RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS DENTRO DE UN INCIDENTE INNOMINADO TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 235/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO OCTAVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 8 DE OCTUBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: GUADALUPE MARGARITA ORTIZ BLANCO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre Tribunales Colegiados de distintos circuitos, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de los puntos primero y segundo, fracción, VII, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO. Legitimación de quien promueve. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, órgano que emitió uno de los criterios en posible contradicción.
TERCERO. Criterios materia de la contradicción de tesis. Para verificar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, resulta necesario atender a las consideraciones de las ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes:
I. El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el veinticinco de abril de dos mil catorce el recurso de queja 28/2014 (fojas 8 a 34 del expediente), sostuvo, por unanimidad de votos, en lo que interesa al caso, lo siguiente:
"SEXTO. Procedencia del recurso. Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que el presente recurso de queja resulta improcedente.
"Para corroborar la afirmación anterior, es pertinente destacar de manera esencial los antecedentes que informan la resolución recurrida, los cuales se desprenden del juicio de amparo indirecto 538/2012, del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.
"Por sentencia de cinco de octubre de dos mil doce, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso **********, para el efecto de que el director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, llevara a cabo lo siguiente:
"a) A partir del año de mil novecientos noventa y tres, aumentara la cuantía de pensión del quejoso, conforme a los incrementos a los sueldos básicos de los trabajadores en activo de la plaza que ocupó, observando que no se rebasara la suma de diez salarios mínimos diarios prevista en el ordinal 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo del año de dos mil siete; y,
"b) Acorde con el inciso anterior, determinara a partir del año de mil novecientos noventa y tres, las diferencias entre la cantidad que se ha cubierto al inconforme por pensión y lo que legalmente le correspondía por tal concepto, y se realizara el pago correspondiente (foja 676 vuelta del juicio de amparo).
"Después de que la sentencia causó ejecutoria y previas actuaciones realizadas en la etapa de ejecución de sentencias, mediante acuerdo de nueve de julio de dos mil trece, el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal ordenó la apertura del incidente innominado a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo; y otorgó un término de tres días a las partes para manifestar lo que a su interés conviniera y ofrecieran las pruebas pertinentes (foja 1022 del juicio de amparo indirecto).
"Por auto de siete de agosto de dos mil trece, el Juez del conocimiento tuvo por ofrecidas las pruebas de las partes y, en relación con la pericial en materia de contabilidad ofrecida por el quejoso, se le requirió para que en el término de tres días exhibiera copias del cuestionario respecto del cual versaría la probanza aludida, y señaló que, una vez desahogado dicho requerimiento, se acordaría sobre su admisión.
"Asimismo, en el proveído mencionado, se admitió la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida por la responsable y se le requirió a ésta para que en el plazo de tres días presentara ante el juzgado a la perito designada para aceptar y protestar el cargo conferido.
"Por otro lado, en al acuerdo referido, el Juez giró oficio al director general de Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, para que en el plazo de tres días proporcionara el nombre de la perito en materia de contabilidad que auxiliaría en las labores del juzgado. (fojas 1051 y 1053 del juicio de amparo)
"En auto de catorce de agosto de dos mil trece, se tuvo por recibido el oficio del director general de Especialidades Periciales Documentales de la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República en donde designó a la perito Tita del Rosario Muñoz Romero, por lo que se le otorgó un término de tres días para que compareciera ante el órgano jurisdiccional a aceptar el cargo.
"Una vez realizado lo anterior, por acuerdo de dieciséis de agosto del mismo año, se tuvo por no anunciada la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida por la parte quejosa y, por tanto, se le tuvo por adherida al dictamen que en su oportunidad emitiera la perito oficial (foja 1073 del juicio de amparo).
"Asimismo, en proveídos de dieciséis y veinte de agosto de dos mil trece, se tuvo por aceptado y protestado el cargo de la perito oficial y de la perito asignada por la responsable, respectivamente y se les requirió para que en el término de diez días rindieran su dictamen (fojas 1074 y 1076 del juicio de amparo).
