Corpus
Modo: Corpus Pro

OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 343/2019. · Registro digital (IUS): 29358
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo I, Pág. 295.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 343/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 16 DE OCTUBRE DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN MANIFESTÓ QUE ESTÁ CON EL SENTIDO, PERO POR CONSIDERACIONES DISTINTAS, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIA: ANA MARCELA ZATARAIN BARRETT.

II. Competencia

7. Esta Primera Sala es legalmente competente para conocer y resolver la contradicción de tesis entre los citados órganos colegiados, de conformidad con una interpretación extensiva y teleológica de los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece. En virtud de que a este Alto Tribunal le compete conocer de las contradicciones de tesis entre las sustentadas por órganos de diferentes Circuitos.

III. Legitimación

8. En el presente caso, la denuncia de contradicción de tesis fue formulada por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, autoridad legitimada para denunciar la posible contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

IV. Existencia de la contradicción

9. En principio, debe destacarse que el Tribunal Pleno estableció en la jurisprudencia P./J. 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.", que para que se actualice la contradicción de tesis, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.(3)

10. Del citado criterio se evidencia que la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

11. En este orden de ideas, si las cuestiones fácticas siendo parecidas influyen en las decisiones de los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único, ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito o los Plenos de Circuito, según corresponda, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de criterios, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

12. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos, se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

13. Tales requisitos se encuentran en las jurisprudencias 1a./J. 23/2010(4) y 1a./J. 22/2010,(5) de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO." y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."

14. A continuación, se precisan las razones por las cuales se considera que en el caso concreto sí se actualizan todos los requisitos enunciados.

15. Posturas contendientes. En primer orden se sintetizan las consideraciones en que los órganos contendientes basaron sus resoluciones, las que servirán para dar respuesta a las interrogantes de si existe o no una contradicción de criterios.

Pleno en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato

16. El referido Pleno de Circuito resolvió la contradicción de tesis **********,(6) en sesión de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, de la cual se considera oportuno destacar los datos siguientes:

• Determinó que existía contradicción de criterios entre los tribunales contendientes, debido a que se ocuparon de la misma cuestión jurídica, arribando a conclusiones distintas. Para evidenciar lo anterior, sostuvo que en todos los casos la demanda de amparo fue presentada por grupos de personas internas en el centro de reinserción social, quienes señalaron como responsables a las autoridades penitenciarias de ese establecimiento, quienes estaban obligadas a proporcionarles atención médica y porque en las ejecutorias materia de la denuncia, se indicó como acto reclamado la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos y de suministrarles los medicamentos indicados para sus padecimientos.

• Para sostener lo anterior, indicó que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo Circuito, estimó que la omisión reclamada se traducía en un hecho que conlleva una ejecución material, en tanto el acto, aparentemente negativo, produce un efecto positivo resultante de privar de un derecho al particular de la asistencia médica; mientras que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito de idéntica materia y circunscripción, consideró que el acto reclamado no requería de tal ejecución material.

• Consideró que el origen de la discrepancia de criterios surgió con motivo del entendimiento de la ejecución material del acto reclamado, puesto que, dijo, a partir de su conceptualización es que se estima, por parte de un Tribunal Colegiado de Circuito, que la omisión de las autoridades responsables de brindar atención médica y suministrar medicamentos a la población penitenciaria, produce un efecto material, una objetivación de la conducta, determinó su competencia; mientras que el otro considera que ello no es así, pues la inactividad de que se acusa a las autoridades del centro de reclusión, ninguna ejecución material produce.

• De la misma forma, sostuvo, es sólo hasta que se concluye, por parte de cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, si el acto reclamado produce ejecución material, o no, es que se llega a la conclusión relativa a cuál de los órganos jurisdiccionales corresponde el conocimiento del asunto, en términos de las reglas previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo.

• Una vez expuesto lo anterior, determinó que quien debe conocer del juicio de amparo indirecto es el Juez de Distrito que tenga competencia legal sobre el centro penitenciario donde se encuentre interna la persona. Para justificar lo anterior, en principio señaló que los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen a las autoridades penitenciarias el deber ineludible de garantizar a los internos de un centro de reclusión la atención médica que requieren.

• Asimismo, indicó que esta Alta Corte al resolver el amparo directo en revisión 1359/2015, sostuvo que en nuestro sistema jurídico las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos sino también a través de actos negativos u omisiones.

• Del mismo modo, indicó que las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a brindar atención médica a la población del establecimiento, y si durante la tramitación del juicio de amparo se llegara a demostrar que ese deber fue incumplido, dicha inactividad configuraría una omisión reconocida como tal en el ámbito jurídico, con los efectos positivos resultantes de la inobservancia de tal obligación.

