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Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 115/2016. · Registro digital (IUS): 26858
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2017-01-06
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIR
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Pág. 667.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 115/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 26 DE OCTUBRE DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, además de que el asunto es del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, de la Ley de Amparo, pues el denunciante -Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz-, es uno de los órganos que sostuvieron los criterios materia de la contradicción de tesis, a saber, el adoptado en el amparo en revisión **********, en apoyo al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito.

TERCERO.-Tema y criterios contendientes. El denunciante indicó que el problema jurídico a resolver es:

"... El criterio adoptado por este órgano jurisdiccional consistió en que en un procedimiento de responsabilidad administrativa es improcedente la figura de la suplencia de la queja, en términos de la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, a favor del servidor público sujeto a ese proceso; el criterio antes precisado puede ser contrario al sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en el juicio de amparo directo ********** de su índice, en el que se determinó que sí procede suplir la deficiencia de la queja. ..."

I. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz, al resolver el amparo en revisión ********** (en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito), dictó el fallo de quince de marzo de dos mil dieciséis que, en lo que interesa, establece:

"... Con base en lo anterior, se debe confirmar la sentencia impugnada, dado que los agravios son jurídicamente ineficaces, y en el presente caso es improcedente la figura de la suplencia de la queja. En efecto, este órgano colegiado determina que es inaplicable la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, dado que ésta se refiere a asuntos en materia estrictamente laboral; en cambio, el acto reclamado en el juicio de garantías que se revisa deriva de un procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, por lo que no se trata de un proceso de naturaleza laboral.

"Es cierto que la porción normativa señala la procedencia de la citada institución tratándose del trabajador, con independencia de que la relación se encuentre regulada por el derecho laboral o el derecho administrativo; empero, ello no implica que la suplencia se pueda trasladar a otras materias, sino que la limita a la del trabajo, siendo indistinto la naturaleza de la norma que rija el vínculo laboral.

"Esto es, que en tal supuesto se trata de procedimientos de naturaleza laboral que pueden abarcar a trabajadores que tengan una relación regulada por el derecho del trabajo o administrativo.

"En el presente caso, se trata de un procedimiento administrativo, no laboral, que tiene sustento en el título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, denominado: ‘De las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonial del Estado’, lo cual es diferente a los derechos que tienen los trabajadores del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se verá a continuación:

"Muñoz López señala que la voz ‘responsabilidad’ proviene del vocablo latín responderé, que significa prometer, merecer o pagar, el cual se encuentra estrechamente ligado con el vocablo spondere, que entre los romanos era la expresión solemne en la forma de la stipulatio, por el cual asumía una obligación.

"Para Julien Bonnecasse, responsabilidad traduce la posición de quien no ha cumplido una obligación, sin que pueda ser constreñida a cumplirla en especie y, por ello, es condenado al pago de daños y perjuicios, por lo tanto, se requiere saber la razón de qué culpas será condenado el sujeto, y determinar también el monto de dichos daños y perjuicios.

"Ahora bien, el término responsabilidad en el servicio público tiene un enfoque especial, dado que se refiere a la actuación de las personas que representan al Estado.

"Así, se debe precisar que existen diversas teorías que pretenden explicar la responsabilidad por parte del Estado, derivado del ejercicio del mandato que tienen los servidores públicos; esto se debe a que el poder del Estado, en cualquiera de sus manifestaciones que prevé el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiere de los medios idóneos que permitan su expresión, es decir, de los órganos a través de los cuales se manifieste la voluntad estatal. Éstos son producto del ordenamiento jurídico que los crea y regula para el adecuado ejercicio de la función pública; por tanto, en torno al tema existen las siguientes teorías:

"a) De la representación. Ésta considera que de los actos que realiza el representante debe responder el representado; el primero, es el servidor y, el segundo, el Estado. Aquí la responsabilidad se funda en la culpa in eligendo o in vigilando, presente a partir de la elección del representante por parte del representado. Esta posición es sostenida por Meuchi y Chironi.

