VISTA A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO. SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL SESIONAR UN ASUNTO ORDENA COMO CAUSA JUSTIFICADA PARA APLAZAR SU RESOLUCIÓN QUE PERMANEZCA EN LISTA PARA AQUEL EFECTO Y EL QUEJOSO MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, NO SE REQUIERE QUE UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO CONCEDIDO, EL ASUNTO VUELVA A LISTARSE.
AMPARO DIRECTO 761/2018. 24 DE ENERO DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS; MAYORÍA EN CUANTO AL SENTIDO Y TEMA DE LA TESIS. DISIDENTE: NELDA GABRIELA GONZÁLEZ GARCÍA. PONENTE: HÉCTOR LANDA RAZO. SECRETARIO: JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MONROY.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Este Tribunal Colegiado de Circuito considera que no se requiere volver a listar este asunto, en términos de lo previsto por el párrafo primero del artículo 184 de la Ley de Amparo, en virtud de que con data veintinueve (29) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), se dio cumplimiento a ese imperativo para ser visto en sesión de seis (6) de diciembre siguiente, y fue en la audiencia pública de esa fecha que el Pleno de este órgano constitucional determinó dejar el asunto en lista a efecto de que se diera vista a los quejosos con la causal de improcedencia advertida en ese momento.
En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2014 que dio origen a la jurisprudencia P./J. 5/2015 (10a.), en lo conducente, determinó que una vez advertida alguna causal de improcedencia por el Pleno del Tribunal Colegiado de Circuito, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 64 de la ley de la materia, debe dejarse el asunto en lista, a efecto de que se dé la vista al impetrante de garantías para que manifieste lo que su interés convenga.
Por su parte, el primer párrafo del artículo 16 del Acuerdo General 16/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y establece los lineamientos para su videograbación y difusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete (27) de mayo de dos mil nueve (2009) establece:
"Artículo 16. Los asuntos se fallarán en el orden en que se listen. Si no pudieran despacharse en la sesión todos los asuntos listados, los restantes figurarán en la lista siguiente en primer lugar, sin perjuicio de que el tribunal acuerde que se altere el orden de la lista, que se retire algún asunto, o que se aplace la vista del mismo, cuando exista causa justificada..."
Del contenido del numeral transcrito se advierte la facultad para que en el caso de que no puedan despacharse todos los asuntos listados para verse en la sesión, el tribunal puede determinar el aplazamiento en la vista del asunto, siempre que exista una causa justificada que dé lugar a tomar esa decisión, como en el caso, que al actualizarse una causal de improcedencia condujo a este tribunal a dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo.
Es necesario precisar que el Pleno de este Tribunal Colegiado de Circuito estima que la orden de dejar el asunto en lista, tiene como consecuencia que el documento por el cual se listó el asunto con fundamento en lo dispuesto por el párrafo primero del numeral 184 de la ley de la materia, únicamente se le haga la anotación de que el asunto quedó en "lista para dar vista", para que una vez fenecido el plazo concedido y devueltos los autos a ponencia, se proceda a resolver el asunto, asentándose el sentido de la sentencia en el propio recuadro, sin que se requiera listarlo nuevamente con base en el precepto legal aludido.
Lo anterior no riñe con el derecho de audiencia del quejoso, pues éste quedó satisfecho con la vista de tres días que se le concedió, la cual se le notificó por lista, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, esto de conformidad con las consideraciones vertidas por el Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 325/2014 citada.
Ahora bien, este órgano colegiado con fundamento en la facultad contenida en el primer párrafo del numeral 16 del Acuerdo 16/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal referido, estimó como causa justificada para aplazar la vista del asunto, dejarlo en lista para darle vista a la parte quejosa con una causal de improcedencia por el plazo de tres días a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera, y concluido el plazo la presidencia dictó un diverso proveído asentando que no se realizó manifestación alguna, ordenando la devolución de los autos a ponencia, y todos esos autos fueron notificados por lista con fundamento en el numeral 29 de la Ley de Amparo.
Es inconcuso que los quejosos se encontraron en posibilidad de dar seguimiento pleno al trámite del asunto de su interés, pues mediante diversas publicaciones realizadas en los estrados de este tribunal se hizo de su conocimiento que el asunto fue listado; en sesión se determinó la existencia de una causal de improcedencia, se dio vista con esa causal y se devolvió el asunto a la ponencia.
