SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. NO PROCEDE EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE INSTITUCIONES POLICIALES CUANDO RECLAMAN EL ACUERDO QUE DA INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 106/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y QUINTO, AMBOS DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 14 DE DICIEMBRE DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO. DISIDENTE: MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. SECRETARIA: XARENI QUIROZ REYES.
CONSIDERANDO:
13. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como lo establecido en los artículos 6o., fracción I, 7o., 9o., 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, lo anterior en contexto con los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente.
14. El asunto que nos ocupa se ubica en los supuestos de las normas invocadas, en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Decimoquinto Circuito, esto es, dentro de la demarcación territorial y respecto de la materia sobre las que este Pleno ejerce jurisdicción para homogeneizar criterios.
15. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada, toda vez que, fue formulada por los magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
16. TERCERO.—Criterios denunciados. Previo a determinar si los criterios denunciados se encuentran vigentes o, si en su caso, existe o no la contradicción de criterios denunciada y, si se emite o no pronunciamiento respecto del fondo para unificar los criterios, se estima necesario precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito para emitirlas.
17. Señalándose que no se transcriben las consideraciones de las resoluciones contendientes, por no exigirlo el ordinal 74 de la ley que rige la materia, que prevé los requisitos formales que deben contener las sentencias dictadas en los juicios constitucionales; es decir, no existe precepto legal alguno que establezca dicha obligación; pues el cumplimiento a los principios de exhaustividad y congruencia se satisface al atender en su totalidad los puntos litigiosos a consideración del órgano jurisdiccional, efectuando un análisis exhaustivo y emitiendo una respuesta a cada uno de ellos.
18. Apoya lo anterior, en lo conducente y por identidad jurídica de razón, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 164618, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830 de rubro y texto siguientes:
19. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."
Ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 111/2022.
20. En principio se precisa que el juicio de amparo del que derivó el amparo en revisión en comento se promovió en contra de un auto de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa grave atribuido a la Comisión de Régimen Disciplinario para los Agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California.
21. El juicio de amparo fue del conocimiento del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, el cual la admitió y registró con el número 783/2021 y en sentencia dictada el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, sobreseyó en el juicio al estimar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que los quejosos reclamaron el auto de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa, no obstante que contra dicho auto procedía el juicio contencioso administrativo, conforme al artículo 22 de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, en virtud de que la responsable era un organismo desconcentrado de la administración pública Estatal, por lo que es distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; sin que se advirtiera la actualización de alguna excepción al principio de definitividad.
22. Inconforme con esa determinación, los quejosos interpusieron recurso de revisión, en el cual en principio en el considerando quinto, el tribunal colegiado estimó que operaba la suplencia de la queja deficiente, en términos de la jurisprudencia P./J. 7/2017 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA EN FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE SEPARACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE INGRESO Y PERMANENCIA."
23. Posteriormente analizó los agravios de los recurrentes en los que sostuvieron que el juez consideró actualizada la causal de improcedencia relativa al principio de definitividad, sin embargo, no tomó en consideración que de conformidad con el artículo 22 fracción IX, de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, las salas que posteriormente fueron Juzgados de Primera Instancia del Tribunal Administrativo, solo son competentes para conocer de actos o resoluciones definitivas, que se susciten entre policías Municipales o del Estado, con motivo de la prestación de sus servicios, siendo que el acto reclamado no era una resolución definitiva que pusiera fin al procedimiento administrativo sancionador, sino que se trataba de un auto de inicio de procedimiento administrativo, por ende, era improcedente el juicio de nulidad; aunado a que era un acto de imposible reparación por lo que no era necesario agotar el principio de definitividad.
24. El tribunal colegiado estimó fundados los agravios mencionados, ya que la Juez de Distrito inadvirtió que sobre el tema relativo a que contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los servidores públicos de una corporación policiaca, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que sí procede el juicio de amparo indirecto al constituir un acto de imposible reparación y, por ende, no estaban obligados a agotar el principio de definitividad, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.) de rubro: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO."
