NULIDAD DE LA NOTIFICACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNAR COMUNICACIONES PROCESALES, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 206/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 18 DE ENERO DE 2023. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, Y LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. PONENTE: MINISTRO PRESIDENTE JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HÉCTOR VARGAS BECERRA.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente a día dieciocho de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
A través de la cual, se resuelve la contradicción de criterios 206/2022, que se suscitó entre el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito.
El problema jurídico a resolver, consiste en determinar si de manera previa a promover el juicio de amparo indirecto contra las notificaciones personales que se practican en el proceso penal acusatorio y oral, es necesario agotar la nulidad de la notificación a que se refiere el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de cumplir con el principio de definitividad.
ANTECEDENTES
1. Denuncia de la contradicción de criterios. En escrito que se recibió en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el uno de julio de dos mil veintidós, a través del folio electrónico **********,(1) el Magistrado Fernando Rochin García, adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, denunció la posible contradicción de criterios, entre el sustentado por dicho órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de queja 484/2021; y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 475/2019.
2. El entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de siete de julio de dos mil veintidós, ordenó formar el expediente relativo a la posible contradicción de criterios, con el número 206/2022, y la admitió a trámite; requirió a la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, para que vía MINTERSCJN, remitiera la versión digitalizada del proveído en el que informara si se encontraba vigente su criterio, o bien, señalara las causas que tuviera para superarlo o abandonarlo; remitió los autos a la Primera Sala de este Alto Tribunal, según el turno virtual de la Secretaría General de Acuerdos, y turnó el asunto para su estudio al señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
3. La entonces presidenta de la Primera Sala, en auto de uno de agosto de dos mil veintidós, ordenó avocarse al conocimiento del asunto, y lo envió a la ponencia designada para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
I. COMPETENCIA(2)
4. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aplicando en sus términos el criterio que sustentó el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis P. I/2012 (10a.), de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).";(3) así como los artículos 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los puntos primero, segundo, fracción VII, tercero y sexto, del Acuerdo General Número 5/2013, del Tribunal Pleno, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; ello, en atención a que el conflicto denunciado se suscitó entre criterios de Tribunales Colegiados que pertenecen a diversos Circuitos Judiciales, derivados de asuntos que corresponden a la materia penal en la que se especializa esta Primera Sala, respecto de un tema que no requiere la intervención del Tribunal en Pleno.
II. LEGITIMACIÓN
5. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, conforme a lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, y 227, fracción II, con relación al 226, fracción II, ambos de la Ley de Amparo;(4) toda vez que fue hecha valer por el Magistrado Fernando Rochin García, integrante del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, que emitió la resolución en el recurso de queja 484/2021, que participa en el presente asunto.
III. CRITERIOS EN CONFLICTO
6. Para determinar si existe o no la contradicción de criterios que se denunció, se impone analizar las consideraciones y argumentos en que los órganos colegiados basaron sus respectivas resoluciones.
7. I. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 484/2021
1) En escrito que se presentó el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Nayarit, con competencia en Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal, con residencia en Tepic, **********, por propio derecho y en representación de sus dos menores hijos de identidad reservada, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos siguientes:
"A) Violación a los artículos 1o., 4o., 8o., 14, 16 y 17 constitucionales, por discriminación por cuestiones de género en contra de ********** al discriminarlo por ser hombre ya que el Juez de Control discrimina a los hombres que piden pensión alimenticia para sus hijos por considerar que las mujeres no están obligadas brindándole asesoría a la imputada, y violentando el debido proceso ordenando se notifique a la víctima como acusado.
"B) Violación al artículo 8o. constitucional, al no acordar dentro del término de ley la promoción de 8 de julio del 2021, presentada dentro del expediente ********** en la que se le solicitan copias de la carpeta administrativa dentro de la causa penal, en la que autorizo al lic. **********, para recibirla, anexo en original acuse de recibo.
"C) Violación al artículo 8o. constitucional, al no acordar la promoción de 30 de junio del 2021 en la que se interpone recurso de revocación en contra del auto de fecha 29 de junio del 2021 y notificado el 30 de junio del 2021 anexo en original acuse de recibo.
