Corpus
Modo: Corpus Pro

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 182 IN FINE DE LA LEY DE AMPARO, CONLLEVA RESOLVER INTEGRALMENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO PRINCIPAL Y ADHESIVO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 137/2020. · Registro digital (IUS): 29994
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2021-08-06
Promovente: *.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo V, Pág. 4759.

AMPARO DIRECTO 137/2020. 4 DE MARZO DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ ANTONIO ABEL AGUILAR SÁNCHEZ. SECRETARIO: RUBÉN LÓPEZ MALO HERNÁNDEZ.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.—Estudio.

El concepto de violación identificado como primero, conduce a las siguientes determinaciones:

Calidad de confianza.

Sostiene el quejoso que el laudo de diez de diciembre de dos mil diecinueve, es violatorio del artículo 245 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, por no estar dictado a verdad sabida y buena fe guardada.

Refiere que el tercero interesado jamás opuso excepciones y defensas, por lo que la autoridad responsable de manera arbitraria realiza un estudio referente a la excepción de confianza, ya que menciona que tiene esa calidad siendo que correspondía al tercero interesado acreditarla.

Narra que lo deja en estado de indefensión, tomando en consideración que en el supuesto, el único que puede verse beneficiado con la suplencia de la queja es el trabajador, no así el quejoso, ya que dejaría de lado que debe la autoridad responsable dictar sus resoluciones tomando en consideración lo más benéfico al trabajador y no en su perjuicio.

Argumenta que la responsable deja de lado lo que el artículo 246 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios refiere, por lo que, como se aprecia de la contestación realizada por el tercero interesado, jamás opuso la excepción de confianza, por lo que es claro su indebido estudio oficioso.

Sostiene que el demandado no aportó prueba alguna que acredite la excepción, ya que se limitó únicamente a mencionar que se acreditó la calidad de confianza con el nombramiento, pero jamás acreditó con ningún medio de prueba sus funciones, situación que debió acreditar, por lo que, al no haberlo hecho se actualiza un despido injustificado.

El concepto de violación, suplido en la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, es fundado.

La autoridad responsable determinó que se había acreditado la calidad de trabajador de confianza del accionante, pues así lo había confesado en su escrito inicial de demanda al manifestar que tenía la categoría de **********, con funciones inherentes a su cargo; determinación que se estima incorrecta.

Lo anterior, ya que a juicio de este órgano colegiado no existe la confesión expresa precisada por la responsable, pues no basta la manifestación valorada en el laudo combatido para tener por acreditada la calidad de confianza.

En efecto, del escrito inicial de demanda se advierte:

"1. Fui contratado e ingresé a laborar para los demandados a partir del 16 de febrero de 2016, habiéndome desempeñado con la categoría de **********, con las funciones inherentes a mi cargo; bajo las órdenes directas de la **********, quien se ostenta con el cargo de subdirectora de administración del demandado..."

De la reproducción anterior se observa que el trabajador manifestó que fue contratado en la categoría de **********, con las funciones inherentes a su cargo, bajo las órdenes directas de la **********.

Así, la expresión del trabajador es insuficiente para considerarla una confesión expresa de que efectivamente desarrollaba función alguna, pues de lo señalado en el escrito inicial de demanda no hay precisión de las que ejecutaba, pues sólo se contiene la simple afirmación genérica de realizar las "inherentes a su cargo", sin que del mismo ocurso se pueda obtener cuáles eran éstas.

En ese orden, se estima que no encuentra justificación lo manifestado por la responsable, cuando refirió que el actor se encontraba dentro de los artículos 8 y 9, fracción I, de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, pues quedó acreditado que realizaba funciones de las consideradas de confianza.

Ello, pues la Sala de origen afirmó dogmáticamente que un ********** realiza funciones tales como coordinar, supervisar, gestionar, comunicar la información en toda la oficina y asistir a las operaciones de la oficina administrativa, lo que implicaba ayudar a los supervisores a preparar un presupuesto de la organización o departamento, o el seguimiento de los proyectos para asegurarse que estén progresando de manera eficiente y terminada antes del plazo y otras publicaciones sobre soluciones mejoradas, así como métodos y procedimientos después de la realización de investigaciones y análisis.