"b) Teoría del órgano. Tal teoría fue iniciada por Otto Von Gierke, que parte de la idea de que los empleados y funcionarios públicos, más que representantes del Estado, se incrustan en la organización estatal como parte integrante o constitutiva de ella, por lo que el órgano cuya existencia formal se da por la creación jurídica que el derecho impone, al disponerlo en las normas y darle una competencia determinada, sólo puede manifestarse a través de los individuos que expresan su existencia; por tanto, además del elemento objetivo representado por la competencia, requiere de un elemento subjetivo que manifieste la voluntad.

"Esta teoría fue reforzada por Hans Kelsen por medio del principio de imputación, el cual señala que por mandato legal, determinada acción se atribuye a un sujeto y se le considera realizada por él, por lo que la actuación del funcionario público sólo se considera expresión de la voluntad del Estado cuando ejerce la competencia atribuida al órgano.

"En estos términos Kelsen señala que ‘la persona jurídica se convierte así en un punto de imputación. Todos los actos de una persona jurídica son, en rigor de verdad, actos cumplidos por individuos, pero imputados a un sujeto ficticio que representa la unidad de un orden jurídico parcial o total’.

"Estas teorías sirven para entender los tipos de responsabilidad en que puede incurrir un servidor público, y respecto de quién debe responder ante el incumplimiento de las normas que rigen su actuación.

"En ese sentido, se precisa que un individuo que adquiere la categoría de servidor público por mandato de ley o designación, su actuación debe estar apegada a las normas jurídicas aplicables, y que en caso de que las quebrante, es responsable por sus actos y debe responder de manera personal y directa, afrontando las consecuencias legales a que haya lugar, puesto que si bien representa a un órgano del Estado, también hay que señalar que las decisiones que tome son con base en su raciocinio, lo que deriva de la misma naturaleza del ser humano, por lo que debe responder ante las infracciones que cometa.

"Precisado lo anterior, un servidor público puede incurrir en diversos tipos de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, las cuales presentan características diferentes, en razón del régimen legal aplicable, interviniendo diversos órganos, así como son diferentes los procedimientos.

"En este sentido, Gabino Fraga manifiesta: ‘La falta de cumplimiento en los deberes que impone la función pública da nacimiento a la responsabilidad del autor, responsabilidad que puede ser de orden civil, de orden penal o de orden administrativo. Cualquier falta cometida por el empleado en el desempeño de sus funciones lo hace responsable administrativamente, sin perjuicio de que pueda originarse, además de una responsabilidad civil o penal.’

"Así, las diversas responsabilidades en que puede incurrir un servidor público se encuentran reguladas en el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que abarca de los artículos 108 al 114, siendo éstas las siguientes:

"1. Responsabilidad política. ...

"2. Responsabilidad penal. ...

"3. Responsabilidad administrativa. Ésta es aplicable a cualquier servidor público que incumpla con alguna de las obligaciones que establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, o las leyes de responsabilidades estatales, siendo que, a diferencia de las dos responsabilidades anteriores, puede incurrir en ella cualquier servidor público; pues, como se ha dicho, la política solamente es para servidores públicos de alto nivel, y el juicio de procedencia se sigue sólo respecto de aquellos que gozan del privilegio del fuero constitucional.

"Ésta se aplicará a aquellos servidores públicos por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia con la que se deben conducir en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

"Se encuentra regulada en el artículo 113 de la Ley Suprema.

"Incluso, este tipo de responsabilidad no sólo aplica a servidores públicos federales y estatales, sino también a municipales.

"En relación con este tipo de responsabilidad, Del Castillo del Valle dice que es la institución jurídica por virtud de la cual se sanciona a los servidores públicos que no cumplan con su función conforme a los lineamientos propios de su contrato o nombramiento, dejando de acatar las obligaciones que le impone el cargo.

"Martínez Garnelo señala que la responsabilidad administrativa se identifica como el acto u omisión del servidor público, que en ejercicio de sus funciones incumple con alguna de las obligaciones legales impuestas para preservar los valores fundamentales del ejercicio del poder. Es posible establecer como sus elementos esenciales: a) acto u omisión, b) sujetos y c) objeto. Así, para que exista una infracción es indispensable una manifestación de una conducta, positiva o negativa, que sea contraria a lo que establece la norma jurídica. Se trata de manifestaciones de la voluntad de la persona materializadas en una acción o abstención; no basta querer la realización de la conducta, sino que es necesario que ésta se manifieste. Además, el hecho material debe ser violatorio de una obligación que está previamente determinada en la norma, ya que, de acuerdo con nuestro sistema de derecho y en razón del principio de seguridad jurídica, todo individuo debe conocer sus obligaciones, a fin de poder prever su cumplimiento.

