Corpus
Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. NO PROCEDE TRATÁNDOSE DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO SEA DE NATURALEZA LABORAL.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 337/2014 (CUADERNO AUXILIAR 533/2014) DEL ÍNDICE DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, CON APOYO DEL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA · Registro digital (IUS): 25283
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-10-17
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Pág. 2632.

AMPARO DIRECTO 337/2014 (CUADERNO AUXILIAR 533/2014) DEL ÍNDICE DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO, CON APOYO DEL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR. 7 DE AGOSTO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: EDWIGIS OLIVIA ROTUNNO DE SANTIAGO. SECRETARIO: JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ ORTIZ.

CONSIDERANDO:

OCTAVO. Son infundados los conceptos de violación que se hacen valer, sin que se esté en presencia del supuesto por el cual deba suplirse la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, como más adelante se expondrá.

Como primer concepto de violación, básicamente se aduce lo siguiente:

• Los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos de segunda generación o derechos económicos, sociales y culturales, entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales o Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador, la Convención sobre la Esclavitud, la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones Prácticas Análogas a la Esclavitud, el Convenio sobre el Trabajo Forzoso y el Convenio sobre la Protección del Salario, prevén disposiciones tendentes al respeto a jornadas limitadas no mayores a ocho horas diarias, con un descanso semanal para todo tipo de prestador de servicio, sea del sector privado o público, así como a evitar el trabajo forzoso u obligatorio, y que, dándose éste (trabajo forzoso u obligatorio), se otorgue compensación económica.

• Las limitaciones autorizadas por dichos tratados internacionales hacia los miembros policiales, son únicamente en relación con los derechos sindicales y el derecho a la huelga, pero no prevén restricciones hacia otros derechos y principios, ni hacen distinción o restricción hacia los miembros de las instituciones policiales.

• El artículo 5o. constitucional consagra el derecho al trabajo, disponiendo, entre otras consideraciones, que nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial, y que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución, no previendo exclusión ni excepción hacia los miembros de las instituciones policiales.

• Si conforme al artículo 1o. constitucional, las normas contenidas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos deben interpretarse favoreciendo, en todo tiempo, la protección más amplia, resulta indudable que el miembro policial cuenta con el derecho a una jornada de servicio limitada y a una remuneración económica para el caso de su quebrantamiento, por constituir ello un derecho fundamental; esto, atento a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, así como a los principios pro homine, pro actione, de posición preferente de los derechos fundamentales, de fuerza expansiva de los derechos fundamentales, de progresividad y de no regresividad o irreversibilidad.

• Luego, de conformidad con las disposiciones convencionales transcritas, resultan desacertadas las consideraciones de la autoridad responsable para considerar que debe negarse el derecho al pago de horas extraordinarias y demás prestaciones que fueron solicitadas por no prever, de manera expresa, precepto que otorgue dicho derecho, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California o diversa ley de carácter administrativo.

• La jornada limitada de trabajo y/o servicio constituye un derecho fundamental y humano, aplicable a toda persona, el cual se reconoce en la propia Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, cuyo artículo 131 define al tiempo de la prestación del servicio como el lapso durante el cual el miembro se encuentra a disposición de la institución policial; y a días de descanso, semanal y periódicos, como el tiempo durante el cual el miembro no se encuentra obligado a prestar el servicio, lo que se robustece con el artículo 132 del tal ordenamiento, que dispone como derecho del miembro percibir una retribución económica extraordinaria a la remuneración que le corresponda por la prestación del servicio en determinada comisión, la cual será otorgada únicamente durante el periodo de la misma.

• Si bien no se encuentran reglamentadas las condiciones del servicio de los miembros policiales (por omisión de la autoridad), entre ellas, el lapso en que se debe prestar el servicio (como lo dispone el artículo 131 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California), no menos cierto es que se advierte el derecho a una jornada limitada o, en otras palabras, a una jornada de servicio preestablecida, de ahí que es desacertada la aseveración de que el miembro policial no puede regirse por jornadas de trabajo preestablecidas.

• Igualmente errada es la consideración relativa de que a los miembros de las instituciones policiales no les aplican los principios del derecho social, ya que si bien es cierto que no guardan una relación laboral burocrática con el Estado, también lo es que no por ello deben ser discriminados y apartados de los principios y derechos fundamentales.

