COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO. 21 DE ENERO DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ROBERTO HOYOS APONTE, JORGE LUIS MEJÍA PEREA, ALBERTO AUGUSTO DE LA ROSA BARAIBAR Y ARTURO RAFAEL SEGURA MADUEÑO. DISIDENTE: SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: ROBERTO HOYOS APONTE. SECRETARIA: FLOR NAYELLI CARREÓN GARCÍA.
Guanajuato, Guanajuato. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, correspondiente a la sesión de veintiuno de enero de dos mil diecinueve.
VISTOS los autos para resolver la contradicción de tesis 4/2018, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito.
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncias de la contradicción de tesis. Mediante oficio **********, recibido el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho por el secretario de Acuerdos del Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, denunció la posible contradicción de tesis suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, al resolver los conflictos de competencia 14/2018 y 15/2018, en sesiones de diez y tres de octubre de dos mil dieciocho, respectivamente, en los que, esencialmente, se consideró que quien posee atributos competenciales para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por diversos internos del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco, en contra de la omisión de las autoridades penitenciarias de brindarles atención médica, así como de proporcionarles los medicamentos que los internos requieren para los padecimientos que refieren, es el Juez de Distrito que ejerce su jurisdicción en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan –o el que resida en donde el quejoso guarde reclusión–, en atención a que tales omisiones se traducen en una conducta que genera una consecuencia material inmediata respecto del derecho sustantivo a la salud de los peticionarios;(1) frente al diverso criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, al fallar el conflicto competencial 11/2018, en sesión de veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se consideró que tales omisiones ninguna ejecución material producen,(2) por lo que el Juez competente para conocer una demanda de amparo en la que se reclame esa conducta omisiva, es aquel en donde se haya presentado.
SEGUNDO.—Trámite de la denuncia de contradicción de tesis. En proveído de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito admitió a trámite la denuncia precisada en el punto anterior, solicitó a los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, copia certificada de las citadas ejecutorias y que informaran si los criterios sustentados se encontraban vigentes.
Por oficios ********** y ********** –de veinticinco y veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, suscritos, respectivamente, por los secretarios de Acuerdos de los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia Penal de este Circuito–, las presidencias de los referidos órganos colegiados comunicaron que los criterios materia de la denuncia se encuentran vigentes.
En acuerdo de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio **********, datado el seis de noviembre, signado por la licenciada Erika Arellano Hobelsberger, encargada del despacho de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual comunicó que, de conformidad con el oficio ********** del secretario general de Acuerdos de ese Máximo Órgano Jurisdiccional, una vez que se llevó a cabo la consulta al "sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver", se logró conocer que durante los últimos seis meses no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte, cuya problemática a dilucidar gire en torno al tema: "... Competencia por territorio para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por personas internas en un Centro Federal de Readaptación Social en contra de la falta u omisión de atención médica ...".
TERCERO.—Turno. El nueve de noviembre de dos mil dieciocho, el Magistrado presidente del Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con fundamento en lo establecido por los artículos 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 13, fracción VII y 28 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, turnó el asunto al Magistrado Roberto Hoyos Aponte para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
CUARTO.—Ulterior denuncia de contradicción. Por oficio número **********, recibido el nueve de noviembre de dos mil dieciocho por el secretario de Acuerdos del Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, el Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, denunció la posible contradicción de tesis suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, al resolver los conflictos de competencia 4/2018 y 16/2018, en sesiones de once de julio y dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, respectivamente; frente al diverso criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, al fallar los conflictos competenciales 3/2018 y 11/2018, en sesiones de diez de mayo y veinte de septiembre de dos mil dieciocho, en relación con el mismo tema a debate.
En tal virtud, por auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho, dictado por el presidente del Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, y a fin de privilegiar la economía procesal que pregona el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin aperturar nuevo cuadernillo, se ordenó la remisión al ponente de esa denuncia y sus anexos, a fin de tomar en consideración lo referido por el Juez de Distrito denunciante.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito es competente para conocer y resolver las denuncias de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 9 y 13, fracción VII, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que contienden Tribunales Colegiados de este Circuito, especializados en materia penal.