Esto es así, porque el seguimiento del negocio se traduce en un deber del solicitante del amparo, en este caso de darle seguimiento al asunto de su interés, puesto que será discutido y fallado en próxima audiencia pública que celebre este Tribunal Colegiado de Circuito con fundamento en los numerales 184 a 187 de la Ley de Amparo, y el diverso 16 del Acuerdo General 16/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y establece los lineamientos para su videograbación y difusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete (27) de mayo de dos mil nueve (2009).
QUINTO.—En el presente asunto resulta innecesario el estudio de los antecedentes del caso y de los conceptos de violación esgrimidos por 1. **********, 2. **********, 3. **********, 5. **********, 6. ********** y 8. **********, en virtud de que este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, por lo siguiente:
Dicho precepto establece:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;"
Inconformes con el laudo original de veintiséis (26) de junio de dos mil nueve (2009), 1. **********, 2. **********, 3. **********, 5. ********** y 8. **********, promovieron juicio de amparo directo del que, por razón de turno conoció este Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, radicado bajo el DT. **********, y que en sesión de dieciséis (16) de agosto de dos mil diez (2010), se resolvió negarles el amparo, declarando inoperantes e infundados los conceptos de violación formulados respecto de la absolución de la nulidad de los convenios que señalaban, de la reinstalación y la jubilación demandadas, del reclamo de la pensión por incapacidad y de la condena al pago del fondo de ahorro.
No obstante, en vista de la concesión de amparo a actores diversos a los mencionados, la Junta emitió un segundo laudo pronunciado el catorce (14) de marzo de dos mil catorce (2014), en el que se reiteró la absolución de lo reclamado por los ahora quejosos.
Contra ese fallo, los impetrantes en cita promovieron el juicio de amparo directo DT. **********, del índice de este tribunal, y que en sesión de veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015), se determinó sobreseer la instancia constitucional en relación con los mencionados quejosos.
En vista de la concesión del amparo respecto de quejosos diversos, la responsable emitió un tercer laudo el veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017) en el que se reiteró la absolución de los reclamado (sic) por 1. **********, 2. **********, 3. **********, 5. ********** y 8. **********.
Ahora, en el presente juicio de amparo, los quejosos se duelen de lo determinado en cuanto a los reclamos de nulidad de los convenios, reinstalación, jubilación, pensión por incapacidad y fondo de ahorro.
De lo así relatado, se obtiene que el laudo que ahora se impugna se emitió en cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo DT. **********, en la que respecto de los quejosos en cuestión, se sobreseyó en el juicio de amparo.
Por lo que corresponde al quejoso 6. **********, debe decirse que en la sentencia dictada en el amparo directo mencionado (DT. **********), este Tribunal Colegiado de Circuito determinó que se actualizaba en su perjuicio la causal de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XII, de la ley de la materia, en relación con los preceptos 5o., fracción I y 6o. del propio ordenamiento legal, al estimar que el laudo reclamado en ese asunto no le causaba agravio, porque quien había sido parte en el juicio laboral **********, era **********; por tanto, este órgano colegiado determinó sobreseer en el juicio garantías promovido por este quejoso (6. **********), junto con los impetrantes mencionados en la primera parte de este considerando (1. **********, 2. **********, 3. **********, 5. ********** y 8. **********), y únicamente concedió la protección constitucional a 4. ********** y 7. **********.
En vista de la concesión señalada en la parte final del párrafo que antecede, de veintinueve (29) de octubre de dos mil quince (2015), dictada por este tribunal en el amparo directo DT. **********, la autoridad responsable dictó el acto reclamado en este juicio uniinstancial (laudo de veintidós [22] de junio de dos mil diecisiete [2017]), en el que, como ya ha quedado descrito, reiteró la absolución decretada respecto de 6. **********; de ahí que esa consideración deba seguir rigiendo, al haber adquirido el carácter de cosa juzgada.
En ese orden de ideas, es de considerar operante la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que impone sobreseer en el juicio de garantías con apoyo en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento.
