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Modo: Corpus Pro

CONCURSO APARENTE DE NORMAS. NO EXISTE ANTINOMIA ENTRE LOS ARTÍCULOS 82 Y 87 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR REGULAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN DISTINTOS PARA EFECTUAR LAS NOTIFICACIONES.

Tipo de asunto: QUEJA 6/2022. · Registro digital (IUS): 31318
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2023-03-17
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Marzo de 2023, Tomo II, Pág.1691.

QUEJA 6/2022. 13 DE JULIO DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. DISIDENTE: MINISTRO JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR.

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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al trece de julio de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de queja 6/2022, interpuesto por **********, en su carácter de apoderado legal y autorizado de **********, en contra del acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en los autos del juicio de amparo indirecto **********.

El problema que esta Primera Sala debe resolver consiste en determinar si fue correcta la determinación del Juez de Distrito, en cuanto a que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que el medio de impugnación resultaba extemporáneo, atendiendo a la aplicación del artículo 87 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. PRIMERO.—Primer juicio de amparo **********. Mediante demanda presentada vía electrónica el dieciséis de julio de dos mil veinte, **********, apoderado de la quejosa ********** solicitó amparo contra actos de la agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Unidad de Investigación y Litigación de Delitos de Trata de Personas "B"; así como del suboficial ********** del Área de Investigación de la Policía Federal, este último en su carácter de ordenador y ejecutor, en contra de los siguientes actos:

a) Acuerdo ministerial de quince de noviembre de dos mil diecinueve (carpeta de investigación **********, en el que se aseguró el inmueble ubicado en ********** y su ejecución.

b) Notificación del aseguramiento de quince de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio ********** de trece de marzo de dos mil veinte.

c) Oficio ********** de veinticinco de mayo de dos mil veinte, que contiene la respuesta al escrito de seis de mayo de ese mismo año.

d) Notificación del referido oficio.

e) Oficio ********** de veintitrés de junio de dos mil veinte, que contiene la respuesta al escrito de quince de junio de ese mismo año mediante el cual se negó reconocer la calidad de víctima a la quejosa.

f) El inventario de veintiséis de junio de dos mil veinte.

2. Trámite del amparo. Por cuestión de turno, tocó conocer del asunto al Juez Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien lo registró como juicio de amparo indirecto **********. El veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el Juez de conocimiento dictó sentencia en los autos del referido juicio de amparo, mediante la cual entre otras cuestiones,(1) concedió el amparo solicitado, para efectos sobre los actos señalados en los incisos a), c) y e) requiriéndose a la autoridad responsable el cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

3. Cumplimiento de la sentencia. Mediante comunicación procesal **********, la autoridad responsable remitió las constancias relativas al cumplimiento de la sentencia de amparo, de las que se advierte que, vía correo electrónico, el quince de junio de dos mil veintiuno, notificó a la quejosa por conducto de su apoderado y asesor jurídico, los siguientes actos:

• Acuerdo por el que se deja insubsistente diversas actuaciones en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y notificación mediante oficio **********, del quince de junio de dos mil veintiuno.

• Acuerdo de aseguramiento del departamento **********, ubicado en **********, del quince de junio de dos mil veintiuno –acto reclamado–.

• Acuerdo de aseguramiento del departamento **********, ubicado ********** en, menaje y notificación mediante el oficio **********, del quince de junio de dos mil veintiuno.

• Acuerdo por el que se da respuesta al escrito de quince de junio de dos mil veinte, a la C. ********** y notificación mediante el oficio **********, de quince de junio de ese mismo año.

4. Segundo juicio de amparo. Mediante escrito presentado el siete de julio de dos mil veintiuno, **********, apoderado de la quejosa **********, promovió demanda de amparo, en contra de los siguientes actos:

"a) El cateo y aseguramiento del inmueble, contenido en el acta de inspección emitida por el suboficial del área de investigación de la policía federal de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, bajo el número de folio **********, en la carpeta de investigación **********; y,

"b) El acuerdo de aseguramiento del inmueble de quince de junio de dos mil veintiuno, del departamento ********** ubicado en **********, colonia **********, alcaldía **********, C.P. **********, propiedad de mi representada notificada ese mismo día."

