SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 228/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 20 DE OCTUBRE DE 2016. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: DANIEL ÁLVAREZ TOLEDO.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día veinte de octubre de dos mil dieciséis.
VISTOS, los autos, para resolver la contradicción de tesis 228/2014.
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Por escrito presentado el tres de julio de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el entonces Ministro presidente de este Máximo Tribunal denunció la posible contradicción de tesis entre las sustentadas entre el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región (en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito) y el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región (en apoyo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito).(1)
2. SEGUNDO.—Trámite. Por acuerdo de siete de julio de dos mil catorce, el presidente de esta Suprema Corte admitió a trámite la denuncia de que se trata y la registró con el expediente número 228/2014; estimó que, por tratarse de la materia común, la competencia correspondía al Tribunal Pleno; solicitó a los órganos jurisdiccionales contendientes que informaran si los criterios que sustentaron se encontraban vigentes y, en su momento, remitió los autos para su estudio a la ponencia de la Ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas.(2)
3. Por acuerdo de catorce de agosto de dos mil catorce, el presidente de esta Suprema Corte emitió auto en el que estableció que el presente expediente quedó debidamente integrado, por lo que ordenó su devolución a la Ministra ponente.(3)
4. El veintiocho de abril de dos mil quince, se emitió dictamen en el que se solicitó que el presente asunto fuera del conocimiento de la Primera Sala; lo cual fue acordado de manera favorable en proveído de treinta de abril siguiente.(4)
5. El catorce de mayo de dos mil quince, el presidente de la Primera Sala emitió auto en el que determinó que ésta se avocaba al conocimiento del asunto;(5) no obstante, los Ministros integrantes de dicha Sala, en sesión de once de junio de dos mil quince, determinaron –a petición de la Ministra ponente– remitir el presente asunto al Tribunal Pleno, por tratarse de un tema en materia común, competencia exclusiva del Pleno de la Suprema Corte.(6)
6. TERCERO.—Returno del asunto. Por acuerdo de cuatro de enero de dos mil dieciséis, el presidente de esta Suprema Corte ordenó returnar este asunto a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien a partir del diez de diciembre de dos mil quince, fue nombrada como Ministra de este Máximo Tribunal.(7)
CONSIDERANDO:
7. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 10, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte.
8. Lo anterior, por tratarse de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de distintos Circuitos, respecto de un tema que corresponde a la materia común, ya que consiste en la interpretación de un precepto de la Ley de Amparo vigente, para cuya resolución se considera necesaria la intervención del Tribunal Pleno. Tal consideración tiene apoyo, además, en la tesis de este Pleno, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(8)
9. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue formulada por el entonces Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; por tanto, se actualizó el supuesto de legitimación previsto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
10. TERCERO.—Criterios contendientes. El planteamiento sobre el que se sostiene la denuncia de contradicción de tesis, refiere dos posturas antagónicas.
11. Por una parte, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región determinó que, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo vigente, la suplencia de la queja deficiente opera a favor de los miembros de los cuerpos de seguridad pública, cuando el acto reclamado emitido dentro de un procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, versa sobre la separación del cargo, al no haber acreditado las evaluaciones relativas al control de confianza para seguir perteneciendo a dicha corporación; en cambio, el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región adujo que la suplencia de la queja no opera en esos casos.
12. Hecha esta breve aproximación, se procede a establecer los criterios contendientes, con la precisión de que las ejecutorias que serán analizadas se emitieron bajo la vigencia de la Ley de Amparo que se publicó el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación.
I. Criterio de la primera postura
13. Los antecedentes del amparo en revisión 81/2014, cuaderno auxiliar 276/2014, que resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en apoyo del Segundo Tribunal en Materia Administrativa del Tercer Circuito,(9) son los siguientes:
14. El quejoso adujo ser elemento policiaco desde el primero de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, con el nombramiento de agente vial adscrito a la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, a quien se le practicaron los exámenes de control de confianza requeridos para conservar el puesto; sin embargo, el veintitrés de septiembre de dos mil trece, se le hizo saber el inicio del procedimiento de separación 046/12, por no aprobar las evaluaciones respectivas, por lo cual, se le citó para la audiencia de pruebas y alegatos correspondiente.