"D) Violación al artículo 8o. constitucional, al no acordar la promoción de 30 de junio del 2021 donde se interpone el recurso de nulidad de actuaciones en contra del acta de 29 de junio del 2021 realizada a las 12 horas con treinta minutos a ********** anexo en original acuse de recibo.
"E) Violación al artículo 8o. constitucional, al no acordar la promoción de 30 de junio del 2021 donde solicito se decrete el abandono de la defensa de la acusada sin causa justificada. Anexo en original acuse de recibo."
2) Conoció del asunto el Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, cuyo titular, en auto de diecinueve de julio de dos mil veintiuno, lo radicó con el número 563/2021, y requirió a la parte quejosa para que aclarara su demanda con relación al acto reclamado que se identificó en el inciso A), a fin de que precisara en qué proveído se contenían las violaciones a sus derechos fundamentales, la fecha en la que tuvo conocimiento del mismo, y los hechos que constituían sus antecedentes.
En cumplimiento, la parte quejosa, en escrito que se presentó el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, manifestó:
"... 11. De igual forma el 30 de junio del 2021 acudí en compañía de mi asesor victimal el licenciado ********** al Juzgado de Primera Instancia del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral (Centro de Justicia para la Mujer) en donde fui notificado de manera personal de la fecha señalada para que tuviera verificativo la audiencia intermedia, en la cual se me notifica como acusado y no como representante de las víctimas menores de edad, citatorio en el cual se me ordena comparecer acompañado de un abogado defensor que elija libremente y, en caso de no hacerlo, me representará el defensor público que corresponda, aunque le manifestamos a la notificadora y a la C. Juez que el suscrito soy representante de las víctimas, se negaron a corregir la notificación señalándome que ya sabían del caso pero que sólo recibían órdenes y que promoviera lo que en derecho corresponda porque aunque estuviera mal la notificación así se me tenía que notificar, notificándome como acusado, discriminándome por cuestiones de género ..."
3) En auto de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplido el requerimiento hecho al quejoso. Y respecto del acto reclamado que se precisó en el inciso A), se desechó la demanda de amparo, por considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación al 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que la orden de notificación reclamada, no se erigía como un acto en juicio cuya ejecución fuera de imposible reparación.
Y con relación a los diversos actos que se reclamaron, se admitió a trámite la demanda de amparo.
4) Inconforme con la parte en la que se desechó la acción constitucional, el quejoso, por propio derecho y en representación de sus dos menores hijos de identidad reservada, en escrito que se presentó el treinta de julio de dos mil veintiuno, interpuso recurso de queja, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, donde se registró con el número 484/2021; y en sesión de diez de junio de dos mil veintidós, por mayoría de votos, se declaró infundado el medio de impugnación, al tenor de los siguientes argumentos:
• En el apartado que se denominó: "II. Consideraciones normativas. a) El principio de definitividad". Se destacó que uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, es el que la doctrina jurídica denomina "definitividad"; según el cual, el juicio de derechos fundamentales no puede promoverse si previamente no se han agotado los juicios, recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto establezca, y que tengan por objeto modificar o nulificar dicho acto.
Principio que encuentra su fundamento legal en el artículo 61, fracciones XVIII, XIX y XX, de la Ley de Amparo.
Y para efectos de la ejecutoria, de la citada fracción XVIII se tenía que por regla general, el juicio constitucional era improcedente contra resoluciones de los órganos jurisdiccionales que podían ser modificadas, revocadas o nulificadas a través de un recurso o medio de defensa previsto en la ley.
La teleología de lo anterior, radicaba en que el juicio de amparo era un medio de defensa extraordinario, por lo que su procedencia estaba condicionada a que si existía en contra del acto de autoridad, algún recurso o medio de defensa legal, debía ser agotado sin distinción alguna; de ahí que era suficiente que la ley del acto lo estableciera, para estimarlos a disposición del interesado, y que pudiera ejercerlos a su arbitrio; o en su defecto, le perjudicara su omisión.
Por tanto, no era optativo para el afectado el cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, sino una carga procesal que debía absorber.
Sin embargo, la hipótesis de definitividad que se analizó se erigía como una regla general; porque en la propia fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se precisaban los supuestos en los que no era necesario agotar los recursos o medios de defensa que prevén las leyes que rigen en el acto reclamado.