5. Resolución. En acuerdo de nueve de julio de dos mil veintiuno, el Juez del conocimiento registró el asunto con el número ********** y determinó desecharlo, al estimar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que el medio de impugnación resultaba extemporáneo.

6. Recurso de queja. Inconforme, la quejosa, por conducto de su autorizado legal, interpuso el recurso de queja, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito bajo el número **********. En sesión plenaria de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, resolvió remitir los autos al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo Circuito, al advertir que con anterioridad había resuelto diversos asuntos relacionados con la misma secuela procesal. En ese órgano el asunto quedó registrado con el número **********.

7. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción. Por escrito presentado el tres de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, apoderado legal y autorizado de **********, solicitó a este Alto Tribunal ejercer su facultad de atracción para conocer del referido recurso de queja.

8. No obstante, ante la falta de legitimación de esa parte recurrente, se dispuso a someter la referida solicitud a la consideración de los Ministros integrantes de la Primera Sala a fin de determinar si alguno de ellos decidía hacer suya la referida petición y en sesión privada de diez de noviembre de dos mil veintiuno, el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo decidió de oficio hacer suyo el escrito de solicitud.

9. Por acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, la presidenta de esta Primera Sala, admitió a trámite la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 418/2021, a efecto de determinar si el multicitado recurso de queja, reunía las características de importancia y trascendencia para justificar su conocimiento por parte de este Alto Tribunal; así, ordenó que se turnara a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo a fin de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

10. En sesión virtual de veintiséis de enero de dos mil veintidós,(2) esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerció la facultad de atracción para conocer del recurso de queja **********, del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

11. Mediante auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, el presidente de este Alto Tribunal, tomando en cuenta la decisión de la Primera Sala, referida en el párrafo anterior, determinó que esta Suprema Corte se avocaría al conocimiento del recurso de queja 6/2022; lo radicó en la Primera Sala en virtud de su especialidad y turnó los autos al señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para su resolución; por acuerdo de doce de mayo siguiente, la Ministra presidenta de la Primera Sala, se avocó al conocimiento del asunto.

I. COMPETENCIA

12. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente recurso de queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con relación a lo previsto en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013 del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los artículos 97, fracción I, inciso e), y 99 de la Ley de Amparo, en razón de que se interpuso en contra de un acuerdo dictado por un Juez de Distrito, que desechó de plano una demanda de amparo y sobre el cual esta Primera Sala determinó ejercer su facultad de atracción.

II. LEGITIMACIÓN

13. El recurso de queja fue interpuesto por el apoderado de quien se ostenta como quejosa en el juicio de amparo indirecto de origen, por lo que es parte legitimada de conformidad con el artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo.

III. OPORTUNIDAD

14. El acuerdo impugnado de nueve de julio de dos mil veintiuno, se notificó por medio de lista y vía electrónica el jueves quince de julio siguiente, por lo que el plazo de cinco días, para la interposición del recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, transcurrió del dieciséis al veintidós de ese mes, con exclusión de los días diecisiete y dieciocho al haber sido inhábiles.

15. De ahí que, si el escrito se presentó electrónicamente el veintidós de julio de dos mil veintiuno, como consta en la evidencia criptográfica, se concluye que su interposición es oportuna.

IV. PROCEDENCIA

16. El recurso de queja es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo,(3) el cual establece la posibilidad de impugnación, a través del recurso de queja, de aquellos acuerdos que, entre otras hipótesis, desechan una demanda de amparo y en la especie, la parte recurrente impugnó una resolución mediante la cual se desechó de plano la demanda de amparo indirecto que promovió. Razón por la cual esta Sala determina que el recurso de queja que le ocupa es procedente.

V. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER EL ASUNTO

17. En el caso, para delimitar la problemática jurídica del presente asunto es necesario conocer los argumentos medulares propuestos en la demanda de amparo indirecto, las consideraciones del Juzgado de Distrito para desecharla, así como los agravios propuestos por la parte recurrente en el recurso de queja los cuales en esencia señalan:

A) Consideraciones del auto recurrido

• Desechó la demanda de amparo por estimar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues el medio de impugnación resultaba extemporáneo.