• El artículo 123, apartado B, constitucional, no excluye a los miembros de las instituciones policiales de la aplicación de las normas y principios en materia de derecho social; y si bien la Constitución no dispone expresamente una jornada limitada para los miembros de las instituciones policiales, la misma no lo prohíbe ni establece que quedan excluidos de una jornada limitada, y menos aún establece que quedan excluidos de la aplicación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

• Si bien es cierto que el servicio de seguridad pública no puede verse interrumpido, y que el miembro de la institución policial no puede negarse a desempeñar dicho servicio, no menos cierto es que se le tenga que retribuir económicamente por tal evento, máxime si se toma en cuenta que las corporaciones policiales son de naturaleza civil, pues el miembro policial no puede sufrir por la falta de elementos policiales para cubrir el servicio, ya que lo contrario sería tanto como permitir una condición similar a la esclavitud.

• Respecto a las tesis que refieren la supuesta improcedencia del pago de horas extras a los miembros de las instituciones policiales, que llevan por rubros: "PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO. IMPROCEDENCIA DEL, A LOS POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS.", "SEGURIDAD PÚBLICA. LA LEY QUE RIGE LAS RELACIONES DE SUS ELEMENTOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL." y "TIEMPO EXTRAORDINARIO. IMPROCEDENCIA DE SU PAGO A LOS POLICÍAS MUNICIPALES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN).", resultan inaplicables, ya que constituyen criterios aislados (a excepción de la primera) que en modo alguno resultan obligatorios y, en todo caso, tales tesis se refieren a legislaciones distintas a la del Estado de Baja California; además de que fueron emitidas antes de la reforma al artículo 1o. constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, a partir de la cual las normas contenidas en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, deben interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia.

• Al no encontrarse desarrolladas ni reguladas las condiciones del servicio en los artículos 131 y 132 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, y al no haberse expedido el reglamento correspondiente, lo procedente es que se defina y precise lo concerniente a la jornada extraordinaria y su correspondiente pago, conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que tienden a evitar situaciones análogas a la esclavitud y protegen la dignidad y la libertad de toda persona.

• No fue voluntad del Constituyente excluir a los miembros de las instituciones policiales del total de las prerrogativas sociales, ya que no se advierte así del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, pues éste indica solamente que los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes, pero no los excluye respecto del derecho a una jornada limitada y su correspondiente compensación.

• Las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite, por tanto, es completamente arbitrario que establezcan jornadas de servicio a capricho, como en la especie acontece, ya que imponen al miembro policial jornadas excesivas, a voluntad de las mismas, muy superiores a las treinta y cinco horas semanales (jornada prevista en la ley burocrática arriba citada) o, en su caso, a las 48 horas semanales (jornada prevista en los tratados internacionales arriba citados) y sin descanso semanal.

• Es criterio reiterado por los tribunales de amparo, que las omisiones de la ley se solucionan mediante la supletoriedad, cuya finalidad es llenar el vacío legislativo, aun cuando dicha figura jurídica no se prevea expresamente en el ordenamiento a suplir, ya que esto no es determinante para aplicar subsidiariamente otras normas; tomando en consideración, también, que conforme al artículo 14 constitucional, las autoridades están obligadas, a falta de disposición expresa, a tomar en cuenta los principios generales de derecho que rigen para las diferentes instituciones jurídicas.

• La jornada limitada y su retribución económica, para el caso de su quebrantamiento, constituyen derechos humanos para los elementos de policía, aun cuando deriven de una relación administrativa.

• Por tanto, ante la falta de norma que señale el tiempo de la jornada de servicio correspondiente (por omisión de la autoridad, pues no ha querido reglamentarla, como lo dispone el artículo 131 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California), debe hacerse una aplicación supletoria o analógica de las disposiciones convencionales, para que se haga efectivo el derecho humano al pago de tiempo extraordinario por la prestación del servicio, para no incurrir en prácticas que pudieran considerarse similares a la esclavitud o a trabajos forzados.

• La autoridad responsable cae en contradicción, ya que a pesar de que dice que la jornada no puede ser ilimitada, porque esto iría en contra de los derechos humanos, afirma que los miembros deben estar siempre a disposición de los mandos superiores (y, por ende, sin límite de tiempo).

• También señala la autoridad responsable que no se está ante una situación de vacío legislativo, sino ante una actividad que, dada su naturaleza de servicio de seguridad pública, no es susceptible de restringirse a jornadas preestablecidas, lo cual es incorrecto, pues sí existe para la autoridad la obligación de precisar una jornada predeterminada, ya que el artículo 131 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California así lo enuncia, al referir que el Estado debe reglamentar, entre otras condiciones, el tiempo o lapso en que el miembro policial se encuentra a disposición de la institución policial.