Apoya esta determinación, por no oponerse a la Ley de Amparo en términos de su artículo sexto transitorio, la jurisprudencia 32, emitida por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 26, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Volumen 1, Materia del Trabajo, cuyos rubro y texto son del siguiente tenor:
"AMPARO DIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL, CONTRA LAUDOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA DE AMPARO.—Si una ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concede el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que la autoridad responsable dicte un nuevo laudo en la forma y términos que se indican en la propia ejecutoria, la autoridad responsable no goza de libertad jurisdiccional en el nuevo laudo que pronuncie, sino que está obligada a sujetarse a los términos de la aludida ejecutoria, toda vez que se trata de un acto de cumplimentación de la misma. Por tal motivo, es improcedente el amparo directo que se promueve en contra de dicho laudo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo."
No es obstáculo a lo considerado con antelación, el que por acuerdo de presidencia de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), se haya admitido a trámite el amparo promovido por **********, pues esa determinación corresponde únicamente a un examen preliminar del asunto, emitido por el presidente de este tribunal, en ejercicio de las atribuciones que para dictar acuerdos de trámite le otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; de ahí que al constituir resoluciones de trámite tendientes a la prosecución de los procedimientos de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, necesaria para el pronunciamiento de la resolución definitiva correspondiente, no causan estado, por lo que el Pleno está facultado para analizar en definitiva la procedencia y resolver lo que corresponda.
Orienta esta determinación, la tesis aislada emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 357 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1, enero a junio de 1988, cuyo contenido literal es:
"ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO RESPECTIVO NO CAUSA ESTADO.—El auto admisorio de una demanda de amparo no reclama un estudio profundo de la misma y, por ello, no causa ejecutoria. Por consiguiente, si con posterioridad al dictarse la sentencia se advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de competencia para conocer de dicha demanda de garantías, aun cuando ya hubiese sido admitida, procede hacer la declaración correspondiente y ordenar sea turnada al tribunal competente para conocer de ella."
SEXTO.—Los quejosos expresaron como conceptos de violación, los que a continuación se indican:
"1. Sus señorías nuevamente y por tercera ocasión se acude a ustedes porque aun y cuando tuvieron a bien conceder el amparo mediante las ejecutorias DT. **********, DT. **********, la Junta infringe las garantías magnas de seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley motivo del presente, atento que incumple los requisitos de la ley laboral en sus numerales 840, 841 y 842 y concordantes dictando el mismo a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia sin sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas pero expresará los motivos y fundamentos en que se apoyan así como que éstos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones, y la resolución que emite la responsable carece de todo ello pues afecta el patrimonio único como es el abstener a los hoy quejosos de obtener su jubilación y pensión por parte del IMSS.—2. Ello es así ya que por cuanto a los quejosos ********** y ********** quedaron perfeccionados todas y cada una de las documentales ofertadas como pruebas y que en cumplimiento de (sic) ejecutoria fueron dictaminados por los peritos médicos en consecuencia quedó (sic) plenamente demostrado los puestos señalados en la demanda así como la relación causa efecto de los padecimientos diagnosticados por los peritos médicos parte actora y tercero sí tienen el carácter de profesional con fundamento en el (sic) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, jurisprudencia que aparece en la Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 1726, que nos informa: ‘ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA BRONQUITIS SÍ SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 513 DE LA LEY LABORAL.’ (sic) y/o ‘ENFERMEDAD PROFESIONAL. LA BRONQUITIS CRÓNICA INDUSTRIAL SE CONSIDERA DERIVADA DE LA LABOR CUANDO CON LA PRUEBA PERICIAL SE ACREDITE AUNQUE EL CÓDIGO OBRERO NO LA ESTABLEZCA PUES SE LE PUEDE APLICAR POR ANALOGÍA EL ARTÍCULO 513, FRACC. DE LA I A LA XXX DEL MENCIONADO ORDENAMIENTO.’, (sic) así como la cortipatía por lo que debe ser condenado al IMSS respecto de dichos actores máxime que siempre se desempeñaron como ********** y con fundamento en la jurisprudencia que dice: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD.—Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente.’ (cita precedente y datos de localización).—3. La responsable se confunde y pretende confundir a sus señorías haciendo creer que fue derimido lo concerniente a la nulidad de los convenios finiquitos de los quejosos argumentando ‘que no se precisan las características de la nulidad de (sic) documento que pretende’ lo que es injusto, toda vez que con fundamento en la tesis que a la letra indica: ‘CONVENIOS O LIQUIDACIONES LABORALES. PROCEDE ANALIZAR DE OFICIO SU VALIDEZ O NULIDAD, AUNQUE NO HAYA SIDO MOTIVO DE LA ACCIÓN EJERCIDA POR EL TRABAJADOR.—El artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo establece los requisitos para que las Juntas de Conciliación y Arbitraje determinen la validez de los convenios o liquidaciones en materia de prestaciones laborales, las cuales son que: a) se hayan hecho por escrito; b) comprendan una relación circunstanciada de los hechos que motivaron su celebración; c) se haga mención de los derechos laborales implicados; d) se ratifiquen ante la propia Junta; y, e) no contengan renuncia de derechos laborales. Ahora bien, si esta clase de acuerdos o liquidaciones son motivo de análisis jurisdiccional, procede estimar de oficio su validez o nulidad, aunque no haya sido motivo de la acción ejercida por un trabajador, en razón de que este tipo de anulación está prevista si no se respeta lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción XXVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ello, puede estudiarse de oficio, atento a la jurisprudencia 195/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 608, Tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: «CONVENIO LABORAL SANCIONADO POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. LAS CAUSAS DE NULIDAD ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN XXVII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBEN DECLARARSE EN EL JUICIO LABORAL O EN EL DE AMPARO, DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE.».’ (cita precedente y datos de localización).—A la cual se avoca esta parte; luego entonces la responsable está obligada legalmente a dirimir la legalidad de los finiquitos máxime que implica que dichos convenios deben tener todos los elementos legales para que sea lícito, como lo determina la tesis que indica: ‘CONVENIOS LABORALES. PARA SU VALIDEZ ES NECESARIO QUE SU APROBACIÓN SEA FIRMADA POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, Y NO ÚNICAMENTE POR ALGUNO DE SUS MIEMBROS.—El segundo párrafo del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo establece una serie de requisitos para que el convenio o liquidación pueda reputarse válido, a saber: a) Constar por escrito; b) Contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motivan; c) Los derechos que comprende; d) Ser ratificado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje; e) Ser aprobado por esa autoridad del trabajo; y, f) No contener renuncia de los derechos del trabajador. Por otra parte, de conformidad con los numerales 982 y 987 de la citada legislación, cuando las partes de una relación laboral fuera de juicio decidan dar por concluido el vínculo de trabajo, o bien, se liquide a un trabajador por parte de su patrón, la aprobación del convenio o liquidación debe hacerse por la Junta y no únicamente por alguno de sus miembros. Consecuentemente, si un convenio no cuenta con las firmas de aprobación de los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sino que fue sancionado únicamente por uno de sus miembros, es inconcuso que no reúne las exigencias previstas en el primero de los preceptos legales referidos para considerarlo válido.’ (cita precedente).—Aun así sus señorías, de los autos litis determinada (sic) e incluso por la contestación que da ferrocarriles, quedó acreditado que dichos convenios jamás adquirieron vida jurídica ni legalidad alguna en atención a que el juicio ********** y resolución ofrecida por las patronales de fecha 28 de mayo de 1997 y acuerdo de 6 de junio de 1997 se advierte claramente que en dicha resolución se condenó a la empresa a dar por terminada la relación laboral de los contratos tanto colectivos como individual de trabajo hasta después del 23 de junio de 1997, tan es así que se permite transcribir el acuerdo del 6 de junio que a la letra dice: ‘México, Distrito Federal, a seis de junio de mil novecientos noventa y siete. Por recibido el escrito presentado con esta