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PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL O DE INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, AL DISPONER, COMO REGLA GENERAL, QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.

Tipo de asunto: QUEJA 215/2014. · Registro digital (IUS): 26495
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-08-26
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Pág. 1031.

PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL O DE INSPECCIÓN JUDICIAL. EL ARTÍCULO 119 DE LA LEY DE AMPARO, AL DISPONER, COMO REGLA GENERAL, QUE EL PLAZO PARA SU OFRECIMIENTO NO PODRÁ AMPLIARSE CON MOTIVO DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.

QUEJA 215/2014. 15 DE ABRIL DE 2015. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JUAN N. SILVA MEZA, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JOEL ISAAC RANGEL AGÜEROS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del recurso de queja.(1)

SEGUNDO.-El recurso de queja es procedente,(2) con fundamento en el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo.(3)

TERCERO.-Para una mejor comprensión del asunto, conviene destacar los antecedentes relevantes del caso, que se advierten de las constancias que obran en autos del juicio de amparo ********** y del recurso de queja ********** del índice del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Por escrito presentado el doce de febrero de dos mil catorce en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, **********, por conducto de su representante legal, promovió demanda de amparo en contra de diversas autoridades y controvirtió como acto reclamado, esencialmente, la regularidad constitucional del artículo noveno transitorio, fracción XXV, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Anunció en el apartado número siete de pruebas, la pericial contable, en los siguientes términos:

"7) Pericial contable.-Consistente en el cuestionario que habrá de contestar el perito C.P. **********, con cédula profesional número **********, con domicilio en calle **********, C.P. **********, en el **********, a efecto de acreditar en base a los papeles de trabajo y declaraciones ofertadas al juicio, la existencia del saldo de CUFIN determinada en ejercicios anteriores a 2001 y su debida actualización a la fecha."

Por auto de catorce de febrero de dos mil catorce, el Juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal admitió a trámite la demanda, la registró con el número **********, señaló como fecha para la celebración de la audiencia constitucional, el diez de marzo de dos mil catorce a las once horas.

En el citado auto, el Juez de Distrito del conocimiento determinó que respecto de la prueba pericial contable, que anunció la parte quejosa, no era posible acordar lo solicitado, ya que no exhibió el cuestionario ni las copias para correr traslado a cada una de las partes, tal y como lo establece el artículo 119 de la Ley de Amparo.

Mediante acuerdo de diez de marzo de dos mil catorce, el Juez de Distrito del conocimiento, difirió la audiencia constitucional para el ocho de abril de dos mil catorce.

Por escrito presentado el dieciocho de marzo de dos mil catorce en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, la parte quejosa exhibió el cuestionario para la prueba pericial contable, que manifestó haber ofrecido en su escrito inicial de demanda.

En acuerdo de veinte de marzo de dos mil catorce, el Juzgador Federal, desechó la prueba pericial contable, al considerar que el ofrecimiento de la misma, fue extemporáneo, al haber transcurrido en exceso el término previsto en el párrafo tercero del artículo 119 de la Ley de Amparo, ya que si bien la parte quejosa manifestó haber ofrecido la prueba de que se trata en su escrito inicial de demanda, lo cierto es que no ofreció el cuestionario relativo, por lo que tampoco era procedente requerirlo para que presentara las copias de traslado del mismo en términos de la norma citada.

El acuerdo establece:

"México, Distrito Federal, a veinte de marzo de dos mil catorce.

"Visto el escrito signado por **********, autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), por medio del cual pretende ofrecer la prueba pericial en materia contable; al respecto, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que resulta extemporáneo su ofrecimiento al no hacerlo en los términos que establece el párrafo tercero del artículo 119 de la Ley de Amparo, es decir, cinco días hábiles antes del señalado inicialmente para la celebración de la audiencia constitucional, sin tomar en cuenta el día del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia constitucional.

"Lo anterior, porque debió ofrecer la probanza aludida a partir de la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que trata de probar o desvirtuar con la misma, en el caso, al menos, desde el momento en que presentó su demanda y en el plazo que ordena el propio artículo 119 de la Ley de Amparo, y como en la especie con la prueba aludida, la parte quejosa pretende acreditar la existencia del saldo de Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), determinada en ejercicios anteriores a dos mil uno y su debida actualización a la fecha, por lo tanto, la parte oferente ya tenía conocimiento desde ese momento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar, es decir, con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo, tomando como referencia la audiencia inicial.