• Es desacertado que el actor no haya solicitado el pago o remuneración por la prestación de servicios especiales, y que sólo se limite a reclamar el pago de horas extras y otras prestaciones de carácter laboral, ya que la pretensión deducida de la demanda de nulidad es que se le retribuya económicamente por el tiempo que, conforme a las disposiciones legales y convencionales, excede del máximo diario o semanal para prestar un servicio subordinado.

• Resulta equivocado lo relativo a que el servicio que desempeñó el actor tiene más afinidad con los trabajadores especiales, regidos por la Ley Federal del Trabajo, tales como los trabajadores de buques, de transporte y de agentes de ventas, ya que a éstos, por su actividad, no les es posible jurídica ni materialmente que se sometan a una jornada diaria de trabajo y, por ende, son contratados por tiempo o por viaje, fijándose en el contrato la distribución de horas de jornada; y dadas las características de su actividad, no pueden regirse por las normas generales contenidas en la Ley Federal del Trabajo.

• Deviene desacertado el argumento relativo a que el actor omitió exhibir medio de convicción alguno, tendente a demostrar el tiempo efectivo de prestación del servicio, desde la fecha de su ingreso a la corporación y hasta la de su solicitud, a fin de tener por acreditado el derecho para reclamar las horas extras, ya que al no haberse suscitado controversia respecto de la jornada de servicio del demandante, desde su ingreso como custodio penitenciario, ni haberse opuesto ninguna excepción al respecto, resulta que la obligación de probar quedó relevada y, por ende, es suficiente para tener por acreditado el hecho y la aseveración del actor.

• No es correcto lo afirmado por la autoridad responsable en lo relativo a que el actor no sometió a litis la jornada de trabajo, pues es el fondo del asunto, materia de la resolución que se impugnó en el juicio de nulidad, ya que como se expresó en los hechos de la presente demanda de amparo, el ahora quejoso solicitó a **********, el pago de horas extras, ya que desempeña sus servicios en el horario comúnmente conocido como 24 por 48; esto es, 24 horas de servicio por 48 horas de descanso, y se precisó que el quejoso desempeña sus servicios de forma ininterrumpida, por lo que invariablemente se generan semanalmente y de forma intercalada, jornadas de 48 y 72 horas de servicio, excediendo la prevista por la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones descentralizadas de Baja California.

• Las autoridades demandadas en el juicio de nulidad produjeron su contestación a la demanda, alegando únicamente que son improcedentes las pretensiones, ya que las prestaciones reclamadas son de naturaleza laboral, y que el demandante no guarda una relación laboral con el gobierno del Estado, sino una administrativa, y que no le es aplicable la legislación laboral, pero no controvirtieron la jornada, lo que implica que la tuvieron por aceptada, relevando de la carga probatoria al demandante.

• De ahí que la autoridad responsable en realidad está mejorando la fundamentación y motivación expresada en el oficio impugnado, pues en el mismo sólo refiere que es improcedente el pago de horas extras por no estar previsto en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, y dado que la relación es de naturaleza administrativa no le es aplicable la Ley del Servicio Civil, máxime cuando no se cumplen los requisitos para aplicar supletoriamente dicha ley.

Tal como se adelantó, son infundados los argumentos que se hacen valer, por las razones que enseguida se exponen:

Como se puede apreciar, el reclamo medular del ahora quejoso se circunscribe a la solicitud de pago de horas extras, computadas a partir de su ingreso como custodio penitenciario (treinta de junio de mil novecientos ochenta y siete), pago de primas sabatina y dominical, y de días de descanso, realizada el catorce de febrero de dos mil once ante la **********, la cual fue declarada improcedente, básicamente porque se trata de prestaciones de carácter laboral y el ahora quejoso no guarda una relación laboral con el gobierno de Baja California, sino administrativa, la cual se encuentra sujeta a las necesidades propias del servicio, habiéndosele indicado, por tanto, que no le resulta aplicable la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California, sino las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, mismas que no prevén la figura de tiempo extraordinario ni las demás prestaciones que reclama.

Tal resolución recaída a su solicitud fue impugnada ante la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, cuya sentencia a su vez fue recurrida mediante el recurso de revisión ante el pleno de dicho tribunal contencioso.

Ahora, en primer lugar, es necesario señalar lo que el artículo 123, apartado B, fracciones I y XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley.