SEGUNDO.—Legitimación. Las denuncias de contradicción de tesis provienen de parte legitimada, conforme a lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formuladas por el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, y por el Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, respecto de asuntos de su conocimiento, que las motivaron.
TERCERO.—Posturas contendientes.
1. Resoluciones del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, en los conflictos de competencia 4/2018, 14/2018, 15/2018 y 16/2018.
a) Antecedentes:
Grupos de quejosos internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", promovieron sendas demandas de amparo indirecto en contra de los actos atribuidos a autoridades penitenciarias, consistentes en la omisión de brindarles atención médica y de proporcionarles los medicamentos que requieren para los padecimientos que los aquejan.
Las demandas de amparo fueron presentadas en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, y turnadas a los Juzgados Tercero, Séptimo y Décimo Primero (dos de ellas), donde fueron registradas bajo los números de expediente 405/2018,(3) 636/2018,(4) 710/2018(5) y 710/2018.(6)
Los titulares de los referidos órganos jurisdiccionales declararon carecer de competencia legal –por razón de territorio– para conocer de los asuntos de referencia y remitieron los cuadernos de amparo al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, con residencia en Zapopan, Jalisco, en turno.
La demanda que dio origen al juicio de amparo 405/2018, del índice del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, fue turnada al Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; en tanto que los libelos registrados bajo los números de expediente 636/2018, 710/2018 y 710/2018, de la estadística –en su orden– de los Juzgados Tercero, Séptimo y Décimo Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, fueron turnados al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan.
Los Jueces de Distrito a cuyo favor se declinó la competencia legal, integraron los juicios de amparo números 710/2018, 1046/2018, 1119/2018 y 1120/2018, y se pronunciaron en el sentido de no aceptar la competencia planteada, por lo que ordenaron devolver las demandas y sus anexos a los órganos jurisdiccionales de origen.
A su vez, los Jueces Tercero, Séptimo y Décimo Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, insistieron en declinar la competencia y ordenaron enviar los autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito Judicial, a efecto de que resolviera la cuestión competencial.
Por razón de turno, el conocimiento de esos asuntos correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, donde se integraron los conflictos de competencia 4/2018, 14/2018, 15/2018 y 16/2018, los que fueron resueltos en los términos que se indican en el inciso siguiente.
b) Resolución de los conflictos de competencia
En sesiones de once de julio, diez, tres y dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, respectivamente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito declaró que quienes deben conocer de los juicios de amparo promovidos contra las omisiones de las autoridades penitenciarias señaladas como responsables de brindar a los internos quejosos atención médica, así como de suministrar los medicamentos indicados para los padecimientos que refieren; son los Jueces de Distrito que ejercen jurisdicción en el lugar donde se ubica el centro de reclusión en el que los quejosos se encuentran internos.
La decisión a la que arribó el mencionado Tribunal Colegiado de Circuito se sustentó en las siguientes consideraciones:
• El Tribunal Colegiado de Circuito contendiente sustentó como premisas para su estudio, las tres reglas básicas para determinar la competencia por territorio para conocer de una demanda de amparo, previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo.
• En este sentido, explicó que la primera de tales reglas indica que cuando el acto reclamado es materialmente ejecutable, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado.
• Agregó que la segunda de tales reglas prevé que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue realizándose en otro, será competente el Juez ante el que se presente la demanda.
• Finalmente, destacó que la tercera de tales reglas competenciales establece que cuando no se requiere ejecución material del acto reclamado, conocerá el Juez en cuya jurisdicción se presente el libelo.