• En el apartado que se intituló: "b) La observancia del principio de definitividad para impugnar la legalidad de las notificaciones en el proceso penal". Se señaló que con base en el principio de definitividad, previo a promover el juicio de amparo indirecto en contra de una notificación realizada en un procedimiento penal, debía plantearse el incidente de nulidad previsto en los artículos 97 y 98, con relación al 88, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Ello, porque dicha incidencia, se erigía como un medio de defensa idóneo para nulificar las notificaciones que se realizaban en los procesos criminales.
Preceptos de los que se desprendía, claramente, que las notificaciones que causaran indefensión a las partes en los procedimientos penales, que no cumplieran las formalidades legales, podían ser materia de anulación.
Asimismo, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se estableció el incidente de nulidad de actuaciones con el propósito de anular cualquier acto procesal que se ejecutara en contravención a la propia ley.
Por ende, las notificaciones que causaran indefensión a las partes en el procedimiento penal o que no cumplieran con las formalidades legales, podían impugnarse a través del incidente de nulidad de actuaciones, que de resultar fundado, declararía nula la notificación respectiva.
Lo anterior, porque la procedencia del incidente de nulidad no se sujetaba a interpretación adicional, ni su fundamento legal era insuficiente para determinarlo, pues los artículos 97 y 98, con relación al 88, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, preveían claramente la forma, los términos y el plazo en el que podía plantearse esa incidencia.
• En el apartado que se denominó: "III. Análisis del caso justiciable". Se consideró que con relación al acto por el que se desechó la demanda de amparo, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que llevaba a confirmar el auto recurrido.
Se precisó que de la narración de los antecedentes del acto reclamado, que se hizo en la aclaración de la demanda de amparo, se observaba que el quejoso acusó un pretendido acto de discriminación que acaeció en la notificación de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, por la que se le informó que la audiencia intermedia se celebraría en la causa penal de origen.
Por tanto, el acto reclamado respecto del cual se desechó el escrito constitucional, lo constituía la notificación de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en la que la autoridad responsable citó al quejoso a comparecer a la audiencia intermedia en la causa penal **********.
Lo anterior, porque de las constancias que remitió la autoridad recurrida, se observaba que el quejoso adjuntó al citado escrito aclaratorio, una copia de la cédula de notificación de mérito.
Por ello, en atención al principio de definitividad, previo a promover el juicio de amparo indirecto en contra de la notificación reclamada, la parte quejosa debió plantear ante la propia autoridad responsable el incidente de nulidad previsto en los artículos 97 y 98, con relación al 88, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque esa incidencia se erigía como un medio de defensa idóneo para nulificar la aludida notificación.
El incidente de nulidad se traducía en un medio de defensa ordinario; por ende, para cumplir con el principio de definitividad, debía tramitarse de forma previa al juicio constitucional, porque el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, no sólo estatuía que se debían interponer los recursos antes de promover el juicio de amparo, sino también, todos los medios de defensa, y el incidente de cita, encajaba dentro de esta última denominación, porque a través del mismo se podía lograr la nulificación del acto materia de ese incidente.
Ello, porque no se advertía que en el caso se actualizara alguno de los motivos de excepción al principio de definitividad que preveían en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, porque no se estaba ante:
• Actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.
• Órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, o auto de vinculación a proceso.
• El quejoso no era una persona extraña al procedimiento.
• La procedencia del medio de defensa no se sujetaba a interpretación adicional, ni su fundamento legal era insuficiente para determinarlo, porque los artículos 97 y 98, con relación al 88, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecían con claridad la procedencia del incidente de nulidad en contra de las notificaciones que las partes en el proceso penal consideraban ilegales.
Y dichos preceptos establecían que los actos ejecutados en contravención a las formalidades previstas en la ley –como podían ser las notificaciones, en términos del artículo 88–, serán declarados nulos; para lo cual, la solicitud de nulidad se debía presentar por escrito, dentro de los dos días siguientes a aquel en que el perjudicado tuviera conocimiento del acto cuya invalidación pretenda; o bien, de manera verbal en la audiencia correspondiente, cuando el vicio se cometa en ésta.
8. II. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 475/2019
1) En escrito que se presentó el dos de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la Ciudad de Chihuahua, **********, promovió amparo indirecto contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos y la actuaria adscrita al relativo juzgado, que se hicieron consistir en:
• La notificación que hizo la actuaria judicial adscrita a los Juzgados de Control del Distrito Judicial Morelos, al asesor jurídico **********, respecto del acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, en el que se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia en la que se resolvería sobre la impugnación de control sobre el no ejercicio de la acción penal.