"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"...

"B. Entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

"I. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas;

"...

"XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. ..."

En relación con la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/94, determinó, entre otras cuestiones, que las relaciones entre los empleados de los cuerpos de seguridad pública y el gobierno de los Estados y Municipios, así como la de dichos empleados y los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, es de carácter administrativo y se rigen por normas administrativas, ya que se encuentran excluidos de la determinación jurídica que considera a la relación del servicio asimilada a la de trabajo, y al Estado equiparado a un patrón; de ahí que las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a esa relación constituyan actos de autoridad.

De las consideraciones relativas derivó la siguiente jurisprudencia:

"Novena Época

"Registro IUS: 200322

"Instancia: Pleno

"Tipo de tesis: jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: II, septiembre de 1995

"Materia(s): Administrativa

"Tesis: P./J. 24/95

"Página: 43

"POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII Apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el Juez de Distrito.

"Contradicción de tesis 11/94. Entre las sustentadas por el Primero y el Segundo Tribunales Colegiados del Segundo Circuito. 21 de agosto de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: José Pablo Pérez Villalba."

Las consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia antes transcrita, son las siguientes:

"En principio, debe tenerse presente que el Constituyente originario si bien tuvo un espíritu altamente visionario, no por ello era omnisapiente, habida cuenta que en los principios sociales que consagró en favor de la clase trabajadora, no comprendió a la totalidad de los sectores laborales, como el de los trabajadores al servicio del Estado, el que tras prolongada espera vio al fin que sus relaciones laborales quedaron protegidas por la Constitución, pero aún más prolongada fue la espera de los trabajadores al servicio de los gobiernos de los Estados y Municipios, pues fue necesario que transcurrieran sesenta y seis años para que la voluntad política garantizara el respeto a sus derechos laborales, mediante su incorporación al texto constitucional, a través de la reforma al artículo 115, fracción IX, de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, sin que esto implique que con anterioridad dichos empleados no tuvieran derechos o que éstos les pudiesen ser negados, ya que existieron, en su momento, leyes, reglamentos y códigos de trabajo aun cuando no constituían verdaderas reglamentaciones del artículo 123 constitucional.

"Al bifurcarse en mil novecientos sesenta el artículo 123, tampoco se estableció a cuál de los dos apartados correspondían las relaciones de los trabajadores al servicio de los Estados o Municipios, en tal virtud, dado que no existe diferencia esencial entre la naturaleza del servicio que prestan los poderes federales y los estatales, incluidos los Municipios, ha de considerarse que las relaciones de los burócratas locales se encuentran también reguladas por el apartado B del artículo 123 constitucional, sin que sea óbice a ello el que en el proemio de dicho precepto sólo se establezca lo siguiente:

"‘Artículo 123. ... El Congreso de la Unión sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: ... B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores.’

"Y de que en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria de dicho apartado se determine, en su artículo 1o., lo siguiente: ‘... Artículo 1o. La presente ley es de observancia general para los titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, del gobierno del Distrito Federal. ...’

"El contenido de las transcripciones anteriores permite colegir que en el ámbito de aplicación personal de la disposición constitucional y de la ley reglamentaria, no se consideró expresamente a los servidores públicos estatales y municipales, por ello, como se ha expresado, en mil novecientos ochenta y tres, dentro del marco de lo que se dio en llamar ‘la reforma municipal’, se establecieron en la fracción IX del artículo 115 constitucional, normas relativas al trabajo, en los términos siguientes:

"‘Artículo 115. ... IX. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. Los Municipios observarán estas mismas reglas por lo que a sus trabajadores se refiere’.

"En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial se señaló, respecto de la fracción aludida, lo siguiente:

"‘... Se sugiere que a fin de que tales trabajadores cuenten con protección legal en un régimen jurídico como el nuestro, se regulen sus relaciones en las Constituciones Locales y en las leyes estatales, mismas que deben observar como principios básicos las garantías de los derechos mínimos de sus servidores, la implantación de sistemas de servicio público de carrera estatal y municipal, niveles de estabilidad laboral en el empleo, el acceso a la función pública, la protección al salario, la seguridad social, la inclusión de normas que garanticen la eficacia de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, y el establecimiento de procedimientos y autoridades adecuadas para la solución jurisdiccional de controversias.’

"Lo anterior revela que el Constituyente tuvo en mente siempre que la normatividad para esos trabajadores correspondiera a la establecida en el apartado B del mencionado artículo 123.

