ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. SI CONTRA LA NEGATIVA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS A PROPORCIONARLA SE PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, NO SE ACTUALIZA LA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XX, DE LA LEY DE LA MATERIA.
QUEJA 225/2017. 8 DE MARZO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GERMÁN MARTÍNEZ CISNEROS. SECRETARIO: DAVID OROZCO PERAZA.
CONSIDERANDO:
OCTAVO.—Decisión y su justificación.
Ahora bien, el recurso de queja es fundado.
En principio, debe decirse que la discusión en los recursos de queja interpuestos por los promoventes del amparo en contra del auto que desecha la demanda de amparo, se centra en analizar si la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito, se acreditó de manera manifiesta e indudable, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo,(4) entendiéndose por lo primero, aquello que el juzgador advierta de manera contundente para apoyar la causa de improcedencia que en el caso se actualice, y que le permita desechar la demanda y, lo segundo, significa evidente, esto es, lo que no puede ponerse en duda.
La norma referida evita que los juzgadores de amparo continúen con un juicio que no va a prosperar, cuando de la lectura de la demanda se adviertan elementos precisos que no dejen lugar a dudas sobre la actualización de una causa de improcedencia.
Pero, como se trata de una norma cuya aplicación priva a los promoventes de la oportunidad de acceder al juicio de amparo, debe ser vista como un caso excepcional, de manera que el Juez Federal, al rechazar de tajo la acción constitucional intentada, lo hará tomando en cuenta todas aquellas circunstancias fácticas y jurídicas que se desprendan de la demanda y que lo lleven a la convicción de que el juicio de amparo intentado es improcedente, sin que exista la posibilidad, más adelante, de que se demuestre lo contrario.
Por esto, la fundamentación y motivación que exprese el Juez de amparo al desechar la demanda, debe alcanzar el máximo estándar de exhaustividad y precisión, y ser capaz de evidenciar que de la sola lectura del escrito de demanda y de sus anexos, se obtienen todos los elementos que invoca en su resolución para sustentar su hipótesis de improcedencia, es decir, que ahí mismo encuentra demostrada manifiesta e indudablemente la improcedencia del juicio de amparo, sin necesidad de esperar a los informes justificados o a las pruebas que en su momento pudieran agregarse a los autos.
En ese sentido, basta con que los agravios expresados por los recurrentes contengan elementos que razonablemente debiliten la hipótesis de improcedencia expuesta por el Juez de amparo, ya sea que la refuten cabalmente o que la vuelvan tan compleja que no corresponda a la etapa inicial del proceso, o bien, que revelen hipótesis alternativas u otros datos que a juicio del tribunal revisor sean suficientes para dudar del motivo de improcedencia expuesto por el a quo, porque el propósito de la presente queja no es resolver el fondo de la controversia, sino sólo constituye un medio de control de las decisiones que emite el Juez en el juicio de amparo, que pudieran afectar el acceso a la justicia constitucional.
Por último, debe mencionarse que el tribunal revisor tiene facultades para invocar una causa de improcedencia diversa a la expuesta por el Juez de amparo; sin embargo, ello sólo es posible cuando dicha causa está demostrada, como lo exige el mencionado artículo 113 de la Ley de Amparo, o sea, de manera manifiesta e indudable.
Puntualizado lo anterior, a fin de advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen para así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hubiesen sido manifestados claramente por el promovente, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia, ni tampoco puedan desvirtuar su contenido; en caso contrario, es decir, de no existir una causa de improcedencia notoria e indudable, o que se tenga duda de su operancia, el Juez de Distrito debe admitir a trámite la demanda de amparo y no desecharla de plano.
Lo anterior, con apoyo en la tesis 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y contenido son del tenor siguiente:
"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.—El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por ‘manifiesto’ lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada."(5)
En ese orden de ideas, debe tenerse presente que la demanda de amparo fue desechada de plano, al considerar el Juez de Distrito que resultaba notoriamente improcedente porque, desde su perspectiva, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, previo a acudir a la vía constitucional, los quejosos debieron observar el principio de definitividad, habida cuenta que en contra del acto reclamado, la Ley Nacional de Ejecución Penal establece un procedimiento administrativo y recursos con control judicial, por virtud del cual, esos actos pueden ser revocados, modificados o nulificados.
Es cierto, como lo considera el Juez a quo, que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa y que deben ser puntualmente observados, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional.
En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga al quejoso a agotar previamente a su interposición los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo pues, como ya se dijo, el juicio se concibió como un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios.
Sin embargo, el citado principio no es aplicable en todos los casos, pues el propio artículo 107 constitucional prevé diversos supuestos de excepción, concretamente, su fracción IV, es del tenor siguiente:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"... IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley.
"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución;"
Por su parte, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"... XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.
"No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia."
En lo particular, de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se advierte que es improcedente el juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal, por el cual puedan ser modificados, revocados o nulificados (principio de definitividad).
Asimismo, que existen las siguientes excepciones a ese principio:
a) El acto reclamado carezca de fundamentación;
b) Sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; o,
c) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia.
Ahora bien, con el objeto de dilucidar si la inobservancia al principio de definitividad se actualizó de manera notoria y manifiesta, como lo estimó el Juez a quo, debe tenerse presente que los agraviados ********** y **********, por su propio derecho, reclamaron de la autoridad penitenciaria, lo siguiente:
"IV. Acto reclamado:
"Actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, en lo específico la falta de atención médica urgente."