"Por lo que el anuncio de la prueba pericial en materia de contabilidad, debía efectuarse antes de la fecha que inicialmente fue fijada para la celebración de la audiencia constitucional (once horas del diez de marzo de dos mil catorce) y no, de la fecha señalada posteriormente (nueve horas con treinta minutos del ocho de abril de dos mil catorce), por tanto, el ofrecimiento que pretende de tal probanza en el escrito que se acuerda, resulta fuera del plazo a que alude el párrafo tercero del artículo 119 de la Ley de Amparo; en consecuencia, dicho ofrecimiento resulta extemporáneo.

"Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 19/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 107, del Tomo V, de febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: ‘PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. TÉRMINO ENTRE LA NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA Y LA AUDIENCIA.’ (se transcribe)

"Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 7/96, de la Novena Época, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, visible en la página 53, cuyos rubro y texto son: ‘PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA.’ (se transcribe)

"También resulta aplicable la tesis número VI.1o.C.14 K, de la Novena Época, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, localizable en la página 1024, que es del tenor literal siguiente: ‘PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL OFRECIDAS CON POSTERIORIDAD AL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO POR EL JUEZ DE DISTRITO, CUANDO SE ADVIERTE QUE EL QUEJOSO YA TENÍA CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS.’ (se transcribe)

"En consecuencia, se desecha la prueba pericial en materia de contabilidad pretendida por la parte quejosa, toda vez que resulta extemporánea, al no ser ofrecida en los términos que establece el párrafo tercero del artículo 119 de la Ley de Amparo.

"Sin que obste a lo anterior la manifestación que vierte la parte quejosa en su escrito de cuenta, en el sentido de que ‘... en virtud de que en el escrito inicial de demanda específicamente en el capítulo de pruebas la quejosa ofreció como probanza la prueba pericial contable ...’, toda vez que la misma no se ofreció en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, el cual establece: (se transcribe)

"Esto es, la parte que ofrezca la prueba pericial, deberá exhibir original y copias del cuestionario o de los puntos sobre los que deba versar, para cada una de las partes y para los peritos, situación que no cumplió la parte quejosa, pues en el capítulo de pruebas que indica, solamente manifestó: (se transcribe)

"Es por ello que el catorce de febrero de dos mil catorce, se acordó que no era posible acordar de conformidad lo solicitado por la quejosa, respecto de la prueba pericial que mencionaba, pues no había exhibido el cuestionario para los peritos o los puntos sobre los que debía versar esa probanza.

"Máxime si se toma en consideración que el artículo 119 aludido, únicamente señala que cuando falten total o parcialmente las copias del cuestionario, sobre el que se desahogará la pericial ofrecida, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; sin embargo, no señala que deba requerirse al oferente cuando lo que falte sea el cuestionario correspondiente, por tanto, no existía obligación de este juzgador de requerir a la parte quejosa, la exhibición del mismo, pues dicha carga procesal es exclusiva de quien ofrezca dicha probanza.

"Notifíquese y personalmente a la parte quejosa."

Mediante escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil catorce en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, la autorizada de la empresa quejosa, interpuso recurso de queja, en contra del acuerdo de desechamiento de fecha veinte de marzo de dos mil catorce, emitido por el Juez de Distrito del conocimiento y, en su único agravio, hizo valer -en síntesis- lo siguiente:

• La prueba pericial contable se ofreció en tiempo y forma de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, pues se anunció en el escrito de demanda de amparo el día doce de febrero de dos mil catorce, fecha en la que aún no se señalaba el día para la celebración de la audiencia constitucional. Por lo que fue dentro del plazo establecido en el precepto legal en cita y si bien no se exhibió el cuestionario, ni las copias respectivas para su traslado, esto no origina que se tenga por no anunciada la prueba.

• Resultan dos cuestiones distintas el ofrecimiento y el desahogo de la prueba, de modo que el plazo previsto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, para el ofrecimiento es de cinco días antes de la audiencia de ley, sin contar el día del ofrecimiento ni el de la audiencia, de ahí que el desahogo pueda realizarse con posterioridad, sin que exista plazo para este último.