25. Además de que el mismo tema fue abordado por la Segunda Sala de la Suprema Corte en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 72/2013 (10a.), de rubro: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", en la que justificó la procedencia del juicio de amparo indirecto contra el inicio de procedimiento administrativo de los miembros policiacos, en que aun cuando pudieran obtener una resolución favorable de la autoridad jurisdiccional, no podrán ser reinstalados en sus cargos.
26. En esos términos, el órgano colegiado determinó que las jurisprudencias mencionadas eran exactamente aplicables al caso, ya que si bien el artículo 22, fracción IX, de la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, preveía que las Salas de dicho Tribunal eran competentes para conocer de los juicios que se promovieran en contra de los actos o resoluciones definitivas que se suscitaran entre los miembros de las Instituciones Policiales del Estado de Baja California y las Dependencias de la Administración Pública Centralizada Estatal o Municipal, con motivo de la prestación de sus servicios; el diverso artículo 84, penúltimo y último párrafos, de la misma ley, disponía que la resolución que decretara injustificadamente la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de un Agente del Ministerio Público, Perito o miembro de las Instituciones Policiales, la autoridad responsable sólo estaba obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tuviera derecho el afectado; así como que en ningún caso procedía la reincorporación al servicio, cualquiera que fuera el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
27. De ahí que estimó que le asistía la razón a los impetrantes al aducir que el juez inadvirtió que en el caso procedía el juicio de amparo indirecto al constituir el acto reclamado de que se duelen en su demanda constitucional, un acto de imposible reparación y, por ende, no estaban obligados a agotar el principio de definitividad, ya que la prohibición de la reinstalación en su cargo era absoluta, lo que constituía una transgresión a su derecho sustantivo de no ser separado injustificadamente de sus funciones.
28. En esa tesitura, el tribunal colegiado determinó que era con base en la irreparabilidad del acto que se determinaba la procedencia del juicio de amparo indirecto contra el inicio del procedimiento administrativo para determinar la separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, debido a la circunstancia de que en el artículo 123, fracción XIII, apartado B, de la Constitución Federal, estaba prohibida la reinstalación de este tipo de funcionarios públicos, aunque llegaran a demostrar en instancias judiciales la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva, lo que conculcaría de manera irreparable el derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente; de ahí que podía actualizarse una excepción al principio de definitividad.
29. Asimismo, concluyó que no era procedente el juicio de nulidad ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, ya que el acuerdo de inicio, e incluso las consecuencias que derivaban del mismo no eran impugnables mediante el juicio referido, ya que en términos del artículo 22, fracción IX, segundo párrafo, de la Ley del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, el acuerdo de inicio del procedimiento no era una resolución definitiva, ya que no ponía fin a una instancia, sino que era un acto inicial y que generaba un procedimiento seguido en forma de juicio.
30. En consecuencia, determinó que al no proceder el juicio de nulidad, no tenían los impetrantes la obligación de agotar el principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por lo que al no actualizarse esa causal de improcedencia, revocó la sentencia recurrida, y reasumió jurisdicción.
31. El órgano colegiado analizó los conceptos de violación de los quejosos y estimó que eran ineficaces aún analizados bajo la figura de la suplencia de la queja, en términos de la jurisprudencia P./J. 7/2017 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
32. Ello, porque contrario a lo argumentado por los recurrentes, la Comisión de Régimen Disciplinario para los Agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, estableció claramente las razones por las cuales determinó dictar acuerdo de inicio de procedimiento de remoción, pues precisó que existían elementos suficientes para presumir que los quejosos, en su carácter de Agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, adscritos a la Fiscalía General del Estado, el día nueve de septiembre de dos mil diecinueve, intervinieron y detuvieron a dos ciudadanos, sin contar con algún ordenamiento legal, acto o mandamiento de autoridad competente que los facultara a hacerlo.
33. Asimismo, que uno de los quejosos realizó actos de agresiones físicas hacia los detenidos, mientras los otros miembros policiales realizaban actos encaminados a permitir y encubrir dicha agresión física y psicológica absteniéndose de proporcionar ayuda y/o intervenir a fin de impedir que se practicaran agresiones físicas en contra de los detenidos, además de que le solicitaron dinero al detenido para dejarlo en libertad tanto a él como a sus acompañantes, ocasionando que los ciudadanos resultaran con lesiones derivado del trato recibido, por lo que no se habían sujetado a las hipótesis previstas en las fracciones XXII, XXIV y XXV del artículo 133 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California.