fecha, por los ********** y **********, en sus caracteres (sic) de apoderados legales de las partes citadas al rubro, personalidad debidamente acreditada y reconocida en autos, visto su contenido y atento a lo que solicitan, se les tiene por conformes con la resolución emitida con fecha 28 de mayo del año en curso; asimismo por lo que respecta a la terminación de las relaciones tanto colectivas como individuales de trabajo, la aprobación decretada por esta Junta será a partir del 23 de junio del año en curso, surtiendo sus efectos legales al día siguiente de la fecha antes indicada, lo anterior por los motivos que manifiestan los promoventes en su escrito de cuenta para los fines legales conducentes; expídase copia certificada por duplicado de todo lo actuado en el presente expediente, de conformidad con el artículo 723 de la ley laboral. Notifíquese personalmente a las partes. Notifíquese. Así lo proveyeron y firman los representantes que integran la Junta Especial Número Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en unión del presidente titular **********. Doy fe.’.—Quedando constatado en autos que la Junta tiene elementos suficientes para dirimir lo concerniente a la nulidad y como consecuencia de ello la reinstalación pidiendo tomen en cuenta esta tesis: ‘NULIDAD DE CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO Y REINSTALACIÓN. RESULTA IMPROCEDENTE LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN OPUESTA CONTRA ÉSTA.—Si en el juicio laboral el trabajador demanda la nulidad del convenio de terminación de la relación de trabajo firmado con su patrón y la reinstalación en su puesto, con el argumento de que fue obligado a suscribirlo, sea por dolo, mala fe o violencia, o porque haya incurrido en error, será hasta que se resuelva sobre la nulidad del convenio cuando se ponga en evidencia si la relación de trabajo terminó por mutuo consentimiento o por imposición unilateral del patrón. Por tanto, la excepción de prescripción opuesta contra la reinstalación es improcedente, porque esta acción depende del resultado de la de nulidad de convenio; pues de concluir que no hubo acuerdo de voluntades, sino una imposición unilateral del patrón, se traduciría en un despido injustificado; en cambio, si el trabajador no demuestra su afirmación, se evidencia que la terminación del vínculo laboral se debió al acuerdo de voluntades y que no existió despido alguno, lo que haría improcedente la acción de reinstalación.’ (cita datos de localización).—‘MOTIVACIÓN. SÓLO SU OMISIÓN TOTAL O LA QUE SEA TAN IMPRECISA QUE NO DÉ ELEMENTOS PARA DEFENDERSE DEL ACTO, DA LUGAR A LA CONCESIÓN DEL AMPARO.’ (cita datos de localización).—‘CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS.’ (cita datos de localización).—Pues al ‘omitirlo’ afecta a los trabajadores porque ello les permitiría obtener la reinstalación e incluso la jubilación; por ello se les pide a sus señorías tengan a bien conceder el amparo para efectos de que la responsable deje insubsistente el laudo hoy combatido y proceda al ingreso del estudio y derima (sic) lo concerniente a la invalidez, nulidad de los convenios de fechas (sic) 23 de junio de 1997.—Situación que deja en completo estado de indefensión a los hoy quejosos al omitir ingresar a dicho estudio que lógico permitiría la reinstalación de los actores con sus consecuencias legales tomando en cuenta que concesionó la fuente de trabajo a empresas privadas y que se demandaron para estar sabedoras de ello, y ‘olvidar’ valorar, estudiar, dirimir dicha nulidad evita que a los trabajadores que puedan defenderse correctamente de dicho laudo pues existe una incongruencia notoria y falta de fundamentación por lo que pide a ustedes tomen en cuenta las siguientes jurisprudencias (sic): ‘MOTIVACIÓN. SÓLO SU OMISIÓN TOTAL O LA QUE SEA TAN IMPRECISA QUE NO DÉ ELEMENTOS PARA DEFENDERSE DEL ACTO, DA LUGAR A LA CONCESIÓN DEL AMPARO.—Cuando el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan los numerales legales aplicables y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello simplemente basta que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que de manera sustancial se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá conducir a la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación, lo que no acontece cuando la autoridad responsable señala con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tenga en consideración para absolver de lo reclamado.’ (cita datos de localización).