• El acuerdo que pronunció en audiencia de diez de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, con residencia en la ciudad de Chihuahua, en el cuadernillo relativo a la causa penal **********, en el que declaró legal la notificación que se realizó a la parte quejosa, respecto del citado acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho.
2) Conoció del asunto el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, donde se registró con el número 6/2019, y en auto de cuatro de enero de dos mil diecinueve, se requirió al promovente para que en el plazo de cinco días, aclarara si promovía la demanda por derecho propio o como asesor jurídico de la víctima **********, y manifestara, bajo protesta de decir verdad, si interpuso el incidente de nulidad de notificaciones contra la reclamada notificación del auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho.
3) En auto de catorce de enero de dos mil diecinueve, se tuvo por cumplido el requerimiento, a través del escrito que presentó **********, en su carácter de asesor jurídico de la víctima **********. Sin embargo, se determinó que se actualizaba la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, se desechó de plano la demanda, por resultar notoriamente improcedente, bajo el argumento de que el promovente no interpuso el incidente de nulidad de notificaciones en contra de la notificación del auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, dictado dentro del cuadernillo relativo a la causa penal **********, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial Morelos, señalado como responsable. 4) Inconforme con esa determinación, la parte quejosa, por conducto de su asesor jurídico, en escrito que se presentó el veinticuatro de enero siguiente, interpuso recurso de queja, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Segundo Circuito, donde se radicó con el número **********; y en sesión de doce de abril de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos, se declaró fundado el medio de impugnación, con base en las siguientes consideraciones:
• Era erróneo que se desechara de plano la demanda de amparo y se considerara que el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, preveía un medio de defensa que la quejosa debió agotar previo a promover el juicio de amparo indirecto.
Ello, porque dicho precepto legal no establecía un recurso ni medio de impugnación; únicamente precisaba que las notificaciones podían ser nulas cuando causen indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en el código.
• Así, contrario a lo determinado por la a quo, en ese artículo no se establecía la forma, términos y plazo en que se debía realizar esa impugnación, ni remitía a algún otro precepto legal; y si bien, para dilucidar esa cuestión se podría llevar a cabo el análisis de diversos numerales, ello implicaba un estudio más detallado y profundo, relacionado con el fondo del asunto, de manera concreta, en cuanto a la forma y términos en que se debían llevar a cabo las notificaciones, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que no era propio del auto inicial.
Por tanto, no era notorio ni manifiesto que la parte quejosa, previo a promover el juicio de amparo, debía agotar algún recurso, y que al no hacerlo, hubiera incumplido con el principio de definitividad que priva en el juicio de amparo.
Consecuentemente, no se debió tener por actualizada la causa de improcedencia y desechar de plano la demanda de amparo, sino admitirla a trámite para contar con mayores elementos para resolver, y no limitar a la parte quejosa el ejercicio de la acción constitucional, dado que el juicio de amparo se instruye para comprobar si existe el derecho afirmado y la afectación al mismo.
5) En cumplimiento a esa determinación, la Jueza de amparo admitió a trámite la demanda; y el veintiocho de junio subsecuente, dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio, bajo el argumento de que se actualizaba la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por considerar que en contra del acto reclamado, era procedente el medio de impugnación previsto en el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y la quejosa no lo hizo valer previamente al ejercicio de la acción constitucional.
6) Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, donde se registró con el número 475/2019; y en sesión de veintinueve de enero de dos mil veintiuno, dictó sentencia en la que, por unanimidad de votos, se revocó la resolución recurrida y se concedió a la quejosa el amparo que solicitó, al tenor de las siguientes consideraciones:
• Los argumentos de agravio son esencialmente fundados.
Ello, porque de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprendía la improcedencia del juicio constitucional en contra de las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las que la ley ordinaria concedía algún recurso o "medio de defensa" dentro del procedimiento, por virtud del cual podían ser modificadas, revocadas o nulificadas.
La a quo consideró que previo a la impugnación en el amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso previsto en el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, era esencialmente fundado lo que afirmó el recurrente, en el sentido de que se realizó un estudio erróneo de dicho precepto legal, confundiéndolo con un recurso.