"Mediante auto de veintinueve de noviembre del año citado, el juzgado del conocimiento tuvo por rendido el dictamen de la perito oficial, y le requirió para que en el plazo de tres días compareciera al juzgado a ratificarlo, lo cual realizó el veinte de diciembre del año mencionado (fojas 1135 y 1143 del juicio de amparo).
"Así, el veintisiete de diciembre de dos mil trece, el Juez de Distrito determinó que, al haber transcurrido el plazo otorgado a la perito designada por la autoridad responsable a efecto de rendir el dictamen pericial encomendado, sin emitirlo, se hacía efectivo el apercibimiento decretado y se tuvo por adherida a la autoridad al dictamen de la perito oficial.
"Realizado lo anterior, el veintinueve de enero de dos mil catorce, se dictó la resolución incidental materia del presente recurso de queja.
"En ella, el Juez Federal determinó procedente y fundado el incidente innominado y consideró que la cuota diaria de pensión que debía recibir el quejoso ascendía a $********** y la diferencia entre lo cubierto por pensión y lo que legalmente le correspondía era por la cantidad de $**********.
"El Juez de Distrito arribó a esa conclusión en base a las siguientes consideraciones:
"• En principio, el juzgador transcribió los efectos de la concesión del amparo.
"• Acto seguido, reprodujo el dictamen de la perito oficial, y de su análisis indicó que la profesional utilizó el método analítico-comparativo, pues analizó y revisó el material proporcionado, como es el juicio de amparo, determinó los incrementos de la cuota diaria de pensión de conformidad con los términos ordenados en la sentencia protectora y lo planteado en el cuestionario pericial, consultó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente en mil novecientos ochenta y ocho, así como el acuerdo de siete de agosto de dos mil trece, dictado por ese órgano federal, en el que se ordenó el desahogo de la probanza de mérito y, finalmente, realizó las operaciones aritméticas correspondientes.
"• Así, el Juez del conocimiento sostuvo que en la cédula número uno del dictamen pericial se determinó el porcentaje de incrementos al sueldo básico de los trabajadores en activo por el periodo comprendido entre febrero de mil novecientos noventa y tres a noviembre de dos mil trece.
"• Que en la cédula número dos de dicho dictamen se cuantificó la cuota diaria de pensión incrementada con base en la evolución salarial por el mismo periodo (febrero de mil novecientos noventa y tres a noviembre de dos mil trece), en la cual determinó la cantidad de $**********.
"• Asimismo, el juzgador detalló que en la cédula número tres se cuantificó la pensión pagada y la incrementada conforme a la evolución salarial por el periodo comprendido entre abril de mil novecientos ochenta y ocho (fecha en la que se generó el derecho) a noviembre de dos mil trece, en la cual estimó que la pensión pagada por la autoridad responsable es menor a la pensión determinada conforme a los incrementos solicitados.
"• Por otro lado, el a quo aclaró que en la cédula número cuatro se realizó un comparativo entre la cuota diaria de pensión incrementada con base en los aumentos del sueldo de un trabajador en activo, para determinar si la cuota rebasaba el tope de diez veces el salario mínimo general previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
"• Además, precisó que en la cédula cinco se determinó el aguinaldo por año por el periodo de mil novecientos noventa y tres a diciembre de dos mil doce, obteniendo una diferencia entre lo pagado por el instituto y lo que se debió pagar por la cantidad de $**********.
"• También, el juzgador señaló que en la cédula seis se fijaron los porcentajes y fechas en que fue incrementada la cuota diaria de pensión pagada.
"• Finalmente, el Juez de Distrito precisó que en la cédula número siete se estableció la diferencia entre la pensión pagada y la determinada con la cuota incrementada de acuerdo a los aumentos que tuvieron los sueldos de los trabajadores en activo, concluyendo que existe una diferencia a favor de la parte quejosa por el monto de $**********.