• El juzgador tiene la obligación de efectuar requerimientos al oferente de la prueba tendente al desahogo, tal y como se desprende del artículo 119 de la Ley de Amparo.

• No resultaba procedente que el a quo desechara la prueba pericial, por el contrario, de conformidad con los párrafos quinto y sexto del artículo 119 de la Ley de Amparo, debía requerir al oferente de la prueba para que exhibiera el cuestionario y las copias correspondientes, para que los peritos pudieran rendir el dictamen pericial.

• No son aplicables los criterios jurisprudenciales que se citaron en el acuerdo recurrido, pues éstos hace referencia al artículo 151 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido -asevera- cambió sustancialmente, pues el numeral 119 del propio ordenamiento vigente, prevé la obligación para el Juez de Distrito de requerir el cuestionario, cuando éste faltase en su totalidad.

• De considerar que la interpretación que hace el a quo es correcta, el recurrente adujo la inconstitucionalidad del artículo 119, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo por ser violatorio de los artículos 1o. y 14 constitucionales, al limitar la presentación de la prueba únicamente en la primera audiencia, sin importar que dicha audiencia se difiera, lo cual -afirma- atenta contra la debida defensa al no dar oportunidad de ofrecerlas con posterioridad al diferimiento, así como contra el principio pro persona.

• El diferimiento de la audiencia conlleva a su no celebración, por lo que no se retrasa el procedimiento al ofrecer pruebas.

CUARTO.-De los argumentos que aduce el recurrente, se advierte que se refieren a la interpretación del artículo 119 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, la cual afirma que debe separarse de la que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del diverso numeral 151 de la Ley de Amparo, que estuvo en vigor hasta el día dos del mes y año mencionados, debido a que su contenido cambió sustancialmente.

Cabe precisar que aun cuando en las respectivas iniciativas, dictámenes y discusiones de las Cámaras de Senadores y Diputados, referentes a la Ley de Amparo vigente, no existe referencia expresa a las razones que llevaron a establecer el texto del artículo 119 -salvo una reserva que proponía un texto distinto, la cual no fue admitida a discusión-, de su contenido puede advertirse que en él se conjuntaron los diversos 150 y 151 de la Ley de Amparo abrogada.

Además, cabe precisar que los párrafos que regulaban la designación de perito o peritos en el referido numeral 151 de la anterior ley de la materia, se disgregaron y ubicaron en el artículo 120 de la Ley de Amparo vigente.

Tales asertos se corroboran con el cuadro siguiente:

Ver cuadro

Ahora, como lo aduce el recurrente, en el párrafo sexto de la norma vigente se adicionó la obligación, para el Juez de Distrito, consistente en que, cuando falten total o parcialmente las copias de los interrogatorios para examinar a los testigos, el cuestionario para los peritos o los puntos sobre los que deba versar la inspección, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días, así como que, en caso de no exhibirlas, se tendrá por no ofrecido el medio de convicción.

Sin embargo, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advierte que la diferencia de mérito -además de otras que existen entre el artículo vigente y la norma abrogada- tiene su origen en la evolución del ejercicio interpretativo que realizó este Alto Tribunal, respecto del numeral 151 de la Ley de Amparo anterior.

Para demostrar tal aserto es oportuno hacer referencia a diversos criterios:

Al resolver la contradicción de tesis 3/83, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la siguiente jurisprudencia:

"PRUEBAS PERICIAL Y TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DE LAS COPIAS DEL CUESTIONARIO O INTERROGATORIO NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO SINO SÓLO A QUE SE REQUIERA AL OFERENTE, SIEMPRE Y CUANDO EXISTA TIEMPO PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN SIN QUE SE AFECTE AL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL DE LAS PARTES.-De conformidad con el artículo 151 de la Ley de Amparo, las pruebas pericial y testimonial deberán ser ofrecidas cinco días antes de la fecha señalada para la audiencia, exhibiendo copias para las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos o del cuestionario para los peritos, a fin de que estén en posibilidad de formular, por escrito o verbalmente, repreguntas al verificarse la audiencia o puedan designar también un perito para que se asocie al nombrado por el Juez o rinda dictamen por separado, según se trate de prueba testimonial o pericial. Por lo tanto, debe considerarse que las copias de los interrogatorios o de los cuestionarios sí deben ser exhibidos en el término previsto en el artículo en comento, pues, de lo contrario, se imposibilitaría a las partes para repreguntar a los testigos en la audiencia respectiva, para designar también un perito que se asociara al nombrado por el Juez o rindiera un dictamen por separado, a no ser que se difiriera la audiencia, retrasándose el procedimiento. Consecuentemente, cuando se ha hecho el ofrecimiento de las citadas puebas (sic) exactamente cinco días antes del fijado para la audiencia, pero se ha omitido la exhibición de las copias, no procede requerir al oferente para que la exhiba, sino que se deben tener por no ofrecidas, ya que no existe tiempo suficiente para subsanar la omisión sin que se cause perjuicio a las demás partes o a la celeridad del procedimiento. Sin embargo, como esta disposición está inspirada en el principio de igualdad procesal de las partes, lo que significa que mientras esta igualdad se conserva no se deben desechar las pruebas por la falta del cumplimiento de este requisito, debe considerarse que no deben desecharse dichas pruebas cuando han sido ofrecidas con mayor anticipación, de tal manera que sea posible prevenir al oferente para que aporte las copias respectivas y, a la vez, el Juez pueda ordenar su entrega a las demás partes en el juicio de amparo contando éstas con tiempo suficiente para formular repreguntas, designar otro perito o formular otro cuestionario, sin que tenga que diferirse la audiencia. Lo anterior permite concluir, que el criterio que debe seguirse, en términos generales, es que la falta de aportación de las copias necesarias no da lugar al desechamiento de las pruebas, sino sólo a que se prevenga al oferente, cuando ello no ocasione perjuicio a las demás partes del juicio ni a la celeridad del procedimiento. Este criterio se funda, además, en la aplicación analógica de los artículos 120 y 146 de la Ley de Amparo, pues si conforme a estos preceptos el Juez no debe desechar la demanda cuando el quejoso no exhibe las copias para las demás partes, sino que debe prevenir al promovente para que las presente dentro del término de tres días, igualmente deberá darse oportunidad al oferente de las pruebas para que presente las copias de los interrogatorios o cuestionarios faltantes, con la condición, claro está, de que en el caso de que se trate, no se vulnere al susodicho principio de igualdad procesal."(4)

Tal criterio se confirmó nuevamente con la jurisprudencia P./J. 12/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DE LAS COPIAS DEL INTERROGATORIO AL MOMENTO DE ANUNCIARLA NO DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO SINO A QUE SE REQUIERA AL ANUNCIANTE.-El artículo 151 de la Ley de Amparo establece que la prueba testimonial deberá ser anunciada cinco días antes de la fecha señalada para la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia, para cada una de las partes, de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos a fin de que estén en posibilidad de formular por escrito o verbalmente repreguntas al verificarse la audiencia. Este dispositivo legal está inspirado en el principio de igualdad procesal de las partes, el cual implica que éstas deben tener en el proceso un mismo trato, es decir, que se les debe dar las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos y ejercitar sus defensas. Por tanto, mientras esa igualdad procesal de las partes se conserva, no es válido que se deseche una prueba testimonial anunciada en tiempo, sólo por no haberse cumplido el requisito formal de exhibir la parte o la totalidad de las copias del interrogatorio al momento de anunciarse, sino que debe requerirse al anunciante para que las exhiba, ya que en estos casos existe la posibilidad de que las partes del litigio constitucional puedan conocer el interrogatorio para los testigos y preparar sus repreguntas sin afectar la celeridad del proceso. Por tanto, sólo se le deberá desechar o tener por no anunciada la prueba, cuando no exhiba las copias respectivas en el término perentorio que para tal efecto se le otorgue."(5)

De las jurisprudencias transcritas, se aprecia que se consideró que el artículo 151 de la Ley de Amparo abrogada, se inspiró en el principio de igualdad procesal de las partes, el cual implica que éstas deben tener en el proceso un mismo trato, es decir, que se les debe dar las mismas oportunidades para hacer valer sus derechos y ejercitar sus defensas, por lo cual, se concluyó que no se debían desechar las pruebas por la falta de exhibición de las copias de los interrogatorios o de los cuestionarios, siempre y cuando la prueba se hubiera ofrecido con la anticipación suficiente para que se formulara requerimiento, la parte oferente aportara las copias respectivas y, a la vez, se pudiera realizar su entrega a las demás partes en el juicio de amparo, contando éstas con tiempo suficiente para formular repreguntas, designar otro perito o formular otro cuestionario.

