe analizarse dicha institución desde la perspectiva constitucional y legal nacional, y es en función de ese examen interno como debe contrastarse si efectivamente tal principio satisface el mandato universal de igualdad, o si existe una justificación razonable en la distinción de trato que respecto de ciertas personas o grupos prevé el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el precepto 79 en la ley de la materia en vigor a partir del día siguiente.
"En esta parte, es aplicable en lo conducente la tesis 2a./J. 154/2015 (10a.) de rubro y texto: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE ANALIZARSE ACORDE CON EL MARCO SOBRE DERECHOS HUMANOS RESGUARDADO POR EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A PARTIR DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011.’ (la transcribió)
"La interpretación más benéfica para el quejoso, es que en el presente caso debe suplirse la queja deficiente, aun cuando se trate de un acto proveniente de una autoridad administrativa, pues en su calidad de empleado del Estado, se encuentra en la misma posición vulnerable que un obrero frente a su patrón, al advertirse que precisa
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28036-c80d06f8/suplencia-de-la-deficiencia-de-los-conceptos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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