34. Aunado a ello, precisó el tribunal colegiado que en el acuerdo de inicio se estableció que los recurrentes tenían derecho a imponerse de los autos a fin de que conocieran las imputaciones que les fincaron, por lo que se les informó que el expediente de investigación se encontraba a su disposición en las instalaciones que ocupaba la Comisión de Régimen Disciplinario para los Agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación de la Fiscalía Estatal del Estado de Baja California, al margen de que aquéllos también fueron notificados personalmente del citado acuerdo de inicio del procedimiento, como constaba de las cédulas de notificación respectivas glosadas al juicio de amparo.
35. En esas condiciones, se determinó que el acuerdo de inicio reclamado se encontraba debidamente fundado y motivado y, además, que los recurrentes, en su carácter de Agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación de la Fiscalía General del Estado, contaron con el pleno y debido conocimiento de los hechos que motivaron el inicio del procedimiento de remoción del cargo, los fundamentos probatorios de éste, en forma expresa, clara, integral y suficientemente detallada para permitirles ejercer plenamente su derecho a la defensa.
36. Sostuvo que la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado acató cabalmente los artículos 144, 152 y 173 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, vigente en la época de los hechos, dado que se allegó de los elementos fehacientes y suficientes que le permitieron solicitar a la Comisión de Régimen Disciplinario para los Agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación el inicio del procedimiento administrativo de remoción, la que al advertir que la investigación administrativa se encontraba debidamente integrada, fundada y motivada, con las pruebas suficientes que hacían presumir la responsabilidad administrativa de los Agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, dictó el auto de inicio del procedimiento administrativo, el que además les notificó a éstos.
37. Por tanto, contaban con el pleno y debido conocimiento de los hechos que motivaron el inicio del procedimiento de remoción del cargo, por lo que era indudable que tuvieron conocimiento certero de la causa de la acusación, las acciones u omisiones que se le imputaron, así como las razones que llevaron a la autoridad a iniciar tal procedimiento.
38. Asimismo, estimó ineficaces los argumentos de los recurrentes, dado que señalaron que con motivo de la etapa de investigación administrativa, se transgredió en su perjuicio el derecho de audiencia y el principio de inocencia o de no responsabilidad; sin embargo, sobre este tópico el tribunal colegiado precisó que dicha etapa de investigación era diferente al inicio del procedimiento administrativo de remoción del cargo, por lo que las actuaciones generadas en la investigación administrativa al constituir actos previos a un procedimiento seguido en forma de juicio, no podían generar ningún tipo de afectación personal ni directo a los recurrentes, quienes en todo caso sólo podían reclamar en amparo violaciones suscitadas con motivo del inicio y conclusión del procedimiento administrativo de remoción.
39. Por último, precisó que si bien operaba la suplencia de la queja, no se advertía la actualización de violación alguna a los derechos fundamentales de los quejosos recurrentes, y por tanto, estimó procedente revocar la sentencia recurrida y negar a los quejosos el amparo solicitado.
Ejecutoria del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver el amparo en revisión 198/2022.
40. En principio se precisa que el juicio de amparo del que derivó el amparo en revisión en comento se promovió en contra de un auto de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa atribuido a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del XXII Ayuntamiento de Tijuana; la Sindica Procuradora del XXII Ayuntamiento de Tijuana y el Secretario Técnico de la Comisión mencionada, además de controvertir la ejecución de ese acto, atribuido al Oficial Mayor de Gobierno del XXIII Ayuntamiento de Tijuana.
41. El juicio de amparo fue del conocimiento del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, el cual la admitió y registró con el número 446/2021 y en sentencia dictada el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, sobreseyó en el juicio; y negó la protección constitucional.