"• Con base en lo anterior, el Juez del conocimiento señaló que para él era indudable que la perito fue clara al precisar, explicar y desarrollar el método utilizado, pues procedió al estudio y revisión de los documentos que obran en el expediente, además de revisar la documentación, determinar los alcances y elaborar las conclusiones conforme a los resultados presentados; motivo por el cual, concluyó que el peritaje en análisis no era dogmático y, por tanto, de conformidad con las facultades discrecionales concedidas a este órgano jurisdiccional por los artículos 197 y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, le concedió pleno valor probatorio.
"• Por estas razones, el juzgador señaló que atendía a la opinión técnica de la perito oficial, pues según su prudente estimación, consideraba, siguió un orden lógico para cuantificar la cuota pensionaria diaria del quejoso y señaló, pormenorizadamente, el procedimiento aplicado para el cálculo de las diferencias resultantes por la nueva determinación de cuota diaria, como se ordenó en la ejecutoria dictada en el juicio.
"• Consecuentemente, concluyó que la autoridad responsable debía cubrir al quejoso la cantidad de $**********, por las diferencias que resultaron a su favor.
"Ahora bien, la autoridad recurrente hace valer, esencialmente, en sus agravios que en la resolución dictada en el incidente innominado no se justifica la correcta determinación de la cuota diaria pensionaria, ni de los montos a que ascienden las diferencias respectivas a favor de la parte quejosa.
"En ese orden de ideas, es importante destacar que la parte recurrente funda el recurso de queja en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo abrogada, estimando este órgano de control constitucional que las reglas de cumplimiento contenidas en dicho ordenamiento son las aplicables al caso concreto, dado que la sentencia concesoria del amparo causó ejecutoria con anterioridad al tres de abril de dos mil trece, fecha en que entró en vigor la Ley de Amparo vigente, resultando aplicables, al caso, las jurisprudencias 1a./J. 49/2013 (10a.) y 2a./J. 91/2013 (10a.), de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables en las páginas 212 y 623, Libros XX y XXI, mayo y junio de dos mil trece, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, respectivamente, cuyo rubro en ambas es el siguiente:
"‘CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LAS DISPOSICIONES RELATIVAS QUE PREVÉ LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 2 DE ABRIL DE 2013, SON APLICABLES A LOS JUICIOS INICIADOS ANTES DE SU ENTRADA EN VIGOR, CUANDO LA SENTENCIA RESPECTIVA CAUSE ESTADO CON POSTERIORIDAD A ESA FECHA.’
"En ese orden de ideas, es dable precisar que el artículo que la autoridad estimó aplicable, a fin de justificar la procedencia del presente recurso, establece lo siguiente:
"‘Artículo 95. El recurso de queja es procedente:
"‘...
"‘VI. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley. ...’
"Así, de la lectura del precepto transcrito se desprende que para la procedencia del recurso de queja deben satisfacerse los siguientes requisitos:
"• Que sea interpuesto en contra de resoluciones dictadas por los Jueces de Distrito, durante la tramitación del juicio de amparo, en el incidente de suspensión, o después de fallado el juicio en lo principal.
"• Que no admitan expresamente el recurso de revisión.
"• Que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes.
"• Que las violaciones no sean reparables por la misma autoridad emisora, ya sea al dictarse la sentencia en la audiencia constitucional, o en otro momento procesal, o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con arreglo a la ley.
"El artículo de que se trata contiene requisitos de procedibilidad relacionados con la intención de garantizar la expeditez del amparo, dada su naturaleza de juicio concentrado y sumario, en función de lo cual el legislador previó la manera de evitar su uso en forma desmedida y con el propósito de no retrasar innecesariamente el desarrollo del procedimiento constitucional, habida cuenta de que, respecto de las resoluciones emitidas después de dictada la sentencia definitiva, en específico, en la etapa de cumplimiento, debe privilegiarse que se trata de cuestiones de orden público e interés social, buscándose la continuidad procesal y la celeridad, a fin de no interrumpir el procedimiento de ejecución de sentencia, para lograr en el menor tiempo posible la restauración de los derechos de los justiciables.