• Así, el Pleno de Circuito concluyó que la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar a los internos la atención médica que requieran, constituye un acto negativo que produce efectos positivos ejecutables materialmente. Lo anterior, porque tal inactividad conlleva a la alteración y agravamiento del estado de salud de los quejosos, pues las reglas de la lógica indican que la mayoría de las enfermedades no se resuelven de manera natural, sino que es necesario la intervención de un agente que aporte un tratamiento médico que equilibre la corporeidad o la psique de la persona.

• Finalmente, precisó que la regla de competencia que debía prevalecer es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual finca competencia a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, pues la privación de ese derecho humano a la salud sí materializa una consecuencia en la integridad física de los quejosos.

• Las consideraciones sintetizadas dieron origen a la jurisprudencia número PC.XVI.P. J/3 P (10a.),(7) que dice: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: ‘CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.’, se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 34 y 72 a 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal imponen a las autoridades penitenciarias la obligación de garantizar atención médica a los internos bajo su resguardo, en tutela al derecho humano a la salud. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que la ejecución material de un acto reclamado no atiende solamente a su contenido –en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo–, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. Así, la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a los internos bajo su resguardo constituye un acto negativo con efectos positivos, pues produce una afectación que trasciende a la materialidad, ante la alteración o agravamiento de su estado de salud, por lo que posee el atributo de ser ejecutable materialmente. Con base en lo anterior, se concluye que la regla de competencia por territorio a la que hay que acudir, es la prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que finca los atributos para conocer de la demanda relativa, a favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto reclamado, es decir, en el domicilio del establecimiento penitenciario."

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco

17. El citado Tribunal Colegiado falló el recurso de queja **********, en sesión de once de julio de dos mil diecinueve, del cual se considera oportuno destacar los siguientes datos:

18. Juzgado de amparo. El asunto derivó de una demanda de amparo promovida por personas recluidas en un centro penitenciario ubicado en Puente Grande, Jalisco, la cual fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, el once de junio de dos mil diecinueve, donde fueron señalados como actos y autoridades responsables los siguientes:

Acto reclamado:

• La omisión y negativa de las autoridades responsables de brindarles atención médica, medicamento adecuado y ser valorados por los especialistas en traumatología y otorrinolaringología.(8)

Autoridades responsables:

• Director general del Centro Federal de Readaptación Social número Dos "Occidente".

• Titular o encargado del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social número Dos "Occidente".

19. Por acuerdo de once de junio de dos mil diecinueve, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, registró la demanda y se declaró legalmente incompetente para conocer de la misma en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, declinando competencia a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, remitiéndola a la oficina de correspondencia común respectiva.

20. El catorce de junio de dos mil diecinueve, el Juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, aceptó la competencia declinada y desechó de plano la demanda de amparo al considerar que se actualizaba la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con los diversos numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo.

21. Recurso de queja. Inconforme con dicho fallo, el representante común de los quejosos interpuso recurso de queja, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, quien determinó, en lo que interesa, lo siguiente:

• Destacó que el acto reclamado consistente en la falta de atención médica por diversos especialistas y la negativa de proporcionar medicamentos a los quejosos es un acto de naturaleza omisiva que no demanda ejecución material.

• Lo anterior, dijo, porque el acto señalado es de naturaleza omisiva, dado que no puede soslayarse que en el caso concreto, que lo pretendido por los quejosos es que con la promoción del juicio de amparo, es que las autoridades responsables les proporcionen atención médica por parte de especialistas que indicaron, así como los medicamentos reclamados.

• Con motivo de ello, estimó que se actualizaba el supuesto previsto en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que estimó competente para conocer de la demanda de amparo, el Juez de Distrito ante quien se presentó ésta, por lo que revocó el acuerdo recurrido y ordenó al Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, que se declarara legalmente incompetente para conocer de dicha demanda y que la remitiera al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, dado que ante éste se presentó la misma.

22. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los órganos contendientes al resolver las cuestiones litigiosas, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.

23. De lo referido en párrafos anteriores, se advierte que los órganos en disputa, para determinar qué Juez de Distrito es legalmente competente en términos del artículo 37 la Ley de Amparo para conocer de la demanda de amparo promovida por personas internas en un centro de reinserción social, cuando el acto reclamado consiste en la omisión por parte de las autoridades penitenciarias de proporcionarles atención médica.