42. Inconforme con esa determinación el quejoso interpuso recurso de revisión, en el cual el tribunal colegiado analizó el segundo agravio, relativo a que el juez de distrito no valoró la copia fotostática del acuerdo de inicio de procedimiento, exhibida con su demanda de amparo, la cual señaló que le fue entregada de manera incompleta por la responsable, siendo que el juez valoró de manera plena la rendida por la autoridad responsable en su informe justificado; el cual estimó infundado porque en la demanda no cuestionó la integridad del documento, sino que el acto reclamado no cumplía con el quórum mínimo para que la comisión responsable pudiera emitirlo. 43. Asimismo, señaló que el hecho de que solo recibiera el auto de inicio de procedimiento no le impedía imponerse de él ante la autoridad responsable, ya que en el juicio de amparo constaba que le fue concedido el derecho de imponerse de autos, el cual era un derecho reconocido en los artículos 155 fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, vigentes hasta el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, y 123 fracción II del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad para el Municipio de Tijuana, Baja California.
44. Por tanto, determinó el tribunal colegiado que la valoración de la prueba hecha por el juez de amparo fue correcta, porque el recurrente tuvo acceso al expediente del que derivó el acto reclamado y el juez de distrito estaba obligado a valorar las constancias rendidas en el acto reclamado, máxime que no existió argumento alguno para cuestionar la integridad del acto reclamado.
45. Posteriormente, analizó los agravios segundo y séptimo, en los que se sostuvo que se violaron las formalidades del procedimiento en el juicio de amparo porque el juez federal no le notificó personalmente el informe justificado para poder ampliar la demanda de amparo, siendo que señaló que desconocía los fundamentos y motivos del acto combatido; argumentos que estimó infundados, ya que, a la fecha en que fueron rendidos los informes justificados, el quejoso había comparecido al procedimiento de remoción, como constaba en el expediente de primera instancia, con anterioridad a que la responsable rindiera su informe justificado.
46. En tal virtud, estimó que el quejoso ya tenía conocimiento exacto y completo del acto reclamado, por lo que era ocioso que el juez de distrito le hubiera notificado personalmente ya que tuvo la posibilidad de haber realizado argumentos ante la propia responsable o presentar ampliación de demanda; de lo contrario, se estaría otorgando una nueva oportunidad al quejoso para controvertir el acto reclamado fuera del plazo de quince días para presentar nueva demanda o ampliación de demanda de amparo, lo que sería violatorio de los principios de preclusión y de litis cerrada, de ahí que el juez federal no estaba obligado a otorgarle otro plazo para ampliar demanda.
47. A continuación, analizó el tercer agravio, relativo a que el juez federal justificó la aplicación del artículo 133 fracción XLIV, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, vigente hasta el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, hecha en el acto reclamado, a pesar de que no estaba en vigor al momento de que fue emitido el acto, porque se señaló que no le causaba agravio al quejoso ya que fue la base de la imputación hecha por la sindicatura, la cual fue reiterada por la responsable, aunado a que la eventual sentencia de amparo concesoria, sólo tendría por efecto precisar que se trataba de la ley de seguridad pública estatal vigente hasta el veintiocho de diciembre de dos mil veinte.
48. Argumentos que estimó infundados, porque el artículo 137 fracción XLV de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, vigente a partir del veintinueve de diciembre de dos mil veinte, tenía identidad normativa con el artículo 133 fracción XLIV, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, vigente hasta el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, y en ambas se preveía la misma obligación de los integrantes de las instituciones policiales.
49. Además, señaló que tanto el artículo 139 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, vigente hasta el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, como el artículo 145 de la Ley de Seguridad Pública Estatal en vigor, establecían que el incumplimiento de dicha obligación generaba responsabilidad administrativa.
50. Por tanto, estimó que el incumplimiento de la obligación de no poner en peligro a los particulares y si el incumplimiento de dicha conducta generaba responsabilidad administrativa en ambos ordenamientos, no causaba perjuicio al quejoso, como lo determinó el juez federal.
51. Aunado a que los artículos primero, quinto y sexto transitorios de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, vigente a partir del veintinueve de diciembre de dos mil veinte, permitía que se aplicara la ley anterior hasta en tanto hubiera transcurrido el plazo de noventa días contados a partir de la adecuación reglamentaria que debían realizar los ayuntamientos.