• Por otro lado, respecto de los actos contenidos en el inciso a), de constancias se advierte la existencia de la comunicación procesal 4721, presentada el uno de septiembre de dos mil veinte, en el controvertido constitucional ********** de este índice, del que se advierte que desde esa fecha la quejosa se ostenta sabedora de los actos que ahora reclama y que se precisan en el inciso a).

• En relación al acto precisado en el inciso b), el promovente del amparo refiere expresamente que fue notificado el quince de junio del año en curso, manifestación que, al narrar hechos propios, tienen el alcance de confesional contra la cual no se admite prueba en contrario.

• Además, la representación social hizo del conocimiento a la impetrante de amparo las determinaciones emitidas el quince de junio del año en curso mediante correo electrónico oficial a las cuentas electrónicas de los representantes de la justiciable, recabando las constancias relativas al envío y confirmación de las mismas. Notificación que se encuentra regulada en el artículo 87 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual prescribe que ese tipo de notificaciones surten efecto el mismo día a aquel en que por sistema se confirme que recibió el archivo electrónico correspondiente.

• Ahora bien, la demanda de garantías fue presentada en línea a las catorce horas con treinta y un minuto del siete de julio del año en curso, esto es, después del término de quince días que se tenía para hacerlo.

• Si la resolución reclamada en el inciso b) fue notificada al quejoso el quince de junio de dos mil veintiuno, el cómputo para presentarse la demanda transcurrió del dieciséis de junio al seis de julio de dos mil veintiuno, en tanto que la demanda fue presentada el siete de los corrientes, de ahí que sea extemporánea.

• Por lo que hace a los actos englobados en el inciso a), el término transcurrió del tres al veintiocho de septiembre de dos mil veinte, descontando los días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Ello, de conformidad con el criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la CT. 45/2015, relativo a que la Ley de Amparo no estableció una excepción para el cómputo del plazo tratándose de actos emitidos en cumplimiento de sentencias federales que concedieron la protección constitucional, sin que, resultara posible considerar que en ese supuesto operara una salvedad a la regla general, ya que el legislador federal no lo previó de esa forma.

• Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo con fundamento en el artículo 113 de la propia ley reglamentaria.

B) Agravios en el recurso de queja

• Es ilegal el razonamiento del a quo para fundar el desechamiento del acto reclamado señalado en el inciso a) al equiparar "acta de inspección" con "cateos" pues evidentemente se trata de actos distintos que incluso fueron negados por la responsable. Así, del acta de inspección nunca se tuvo noticia cierta, máxime que se insiste ésta fue negada por la responsable, de ahí que no pueda tenerse como acto consentido el cateo ahora controvertido, pues se trata de actos distintos aunque erróneamente pudiera considerarse que tienen la misma génesis.

• Ahora, suponiendo sin conceder, que se tratase del mismo acto y que ello fuera tan evidente como se expresa en la resolución controvertida, en ningún momento se han hecho del conocimiento de mi representada dichos actos de forma completa, al no formar parte de la carpeta de investigación generada en contra de los imputados que se señalan en la demanda de amparo indirecto.

• Aunado a lo anterior, el acto controvertido señalado en el inciso b) de la demanda desechada deriva de un acto previamente considerado ilegal por un Tribunal Colegiado, por lo cual se encuentra viciado de origen.

• La aplicación del artículo 87 del Código Nacional de Procedimientos Penales vulnera el artículo 1o. en relación con los numerales 14 y 16 constitucionales, al existir una antinomia con el diverso 82 del mismo código, pues mientras el primero señala que las notificaciones electrónicas surten efecto el mismo día en que se genera la constancia de recibo, el segundo establece que las notificaciones personales, aun las hechas por medios electrónicos, surten efectos al día siguiente de su realización.

Sin que se pueda considerar que guardan una relación de género a especie, es decir que el primero de aquéllos (82) es la regla general y el segundo (87) la regla especial, ya que ambos contemplan la notificación por dichos medios electrónicos de manera específica y un plazo para surtir efectos, mismo que difiere en ambos supuestos, de donde no hay mayor especificidad del 87 del código citado respecto del 82 del mismo ordenamiento, ni justificación alguna para elegir aquel precepto sobre éste.