Por tanto, se estableció el criterio consistente en que, en términos generales, la falta de aportación de las copias necesarias no da lugar al desechamiento de las pruebas, sino sólo a que se prevenga al oferente, cuando ello no ocasione perjuicio a las demás partes del juicio ni a la celeridad del procedimiento, ello con la finalidad de que no se vulneraran los principios de igualdad procesal y celeridad o expeditez del procedimiento.

Nótese que esta interpretación del artículo 151 de la Ley de Amparo abrogada, coincide con el contenido del sexto y séptimo párrafos del artículo 119 de la ley de la materia vigente y, precisamente ésta relacionado con la obligación del juzgador de requerir las copias del cuestionario, interrogatorio o puntos respecto de los cuales versaría la prueba.

Por otra parte, al resolver la contradicción de tesis 25/93, el Pleno estableció la siguiente jurisprudencia:

"PRUEBAS PERICIAL, TESTIMONIAL Y DE INSPECCIÓN JUDICIAL EN EL AMPARO. SU OFRECIMIENTO DESPUÉS DEL DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA.-Este Pleno modifica la jurisprudencia que en la compilación de 1988, Segunda Parte, página 2435, aparece con el número 1533 y que establece ‘PRUEBAS TESTIMONIAL Y PERICIAL EN EL AMPARO, CUANDO SE DIFIERE LA AUDIENCIA.-Es procedente admitir las pruebas testimonial y pericial para la audiencia en el amparo, cuando la inicialmente señalada ha sido diferida de oficio por el Juez de Distrito, y no a petición de las partes’; y, asimismo, se aparta del criterio contenido en la última tesis relacionada con dicha jurisprudencia, que establece, esencialmente, que es inexacto que cuando la audiencia se difiere de oficio, se puedan ofrecer dichas pruebas para la audiencia diferida, agregando que cuando no se anuncian oportunamente para la primera audiencia, no pueden ofrecerse para la segunda, porque ya se perdió el derecho. Partiendo de la hipótesis de que las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial no fueron ofrecidas antes de la audiencia inicial, que ésta se difirió y que en el nuevo periodo sí se ofrecieron con la anticipación requerida por el artículo 151 de la Ley de Amparo, en relación con la fecha de la segunda audiencia, el nuevo criterio sostenido por este Pleno se apoya en dos principios básicos: En primer lugar, el de la expeditez del procedimiento de amparo que deriva de su naturaleza sumaria, de acuerdo con el cual, si las mencionadas pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida por el citado precepto, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; y en segundo, el cimentado en el respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, lo que significa que ésta, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas aludidas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, que tal plazo se dé a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas, conocimiento que puede inferirse de los datos y elementos objetivos de los autos. Así, por ejemplo, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el periodo posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono; en cambio, si el oferente no conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, como cuando el quejoso se entera de él con motivo del informe justificado rendido poco antes de la audiencia, o como cuando el tercero perjudicado es llamado a juicio sin tiempo suficiente para ofrecer esos elementos probatorios, entonces sí pueden proponerse legalmente con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha, ejemplos que pueden multiplicarse teniendo en común, todos ellos, que desde el punto de vista jurídico el oferente no debe quedar indefenso en la materia probatoria examinada, por causas ajenas a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. Conforme a este criterio, por tanto, carece de importancia el hecho de que la audiencia se haya diferido de oficio o a petición de parte, debiendo atenderse a los principios expuestos, cuya aplicación permite dar a cada parte el trato que amerita su propia situación procesal."(6)

El criterio transcrito se basó en el principio de expeditez del procedimiento de amparo, de acuerdo con el cual, si las pruebas no se ofrecen con la anticipación exigida, ya no pueden ofrecerse con posterioridad por haber precluido ese derecho procesal; así como por el diverso de respeto a la garantía de defensa de la parte oferente, conforme al que está, para gozar de la oportunidad de ofrecer las pruebas, no sólo debe contar con el plazo de cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin incluir el del ofrecimiento ni el señalado para la celebración de la audiencia, sino además, tal plazo empieza a partir de la fecha en que tenga conocimiento del hecho que trate de probar o desvirtuar con dichas probanzas.