En ese orden, la simple manifestación del trabajador de que se realizaban las funciones inherentes al cargo de **********, de ninguna manera acredita todas las precisadas por la responsable, pues no existe soporte probatorio de donde se obtengan aquéllas, por lo que es de concluirse que el laudo carece de sustento.

Entonces, la denominación del puesto y la manifestación de realizar las inherentes a ésta, es insuficiente para obtener cuáles se desarrollaban, sin que exista alguna documental valorada por la responsable o medio de prueba alguno, de la que se obtenga que las funciones de un **********, en el **********, son todas las descritas en el laudo combatido.

Máxime que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya interpretó que para determinar si un trabajador desarrolla funciones de confianza, no es suficiente que se encuentren descritas en la legislación secundaria, pues es necesario que se prueben las efectivamente desarrolladas.

Lo anterior fue desarrollado en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2016 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 1 de julio de 2016 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 32, Tomo I, julio de 2016, página 771, con número de registro digital: 2011993, de título, subtítulo y texto siguientes:

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA. PARA DETERMINAR SI TIENEN ESA CATEGORÍA ES INDISPENSABLE COMPROBAR LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ALGUNA DISPOSICIÓN NORMATIVA LES ATRIBUYA UN CARGO O FUNCIÓN CON ESE CARÁCTER. Las leyes estatales que regulan las relaciones laborales entre los trabajadores y los titulares de las dependencias estatales y municipales, describen diversos puestos y funciones a los que se les asigna la calidad de confianza; sin embargo, si alguna ley, reglamento o cualquier otra disposición normativa de carácter general atribuye a un cargo o función la calidad excepcional referida, como acontece con la mayor parte de las legislaciones laborales de los Estados de la República Mexicana, ello no es determinante para concluir que se trata de un trabajador de confianza, pues no debe perderse de vista que, al constituir una presunción, admite prueba en contrario y al ser aplicable sobre todo a los hechos jurídicos, deben encontrarse plenamente demostrados, esto es, lo relativo a las actividades desplegadas por el trabajador, pues sólo así, el hecho presumido se tendrá por cierto, lo cual es coherente con el carácter protector de las leyes laborales hacia el trabajador, quien es la parte débil de la relación laboral."

En ese orden, para determinar si un trabajador realiza funciones de confianza, se deben acreditar las desempeñadas, por lo que del análisis del material probatorio no se advierte alguna probanza de la que se desprendan aquéllas, con lo que se pudiera concluir que desempeñaba una categoría de esa naturaleza.

Se afirma lo anterior, ya que de la audiencia de cuatro de marzo de dos mil dieciocho se desprende lo siguiente:

"Ahora bien, vista la certificación realizada por esta autoridad, toda vez que la parte demandada omite exhibir ante esta autoridad el escrito de pruebas que refiere en su uso de la palabra, por tanto, en consecuencia de lo anterior se tienen por no admitidas dichas documentales, en virtud de que no reúnen los requisitos que establecen los artículos 19, 219 y 220 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, situación de la que se dio cuenta y de la cual se procedió a certificar, dado que la demandada omite exhibir sus pruebas en la etapa que establece la ley de la materia para su ofrecimiento, atento a lo que establece el artículo 234 de la ley burocrática en comento, y que a la letra se transcribe:

"...

"En consecuencia de lo anterior, el momento procesal oportuno para ofrecer sus medios probatorios le ha precluido, ello en atención a que la etapa correspondiente lo era en su uso de la palabra en la etapa de ofrecimiento de pruebas, para que su contraparte pudiera objetarlas, circunstancia que no se puntualizó dentro de la presente audiencia y a dicha consideración es aplicable la jurisprudencia de rubro: ..."