15. En contra de lo anterior, el quejoso promovió demanda de amparo indirecto, en la que señaló como actos reclamados la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y el inicio del procedimiento de separación 046/12; asimismo, en ampliación de la demanda, reclamó la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil trece, emitida por la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, donde se determinó la separación del cargo que ocupaba.
16. El Juez de Distrito emitió sentencia en la que, en lo que interesa, concedió el amparo solicitado. Dentro de las razones que sustentan el estudio de fondo, el Juez Federal sostuvo que la determinación final emitida en dicho procedimiento administrativo de separación por incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, era inconstitucional, dado que se resolvió terminar la relación de trabajo con el quejoso sin darle oportunidad de realizar en forma adecuada su defensa por no informarle cuáles exámenes no aprobó, tampoco el método para su evaluación y no se corrió traslado con los mismos, por lo cual se privó de la oportunidad de desvirtuar la imputación en su contra y, además, porque sólo se le permitió ofrecer pruebas documentales.
17. Por esos motivos, el Juez de Distrito sostuvo que la resolución definitiva era inconstitucional, porque previo a su emisión no se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento en perjuicio de la seguridad jurídica, derechos de audiencia y de defensa. En consecuencia, sostuvo que ante la imposibilidad de ordenar la reincorporación del inconforme en sus labores, otorgó el amparo para que se le pagara la indemnización y demás pagos a los cuales tenía derecho conforme a su puesto.
18. Inconforme con lo anterior, el quejoso y la autoridad responsable interpusieron recurso de revisión.
19. El Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, confirmó la sentencia recurrida; en dicha ejecutoria, en lo que interesa, estableció lo siguiente:
"... Previo al estudio de los argumentos vertidos, debe señalarse que el presente recurso será analizado a la luz de la figura jurídica de la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en tanto que el juicio de amparo del cual deriva el presente toca fue promovido por el quejoso en favor de quien, dice, se extendió el nombramiento de agente vial, el cual se dio por concluido por parte de la autoridad responsable, en virtud de no haber acreditado las evaluaciones de control de confianza, motivo por el cual, esa relación es de trabajo aun cuando se regule por la legislación administrativa, como distingo de la netamente laboral, según la fracción de referencia.—No podría llegarse a conclusión distinta, pues el legislador en cumplimiento a la reforma del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contiene la obligación del Estado de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, estimó que el espíritu del Constituyente era proteger a todos los seres humanos, por lo que no era justificable que la figura de la suplencia de la queja aplicara sólo en favor de algunos y no de todos aquellos, quienes se encuentren en idéntica situación, tal es el caso de los pertenecientes a instituciones de seguridad pública, que si bien son servidores públicos al servicio del Estado y sus funciones están reguladas por sus propias leyes y reglamentos, eso no significa que, al reclamar diversas prestaciones laborales, estén sujetos al principio de estricto derecho, pues tienen la necesidad de la suplencia de la queja como cualquier otro trabajador.—En efecto, acorde con el ordinal 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre el empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o el derecho administrativo.—Por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 24/95, dispuso: ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.—La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui géneris. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII, apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el Juez de Distrito.’.—Es decir, acorde con ese criterio cuando el caso se trate de los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, están excluidos por la fracción XIII, apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa.—En congruencia con lo anterior, la suplencia establecida en la citada fracción aplica en favor de los policías integrantes de los cuerpos de seguridad pública, pues la relación Estado-empleado existente con aquéllos es de carácter administrativo.—No obsta para arribar a la anterior determinación, lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 53/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. NO OPERA TRATÁNDOSE DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE SU RELACIÓN CON EL ESTADO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.—La citada norma establece que las autoridades que conozcan del juicio de garantías en materia laboral deberán suplir la queja deficiente en los conceptos de violación de la demanda y en los agravios, a favor del trabajador. En congruencia con lo anterior y tomando en consideración que el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 24/95, de rubro: «POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.», sostuvo que la relación Estado-empleado en el caso de los militares, marinos, cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior es de naturaleza administrativa, se concluye que la suplencia prevista en la citada fracción no opera tratándose de los miembros de los cuerpos de seguridad pública, pues aun cuando el acto reclamado emana de un tribunal burocrático, el vínculo existente entre aquéllos y el Estado no es de carácter laboral sino administrativo.’.—Pues tal criterio interpreta la Ley de Amparo abrogada por la señalada inicialmente, donde precisamente no se hacía extensivo el beneficio de la suplencia de la queja en favor del trabajador, cuando la relación entre empleador y empleado está regulada por el derecho administrativo. ..."(10)