Ello, porque en la norma citada se establece que las notificaciones podían ser nulas cuando causen indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en el código; sin embargo, no consigna con total precisión un medio de impugnación contra las notificaciones en materia penal, pues no se establece la forma, términos y plazo en que se debe realizar esa impugnación, ni remite a algún otro precepto legal.
Por tanto, de conformidad con el párrafo último de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se actualizaba una excepción al principio de definitividad, porque la procedencia del recurso o medio de defensa, estaba sujeta a interpretación adicional, y su fundamento legal era insuficiente para determinarla, lo que dejaba al quejoso en libertad de agotar el medio de impugnación o acudir al juicio de amparo.
Así, se determinó que lo procedente era revocar la sentencia recurrida, analizar las causales de improcedencia invocadas y no estudiadas por el órgano jurisdiccional, y de no actualizarse alguna, llevar a cabo el análisis de los conceptos de violación.
• Se estableció que las autoridades responsables no hicieron valer causales de improcedencia, ni oficiosamente se advirtió su existencia, por lo que procedía el análisis de los conceptos de violación que se plantearon en el amparo indirecto.
• En el estudio de fondo, se determinó que los conceptos de violación que hizo valer la quejosa para impugnar los actos reclamados eran fundados, al ser suplidos en su deficiencia.
Ello, porque consideró que la diligencia de notificación del auto de veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, en la causa penal **********, se realizó en contravención al artículo 82, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales y, en consecuencia, le concedió el amparo que solicitó, para el efecto de que se declarara insubsistente la diligencia de notificación, así como las actuaciones realizadas con posterioridad; en particular, la de diez de diciembre de dicho año, en la que el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, declaró legal la notificación al asesor jurídico de la víctima, respecto del acuerdo de veintiséis de noviembre del mismo año, en el cuadernillo **********, y confirmó la resolución de no ejercicio de la acción penal, dictada por el Ministerio Público en la carpeta de investigación **********, el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, instruida contra **********, por el delito de fraude cometido en perjuicio de la quejosa **********; asimismo, para que se señalara fecha y hora para que tuviera verificativo la reposición de la audiencia en la que se resolvería sobre la impugnación del control del no ejercicio de la acción penal; y ordenara notificar personalmente al asesor jurídico de la víctima en el domicilio correspondiente.
9. Consideraciones que dieron origen a la tesis aislada siguiente:
"NOTIFICACIONES EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. AL NO ESTABLECER EL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES UN MEDIO IDÓNEO Y EFICAZ PARA IMPUGNAR LAS PRACTICADAS DURANTE ALGUNA DE SUS ETAPAS, SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.
"Hechos: La quejosa promovió amparo indirecto contra la notificación del acuerdo en el que se señaló fecha y hora para la celebración de una audiencia, practicada por la actuaria judicial. La Juez Federal que conoció del asunto estimó actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al considerar que contra el acto reclamado procede el medio de impugnación previsto en el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, por ello, sobreseyó en el juicio de amparo. Inconforme con esa determinación, la quejosa interpuso recurso de revisión.
"Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que al no establecer el artículo 88 del Código Nacional de Procedimientos Penales un medio idóneo y eficaz para impugnar las notificaciones practicadas durante alguna de las etapas del proceso penal acusatorio y oral, se actualiza una excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra.
"Justificación: Lo anterior es así, porque el precepto citado establece que las notificaciones pueden ser nulas cuando causen indefensión y no se cumplan las formalidades previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, no consigna con total precisión un medio de impugnación contra las notificaciones, pues no se establece la forma, los términos y el plazo en el que puede interponerse, ni remite a algún otro precepto legal, por lo que de conformidad con el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, se actualiza una excepción al principio de definitividad, ya que la procedencia del recurso o medio de defensa está sujeta a interpretación adicional y su fundamento legal es insuficiente para determinarla, lo que deja al quejoso en libertad de acudir directamente al juicio de amparo indirecto."(5)
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
10. Sobre la base de lo anterior, se debe dilucidar, en primer lugar, si existe o no la contradicción de criterios que se denunció.
11. Al respecto, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que para que se actualic
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31444-63ad5fb6/nulidad-de-la-notificacion-prevista-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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