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Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. PROCEDE EN FAVOR DE LAS PERSONAS PENSIONADAS POR JUBILACIÓN (ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 29/2025. · Registro digital (IUS): 33690
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-10-10
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINA
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Octubre de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.471.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 29/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CULIACÁN, SINALOA, EN AUXILIO DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO. 7 DE AGOSTO DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA GUILLERMINA COUTIÑO MATA Y DE LOS MAGISTRADOS MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS Y ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU. PONENTE: MAGISTRADO ERNESTO MARTÍNEZ ANDREU. SECRETARIA: ANA LAURA SANTANA VALERO.

El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión del día siete de agosto de dos mil veinticinco, emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, en auxilio del primero de los mencionados.

2. El problema jurídico a resolver por este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada y, en su caso, establecer si la figura de suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, debe ser aplicada en favor de las personas pensionadas con motivo de la jubilación.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

3. Denuncia de la contradicción de criterios. En la resolución de veinte de febrero de dos mil veinticinco, dictada en la contradicción de criterios 118/2023, este Pleno Regional ordenó realizar un desglose para que en un nuevo asunto se resolviera lo conducente en torno a la posible divergencia entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 500/2022 y el diverso que sostuvo el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, al resolver el amparo directo 112/2022 (cuaderno de origen 13/2022), en auxilio del tribunal citado en primer término.

4. Radicación de la contradicción. Por acuerdo de cinco de marzo de dos mil veinticinco, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, ordenó formar y registrar el expediente con el número 29/2025; turnó los autos para su estudio a la ponencia respectiva; requirió a los tribunales contendientes para que informaran si seguían vigentes los criterios que motivaron la contradicción o, en su caso, las causas para tenerlo por superado o abandonado; y solicitó informe al Director General de la Coordinación de Compilación de Sistematización y Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que indicara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada en este asunto.

5. Informe de vigencia. Por acuerdo de once de marzo de dos mil veinticinco, el Magistrado Presidente de este Pleno Regional tuvo por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, en el que informó que su criterio continúa vigente.

6. Informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el auto del Presidente de este Pleno Regional dictado el veinticinco de marzo de dos mil veinticinco, se tuvo por recibido el oficio remitido por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en el Máximo Tribunal no se encontraba radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.

7. Confirmación de turno. Mediante proveído del Presidente de este Pleno Regional de ocho de abril de dos mil veinticinco, se confirmó el turno del presente asunto a la ponencia de la Magistrada Silvia Cerón Fernández, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

8. Nueva integración del Pleno. En auto de quince de mayo de dos mil veinticinco, se hizo constar la nueva integración de este Pleno Regional quedando conformada por el Magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas (Presidente), la Magistrada Guillermina Coutiño Mata y el entonces Magistrado José Patricio González-Loyola Pérez; sin embargo, en el diverso auto de presidencia de dieciséis de junio del año en curso, se hizo del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional ahora estaría integrado por la magistrada Guillermina Coutiño Mata, así como por los magistrados Marco Antonio Rodríguez Barajas y Ernesto Martínez Andreu, por lo que en esa misma actuación se turnó el asunto a la ponencia del último de los mencionados, quedando confirmado en esa fecha.

9. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios; y,

II. COMPETENCIA

10. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente;(1) así como los numerales 6, fracción I, 7, 9, 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, 1, fracción I, punto 2, y 2 del diverso Acuerdo General 108/2022 relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro–Norte y Centro–Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en relación con lo establecido en el Acuerdo General 38/2023 por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio, porque se suscita entre dos órganos jurisdiccionales que pertenecen al Vigésimo Cuarto Circuito, el cual corresponde a esta región. En el entendido de que, al emitir su criterio, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región actuó en auxilio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, por lo cual asumió la jurisdicción de este último contendiente.(2)

III. LEGITIMACIÓN

11. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, porque fue formulada por los Magistrados integrantes de este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, al resolver la diversa contradicción de criterios 118/2023,(3) en la que advirtieron un tema distinto al que originalmente fue planteado en ese asunto, el cual ameritaba ser unificado en un nuevo expediente.(4)

IV. CRITERIOS CONTENDIENTES

12. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.

A) Criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 500/2022, en sesión de quince de diciembre de dos mil veintidós, por unanimidad de votos.

13. Se promueve juicio de nulidad. El ocho de abril de dos mil veintidós, una persona física, en su calidad de jubilada, promovió demanda de nulidad en contra de los actos realizados por diversas autoridades del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, consistentes en los descuentos efectuados a su pensión con base en lo dispuesto en los artículos 11, fracción II, 13, párrafo segundo, y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, en los que se contempla la obligación de los pensionados de realizar aportaciones para el fondo de pensiones.