De la reproducción anterior se obtiene que se tuvo por perdido el derecho del demandado de ofrecer pruebas en el juicio laboral, derivado de que no las ofreció en el momento procesal oportuno, teniendo por perdido su derecho para hacerlo por preclusión.

Así, se colige que el demandado no acreditó cuáles eran las funciones efectivamente desarrolladas por el trabajador, por lo que no es procedente determinar que el accionante laboral realizara funciones de confianza.

Cobra vigencia la tesis de jurisprudencia P./J. 36/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, febrero de 2006, página 10, con número de registro digital: 175735, de rubro y texto:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATENDER A LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES QUE DESARROLLAN Y NO A LA DENOMINACIÓN DE AQUÉL. De la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que ‘la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza’, se desprende que el Poder Revisor de la Constitución tuvo la clara intención de que el legislador ordinario precisara qué trabajadores al servicio del Estado, por la naturaleza de las funciones realizadas, serían considerados de confianza y, por ende, únicamente disfrutarían de las medidas de protección al salario y de los beneficios de la seguridad social y, por exclusión, cuáles serían de base; lo que implica, atendiendo a que todo cargo público conlleva una específica esfera competencial, que la naturaleza de confianza de un servidor público está sujeta a la índole de las atribuciones desarrolladas por éste, lo que si bien generalmente debe ser congruente con la denominación del nombramiento otorgado, ocasionalmente, puede no serlo con motivo de que el patrón equiparado confiera este último para desempeñar funciones que no son propias de un cargo de confianza. Por tanto, para respetar el referido precepto constitucional y la voluntad del legislador ordinario plasmada en los numerales que señalan qué cargos son de confianza, cuando sea necesario determinar si un trabajador al servicio del Estado es de confianza o de base, deberá atenderse a la naturaleza de las funciones que desempeña o realizó al ocupar el cargo, con independencia del nombramiento respectivo."

En consecuencia, fue indebido que la Sala del conocimiento determinara que el trabajador tenía la categoría de confianza, por lo que debió analizar si el demandado desvirtuó el despido imputado.

En ese orden, este tribunal determina asumir jurisdicción a fin de determinar si asiste razón al quejoso de solicitar la acción derivada del despido injustificado, consistente en la indemnización constitucional, así como las accesorias a la misma.

Lo anterior, pues de una interpretación teleológica del artículo 182 de la Ley de Amparo, se advierte que la finalidad del legislador, con las reformas al juicio de amparo que dieron origen a esa disposición fue evitar, en la medida de lo posible, el regreso de los expedientes para reponer violaciones procesales o formales, por lo que derivado de su último párrafo, los Tribunales Colegiados de Circuito están obligados a procurar resolver integralmente todos los asuntos planteados; por tanto, pese a que tal numeral regula el juicio de amparo adhesivo, dicha regla es también aplicable al juicio de amparo directo principal.

En la parte que interesa, el precepto legal en cita es del tenor siguiente:

"Artículo 182. ...

"El Tribunal Colegiado de Circuito, respetando la lógica y las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, procurará resolver integralmente el asunto para evitar, en lo posible, la prolongación de la controversia."

Al efecto, es aplicable la tesis aislada 2a. XIX/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de marzo de 2019 a las 10:25 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Tomo II, marzo de 2019, página 2047, con número de registro digital: 2019529, de título, subtítulo y texto siguientes:

"AMPARO DIRECTO PRINCIPAL. LA REGLA CONTENIDA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 182 DE LA LEY DE AMPARO LE ES APLICABLE. El precepto citado regula el amparo adhesivo y en su último párrafo establece que el Tribunal Colegiado de Circuito, respetando la lógica y las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, procurará resolver integralmente el asunto para evitar, en lo posible, la prolongación de la controversia. Así, esta regla no es exclusiva del amparo adhesivo, pues de una interpretación teleológica del artículo 182 de la Ley de Amparo se advierte que la finalidad del legislador con las reformas al juicio de amparo que dieron origen a esa disposición fue evitar, en la medida de lo posible, el regreso de los expedientes para reponer violaciones procesales o formales, por lo que derivado de su último párrafo, los Tribunales Colegiados de Circuito están obligados a procurar resolver integralmente todos los asuntos planteados; por tanto, dicha porción normativa es aplicable al juicio de amparo directo principal."