Así, entre dos preceptos que regulan de manera diferente una misma situación el Juez de Distrito eligió aplicar el que causa mayor perjuicio al justiciable en contra del mandato de la interpretación más favorable máxime si se considera que la existencia de ambos dispositivos genera inseguridad jurídica, indefensión y una violación al debido proceso (garantía de audiencia).

• El artículo 87 del Código Nacional de Procedimientos Penales es inconstitucional por restringir injustificadamente derechos fundamentales y por no considerar los días y horas inhábiles.

El Código Nacional de Procedimientos Penales hace referencia únicamente a los conceptos de días hábiles e inhábiles, pero deja incierto lo relativo a las horas hábiles. Sin embargo, armonizando los "ordenamientos legales aplicables" a los que el propio Código Nacional remite al referirse a los plazos, debe entenderse que la habilitación de los días considera igualmente las horas inhábiles, pues de otra forma pierden sentido diversas disposiciones que deben ejecutarse, según el código en días hábiles, lo que sólo cobra sentido si también se establece la circunstancia referente a las horas que resulten hábiles, salvo las excepciones que el código señale expresamente.

Ahora bien, en esa armonización es posible colegir que la notificación fue realizada en horas inhábiles, por lo que se tuvo que tener por practicada al día siguiente y que en ningún momento se habilitaron días y horas inhábiles porque no se encontraba el asunto en el supuesto que contempla el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Es razonable pensar que las actividades oficiales requieren ser efectuadas en horas hábiles, salvo las excepciones expresamente previstas en las leyes. En caso contrario, se genera una inseguridad jurídica que, prácticamente, puede "robar" un día de plazo al notificado, pues queda a voluntad de la autoridad la hora en que se practicaría y tendría por notificado al particular, pudiendo hacerlo fuera de horas hábiles.

De ahí que, a juicio del suscrito, una notificación que se envía electrónicamente fuera de horas hábiles se debe entender practicada al día hábil siguiente, y no el mismo día, y no hacerlo así aplicando el artículo 87 del Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta en detrimento de la certeza jurídica de que debe gozar toda persona.

En consecuencia, si la autoridad responsable notificó a mi representada los acuerdos señalados como reclamados el quince de junio de dos mil veintiuno, a las 20:48 horas, a través de correo electrónico en una hora inhábil, la notificación tendría que entenderse practicada al día hábil siguiente, y surtir sus efectos un día después, y a partir de ahí computar el plazo respectivo.

• Indebida aplicación del artículo 87 del Código Nacional de Procedimientos Penales al no cumplirse el requisito que exista constancia de recepción cierta. No es aplicable al caso el artículo 87 citado, por no existir prueba alguna de la recepción en el sistema del medio electrónico, dado que el Juez está impedido para tomar en consideración aquello que le fue remitido en idioma extranjero y, de hacerlo, debería someter a consideración de la quejosa la traducción propuesta (lo que además implicaría violación al principio de imparcialidad y de estricto derecho en que el Ministerio Público no tiene a su favor suplencia alguna).

En consecuencia, debe tenerse interpuesta en tiempo y forma la demanda del juicio de amparo, contados a partir del siguiente al que haya surtido efectos la notificación, ya que la demanda fue ingresada el siete de julio de dos mil veintiuno, para su sustanciación ante el juzgado.

VI. ESTUDIO DE FONDO

18. Previo a entrar al estudio de fondo, es necesario puntualizar que esta Primera Sala decidió ejercer su facultad de atracción para conocer del presente recurso de queja, pues estimó que su resolución contribuiría a fijar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.

19. Lo anterior, al tomar en cuenta los razonamientos que llevaron al Juez de Distrito a desechar una demanda de amparo, promovida en contra de varios actos.(4) En lo que atañe al presente asunto, el juzgador consideró desechar por extemporánea la impugnación que hizo la quejosa respecto al acuerdo de quince de junio de dos mil veintiuno, en el cual se decretó el aseguramiento de un inmueble y que fue notificado,(5) ese mismo día a las 20:48 horas, a través de una de las direcciones electrónicas señaladas por los apoderados de la imputada como medio de notificación. 20. Al respecto, el juzgador estimó que, de conformidad con lo establecido en el artículo 87 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal notificación surtió efectos ese mismo día (por haber sido –a su juicio– el día en que se realizó la diligencia de mérito) por lo que el plazo para impugnar dicha determinación comenzó a computarse desde el día siguiente (dieciséis de junio), culminando el martes seis de julio de dos mil veintiuno.