"Acorde con lo hasta aquí expuesto, como se anticipó, el título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé tres tipos de responsabilidades en las que pueden incurrir los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones.

"Incluso, la Norma Suprema prevé la posibilidad de que los procedimientos relativos a esos tipos de responsabilidades se sigan paralelamente y de manera autónoma; sólo se establece una limitación prevista en el artículo 109, que consiste en que no podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

"Esto es, que ante una conducta ilegal de un servidor público, éste podrá afrontar dos o los tres tipos de responsabilidad, es decir, que se le inicie un juicio político, que se le procese penalmente, previo desafuero si es necesario y, por último, que sea objeto de un procedimiento administrativo, sólo que no se deben imponer dos veces por la misma conducta sanciones de igual naturaleza.

"Lo relevante es que la Carta Magna prevé estas responsabilidades atendiendo precisamente a que el servidor público es una persona que representa al Estado, y actúa en su nombre, por lo que es cuestión de orden público y de interés social el que observe todas las normas que regulan su desempeño, ya que su incumplimiento afecta a toda la sociedad en general.

"Ahora bien, por otro lado, el servidor público tiene derechos de carácter laboral, los cuales se encuentran previstos en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pero también tiene obligaciones cuyo incumplimiento puede dar lugar a un procedimiento de naturaleza laboral.

"En efecto, la fracción IX del citado apartado establece que los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley.

"Así, las normas burocráticas han desarrollado un catálogo de obligaciones que deben observar los servidores públicos, así como otro de conductas que pueden dar lugar a la suspensión o cese del nombramiento de un servidor público, como es el caso de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, artículos 44, 45 y 46.

"En tales casos, ante la actualización de una causa de cese o de suspensión temporal, lo cierto es que se tramitará en la vía laboral ante una instancia con competencia en esa materia.

"Entonces, el servidor público que cometa una conducta ilegal, además de poder ser procesado penalmente, así como administrativamente, pudiera ser objeto de un juicio laboral, siempre que se dé alguna de las causas de cese o suspensión temporal, previstas en la norma burocrática.

"Así, aterrizando tales ideas al caso concreto, en materia administrativa se establecen obligaciones que debe cumplir un servidor público, así como el procedimiento a seguir en caso de incumplimiento y las sanciones correspondientes, siendo determinadas autoridades las competentes para ello; cuestiones que se encuentran en las leyes de responsabilidades administrativas estatales o federal.

"En cambio, en materia laboral, la norma que la regula establece las obligaciones que debe seguir el servidor público, y las causas de cese y suspensión temporal.

"En el primer caso, el procedimiento se encuentra regulado en el título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo el fundamento los artículos 109, fracción III, 113 y 114, último párrafo; en el segundo, la base es el título IV de la Norma Suprema, concretamente, la fracción IX del apartado B del precepto 123.

"Por ende, se advierte que el Constituyente Permanente hizo distinción en cuanto a las consecuencias que puede tener un servidor público por el mal desempeño de su función, siendo que, en el caso de la responsabilidad administrativa, se trata de una cuestión de orden público y de interés social que implica en que aquél sea sancionado por cometer una irregularidad; en cambio, tratándose de materia laboral, es una situación que atañe solamente al patrón y al trabajador y que escapa de ese interés de la sociedad.

"Así las cosas, este órgano colegiado determina que en un procedimiento de responsabilidad administrativa no procede la suplencia de la queja, dado que el servidor público es procesado por cometer actos irregulares a nombre del Estado, y que afectan a toda la sociedad en general, quien tiene interés en que tenga consecuencias su actuar; de ahí que el procedimiento sea tramitado por la citada vía, y el servidor público no sea tratado como un trabajador, sino como una persona que actuó en representación del ente estatal.

"Es decir, no se trata de un problema entre patrón y trabajador, sino entre éste y el Estado, quien debe velar por los intereses de la sociedad; ello, porque la actuación del funcionario público se considera como la expresión de la voluntad del Estado, por lo que éste debe tomar las acciones correspondientes.