En tales condiciones, si las leyes deben ser interpretadas con base en los principios constitucionales, entendidos éstos como las prescripciones esenciales que de manera expresa o tácita están contenidas en la Carta Magna, entonces, el principio de supremacía constitucional no sólo se traduce en un parámetro de validez normativo, sino también en un parámetro de interpretación.

Lo que se materializa en la exigencia relativa a que las normas ordinarias deben ser interpretadas conforme a los preceptos de orden fundamental, de tal forma que, ante la pluralidad de posibilidades de interpretación, se elija la que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución General; lo anterior, a efecto de permitir la efectividad de los derechos humanos reconocidos en aquélla.

En ese sentido, el referido artículo 182 in fine de la Ley de Amparo, debe ser interpretado conforme al tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone:

"Artículo 17. ...

"Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales."

Por tanto, el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva impone la obligación a los órganos jurisdiccionales de "privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales", siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos procesales.

Lo anterior se traduce en el deber elevado a rango constitucional, relativo a privilegiar el análisis de fondo del asunto por encima de los formalismos procesales, que abarca tanto al amparo principal, como al adhesivo; ello, con la finalidad de evitar la prolongación innecesaria de la controversia.

Lo que no vulnera el derecho a la seguridad jurídica, pues el precepto legal en cita no debe analizarse de manera aislada, sino que para determinar los parámetros que los órganos jurisdiccionales federales deben seguir para la resolución integral de las controversias, se debe considerar también lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley de Amparo, que establece cómo se analizarán los conceptos de violación; esto es, en la parte que interesa, privilegiando el análisis de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden redunde en un mayor beneficio para el quejoso.

La porción normativa de referencia establece lo siguiente:

"Artículo 189. El órgano jurisdiccional de amparo procederá al estudio de los conceptos de violación atendiendo a su prelación lógica y privilegiando en todo caso el estudio de aquellos que, de resultar fundados, redunden en el mayor beneficio para el quejoso. En todas las materias, se privilegiará el estudio de los conceptos de violación de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden redunde en un mayor beneficio para el quejoso."

En tales condiciones, se actualiza el contenido de la tesis aislada 2a. XVIII/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 22 de marzo de 2019 a las 10:25 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Tomo II, marzo de 2019, página 2047, con número de registro digital: 2019528, que es del tenor literal siguiente:

"AMPARO DIRECTO. EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 182 DE LA LEY DE AMPARO NO VULNERA EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Esa porción normativa, al disponer que el Tribunal Colegiado de Circuito, respetando la lógica y las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, procurará resolver integralmente el asunto para evitar, en lo posible, la prolongación de la controversia, no vulnera el derecho a la seguridad jurídica, pues no debe analizarse de manera aislada, sino que para determinar los parámetros que los órganos jurisdiccionales federales deben seguir para la resolución integral de las controversias, se debe considerar también lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley de Amparo, que establece cómo se analizarán los conceptos de violación."

Por tanto, la interpretación conforme del artículo 182 in fine de la Ley de Amparo, conlleva resolver integralmente el juicio de amparo directo principal y adhesivo.