20. De esta ejecutoria derivó la tesis (III Región)4o.41 A (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, que dice:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS INTEGRANTES DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA CUANDO IMPUGNAN EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE CESE O LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RECAÍDA A ÉSTE, YA QUE SU RELACIÓN CON EL ESTADO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La citada norma establece que la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre el empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o el administrativo. Por su parte, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 24/95, de rubro: ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’, sostuvo que los militares, marinos, cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, están excluidos por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, por lo que la relación que guardan con el Estado es de naturaleza administrativa. En congruencia con lo anterior, la suplencia establecida en la citada fracción aplica en favor de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública cuando impugnan el inicio del procedimiento de cese o la resolución definitiva recaída a éste, pues la relación Estado-empleado existente es de carácter administrativo. No obsta para arribar a la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 53/2008, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. NO OPERA TRATÁNDOSE DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, YA QUE SU RELACIÓN CON EL ESTADO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’, pues tal criterio interpreta la Ley de Amparo abrogada por la señalada inicialmente, donde precisamente no se hacía extensivo el beneficio de la suplencia de la queja en favor del trabajador, cuando la relación estaba regulada por el derecho administrativo."(11)
II. Criterio de la segunda postura
21. Los antecedentes del amparo en revisión 56/2014, cuaderno auxiliar 283/2014,(12) que resolvió el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, son los siguientes:
22. El quejoso adujo ser comandante de Unidad Preventiva y Tránsito Municipal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de San Juan Río Colorado, Sonora. Al no haber aprobado los exámenes de control y confianza, relativos a los requisitos de ingreso y permanencia, la Comisión de Honor, Justicia y Promoción de dicho Municipio, mediante resolución de veinticuatro de junio de dos mil trece, determinó separarlo del cargo.
23. Contra esta determinación promovió juicio de amparo indirecto; el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, al considerar que el amparo era improcedente en términos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior, pues consideró que, previo a promover el juicio de amparo, debió agotarse el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sonora o, en su caso, intentar directamente el juicio contencioso administrativo ante el tribunal estatal.
24. Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de revisión. El Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, confirmó la sentencia recurrida; en dicha ejecutoria, en lo que ahora interesa, estableció lo siguiente:
"... SEXTO.—Previo al estudio de los agravios, debe precisarse que, en la especie, no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado es de naturaleza administrativa y no laboral.—Para demostrar lo anterior, es conveniente señalar, primeramente, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/94, determinó, entre otras cuestiones, que las relaciones entre los empleados de los cuerpos de seguridad pública y el gobierno de los Estados y Municipios, así como la de dichos empleados y los poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, es de carácter administrativo, ya que se encuentran excluidos de la determinación jurídica que considera a la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón.—De las consideraciones relativas derivó la siguiente jurisprudencia: ‘Novena Época. Registro «digital»: 200322. Instancia: Pleno. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, septiembre de 1995, materia administrativa, tesis P./J. 24/95, página 43.—POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.—La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui géneris. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII, apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el Juez de Distrito.’.—En el presente caso, el quejoso acudió al juicio de amparo reclamando la resolución dictada el veinticuatro de junio de dos mil trece, por la Comisión de Honor, Justicia y Promoción del Ayuntamiento de San Luis Río Colorado, Sonora, mediante la cual, dicha autoridad determinó su separación del cargo de comandante de Unidad Preventiva y Tránsito Municipal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública de ese Municipio, por no cumplir con uno de los requisitos de permanencia, al no haber aprobado el proceso de control y confianza.