• Adicionalmente a ello, el Tribunal Colegiado de Circuito estimó necesario sentar postura acerca de la naturaleza del acto reclamado, a fin de determinar si tiene o no ejecución material, como punto de partida para esclarecer si produce efectos en uno o más Distritos Judiciales.(7)
• En ese sentido, afirmó que los actos negativos se subdividen en actos negativos simples, definidos como aquellos en los cuales la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado; en actos prohibitivos, que son los que se traducen en la emisión de una orden positiva de autoridad, tendente a impedir o limitar una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno; en actos de abstención, que implican un no actuar de la autoridad, por lo que carecen de ejecución; y en actos negativos con efectos positivos, consistentes en aquellos que aparentemente implican el rechazo a una solicitud del particular, pero imponen obligaciones o privan de un derecho al particular.
• El Tribunal Colegiado de Circuito puso especial acento en que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la ejecutoria que dio origen a la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), que desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión, pues para que esa figura jurídica se construya en el ámbito jurídico, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación.
• Para evidenciarlo, citó los datos de identificación, localización y contenido de la referida tesis aislada, de título "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD."
• Conforme a tales premisas, el Tribunal Colegiado de Circuito contendiente llegó a la conclusión de que la inactividad reclamada a las autoridades responsables configura una omisión, debido a que estas últimas tienen el deber –incumplido, según lo narraron los quejosos– de brindar la atención médica requerida por la población penitenciaria, así como de suministrar los medicamentos relacionados con el tratamiento específico que se haya prescrito a los peticionarios.
• Con base en lo anterior, estableció que ese acto, aparentemente negativo, produce un efecto positivo resultante de privar de un derecho al particular, lo que es materia del reclamo constitucional.
• Para evidenciarlo, explicó que la omisión de brindar atención médica a los internos de un establecimiento genera una consecuencia material inmediata respecto del derecho sustantivo a la salud de los impetrantes, pues su integridad física se ve mermada cuando las responsables no les brindan la atención médica que requieren, no obstante que se encuentran obligadas a ello; de ahí que –consideró– esa omisión se traduce en una conducta que conlleva una ejecución material.(8)
• En virtud de lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito de mérito estimó que el acto reclamado, por su naturaleza, es materialmente ejecutable al interior del Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco, donde los quejosos se encontraban internos al momento de la promoción del juicio de amparo, según lo manifestaron.
• Conforme a lo precisado, el Tribunal Colegiado de Circuito estimó actualizada la hipótesis prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, relativa a que será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar en el que deba, trate, se esté o se haya ejecutado el acto que se reclama.
Con base en las consideraciones referidas, el órgano colegiado determinó que los Jueces Primero y Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, a quienes se turnaron las demandas de amparo de origen, debían ser quienes conocieran de los mencionados juicios constitucionales.
2. Resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, en los conflictos competenciales 3/2018 y 11/2018.
a) Antecedentes
Dos grupos de quejosos internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con residencia en El Salto, Jalisco, promovieron demandas de amparo indirecto en contra de los actos atribuidos a diversas autoridades penitenciarias, consistentes en la falta de atención médica y suministro de medicamentos indicados por padecimientos psiquiátricos.
El conocimiento de ambas demandas de amparo correspondió al Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien las registró bajo los números de expediente 250/2018 y 564/2018. De igual forma, declinó competencia al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno.
Bajo ese criterio, el conocimiento de los asuntos correspondió a los Juzgados Tercero y Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, quienes radicaron los expedientes 409/2018 y 882/2018, respectivamente, y se pronunciaron en el sentido de no aceptar la competencia planteada, ordenando la devolución de la demanda al órgano jurisdiccional declinante.
El Juez Décimo Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, insistió en declinar la competencia y ordenó enviar los asuntos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, a efecto de que resolviera sobre los diferendos competenciales.
Por razón de turno, el conocimiento de los asuntos correspondió al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, donde se integraron los conflictos competenciales 3/2018 y 11/2018, que fueron resueltos en los términos que se indican en el siguiente apartado.
b) Resolución de los conflictos de competencia
En sesiones de diez de mayo y veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito resolvió los indicados medios de defensa, por mayoría de votos de sus integrantes,(9) declarando que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo en la que se reclame la omisión de brindar atención médica a miembros de una comunidad penitenciaria, es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado.