Luego, en el capítulo de antecedentes se aprecia, en lo que interesa, lo siguiente:
"Barios (sic). Desde que ingresamos a este centro penitenciario manifestamos una enfermedad en la piel la cual no es sólo un padecimiento de la piel sino de algunas dolencias internas las cuales se exteriorizan por medio está (sic) aquí no recibimos la atención adecuada ya que no son especialistas en enfermedades, infecciones ni de la piel, las cuales se podrían derivar o dar a otros daños en nosotros, en nuestra autoestima y dañarnos psicológicamente (sic) porque no recibimos la atención que se requiere por eso solicitamos médica especializada (sic) de un dermatólogo, la cual nos ha sido negada desde hace tiempo argumentando que no pueden o que no existe tal servicio dentro de dicho centro.
"También ocupamos de la atención especializada de un traumatólogo, ya que presentamos dolores en diferentes partes de nuestro cuerpo."(6)
De lo transcrito se desprende que los quejosos precisaron como acto reclamado la negativa por parte del director general del centro de reclusión, de proporcionar atención médica especializada en dermatología y traumatología.
Cabe destacar que es posible considerar que lo solicitado por los quejosos está relacionado con el derecho humano al disfrute del más alto nivel de salud –de lo que no se tiene la suficiente certeza, pues sólo se cuenta con las manifestaciones hechas por los peticionarios en la demanda de amparo–, que se encuentra previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, así como en el numeral 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, en su parte conducente, dicen:
"Artículo 4o. ...
"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución."
"Artículo 12.
"1. Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. ..."
De lo reproducido, se desprende que la salud y su disfrute constituyen un derecho humano, cuya observancia corresponde a todas y cada una de las autoridades en el respectivo ámbito de sus competencias.
Bajo esa óptica, debe convenirse en que la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en que se apoyó el Juez de Distrito al momento de desechar la demanda de amparo, no se actualiza de manera manifiesta e indudable, pues existe la posibilidad de que el acto reclamado implique la vulneración directa de un derecho fundamental previsto en la Constitución General de la República, que no sea posible reparar mediante un medio ordinario de defensa, lo que se traduciría en una excepción al principio de definitividad.
Esto, porque al respecto sólo se cuenta con el escrito de la demanda de amparo, en donde los promoventes manifiestan que reclaman de la autoridad responsable la negativa de proporcionar atención médica especializada; de lo que destaca, como se dijo, la posibilidad de que se les esté vulnerando en su perjuicio un derecho fundamental, y que no hubiera otra forma de ser reparado, más que a través del juicio de amparo. Lo anterior se pronuncia sin prejuzgar sobre el tema, porque a la postre, con los informes justificados y posibles pruebas que se recaben en el procedimiento, se podría determinar con certeza la actualización de ésa o alguna otra causal de improcedencia, en caso contrario, tendría que pronunciarse la decisión de fondo en cuanto a la litis constitucional planteada.
De acuerdo con lo anterior, debe convenirse en que, atendiendo al acto reclamado, no es posible tener la certeza de que los promoventes del amparo estaban obligados a agotar el principio de definitividad en los términos considerados en el auto impugnado; razón por la cual, es necesario admitir a trámite la demanda a fin de contar con mayores elementos, ya sea para sobreseer en el juicio por la efectiva actualización de dicha causal o de alguna otra, o para entrar al fondo del asunto y resolver lo que en derecho corresponda.
En ese contexto, procede declarar fundado el presente recurso de queja y, por ende, se instruye al Juez de Distrito para que, si no advierte alguna irregularidad esencial en la demanda o causa diversa que motive su desechamiento, provea sobre su admisión, sin dejar de considerar lo expuesto por los quejosos en su demanda de amparo, respecto al reclamo que aducen de la autoridad responsable en cuanto a los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debiendo, en su caso, pronunciarse al respecto conforme a derecho proceda.
En la inteligencia de que en términos de los artículos 112 a 169 de la ley de la materia, es facultad del propio Juez Federal proveer sobre la admisión de la demanda, porque conlleva el cumplimiento de una serie de requisitos legales y administrativos que sólo éste conoce y le corresponde prever.
Tiene exacta aplicación la jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto siguientes:
"RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el desechamiento de una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corresponda, ordenando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión, en términos de los artículos 112 a 115 del propio ordenamiento, lo que implica que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde."(7)
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.—Son fundados los recursos de queja interpuestos por **********, en contra del acuerdo de catorce de julio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, en el juicio de amparo indirecto ********** de su índice.
Notifíquese. Engrósese el fallo dentro del término legal; anótese en el libro de registro correspondiente; con testimonio de esta ejecutoria vuelvan los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.
Así lo resolvió este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Germán Martínez Cisneros (presidente y ponente), David Pérez Chávez y Rodolfo Munguía Rojas.
En términos de lo previsto en los artículos 3, 110, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.
________________________
4. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."
5. Registro digital: 186605, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 448.
6. (f. 2 a 6 del juicio de amparo).
7. Registro digital: 2007069, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo II, agosto de 2014, página 901 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas».
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27923-56ca029b/atencion-medica-adecuada-a-los-internos-en-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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