14. Trámite y resolución del juicio de origen. La demanda fue turnada a la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, quien la admitió a trámite en el acuerdo de ocho de abril de dos mil veintidós y, una vez concluidas las etapas procesales, el veintitrés de junio siguiente, dictó sentencia en la que determinó la inconvencionalidad de los artículos 11, fracción II, 13, párrafo segundo, y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo cual, declaró la invalidez de los actos reclamados que fueron emitidos con base en dichos preceptos; y, en consecuencia, ordenó a las autoridades demandadas desincorporar de la esfera jurídica de la accionante los numerales en cita, y las condenó a devolver las cantidades retenidas por concepto de aportaciones para el fondo de pensiones durante los tres años anteriores al último descuento que motivo la promoción del juicio, así como los descuentos que se llegaran a generar hasta el momento en que se tuviera por cumplida la sentencia.

15. Juicio de amparo directo. Inconforme, el tres de agosto de dos mil veintidós, la parte actora promovió demanda de amparo directo, de la que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, el que por auto de cinco de septiembre del mismo año, la admitió a trámite con el número de expediente 500/2022, y en sesión de quince de diciembre de dos mil veintidós, sus Magistrados integrantes, por unanimidad de votos, concedieron la protección constitucional solicitada y, en cuanto al tema de esta contradicción de criterios, resolvieron lo siguiente:

“OCTAVO. Decisión del caso y su justificación legal. No será materia de análisis de la presente ejecutoria el sobreseimiento decretado respecto del Secretario de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, toda vez que la parte quejosa, quien es a quien pudiera perjudicar el mismo no hizo pronunciamiento al respecto.

Por otra parte, los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa son fundados, aunque para arribar a tal determinación se deba suplir la queja en su deficiencia, tal como lo dispone el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Se acota que su estudio se realizará en su conjunto, analizando –en su justa dimensión– la litis dilucidada en el acto reclamado, sin modificar la cuestión efectivamente planteada –como así lo permite el texto del artículo 76 de la legislación en cita–.

(...)”

B) Criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, al resolver el amparo directo 13/2022, en sesión de veintidós de abril de dos mil veintidós, por unanimidad de votos, en auxilio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito.

16. Se promueve juicio de nulidad. Una persona física, en su calidad de jubilada, promovió demanda de nulidad en contra de los actos realizados por diversas autoridades del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, consistentes en los descuentos efectuados a su pensión con base en lo dispuesto en los artículos 11, fracción II, 13, párrafo segundo, y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, en los que se contempla la obligación de los pensionados de realizar aportaciones para el fondo de pensiones.

17. Trámite y resolución del juicio de origen. La demanda fue turnada a la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, quien le dio el trámite correspondiente y, el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictó sentencia definitiva, en la que determinó que los artículos 11, fracción II, 13, párrafo segundo, y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, eran inconvencionales, como ya lo había establecido en diversos precedentes que constituyeron jurisprudencia obligatoria, por lo cual declaró la invalidez de los actos reclamados que fueron emitidos con base en esos preceptos; y, en consecuencia, ordenó a la autoridad demandada desincorporar de la esfera jurídica de la accionante los numerales en cita, y la condenó a devolver las cantidades descontadas por concepto de aportaciones para el fondo de pensiones a partir del último acto de aplicación y hasta el momento en que se tuviera por cumplida la sentencia.

18. Juicio de amparo directo. Inconforme, el dos de diciembre de dos mil veintiuno, la parte actora promovió demanda de amparo directo, de la que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, el que por acuerdo de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, la admitió a trámite con el número de expediente 13/2022.

19. Remisión del asunto a un tribunal auxiliar. Mediante auto de uno de marzo de dos mil veintidós, y en atención al oficio SECNO/STCCNO/561/2021, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, ordenó la remisión de los autos del juicio de amparo al Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, para que lo auxiliara con el dictado de la sentencia, por lo que en sesión de veintidós de abril de dos mil veintidós, los Magistrados integrantes de dicho órgano auxiliar, por unanimidad de votos, resolvieron negar la protección constitucional solicitada. En cuanto al tema de esta contradicción de criterios, el tribunal auxiliar determinó lo siguiente:

“SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Es infundado el único concepto de violación formulado por la quejosa, sin que exista queja deficiente que suplir, al tratarse de una persona jubilada, de conformidad con el artículo 79, fracción VII, de la Ley de Amparo.1

(...)

En las relatadas consideraciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo solicitado.

‘Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:

(...)

VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio.

(...)”

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN

20. Es necesario establecer si se configura la contradicción de criterios, en tanto que sólo bajo ese supuesto, será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que, en su caso, deba prevalecer con carácter de jurisprudencia.

21. La divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.

22. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son los siguientes:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ´CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.´, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución.”(5)

23. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de criterios 141/2022,(6) sostuvo que si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de esos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de criterios no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

24. Si la finalidad de la contradicción de criterios es la unificación y el problema radica en los procesos de interpretación adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de criterios cuando se cumplen los siguientes requisitos: a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como dicha forma, también sea legalmente posible.

25. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.”(7)

26. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, procede a verificar la actualización de los requisitos anunciados.

27. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Este elemento se satisface, porque los tribunales colegiados contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada, como se aprecia del apartado en que se relataron los antecedentes de los criterios denunciados.

28. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Este Pleno Regional advierte que este requisito sí se satisface, porque los tribunales colegiados contendientes asumieron posturas contrarias frente al mismo problema jurídico, consistente en determinar si la hipótesis de suplencia de la queja prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, debía ser aplicada en favor de las personas pensionadas con motivo de su jubilación.

29. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 500/2022, consideró procedente suplir la queja deficiente en favor de la parte quejosa, dada su calidad de pensionada; en cambio, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, al resolver el amparo directo 13/2022, en auxilio del primero de los mencionados, afirmó que en términos de lo previsto en el artículo de referencia, no existía queja deficiente que suplir, debido a que la justiciable se trataba de una persona jubilada.

30. No obsta a lo anterior, que el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, emitió la sentencia del amparo directo 13/2022, en apoyo a las funciones jurisdiccionales del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, el cual resulta ser el diverso tribunal contendiente, porque ello no representa un obstáculo para que se suscite la contradicción, de acuerdo con lo establecido en la tesis aislada 1a. CLXXXVII/2013 (10a.), de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

“CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE SUSCITARSE ENTRE LAS SUSTENTADAS POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DE UN CENTRO AUXILIAR. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el órgano auxiliar facultado mediante acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal puede hacer todo lo que el tribunal de origen haría si estuviera resolviendo. De ahí que si un Tribunal Colegiado de Circuito de un Centro Auxiliar tiene jurisdicción para apoyar en el dictado de sentencias, ello significa que tiene las atribuciones necesarias para decidir la litis planteada, en la fase resolutiva de un juicio, lo que implica que puede generar un criterio vinculante susceptible de generar precedente y, por ello, entrar en colisión con el de otro tribunal que también ejerza su jurisdicción sobre el mismo tema, máxime si este último es de circuito. Por tanto, puede suscitarse una contradicción de tesis entre las sustentadas por un Tribunal Colegiado de Circuito de un Centro Auxiliar y un Tribunal Colegiado de Circuito, lo que da lugar a la intervención de este alto tribunal para decidir el criterio prevaleciente.”(8)

31. Tercer requisito: formulación de una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este último requisito se actualiza, ya que a partir del punto de toque y diferendo interpretativo entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, se desprende la siguiente cuestión: ¿La figura de suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, debe ser aplicada en favor de las personas pensionadas con motivo de la jubilación?

VI. ESTUDIO DE FONDO

32. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

33. La figura conocida como suplencia de la queja ha jugado un papel determinante en el sistema jurídico mexicano para garantizar el acceso a la tutela jurisdiccional efectiva de las personas más vulnerables. Para comprender sus alcances es necesario atender a su definición, así como a su evolución legislativa y jurisprudencial.

34. Desde una perspectiva etimológica, la suplencia de la queja es entendida como la acción de completar o remediar un reclamo que ha sido expresado de forma incompleta o incorrecta.(9) Y, en su sentido gramatical, denota la actividad por medio de la cual se remedia la falta o carencia de la manifestación de inconformidad hecha valer ante la autoridad jurisdiccional competente.(10)

35. El Diccionario Jurídico Mexicano la define como el conjunto de atribuciones que se confieren al juez de amparo para corregir los errores o deficiencias en que incurran los reclamantes que, por su debilidad económica y cultural, carecen de un debido asesoramiento, y que puede extenderse, como ocurre en el proceso social agrario, a los diversos actos procesales de la parte débil incluyendo el ofrecimiento y desahogo de los medios de prueba.(11)

36. Esta figura fue incorporada por primera vez en el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el que en la parte que interesa a este asunto, establecía lo siguiente:

“Art. 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103, se seguirán a instancia de la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico que determinará una ley que se ajustará a las bases siguientes:

I.- La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare.

II.- En los juicios civiles o penales, salvo los casos de la regla IX, el amparo sólo procederá contra las sentencias definitivas respecto de las que no proceda ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, siempre que la violación de la ley se cometa, en ellas, o que, cometida durante la secuela del procedimiento, se haya reclamado oportunamente y protestado contra ella por negarse su reparación, y que cuando se haya cometido en primera instancia, se haya alegado en la segunda, por vía de agravio.

La Suprema Corte, no obstante esta regla, podrá suplir la deficiencia de la queja en un juicio penal, cuando encuentre que ha habido en contra del quejoso una violación manifiesta de la ley, que lo ha dejado sin defensa o que se le ha juzgado por una ley que no es exactamente aplicable al caso, y que sólo por torpeza no se ha combatido debidamente la violación.

(...)”

37. De lo dispuesto en las fracciones I y II, primer párrafo, del precepto en cita, surgió la obligación del juzgador de resolver las controversias conforme a los planteamientos formulados expresamente por la parte agraviada. Esta limitante fue denominada por la doctrina tradicional como el principio de estricto derecho.

38. Por razón de este principio, el juzgador de amparo no tenía la libertad para apreciar todos los posibles aspectos inconstitucionales del acto reclamado, sino que estaba constreñido a ponderar únicamente aquéllos que se hacían val

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33690-e3064594/suplencia-de-la-queja-deficiente-procede-en-favor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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