—4. Por cuanto a el (sic) otorgamiento y pago de la jubilación ingresa a su estudio con toda la mala fe que le es posible olvidando por completo los preceptos del numeral (sic) 841 y 842 de la ley laboral de cómo deben ser dictados los laudos a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos en conciencia, sin sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas pero expresará los motivos y fundamentos en que se apoyan, así como que éstos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación y demás pretensiones, y esto para nada lo toma en cuenta porque como ángel de la guarda (sic) la patronal únicamente se remite al clausulado (sic) ...; sin embargo, sus señorías, los hoy actores demandaron la jubilación en el presupuesto de que en y durante la relación laboral y antes de que ésta concluyera los actores adquirieron enfermedades de tipo profesional y además sufrieron accidentes.—Luego entonces, sí acreditaron plenamente en términos de todas y cada una de las documentales que se ofrecieron la relación de causa y efecto, por ello, debió resolver lo concerniente al otorgamiento y pago de la jubilación reclamada, motivo de solicitar el amparo para efectos de que valore congruentemente que los trabajadores tienen derecho al otorgamiento y pago de la jubilación.—5. Respecto del Infonavit si bien la condena lo hace sobre cantidades que resultan ínfimas a las que los actores acreditaron máxime que sus documentales no fueron perfeccionadas como consta en autos, luego entonces al no acreditar sus excepciones y defensas lo correcto es que le condene a lo reclamado por los actores.—Por lo que pídese (sic) el amparo en el tenor de este memorial a efecto de que sea revocado el laudo atacado y ordene a la responsable dictar otro ingresando al estudio de la invalidez y nulidad de los convenios finiquitos, decretando la nulidad con todas sus consecuencias legales como es la reinstalación y/o jubilación, las involucradas sean solidarias responsables sustitutas de las resultas del juicio laboral se conden (sic) al IMSS al otorgamiento y pago de las incapacidades e Infonavit responda.—Por todo lo expuesto se pide a sus señorías sea admitido el presente recurso y haga uso de la deficiencia de la queja si le considera necesario para que una vez sustanciado el procedimiento tenga a bien conceder el amparo para los efectos precisados antelativamente."
SÉPTIMO.—Por cuestión de método, el análisis de los conceptos de violación se realizará en orden diverso al planteado en la demanda de amparo.
Resulta inoperante lo que alegan los quejosos respecto del fondo de ahorro reclamado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el sentido de que hay documentales que no fueron perfeccionadas.
Lo anterior es así, porque la violación procesal que refiere no fue impugnada en el amparo directo promovido contra el laudo primigenio de veintiséis (26) de junio de dos mil nueve (2009), que correspondió al DT. **********, resuelto por este órgano colegiado en sesión de dieciséis (16) de agosto de dos mil diez (2010), toda vez que en esa ocasión no se expresó concepto de violación en el que se estimara que se actualizó esa lesión, ni este Tribunal Colegiado de Circuito consideró que operara la suplencia de la queja en ese aspecto, por lo que se tiene por consentido y precluido su derecho a reclamarlo, ya que los motivos de inconformidad esgrimidos son cuestiones que no formaron parte de la litis constitucional y quedaron firmes sin posibilidad de una impugnación posterior.
Cobra aplicación, por no contravenir disposiciones de la Ley de Amparo vigente, conforme a su artículo sexto transitorio, la jurisprudencia 2a./J. 57/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 196, cuyos rubro y texto dicen:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO LAS VIOLACIONES ALEGADAS EN UN SEGUNDO O ULTERIOR JUICIO DE AMPARO, SE COMETIERON EN UN LAUDO ANTERIOR, Y NO FUERON IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE, AUNQUE NO SE HUBIERA SUPLIDO LA QUEJA DEFICIENTE.—Son inoperantes los conceptos de violación encaminados a combatir actos u omisiones de la autoridad responsable, cuando de autos se aprecia que se produjeron en un laudo contra el cual se promovió en su oportunidad juicio de amparo, sin haberse impugnado; por lo que debe entenderse que fueron consentidos y, por ende, el derecho a reclamarlos en amparos posteriores se encuentra precluido, ya que las cuestiones que no formaron parte de la litis constitucional, habrán quedado firmes sin posibilidad de una impugnación posterior, derivado precisamente de ese consentimiento, máxime que dichas violaciones, por virtud de la vinculación de la ejecutoria de amparo, deberán ser reiteradas por la autorid
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28591-31d5d887/vista-a-que-se-refiere-el-parrafo-segundo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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