—Ahora bien, atendiendo a la circunstancia de que el quejoso era integrante de un cuerpo de seguridad pública municipal, así como al criterio sustentado por el Pleno del Alto Tribunal Constitucional, previamente mencionado, debe concluirse que la relación jurídica que guarda con el Estado de Sonora, es de carácter administrativo, pues por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes, como acontece en la especie en que esa relación se encuentra regulada por la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora y la Ley de Seguridad Pública para esa entidad federativa, en cuyos artículos 5o. y 122, respectivamente, se prevé lo siguiente: Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora: ‘Artículo 5o. Son trabajadores de confianza: ... II. Al servicio de los Municipios: El secretario del Ayuntamiento, el oficial mayor, el tesorero municipal, el contador o contralor, cajeros, recaudadores e inspectores; jefes, subjefes, directores y subdirectores de dependencias o departamentos; alcaides y personal de vigilancia de las cárceles municipales; secretario particular y ayudantes del presidente Municipal y todos los miembros de los servicios policiacos y de tránsito.’.—De igual forma, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Sonora: ‘Artículo 122. Las relaciones jurídicas entre las instituciones policiales y sus integrantes, de conformidad a la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regirán por la presente ley y demás disposiciones legales aplicables.—Todos los servidores públicos de las instituciones policiales del Estado y los Municipios que no pertenezcan a la carrera policial, en los términos de la fracción IV del artículo 5o. de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, se considerarán trabajadores de confianza, en virtud de la confidencialidad y secrecía de las actividades de sus centros de trabajo. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza.’.—Como se aprecia, el artículo 5o., fracción II, de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Sonora, contempla a todos los miembros del servicio policiaco y de tránsito como empleados de confianza, y el artículo 122 de la Ley de Seguridad Pública para esa entidad federativa, establece que las relaciones jurídicas entre las instituciones policiales y sus integrantes se regirán por esa ley y por las demás disposiciones legales aplicables conforme a lo dispuesto por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, lo que corrobora que la relación jurídica que existe entre los integrantes de las instituciones policiales y de tránsito con el Estado de Sonora, es de naturaleza administrativa y no laboral.—Por lo que se refiere a la suplencia de la queja, de igual forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 105/2008, señaló que para establecer cuándo opera en favor del trabajador, en términos de la fracción VI del artículo 76 Bis de la anterior Ley de Amparo, deben tomarse en cuenta dos elementos específicos, a saber, la calidad del sujeto que interviene como parte en el juicio de amparo y la naturaleza jurídica del acto reclamado, la cual se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto.—En relación a este último aspecto, señaló que no importa el origen del acto reclamado, esto es, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo o de una ley o reglamento, pero debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos, como son las garantías mínimas de seguridad social previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.—La jurisprudencia en cita es del siguiente tenor: ‘Novena Época. Registro «digital»: 168545. Instancia: Pleno. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, octubre de 2008, materias constitucional y laboral, tesis P./J. 105/2008, página 63.—SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—Al establecer el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo las hipótesis en que se aplica la suplencia de la queja deficiente en cada una de las materias en las que procede el juicio de amparo, precisa que en materia de trabajo dicha suplencia sólo opera a favor del trabajador. Así, para establecer cuándo en un juicio de amparo en esta materia debe suplirse la queja deficiente de los planteamientos formulados en los conceptos de violación de la demanda de amparo, o bien, de los agravios expresados en el recurso correspondiente, debe atenderse preferentemente a dos elementos, a saber: 1) a la calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y, 2) a la naturaleza jurídica del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos. De esta manera, para que el órgano de control constitucional esté obligado a aplicar la institución de la suplencia de la deficiencia de la queja, sólo debe atenderse a los dos elementos anteriores, sin importar el origen del acto reclamado, es decir, si deriva de un conflicto obrero-patronal, de un acto administrativo, de una ley o de un reglamento, por lo que si en el caso, un trabajador impugna un acto que afecta un bien jurídico o interés fundamental consagrado en su favor por las normas constitucionales, como lo son las garantías mínimas de seguridad social previstas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe concluirse que procede suplir la deficiencia de la queja.’.—En ese sentido, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre el quejoso y el Estado de Sonora es de carácter administrativo, y que en la especie, el acto reclamado no guarda relación con alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal que surgen de la relación obrero-patronal, pues se trata de la separación del cargo por no reunir los requisitos de permanencia, cuyo sustento se ubica en la fracción XIII del citado precepto constitucional, es inconcuso que no opera la suplencia de la queja en términos de la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo en vigor, que establece:
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28099-c27ac6a7/suplencia-de-la-deficiencia-de-los-conceptos-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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