La conclusión alcanzada se apoyó en los siguientes razonamientos:
• El Tribunal Colegiado de Circuito contendiente sostuvo que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece como único criterio para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo indirecto, el relativo a la ejecución material del acto reclamado.
• Acotó que sobre el tema, las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron las jurisprudencias 1a./J. 17/2014 (10a.) y 2a./J. 68/2015 (10a.), cuyos títulos, subtítulos y textos transcribió.
• En relación con el primero de tales criterios jurisprudenciales, el órgano colegiado expuso que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue categórica al explicar cuál es el método que el operador jurídico debe aplicar para interpretar el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.
• Expuso que, en esa ocasión, el Alto Tribunal destacó que, a fin de dotar de alcance y sentido a los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en congruencia con lo dispuesto en el diverso 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debía considerarse que el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, era de aplicación estricta, por lo que debía omitirse el empleo de algún método sistemático, teleológico o lógico para desentrañar su sentido y alcance, pues la intención del legislador quedó plasmada con toda claridad en el contenido de la norma.
• En particular, destacó que conforme a ese criterio jurisprudencial, tratándose de actos reclamados que carecen de ejecución material, el Juez competente para resolver el conflicto constitucional es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, pues así lo indica la literalidad del artículo 37 en cita.
• Por otra parte, al referirse en el conflicto de competencia 11/2018 a la diversa jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.), ese órgano colegiado destacó que –conforme al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación– debía considerarse que el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la competencia territorial de los Jueces de Distrito estableciendo que la tendrá quien ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado en la demanda de amparo se ejecute o trate de ejecutarse.
• Agregó que el artículo 37 de la Ley de Amparo en vigor concretiza tales reglas constitucionales de competencia y alude a la ejecución material para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo.
• Explicó que la expresión "ejecución material" debía entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tuvieran que realizar acciones que produjeran un cambio material, ya sea por sí mismo, o porque sus efectos conllevaran esa situación.
• Afirmó que la ejecución no atiende solamente al contenido del acto reclamado –en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición de llevar a cabo algo–, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real.
• Conforme a tales directrices, externó que si bien el artículo 37 de la Ley de Amparo prevé tres hipótesis para fijar la competencia, lo cierto es que entre ellas existen distinciones fundamentales. Así, determinó que lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia –contenidas en los párrafos primero y segundo del precepto legal analizado– de la tercera (último párrafo), es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución.
• Adicionó que lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, pues la primera regla competencial se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que éste se efectúe en una jurisdicción, mientras que la segunda regla se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes.
• Conforme a ello, estimó que, tratándose del juicio de amparo en el que los actos reclamados deben ejecutarse en diversos distritos, corresponde conocer al Juez ante el que se presenta la demanda, pues la expresión "a prevención" que utiliza la segunda regla competencial, se entiende en función del conocimiento anticipado del asunto.
• De igual forma, ese Tribunal Colegiado de Circuito destacó que los actos de las autoridades pueden tener cumplimiento o consecuencias de carácter material en lugares distintos a aquellos en donde se emiten, por lo que en tal supuesto no resulta de utilidad –para fijar la competencia– el dato relativo al lugar donde se emitió una determinación, pues solamente es un medio a partir del cual se genera la ejecución, pero no forma convicción de que ahí se actualizará, sino que debe atenderse a la localidad en que debe cumplirse o materializarse el acto.
• Al analizar el acto concreto, el Tribunal Colegiado de Circuito contendiente aseveró que desde un punto de vista conceptual, la simple inactividad no equivale a una omisión; pues para que en el ámbito jurídico se configure ésta, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación.
• También dispuso que las autoridades no sólo pueden afectar a los ciudadanos a partir de la realización de actos positivos, sino también a través de actos negativos u omisiones; destacando que pueden identificarse al menos tres tipos de estas últimas en función del ámbito de competencia de las autoridades a las que se atribuye el incumplimiento de un deber: omisiones administrativas, omisiones judiciales y omisiones legislativas.