52. En adición, precisó que conforme a los artículos 2, fracción V, 121, 142, 225, fracciones I y XII, y 228, fracción II del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad para el Municipio de Tijuana, Baja California, la Sindicatura Procuradora era competente para iniciar y resolver sobre la investigación administrativa, que era la base para ejecutar el procedimiento de responsabilidad, siendo que dicho reglamento seguía vigente al momento de la emisión de la nueva ley de seguridad pública estatal.
53. En esos términos, el tribunal colegido determinó que por la estrecha vinculación entre las fases de investigación y la posterior, como era la sustanciación del procedimiento de responsabilidades administrativas graves, porque la imputación de la sindicatura era el motivo para gestionar el procedimiento respectivo por parte de la comisión, ello implicaba que aquella debía tramitarlo de conformidad con la ley vigente al momento en que ocurrieron los presuntos hechos de responsabilidad administrativa grave, lo que incluía al artículo 133 fracción XLIV, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, vigente hasta el veintiocho de diciembre de dos mil veinte.
54. Por tanto, consideró que si la sindicatura efectuó la investigación de acuerdo con las normas sustantivas de la anterior ley de seguridad pública estatal, al existir unidad en el trámite procedimental, de conformidad con el reglamento municipal, la comisión como autoridad sustanciadora debía iniciar su procedimiento con base en la ley vigente al momento de los hechos, a efecto de evitar la actualización de causas de improcedencia y sobreseimiento, con el riesgo de obstaculizar el cumplimiento de los fines de la norma.
55. Determinó que no era viable para la comisión que la sustanciación del procedimiento se realizara basada en otra ley como lo era la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, vigente a partir de veintinueve de diciembre de dos mil veinte, en virtud de que los aspectos sustanciales, se habían definido a partir de las actuaciones anteriores, conforme a la anterior ley de seguridad pública y que seguía vigente al momento de los hechos, con motivo de los artículos primero, quinto y sexto transitorios de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, vigente a partir de veintinueve de diciembre de dos mil veinte.
56. De ahí que el órgano colegiado determinó que como los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, vigente hasta el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, implicaban que el trámite fuera uniforme, desde la investigación hasta la resolución, y sus etapas no se podían entender aisladamente, el procedimiento al que se refirió el legislador en el transitorio se debía considerar iniciado con la investigación para determinar la legislación aplicable en razón del tiempo.
57. En consecuencia, si la conducta se ejecutó antes del veintiocho de diciembre de dos mil veinte, y la investigación inició en fecha anterior a la vigencia de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, esto es, a partir del veintinueve de diciembre de dos mil veinte, el procedimiento, incluyendo las normas sustantivas aplicables al momento de la causación de los presuntos hechos, debía seguirse conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, vigente hasta el veintiocho de diciembre de dos mil veinte.
58. Por otra parte, el tribunal colegiado analizó el sexto agravio, relativo a que el juez analizó de forma incompleta el cuarto concepto de violación, en el que adujo que el hecho de que la autoridad responsable hubiera señalado una nueva fecha para la celebración de la audiencia inicial, posteriormente a los quince días, actualizó la prescripción de las facultades de la autoridad sustanciadora en el procedimiento de responsabilidad administrativa grave porque existía un deber de la autoridad sustanciadora a notificar en ese plazo.
59. Argumento que se estimó infundado, ya que el recurrente pretendió alegar una caducidad del procedimiento por la inactividad de la autoridad sustanciadora, sin embargo, esa demora no estaba sancionada en norma alguna como causa para declarar la caducidad o la prescripción del procedimiento, por tanto, el tribunal colegiado determinó que la omisión del juez federal no le causaba perjuicio alguno, ni existía argumento para demostrar la actualización de la prescripción de la autoridad sustanciadora por la demora en la notificación del acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa grave.
60. Posteriormente analizó los agravios cuarto y quinto, en los que el quejoso sostuvo que en la sentencia recurrida al analizarse el segundo y sexto conceptos de violación se transcribió el acto reclamado y el juez federal lo subsanó al señalar porque no fue descrito el peligro, y ello implicaba una falta de motivación del acto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32337-7aba768d/suplencia-de-la-deficiencia-de-la-queja-prevista · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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