"En cambio, si ante una irregularidad sólo se tramita un juicio laboral, entonces, la problemática se presenta entre patrón y trabajador exclusivamente, en cuyo caso procede la suplencia de la queja, al tratarse de materia estrictamente laboral.

"Finalmente, no pasa desapercibida para este Tribunal Colegiado la tesis XXVII.3o.23 A (10a.) emitida por el Tercer Tribunal del Vigésimo Séptimo Circuito, la cual se transcribe: ‘SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS A PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD. CONFORME AL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE A SU FAVOR.’ (transcribe texto)

"De tal criterio se advierte que es procedente la suplencia de la queja en términos de la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, cuando se trate de servidores públicos que son objeto de un procedimiento administrativo de responsabilidades.

"Sin embargo, este órgano colegiado no comparte tal criterio, por lo siguiente:

"Como se dice en tal criterio, es cierto que el servidor público no deja de tener la calidad de empleado del Estado, con derechos y obligaciones previstas tanto en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la norma secundaria correspondiente; sin embargo, como se ha expuesto, el procedimiento de responsabilidad administrativa tiene sustento en diverso apartado de la Carta Magna, no en las prerrogativas laborales que tienen los servidores públicos como trabajadores.

"Así, se insiste, el Constituyente Permanente reguló las responsabilidades de los servidores públicos en un apartado específico, dado la importancia que tenía, y que atiende a cuestiones de orden público e interés social, las cuales están por encima de un juicio de naturaleza laboral, en el cual, la controversia se da sólo entre patrón y trabajador.

"Entonces, tal criterio se sustenta en un apartado de la Ley Suprema que es autónomo y ajeno a las responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos.

"De ahí que, atendiendo a todo lo antes expuesto, es que no se comparte ese criterio. ..."

II. El Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo **********, dictó la ejecutoria de veintitrés de septiembre de dos mil quince que, en lo que interesa, establece:

"... De conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, este órgano colegiado advierte queja deficiente que suplir.

"En principio, es pertinente precisar que, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo, se advierte un cambio sustancial respecto a la figura de la suplencia de la queja en materia laboral a partir de la publicación de Ley de Amparo el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación.

"Lo anterior, ya que el artículo 76 Bis de esa Ley de Amparo que regulaba tal institución, disponía que la suplencia de la queja operaba en materia laboral únicamente en relación a actos que transgredieran derechos sustantivos de trabajadores tutelados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Por ende, para la procedencia de la suplencia de la queja deficiente en materia laboral, sólo se debía atender a dos elementos:

"a) A la calidad del sujeto que promueve el amparo o interpone el recurso, quien debe ser trabajador; y,

"b) A la naturaleza del acto reclamado materia de la controversia en el juicio de garantías, que se determina por el bien jurídico o interés fundamental que se lesiona con dicho acto, es decir, debe afectar directa e inmediatamente alguno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Federal, que surgen de la relación obrero-patronal y sus conflictos.

"En cambio, en el nuevo paradigma de la Ley de Amparo vigente, la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo hace una clara precisión de que con independencia de que la relación entre el empleador y el empleado esté regulada por el derecho laboral (Ley Federal del Trabajo) o por el derecho administrativo (Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo), operará la suplencia de la queja deficiente.

"Así las cosas, conforme a la Ley de Amparo vigente, procederá la suplencia de la queja cuando acuda al juicio constitucional un quejoso que tenga el carácter de trabajador, no obstante que la ley que rija el vínculo laboral sea administrativa.

"Por otra parte, debe decirse que los servidores públicos o comúnmente conocidos como burócratas, son trabajadores que prestan sus servicios de índole laboral para el Estado a cambio de un salario, existiendo con éste una relación de supra a subordinación; a excepción de sus titulares (presidente municipal, diputados, Magistrados, etcétera).

"En el caso de los servidores públicos de un Ayuntamiento, a excepción de su titular, tienen la calidad de trabajadores, mientras que este organismo del Estado tiene la calidad de patrón.

"No obstante, derivado de dicha relación, los servidores públicos, en su calidad de trabajadores, adquieren responsabilidad de naturaleza administrativa, como lo son las previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.