• Bajo esta óptica, estimó que la falta de atención médica, determinada por los Jueces contendientes como una omisión, constituye un acto negativo con cuya emisión no se tienen que realizar acciones que produzcan un cambio material, ya sea por sí mismo o porque sus efectos conlleven a esa situación.
• Acotó que si bien en el juicio constitucional es posible acreditar y declarar la inconstitucionalidad de aquella omisión, lo cierto es que acorde con lo que dispone el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la protección de la Justicia Federal se otorgaría para el efecto de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.
• Por tanto, concluyó que la omisión reclamada no produce ejecución material alguna, por lo que el conflicto competencial debe resolverse a partir de la hipótesis prevista en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, esto es, considerando que el Juez competente es aquel que ejerza jurisdicción donde se presentó la demanda.
• Sin que para ello obste, según expuso, que el Juez de Distrito declinante funde la incompetencia del órgano judicial del que es titular en razón de territorio en la aplicación del primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia 1a./J. 14/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esencialmente, porque con su emisión, la omisión reclamada no tiene ejecución material(10) y porque ese criterio interpreta el alcance y contenido del precepto 36 de la ley reglamentaria abrogada, por lo que las directrices ahí fijadas ya no se encuentran vigentes.
Con base en las consideraciones referidas, el órgano colegiado determinó que la autoridad competente para conocer de los juicios de amparo en los que se reclama la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica a su población, es aquella donde se haya presentado la demanda.
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis.
Sí existe la contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Circuito, como se pasa a demostrar.
Es pertinente indicar que resulta necesario pronunciarse en torno a la existencia de la contradicción de tesis, pues sólo en tal supuesto es factible que este Pleno de Circuito emita una decisión en cuanto al fondo de la presente denuncia. Para ello, es indispensable tomar en consideración lo siguiente:
La intervención de este Pleno de Circuito se justifica por la necesidad de unificar criterios para así dotar de plenitud y congruencia al ordenamiento jurídico, en aras de garantizar mayor seguridad jurídica en la impartición de justicia; por tanto, el estudio de las opiniones contendientes exige que se determine si, en la especie, es menester arribar a esa unificación, lo cual se advierte cuando en algún tramo de los procesos interpretativos involucrados, éstos se centren en una misma problemática y concluyan con la adopción de decisiones distintas, aunque no sean contradictorias en términos lógicos.(11)
En congruencia con lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no es necesario que los criterios opuestos sean los que, en los casos concretos, constituyan el sostén de los puntos resolutivos, pues en las condiciones marginales o añadidos de "a mayor abundamiento" pueden fijarse criterios de interpretación que resulten contrarios a los emitidos por diversos órganos jurisdiccionales.(12)
Por otra parte, la Primera Sala del Máximo Tribunal ha referido que, a fin de determinar si existe la contradicción de tesis planteada y, en su caso, resolver cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, no es necesario que los criterios se sostengan en tesis jurisprudenciales. Así, por tesis debe entenderse, para estos efectos, el criterio adoptado por un órgano jurisdiccional terminal a través de argumentaciones lógico–jurídicas que justifiquen su decisión en una controversia.(13)
De esta manera, puede concluirse que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:
1. Que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se hayan visto en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo, dando lugar a la emisión de un criterio o tesis.
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque o contacto, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación desarrollada gire en torno a un mismo problema jurídico, independientemente de que las cuestiones fácticas que originan los asuntos no sean exactamente iguales.
3. Que las tesis o criterios de los órganos colegiados de Circuito resulten contradictorias, lo que da lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si alguna forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquiera otra que, como aquélla, sea legalmente posible.
Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial.
Como ya se vio, ambos Tribunales Colegiados en Materia Penal de este Circuito resolvieron una cuestión litigiosa, al emitir los pronunciamientos materia de las denuncias de contradicción de tesis, pues dichos criterios fueron prorrumpidos en sendas ejecutorias que resolvieron los diversos conflictos de competencia que fueron sometidos a su potestad jurisdiccional.
En ejercicio de esa facultad, fue que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito realizó un ejercic
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28407-5793f654/competencia-territorial-para-conocer-del-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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