"Ahora bien, la resolución recurrida dictada por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, cumple con los dos primeros de los requisitos de procedencia, en virtud de que fue emitida después de dictada la ejecutoria de amparo y se trata de una determinación que no es impugnable a través del recurso de revisión, al no estar comprendida en los supuestos de procedencia que limitativamente establece el artículo 83 de la Ley de Amparo abrogada.
"Sin embargo, aun considerando la naturaleza trascendental de la resolución reclamada, en consideración de este órgano colegiado, no se cumple con la condición consistente en que las posibles vulneraciones aducidas en el recurso de queja causen un perjuicio irreparable por el Juez Federal o, incluso, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con arreglo a la ley.
"Ello es así, porque la resolución recurrida, al haber determinado la cuota pensionaria que debe pagarse al quejoso y las diferencias que existen a su favor, sólo constituye la base para que el Juez de Distrito realice los requerimientos de cumplimiento, hasta lograr el acatamiento del fallo protector, y atendiendo a las etapas que pueden llegar a desarrollarse en la etapa de ejecución, proporciona los elementos de convicción suficientes, para que en caso de apertura del incidente de inejecución de sentencias previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo abrogada, el Tribunal Colegiado en su oportunidad, pueda emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda y, en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuente con los elementos de convicción para ejercer integralmente sus facultades como órgano terminal en materia de ejecución de sentencias.
"Consecuentemente, en el presente caso, las violaciones alegadas en el recurso de queja, en relación con el incidente innominado, en el cual se determinaron los montos materia de la etapa de ejecución de sentencia, son reparables, incluso, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"A fin de explicar lo anterior, se precisa que de una interpretación de los preceptos establecidos en el capítulo XII, de la Ley de Amparo abrogada, denominado ‘De la ejecución de las sentencias’, se llega a la conclusión de que la autoridad sustanciadora del juicio de garantías, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado, en caso de amparo directo, está obligada a velar por el exacto y debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, sin que puedan archivar algún asunto quedando pendiente la ejecución de la sentencia de amparo.
"Para el logro de la exacta y debida observancia de las ejecutorias de amparo, el artículo 111 de la ley de la materia aplicable otorga facultades a la autoridad que conoció del juicio para dictar u ordenar todo lo necesario para allanar los obstáculos que pudieran entorpecer ese cumplimiento, de lo cual se deduce la facultad implícita de requerir a todas aquellas autoridades o partes en el juicio que, de alguna forma, se encuentren vinculadas con dicho objetivo.
"En su caso, de realizarse actuaciones tendentes a acatar el núcleo esencial de los efectos del fallo protector, con fundamento en el artículo 113, el Juez Federal tendrá la obligación de pronunciarse en relación con el acatamiento de la ejecutoria de amparo, momento en el cual podrá determinar lo conducente en relación con las actuaciones desplegadas por las autoridades vinculadas en confrontación con los efectos del fallo.
"De igual manera, de ser el caso que la autoridad responsable sea contumaz, renuente o eluda total o parcialmente el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la sentencia de amparo, a pesar de que el órgano federal agotó todos los medios existentes, el Juez de Distrito aperturará el incidente de inejecución de sentencia y remitirá los autos a la superioridad para su conocimiento, incidencia de la cual conocerá en última instancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Ciertamente, tratándose del acatamiento de las ejecutorias de amparo, la decisión terminal corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien el Constituyente ha reservado la facultad originaria para aplicar a las autoridades responsables las prevenciones del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el incidente de inejecución de sentencia.
"Por tanto, en el ejercicio de esa atribución, nuestro Máximo Tribunal tiene facultades que van desde la revisión del trámite del procedimiento de ejecución, por tratarse de un presupuesto procesal, hasta, incluso, disponer de oficio el cumplimiento sustituto a las ejecutorias de amparo, por lo cual puede sancionar y revisar la legalidad no sólo de las actuaciones procesales relativas, sino, inclusive, de las decisiones emitidas en las resoluciones interlocutorias posteriores a la emisión de la ejecutoria respectiva, atendiendo a que con cuestiones relacionadas con el acatamiento del fallo protector, que no son vinculatorias para nuestro Máximo Tribunal.