Por tanto, se determinó que, cuando la parte oferente ya tenga conocimiento del hecho o situación cuya certeza trata de probar o desvirtuar, con tiempo anterior al término señalado en el citado artículo 151, tomando como referencia la audiencia inicial, ya no podrá válidamente ofrecerlas en el periodo posterior, porque ha precluido su derecho por su abandono.

En cambio, si no se conocía el hecho con la oportunidad legal suficiente, entonces sí podían proponerse legalmente los medios de convicción con posterioridad a la primera fecha de la audiencia, respetando siempre los términos del artículo 151, sólo que tomando como indicador la segunda fecha señalada para la audiencia del juicio.

Tal criterio, aun cuando se refiere a la interpretación del artículo 151 de la Ley de Amparo anterior, es coincidente con lo que prevé el quinto párrafo del artículo 119 de la Ley de Amparo vigente, en el sentido de que el plazo para ofrecer las pruebas -cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia- no puede ampliarse tratándose de hechos conocidos.

Sin embargo, cuando se trate de aspectos que no se conocieran por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, sí se podrían ofrecer los medios de prueba, tomando como indicador -para el plazo respectivo- la nueva fecha señalada para la audiencia.

Por otra parte, en la jurisprudencia P./J. 75/2001, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó -entre otros preceptos- lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Amparo anterior, concluyendo que si bien en dichos preceptos no se establecía la obligación de dar el nombre de los testigos, de su análisis, se infería que el Juez debía conocer el nombre de aquéllos, a efecto de llevar a cabo la preparación de dicha prueba.

Por ello, el oferente de la prueba testimonial debía, previamente a la celebración de la audiencia constitucional, proporcionar el nombre de las personas que rendirían su testimonio, a fin de que las partes en litigio constitucional, así como el Juez Federal, tuvieran conocimiento de las personas que lo prestarían y de esta manera estuvieran en aptitud de determinar su idoneidad, permitiendo que se formularan y prepararan oportunamente las repreguntas y, en su caso, la posible impugnación de dicha idoneidad, lo que se traducirá en otorgar a las partes la misma igualdad procesal para hacer valer sus derechos y ejercer sus defensas, brindándoles así certeza jurídica.

El criterio de referencia se redactó con el texto y rubros siguientes:

"TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES REQUISITO DE FORMA QUE AL OFRECERSE, SE PROPORCIONE EL NOMBRE DE LOS TESTIGOS.-Una correcta interpretación de lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Amparo, inspirada en los principios de seguridad, igualdad y certeza jurídica, en relación con lo previsto en los artículos 165, 167, 174, 176, 179 y 182 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a aquella ley, en términos de su artículo 2o., conduce a evidenciar que si bien dichos preceptos no establecen la obligación de dar el nombre de los testigos, de su análisis se infiere que el Juez deberá conocer el nombre de aquéllos, a efecto de llevar a cabo la preparación de dicha prueba, ya sea a virtud de los que deba citar, de sustanciar un exhorto, o bien, al protestarlos, por lo que el oferente de la prueba testimonial deberá, previamente a la celebración de la audiencia constitucional, proporcionar el nombre de las personas que rendirán su testimonio, a fin de que las partes en litigio constitucional, así como el Juez Federal, tengan conocimiento, con precisión, de las personas que lo prestarán y de esta manera estén en aptitud de determinar su idoneidad, permitiendo que se formulen y preparen oportunamente, por escrito o verbalmente, las repreguntas y, en su caso, la posible impugnación de dicha idoneidad, lo que se traducirá en otorgar a las partes la mis

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26495-6c2328e7/pruebas-pericial-testimonial-o-de-inspeccion-judicial-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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