21. Así –concluyó–, al haberse promovido hasta el día siete de julio de dos mil veintiuno, la referida demanda de amparo se tornaba extemporánea, por presentarse un día después de fenecido el plazo de quince días que al efecto prevé la Ley de Amparo.

22. Inconforme, el promovente interpuso el recurso de queja aduciendo –sobre ese particular– que la aplicación y el propio artículo 87, del Código Nacional de Procedimientos Penales, era inconstitucional, pues vulnera el artículo 1o. en relación con los numerales 14 y 16 constitucionales al restringir, respecto del diverso 82 del mismo código, el término para promover la demanda de amparo.

23. Además, que mientras el artículo 87 señala que las notificaciones electrónicas surten efecto el mismo día en que se genera la constancia de recibo, el diverso 82 establece que las notificaciones personales, aun las hechas por medios electrónicos, surten efectos al día siguiente de su realización.

24. Y fue precisamente sobre esos motivos de disenso, que esta Primera Sala identificó un tópico de interés y trascendencia al considerar necesario delimitar el aparente conflicto de normas entre los artículos 82 y 87 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atinente al momento en que surtían efectos las notificaciones electrónicas conforme a dichos dispositivos; así como la posible inconstitucionalidad del segundo de los preceptos invocados, por restringir lo dispuesto por el primero.

25. Por ello, se estimó necesario conocer del asunto a efecto de emitir un criterio que clarificara de manera terminante dicha situación, dotando de certeza el actuar de los destinatarios de la norma, en relación con las reglas específicas para cada caso, así como su procedencia y aplicación. En ese tenor, la materia del presente asunto se circunscribirá únicamente a responder tales planteamientos.(6)

26. Con ese objeto, se enunciarán algunas precisiones en torno al derecho de acceso a la jurisdicción previsto en el artículo 17 constitucional; las generalidades de las notificaciones electrónicas y su implementación, para finalmente exponer las consideraciones atinentes al supuesto en estudio.

El derecho de acceso a la jurisdicción

27. Es importante señalar que esta Primera Sala se ha pronunciado de manera consistente en garantizar en todo momento el derecho humano de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, previsto en el artículo 17 de la Carta Magna.(7)

28. Como se señaló en el diverso recurso de queja 3/2022,(8) el derecho de acceso a la jurisdicción es gradual, sucesivo y se va perfeccionando a través de las diversas etapas que lo integran, cuyo contenido es complejo y múltiple, precisamente por su carácter gradual y se encuentra relacionado con otros derechos fundamentales, especialmente con los previstos en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal: el derecho de audiencia y el derecho al debido proceso.

29. Además, se señaló que del artículo 6o., párrafo tercero, y apartado B, fracción I, de la Constitución Política del País,(9) derivan los derechos de todas las personas al acceso a las tecnologías de la información y a su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, así como a la correlativa obligación del Estado de garantizarlos.

Las notificaciones electrónicas, su implementación

30. Esta Suprema Corte ha definido a las notificaciones judiciales como actos jurídicos a través de los cuales se comunica legalmente a una persona sobre una determinación adoptada por el Juez con motivo del juicio sustanciado ante éste, con la finalidad de hacer del conocimiento del destinatario el contenido de esa determinación y que pueda ejercer en forma debida y oportuna el derecho de audiencia y, de ser el caso, ejercer la defensa pertinente.(10)

31. Es bien sabido que, por décadas, la forma común de realizar notificaciones judiciales fue de manera personal, por instructivo, por edictos, por oficio (a las autoridades) y por lista, entre otros. No obstante, debido al uso frecuente y cotidiano de los medios tecnológicos, diversas instancias de gobierno comenzaron a utilizar estos nuevos medios de comunicación para agilizar sus procesos. Tal es el caso del Poder Judicial de la Federación que, desde la entrada en vigor de la Nueva Ley de Amparo en abril de dos mil trece, puso al alcance de los gobernados diversas herramientas electrónicas aplicables tanto para el juicio de amparo, como para los recursos previstos en dicho ordenamiento.