"Así lo definió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el incidente de inejecución 62/2000, que dio origen a la tesis aislada número P. XIX/2004, visible en la página 148 del Tomo XIX, mayo de dos mil cuatro, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto dicen:
"‘SENTENCIAS DE AMPARO. LA LEGALIDAD DE LA INTERLOCUTORIA RELATIVA A SU CUMPLIMIENTO SUSTITUTO DEBE VERIFICARSE POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.’ (se transcribe)
"Se estima pertinente transcribir la ejecutoria de la cual derivó la tesis aislada citada, que en la parte que interesa establece: (se transcribe).
"De ese modo, se insiste, en la resolución interlocutoria solamente se determinó, por lo que respecta a la determinación de la pensión diaria del quejoso, que ésta debía aumentarse la cantidad de $**********; y en relación con las diferencias existentes, que se reintegrara al patrimonio del justiciable el monto de $**********, por concepto de diferencias, atendiendo a los dos aspectos previamente establecidos en la ejecutoria de amparo, estos es, se estableció que el procedimiento de ejecución de sentencia debían continuar y efectuarse los requerimientos previstos en el artículo 105 de la Ley de Amparo en esos términos, con lo que se cumplía con la finalidad de precisar el alcance material de la ejecutoria de amparo para el correcto desenvolvimiento de la etapa de ejecución de sentencia, evitando posteriores reposiciones innecesarias por no haber recabado los elementos de convicción necesarios para dar contenido material a los efectos del fallo constitucional.
"Así, será al momento de pronunciarse respecto del cumplimiento o no del fallo protector, o bien, al determinarse que éste no se ha dado por causas imputables a la responsable (lo que llevaría a la apertura del incidente de inejecución de sentencia), cuando el Juez Federal deberá tomar en consideración lo relativo a los efectos del fallo protector que se ha traducido a cantidad líquida, emitiendo un pronunciamiento expreso para determinar que se acató la ejecutoria, o bien, determinar si existe un incumplimiento total o parcial en relación con las obligaciones a que se encontrarán constreñidas las autoridades vinculadas con la ejecución del fallo, pudiendo, incluso, reparar alguna vulneración a los derechos de las partes.
"Además, en el caso de incumplimiento, se aperturará el incidente de inejecución de sentencia, en el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerá sus facultades originales y terminales, para revisar todo el procedimiento de ejecución de sentencia y los elementos de convicción aportados en autos, para determinar lo conducente en relación con las conductas contumaces de las autoridades vinculadas con el acatamiento del fallo constitucional, pudiendo, incluso, ordenar su separación; por lo tanto, resulta evidente que la resolución aquí reclamada (dictada en el incidente innominado para determinar cantidades), es una actuación cuyos daños y perjuicios pueden ser reparados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Habida cuenta de que el acto aquí combatido sólo tendrá como consecuencia requerir el cumplimiento del fallo protector en términos del artículo 105 de la Ley de Amparo abrogada, respecto de lo cual la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 56/2002-PS, en sesión de veintinueve de octubre de dos mil tres, determinó que el recurso de queja establecido en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, es improcedente contra el requerimiento formulado a la autoridad responsable para el cumplimiento del fallo protector emitido en un juicio de amparo, al ser una cuestión reparable por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer del incidente de inejecución de sentencia.
"El criterio de referencia se encuentra contenido en la jurisprudencia 1a./J. 61/2003, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 52 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, febrero de 2004, correspondiente a la Novena Época, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente:
"‘QUEJA. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REQUERIMIENTO FORMULADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR.’ (se transcribe)
"De esa manera, es dable considerar que la resolución de veintinueve de enero de dos mil catorce no cumple con el cuarto requisito de procedencia establecido en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, porque en su momento puede ser analizada junto con todo el procedimiento de ejecución de sentencias y medios de convicción aportados en el juicio de amparo de origen, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien podrá reparar las posibles violaciones cometidas en contra de las partes.