"Fue sobre esta base que en la Constitución Política del Estado de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes cuatro de agosto de mil novecientos ochenta y seis, se estableció en el artículo 70, fracción XVI, referido a las facultades y obligaciones de la legislatura, lo siguiente:

"‘Artículo 70. Corresponde a la Legislatura: ... XVI. Expedir conforme a los principios básicos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias, la ley que rija las relaciones de trabajo de los servidores públicos del Estado y Municipios.’

"Por su parte, el Estatuto Jurídico de los Trabajadores (sic) Servicio de los Poderes del Estado de los Municipios y de los Organismos Ordinarios y Descentralizados de Carácter Estatal establece, en lo conducente, lo siguiente:

"‘Artículo 1o. La presente ley es de observancia general para todas las autoridades y funcionarios integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Municipios y de los organismos públicos coordinados y descentralizados del Estado de México.’

"‘Artículo 4o. Para los efectos de esta ley, los trabajadores al servicio del Estado se dividen en los siguientes grupos: ... IV. Trabajadores de confianza.’

"‘Artículo 5o. Son trabajadores de confianza: I. ... II. En el Poder Ejecutivo: ... los miembros de las policías urbana y judicial y el personal de las fuerzas del Estado, ...’

"‘Artículo 6o. ... Los empleados de confianza no quedan comprendidos en el presente ordenamiento.’

"En las relacionadas condiciones, cabe apuntar que las consideraciones del Tribunal Pleno que se han transcrito, y que dieron motivo a la tesis de rubro: ‘POLICÍAS. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA BAJA DEL SERVICIO DE LOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.’, en que el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito sustenta el criterio que con el rubro de: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE MÉXICO, POLICÍAS JUDICIALES. SU RELACIÓN CON EL ESTADO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’, son conducentes para establecer de manera general, con claridad, que las relaciones entre los empleados de los cuerpos de seguridad pública y el gobierno de los Estados y Municipios, al igual que la de dichos empleados y los Poderes de la Unión y el gobierno del Distrito Federal, es de carácter administrativo y no laboral y, por ende, los conflictos surgidos con motivo de esa relación deben ser del conocimiento de autoridades administrativas, habida cuenta que si bien, los empleados citados en primer término no están considerados expresamente por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, no menos cierto es que su situación se encuentra regulada implícitamente por dicho precepto, de conformidad con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución General de la República, en los que se establece:

"‘Artículo 115. ... VIII. ... Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución y sus disposiciones reglamentarias.’

"‘Artículo 116. ... V. ... Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.’

"De la lectura de los artículos citados se advierte claramente que tanto la Constitución Local, como las leyes reglamentarias del Estado de México, deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 123 constitucional, en su apartado B, pues ésta fue la intención del legislador acorde a las consideraciones expuestas con anterioridad y siendo así, deberá atenderse a la exclusión que respecto de diversos grupos de servidores públicos hace la fracción XIII de dicho precepto constitucional, entre los que se encuentran los miembros de los cuerpos de seguridad pública, llámense policía municipal o judicial, en el caso concreto."

De las consideraciones antes transcritas se desprende lo siguiente:

1. En mil novecientos sesenta se consagraron en el apartado B del artículo 123 constitucional, los derechos de los trabajadores al servicio del Estado; sin embargo, en ellos no se incluyó a los trabajadores al servicio de los gobiernos estatales y municipales.

2. En mil novecientos ochenta y tres se garantizaron los derechos mínimos de los trabajadores al servicio de los gobiernos estatales y municipales, mediante reforma a la fracción IX del artículo 115 constitucional, que ordenaba que las Legislaturas Locales expidieran leyes para esa clase de trabajadores con apego a lo dispuesto en el artículo 123 constitucional.

3. Posteriormente se derogó la fracción IX del artículo 115 constitucional, cuyo contenido pasó a la fracción VIII y a la fracción VI del artículo 116 constitucional, estableciendo la misma obligación para las Legislaturas Locales de expedir leyes con apego al artículo 123 constitucional, respecto de los trabajadores al servicio de los Municipios y de los Estados, respectivamente.

4. A pesar de que los artículos 115 y 116 constitucionales no especifican a cuál apartado del artículo 123 constitucional deben apegarse las Legislaturas Locales para expedir las leyes que rijan las relaciones entre lo

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25283-bdcbea27/suplencia-de-la-queja-deficiente-prevista-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.