Al efecto, es aplicable la tesis aislada II.2o.T.9 L (10a.), sustentada por este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, de contenido siguiente:

" Las leyes deben ser interpretadas con base en los principios constitucionales, entendidos éstos como las prescripciones esenciales que de manera expresa o tácita están contenidas en la Carta Magna; por tanto, el principio de supremacía constitucional no es sólo un parámetro de validez normativo, sino también un parámetro de interpretación. Lo que se materializa en la exigencia relativa a que las normas ordinarias deben ser interpretadas conforme a los preceptos de orden fundamental; de tal forma que, ante la pluralidad de posibilidades de interpretación, se elija la que mejor se ajuste a lo dispuesto en la Constitución Federal; ello, a efecto de permitir la efectividad de los derechos humanos reconocidos en aquélla. En ese sentido, el artículo 182 in fine de la Ley de Amparo, debe ser interpretado conforme al tercer párrafo del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva, se traduce en el deber elevado a rango constitucional relativo a privilegiar el análisis de fondo del asunto, por encima de los formalismos procesales, y que abarca tanto al amparo principal, como al adhesivo; lo anterior, con la finalidad de evitar la prolongación innecesaria de la controversia, y siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos procesales. Lo que no vulnera el derecho a la seguridad jurídica, pues para determinar los parámetros que los órganos jurisdiccionales federales deben seguir para la resolución integral de las controversias, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley de Amparo, que establece cómo se analizarán los conceptos de violación, esto es, en la parte que interesa, privilegiando el análisis de fondo por encima de los de procedimiento y forma, a menos que invertir el orden redunde en un mayor beneficio para el quejoso."

Precisado lo anterior, el trabajador imputó el despido injustificado el 17 de junio de 2016, pues su jefa inmediata le manifestó que, por órdenes de la directora de la dependencia, ya no laboraba más para el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Huixquilucan, Estado de México, por lo que estaba despedido. (foja 5 del expediente laboral)

Asimismo, en la contestación el demandado manifestó que era falso el despido imputado, pues a partir del 16 de junio de 2016 el trabajador dejó de presentarse a laborar. (foja 51 del expediente laboral)

En ese orden, la litis se fijó en determinar si como lo afirma la demandada, el trabajador dejó de presentarse a laborar desde la fecha manifestada, quien tendrá la carga de la prueba en sus afirmaciones.

Cobra vigencia la tesis de jurisprudencia emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 151 a 156, Quinta Parte, página 83, con número de registro digital: 242919, de rubro y texto:

"ABANDONO DE TRABAJO, CARGA DE LA PRUEBA DEL. Corresponde al patrón la carga de probar el abandono del trabajo, cuando opone tal excepción."

Luego, en el caso en concreto, se colige que el demandado no acreditó su afirmación, consistente en que el trabajador dejó de presentarse a laborar, pues no ofreció pruebas a su cargo.

Lo anterior, ya que de la audiencia de cuatro de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por perdido el derecho al demandado de ofrecer pruebas en el juicio laboral, derivado de que no las exhibió en el momento procesal oportuno. Determinación que no es combatida por la parte a la que le generó perjuicio, motivo por el cual debe quedar incólume.

Por tanto, lo procedente es condenar al demandado al pago de lo que el trabajador demandó por concepto de indemnización constitucional, pues no acreditó su afirmación, consistente en que el trabajador dejó de presentarse a laborar, teniéndose por cierto el despido que le fue imputado.

Asimismo, como prestación accesoria a la indemnización referida, procede condenar al pago de los salarios vencidos por un periodo máximo de 12 meses, lo anterior, con fundamento en el artículo 96 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

No obstante, por cuanto al salario con el que habrán de cuantificarse los salarios caídos, el artículo 96 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vigente a la fecha de presentación de la demanda laboral, ocurrida el treinta de junio de dos mil dieciséis, disponía lo siguiente:

"Artículo 96. El servidor público podrá solicitar ante el tribunal o la Sala correspondiente, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice. Cuando el servidor público considere injustificada la causa de rescisión de la relación laboral, o bien lo injustificado del despido podrá demandar ante el tribunal o en la Sala que se le cubra la indemnización de tres meses de su salario base, así como los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses o que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba con el pago de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de doce meses, independientemente del tiempo que dure el proceso.

"No se considerará en el pago de salarios vencidos los aguinaldos e incrementos que se otorguen en el salario de los servidores públicos mientras dure el proceso para objeto de las indemnizaciones a que se refieren los artículos 95, 96 y 97 de esta ley."