"A mayor abundamiento, debe señalarse que, incluso, recientemente el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró por unanimidad (sic), al resolver el recurso de queja número QA. 188/2009, lo siguiente: (se transcribe).
"Del texto transcrito se observa que el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación estableció que en las resoluciones dictadas en la etapa de ejecución de sentencia, aun tratándose de aquellas en las cuales se debata la imposibilidad de concretar los efectos protectores, esas instancias sólo se deben considerar como la forma de recabar elementos de convicción y establecer las premisas necesarias para continuar con los requerimientos de cumplimiento, como lo considere el juzgador federal, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye el órgano terminal que conocerá del incidente de inejecución de sentencia y es en dicho momento en el cual, con independencia de lo ya decidido, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, revisará todo el procedimiento para determinar lo que en derecho corresponda, sin encontrarse sujeta a lo establecido previamente.
"Por ello, tramitar el recurso de queja sólo dilataría el procedimiento de cumplimiento, sobre todo si se considera que, como se especificó en la resolución transcrita, el recurso de queja tiene una materia limitada que sólo abarca al incidente innominado, empero, en el incidente de inejecución de sentencia se abarcará la totalidad de los efectos del fallo protector.
"En la inteligencia de que la Ley de Amparo abrogada también establece otros momentos en los cuales se puede abordar el estudio de las actuaciones relativas al acatamiento del fallo protector, y en los cuales se puede reparar las violaciones que se aducen en el recurso de queja, como lo puede ser el recurso de queja establecido en el artículo 96 de la Ley de Amparo abrogada.
"En consecuencia, resulta improcedente el recurso de queja intentado, ya que considerar lo contrario propiciaría que respecto de las determinaciones tomadas por los Jueces de Distrito en la etapa de ejecución de las sentencias de amparo, se tuviera abierta la posibilidad para impugnar las violaciones que se estimen cometidas en esa fase, en demérito del principio de concentración y celeridad que rige en materia de cumplimiento de las sentencias de amparo.
"Por lo tanto, procede desechar por improcedente el presente recurso de queja.
"Por último, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional la existencia del criterio aislado, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver la queja 38/2005, identificada con el número de tesis XXI.1o.P.A.38 K, visible en la página 1477, Tomo XXII, septiembre de dos mil cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es de la siguiente literalidad:
"‘INCIDENTE INNOMINADO PARA DETERMINAR LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA DE DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA AMPARADORA. LA INTERLOCUTORIA QUE SE DICTA EN ÉL, ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL RECURSO DE QUEJA.’ (se transcribe)
"Sin embargo, este Tribunal Colegiado de Circuito, por las razones expuestas en el presente fallo, no comparte los motivos indicados en el criterio aislado que se cita."
II. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el nueve de junio de dos mil cinco, el recurso de queja 38/2005 (fojas 52 a 80 del expediente), sostuvo, en lo que interesa al caso, lo siguiente:
"SEGUNDO. No serán materia de análisis la interlocutoria cuestionada ni los agravios que propone el promovente del recurso, porque este último debe desecharse por haberse interpuesto de manera extemporánea, como a continuación se explica:
"Para mejor comprensión del sentido de este fallo, conviene apuntar que la resolución que se impugna es la interlocutoria de cinco de abril de dos mil cinco, que dictó el Juez Quinto de Distrito en el Estado, en el incidente innominado que sustanció oficiosamente para determinar si existe imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la sentencia protectora que recayó al juicio de amparo indirecto número **********, que promovió **********, contra el presidente municipal de Iguala, Guerrero y otros, de quienes reclamó la orden de privarlo de la propiedad y de la posesión del predio de su propiedad con una superficie de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25380-03a802f6/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-95 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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