24. En efecto, en el caso concreto el Pleno en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito al resolver la contradicción de tesis **********, concluyó que quien debe conocer del juicio de amparo contra los referidos actos es el Juez de Distrito que tenga competencia legal por territorio sobre el centro penitenciario donde se encuentre interna la persona, esto en términos del artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Lo anterior, bajo el argumento central de que tal acto –omisión–, constituye un acto negativo con efectos positivos ejecutables materialmente en la persona interna, quien resentirá tal omisión con el agravamiento de su salud.

25. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito estimó que los citados actos al ser de naturaleza omisiva carecían de ejecución material, por lo que la competencia surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo.

26. Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios interpretativos. En los ejercicios interpretativos realizados por los órganos contendientes existió un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver.

27. Existencia de la contradicción. El Pleno en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito determinó que cuando en amparo indirecto se reclame la omisión de proporcionar atención médica y el suministro de medicamentos a personas recluidas en un centro de reinserción social, la competencia para resolver dicho juicio surte en favor del Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar al que corresponda el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluida la persona, dado que la omisión reclamada se traduce en un hecho que conlleva una ejecución material, en tanto el acto "aparentemente negativo" produce un efecto positivo en la salud del particular, quien resiente la omisión reclamada, lo anterior de conformidad con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

28. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito consideró que cuando en amparo indirecto se reclame la omisión de las autoridades penitenciarias de proporcionar atención médica y la negativa de proporcionarle los medicamentos requeridos por la persona privada de su libertad, la competencia para resolver dicho juicio surte en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, pues estimó que la omisión de brindar atención médica y proporcionar medicamentos es un acto de naturaleza omisiva y en consecuencia no requiere ejecución material de conformidad con el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo.

29. De lo anterior se advierte, la existencia de un punto de toque respecto a un tema entre los criterios de los órganos contendientes, específicamente, en relación al Juez de Distrito que debe conocer –competencia legal– de una demanda de amparo, cuando se reclame la omisión, por parte de las autoridades penitenciarias de proporcionar a una persona privada de su libertad atención médica.

30. Lo anterior se sostiene, porque uno de ellos consideró –Pleno de Circuito– que dicha omisión constituye un acto negativo con efectos positivos, por lo que es legalmente competente para conocer del juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito con jurisdicción en el lugar del domicilio del centro de reclusión en que se encuentre privado de su libertad el quejoso, de conformidad con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

31. En cambio, el otro órgano contendiente –Tribunal Colegiado- consideró que tal acto constituye una omisión que no requiere ejecución material, por lo que debe conocer del juicio de amparo indirecto el Juez de Distrito ante quién se haya presentado la demanda, sin importar el lugar en el cual se encuentre interno el quejoso, en términos del artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo.

32. Así, resulta claro que, ante un mismo problema jurídico sometido a su jurisdicción, los órganos contendientes arribaron a conclusiones diferentes, ello en cuanto a determinar qué Juez de Distrito es legalmente competente para conocer de una demanda de amparo cuando una persona privada de su libertad reclama a las autoridades penitenciarias la omisión de proporcionarle atención médica.

33. Ahora bien, es importante puntualizar que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no inadvierte que el Tribunal Colegiado contendiente analizó en el citado recurso de queja lo que también fue reclamado como acto en la demanda de amparo, esto es, la negativa –además de la omisión de asistencia médica- de proporcionar los medicamentos requeridos por la persona privada de su libertad y, por su parte, el Pleno de Circuito desarrolló su doctrina en su resolución respecto a actos consistentes en la omisión de proporcionar los medicamentos requeridos por la persona privada de su libertad.

34. Sin embargo, ese punto en particular no puede ser materia de la presente contradicción, debido a que por su naturaleza, los actos omisivos y los actos negativos poseen características diferentes, por lo que no pueden equipararse y de hacerse ello resultaría incorrecto, dado que las negativas de las autoridades no están conectadas con ninguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber sino con una petición por parte del justiciable, ante quien le fue negada su solicitud o petición, mientras que las omisiones sí lo están, como luego se verá, de ahí que una omisión no puede equipararse con una negativa, y por ese motivo dicho acto-tema se excluye de la presente contradicción.

35. Tercer requisito: surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Pues bien, los puntos de vista de los órganos contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, respecto a supuestos fácticos idénticos, dan lugar a la formulación de la siguiente interrogante:

¿En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo qué Juez de Distrito es legalmente competente para conocer de una demanda de amparo promovida por una persona privada de su libertad cuando reclama la omisión de las autoridades penitenciarias de proporcionarle atención médica?