32. Derivado de lo anterior, en aras de facilitar el acceso a la impartición de justicia en forma rápida, se consideró que, a petición del interesado, se pudieran utilizar medios más rápidos para la promoción, sustanciación y tramitación de los juicios, como lo son las plataformas electrónicas a través del uso de la firma electrónica.

33. En ese sentido, se han emitido diversos Acuerdos Generales Conjuntos por esta Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, como los 1/2013,(11) 1/2014(12) y 1/2015 (que abroga el 1/2014)(13) y, por último, de manera separada el Acuerdo 12/2020(14) del Consejo de la Judicatura Federal y 9/2020 de este Alto Tribunal.

34. El Acuerdo 12/2020(15) del Consejo de la Judicatura Federal, tiene por objeto regular la integración de los expedientes electrónicos y la utilización de videoconferencias para el desahogo de audiencias y diligencias judiciales, en los asuntos que son competencia de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la actuación desde el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en relación con la promoción, trámite, consulta, resolución y notificación por vía electrónica, al igual que la celebración de audiencias y otras diligencias que puedan desahogarse a distancia, mediante el uso de videoconferencias.

35. En cuanto a las notificaciones por vía electrónica, en el considerando octavo se refiere que, en términos de la Ley de Amparo, la notificación por esta vía sólo se realizará a las partes que lo soliciten expresamente, por lo que la autorización de ingresar al expediente electrónico no conlleva, necesariamente, la de recibir notificaciones por esa vía. No obstante, una vez solicitada y autorizada la práctica de notificaciones electrónicas, éstas surtirán efectos conforme a la ley y a lo desarrollado en ese acuerdo.

36. Al respecto, en los artículos 30, fracción I y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se establece que las notificaciones electrónicas surten sus efectos cuando se genere la constancia de la consulta realizada por la parte respectiva de la resolución correspondiente; y que dicha constancia será generada por el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación cuando:

1. Las partes accedan a la determinación judicial de que se trate (mismo día); o,

2. Cuando transcurran 48 horas, a partir de que se realicen a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, con independencia de que se hayan consultado.

37. En el considerando noveno se establece que, en materia penal, los artículos 50, 51, 52, 71, 83, 85, 87 y 145 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén el uso de las tecnologías de la información para la integración de carpetas digitales relativas a las causas penales y a la práctica de las notificaciones electrónicas, así como el uso de firmas digitales.

38. Por su parte, el capítulo sexto de dicho acuerdo regula de manera específica las notificaciones electrónicas; en el artículo 55 se establece que, las partes deben manifestar expresamente su solicitud, señalando el "nombre de usuario" que crearon al registrarse en el portal; a su vez en el artículo 58 se establece que las partes cuya solicitud para recibir notificaciones de esta forma se haya acordado favorablemente, tendrán derecho a consultar por esta vía todos los proveídos que se dicten en lo subsecuente.

39. También se determina que, al seleccionar la resolución o resoluciones judiciales correspondientes, las partes se notificarán electrónicamente, con lo que se generará una constancia de consulta, que contendrá los datos del asunto y de la resolución judicial, el nombre de la persona que se notifica, así como la fecha y hora en que se realizó la consulta, y se visualizará automáticamente en el expediente electrónico.

40. Así, esas constancias de consulta que genere el sistema, servirán como constancias de notificación, en términos de la normatividad de amparo y serán válidas sin necesidad de certificación por parte de algún funcionario.

41. Al respecto, se resalta lo señalado en la Ley de Amparo, en cuanto a que la falta de ingreso al portal de quien debe ser notificado electrónicamente dará lugar a: (i) por regla general, las partes contarán con un plazo máximo de dos días a partir del envío de la resolución para notificarse; (ii) como regla excepcional, en el incidente de suspensión en amparo, se otorgarán a las partes veinticuatro horas para notificarse; y, (iii) la falta de consulta a la resolución a notificar de los plazos antes establecidos generará en automático la constancia de notificación y el órgano jurisdiccional que corresponda la tendrá por he

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31318-885a01ec/concurso-aparente-de-normas-no-existe-antinomia-entre · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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