De dicho numeral se observa que cuando el servidor público considere injustificada la causa de rescisión de la relación laboral, o bien lo injustificado del despido, podrá demandar se le cubra la indemnización de tres meses de su "salario base", o que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba.

Luego, si el artículo en mención, que prevé la hipótesis en caso de despido injustificado establece que el salario que debe considerarse para el pago de la prestación, consistente en la indemnización legal de tres meses es el salario base, entonces, aquél debe considerarse a efecto de realizar el cálculo correspondiente en caso de que ésa sea la acción ejercida por el trabajador.

Caso distinto opera cuando se trata de la condena por salarios caídos, pues la legislación aplicable al caso concreto no establece qué salario debe ser el considerado, por lo que debe tomarse en cuenta el integrado.

Ello es así, pues la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 4a./J. 14/93, definió qué es el salario para tal efecto, siendo el que prevé el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

En ella estableció que al fijar el importe de los salarios vencidos, debe tomarse en cuenta el salario que los trabajadores percibían ordinariamente por la prestación de sus servicios, ya que éstos adquieren el carácter de indemnización o reparación del daño producido por la falta en que incurrió el patrón al rescindir la relación laboral y dicha restauración comprende no únicamente los derechos de que ya disfrutaban antes del despido, sino los que debió adquirir por la prestación de su trabajo mientras estuvieron separados de él.

La tesis de jurisprudencia 4a./J. 14/93, emitida por la entonces Cuarta Sala del Alto Tribunal, aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 64, abril de 1993, página 11, con número de registro digital: 207788, de rubro y texto siguientes:

"SALARIOS CAÍDOS, MONTO DE LOS, CUANDO LA ACCIÓN QUE SE EJERCITÓ FUE LA DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL. Esta Cuarta Sala reitera el criterio que ha sostenido en la jurisprudencia número 1724, publicada en la página 2773 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1988, acerca de que cuando el trabajador demanda la reinstalación y el pago de salarios caídos, éstos se cubrirán tomando en cuenta el aumento de salarios habidos durante el ejercicio; en cambio, si demanda la indemnización constitucional, los salarios vencidos deben cuantificarse con base en el sueldo percibido en la fecha de la rescisión, porque la ruptura de la relación laboral operó desde aquella época. Esto se explica en razón de que ambas acciones son de naturaleza distinta, ya que en la primera el actor pretende que la relación laboral debe continuar en los términos y condiciones pactados, como si nunca se hubiera interrumpido el contrato de trabajo; y, en la segunda, da por concluido ese vínculo contractual y demanda el pago de la indemnización constitucional, de forma que los salarios vencidos solicitados ya no tiene el mismo concepto de los que se generaron con motivo de la relación de trabajo que continúa vigente, sino que adquieren el carácter de indemnización o reparación del daño producido por la falta en que incurrió el patrón al rescindir la relación laboral, encontrando al respecto aplicación el artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo en cuanto establece que para determinar el monto de la indemnización que debe pagarse a los trabajadores se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho a la indemnización."

No es óbice a lo anterior que la porción normativa del artículo 96 antes transcrito prevé conceptos que no deben integrar el salario para el cálculo de los vencidos, pues precisó que para objeto de las indemnizaciones, no se considerarán los aguinaldos e incrementos que se otorguen mientras dure el proceso; ello, ya que a juicio de este tribunal, dicho numeral, no debe ser aplicado.

Se arriba a tal conclusión, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el reformado texto del artículo 1o. de la Constitución General (publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once), implicó un cambio en el sistema jurídico mexicano, en relación con los derechos humanos, previendo la interpretación más favorable a la persona (principio pro persona o pro homine) e, incluso, una progresividad gradual en su efectividad (principio de progresividad o prohibición de no regresividad).

Así, el artículo 123 constitucional, apartado A, fracción XXII, dispone:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

"El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

"A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo:

"...

"XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La ley determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29994-15c24d93/tutela-judicial-efectiva-la-interpretacion-conforme-del-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.