V. Consideraciones y fundamentos

36. Esta Primera Sala considera que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sostenido en esta ejecutoria, donde se determina que cuando una persona privada de su libertad reclame la omisión por parte de las autoridades penitenciarias de proporcionarle atención médica resulta legalmente competente el Juez de Distrito que resida en el domicilio del centro de reclusión en el que se encuentre privado de su libertad el quejoso, pues tal omisión posee consecuencias que se materializan en un plano fáctico, por la situación particular del reclamo y en la que se encuentra el peticionario de amparo frente a la autoridad, por lo que es dable concluir que el mismo, sí tiene ejecución material.

37. Con motivo de ello, debe ceñirse a la regla que establece el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo,(9) que establece que si el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del Juez que resida en la jurisdicción donde se materializan los efectos. Esto es, donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado ya el acto reclamado.

38. En efecto, la naturaleza de la omisión de proporcionar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, en realidad no se trata de una omisión simple sin efecto alguno, dado que sí produce consecuencias materiales en el estado de salud de las personas privadas de la libertad ya que la mayoría de las enfermedades y/o padecimientos no se resuelven de forma natural, sino que requieren la intervención de un agente externo que aporte sus conocimientos en el campo de la medicina para equilibrar el estado de salud comprometido, sea a manera de revisión, o bien, en aras de proporcionar un tratamiento médico determinado, cuando una persona tiene un quebranto evidente en su salud.

39. Así, mientras no se proporcione la asistencia médica correspondiente a la persona privada de su libertad, la cual el Estado, a través de las autoridades penitenciarias, se encuentra obligado a garantizarle, dado que aquél se encuentra bajo la tutela de éste, la persona recluida padecerá de esa falta de dicha atención, así como las consecuencias en su salud que ello conlleva.

40. Ahora bien, con la finalidad de explicar mejor lo anterior, en principio se considera oportuno examinar la naturaleza del acto reclamado en los supuestos sometidos a contradicción, sólo que para ello primero debe estudiarse la forma en la cual se dividen los actos de forma genérica de acuerdo a su naturaleza y consecuencias. Así, los actos se dividen en:

1. Positivos

2. Negativos

• Actos negativos simples

• Actos negativos con efectos positivos;

• Actos prohibitivos

3. Omisivos o abstenciones

41. Los actos positivos son aquellos que implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable, es decir, consisten en una actividad que el gobernado estima violatoria de sus derechos fundamentales, por lo que se traducen en un hacer o un no hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia.

42. Por su parte, los actos negativos son aquellos en los que la autoridad se rehúsa a satisfacer la pretensión del gobernado. Esto es, la autoridad ha hecho manifestación de voluntad para no conceder al quejoso lo que a él presuntamente le corresponde.(10)

43. Dentro de los actos negativos, se manifiesta una conducta positiva de las autoridades que se traduce en un no querer o no aceptar lo solicitado por el gobernado. En esta clase de acto se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niegan lo que los gobernados les solicitan.

44. En ese sentido, los actos negativos se subdividen en: i) actos negativos simples; ii) actos negativos con efectos positivos; y, iii) actos negativos prohibitivos.

45. Actos negativos simples, son aquellos en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada.

46. Actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos; sin embargo, en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues la autoridad no sólo exterioriza una negativa con relación a la pretensión del gobernado, sino que además impone cargas concretas fácilmente identificables. Así, se distinguen de los actos puramente negativos por sus efectos, los cuales, se traducen generalmente en la imposición de obligaciones a los gobernados.

47. Por tanto, se diferencian de los actos negativos en los efectos positivos, que se traducen en actos efectivos de las autoridades apartándose del rehusamiento que caracteriza a los actos puramente negativos.

48. Actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un no hacer, por lo que se traduce en un verdadero hacer de la autoridad consistente en imponer al gobernado una obligación de abstenerse de llevar a cabo determinada conducta, lo que entraña una limitación a la actividad del gobernado. Por ello, los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran el quehacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso.

49. Finalmente, los actos omisivos o abstenciones, son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, para que se traduzca la omisión.

50. En efecto, al resolver el amparo en revisión 1241/1997, esta Primera Sala puntualizó que para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido.

51. Adicionalmente, al resolver el amparo directo en revisión 978/2007, esta Primera Sala precisó que no deben confundirse las nociones de actos negativos y omisivos ("no hacer" y "omisión"). Ello es así, pues la diferencia entre ellas es que los estados de inacción no están conectados con ninguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Así, muchas de las cosas que no hacemos pertenecen si

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29358-eb6434b9/omision-de-brindar-atencion-medica-a-personas-privadas · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.