"Así, todos los trabajadores del Estado tienen responsabilidad administrativa, pero no todos aquellos que tienen responsabilidad administrativa son trabajadores, dado que, como ya se dijo, los titulares no tienen esta última calidad.

"En la especie, el quejoso ostentó el puesto de director de Ingresos Municipales en el Ayuntamiento de Benito Juárez, Quintana Roo, por lo que tiene la calidad de trabajador al servicio del Estado.

"Derivada de esta relación laboral, adquirió responsabilidad administrativa, que se rige por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo.

"En el acto impugnado, se determinó al hoy quejoso una sanción administrativa derivada de dicha responsabilidad, la cual, desde luego, tiene su origen en la relación laboral que guarda con el Ayuntamiento de Benito Juárez.

"Conforme a lo antes precisado, con independencia de que el juicio de nulidad provenga de un procedimiento administrativo de responsabilidad, lo cierto es que el mismo se originó de la relación laboral que guarda el servidor público con el Ayuntamiento de Benito Juárez, por lo que con independencia de que dicho procedimiento esté regulado por el derecho administrativo, debe suplirse la queja deficiente por dos aspectos:

"i) El servidor público no deja de tener la calidad de empleado municipal con derechos y obligaciones previstos en el apartado B del artículo 123 constitucional y la legislación secundaria aplicable por el solo hecho de que haya sido sometido a un procedimiento administrativo de responsabilidades.

"ii) La sanción impuesta en dicho procedimiento disciplinario culminó con varias sanciones, lo cual trasciende en el derecho laboral.

"En ese sentido, resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 105/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el artículo que ahí se analiza es el diverso 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, el cual contradice el dispositivo 79 de la misma ley vigente; dicha jurisprudencia es de rubro y texto siguientes: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA DE TRABAJO. OPERA EN FAVOR DEL TRABAJADOR CUANDO EL ACTO RECLAMADO AFECTE ALGÚN INTERÉS FUNDAMENTAL TUTELADO POR EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (transcribe texto)

"En tal virtud, si bien la resolución impugnada en el juicio de nulidad tuvo origen en un procedimiento administrativo de responsabilidad, cuya naturaleza es administrativa, la misma tuvo repercusiones laborales por haberse sancionado al funcionario.

"Sentado lo anterior, este órgano colegiado advierte que la Sala responsable fue incongruente, al dar contestación a uno de los conceptos de nulidad hechos valer por el actor, aquí quejoso, ya que no atendió a su causa de pedir. ...

"En ese sentido, al no dar contestación congruente, integral y exhaustiva al referido concepto de nulidad, la Sala responsable dictó una sentencia contraria a lo previsto en el artículo 195, fracción IV, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo, transgrediendo con ello los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales. ..."

Derivado de lo anterior, redactó la tesis siguiente:

"SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS A PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD. CONFORME AL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE A SU FAVOR.-De conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, procede la suplencia de la queja en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo. Por otra parte, los servidores públicos son trabajadores que prestan sus servicios de índole laboral para el Estado a cambio de un salario, a excepción de sus titulares (presidente municipal, diputados, Magistrados, etcétera). Derivado de dicha relación, los referidos servidores adquieren responsabilidad de naturaleza administrativa, la cual puede conllevar que se siga en su contra un procedimiento de responsabilidad, en el que se les podrán imponer sanciones como la destitución, inhabilitación o pago de multas, que afectan de manera directa el vínculo laboral. En consecuencia, cuando el acto reclamado en un juicio de amparo provenga o tenga relación directa con un procedimiento administrativo de responsabilidad, procede la suplencia de la queja, en tanto que el servidor público no deja de tener la calidad de empleado del Estado, con derechos y obligaciones previstos tanto en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la legislación secundaria aplicable, por el solo hecho de que haya sido sometido al referido procedimiento, el cual, además, le implica una afectación a sus derechos laborales."(1)

CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis. El objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar criterios discrepantes, a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados, con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes. Al respecto, es de atenderse a la jurisprudencia 72/2010, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, página siete, de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26858-9ad14421/suplencia-de-la-queja-deficiente-prevista-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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