COMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO. CUANDO SE RECLAME EN AMPARO INDIRECTO LA OMISIÓN DE EMITIR UNA RESOLUCIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS PARA LOS ACTOS QUE TIENEN EJECUCIÓN MATERIAL.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 200/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SEXTO CIRCUITO. 22 DE FEBRERO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y DEL MAGISTRADO ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: ANAID LÓPEZ VERGARA.
I. Competencia
1. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales;(3) y en el artículo 1 del Acuerdo General 38/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica la denominación de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; y que reforma diversas disposiciones relativas a su semiespecialización, competencia y domicilio,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero y veintisiete de diciembre de dos mil veintitrés, por ser criterios sostenidos por tribunales colegiados del Vigésimo Sexto Circuito, comprendido en la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este pleno regional al tratarse de materia administrativa.
II. Legitimación
2. La denuncia de contradicción de criterios provino de parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formuló la persona titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con residencia en La Paz.
III. Criterios denunciados
3. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito al resolver los conflictos competenciales 40/2022 y 44/2022, en sesión de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, ambos por mayoría de votos.
4. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito al resolver el conflicto competencial 5/2023, en sesión de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, por mayoría de votos.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(5)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito al resolver los conflictos competenciales 40/2022 y 44/2022, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito al resolver el conflicto competencial 5/2023.
7. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, al resolver el conflicto competencial 40/2022, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver análisis
8. El mismo tribunal colegiado, al resolver el conflicto competencial 44/2022, analizó un asunto con las siguientes características:
Ver asunto
9. El Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características
10. De esta relatoría se desprende, en esencia, lo siguiente:
Ver consideración central de los tribunales
11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales colegiados contendientes se pronunciaron, a partir de una exposición argumentativa, respecto de si la omisión de una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de emitir una resolución en un juicio de nulidad es un acto reclamado declarativo o tiene ejecución material para efectos de definir la competencia por cuestión de territorio a fin de conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra.
12. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales colegiados contendientes, porque analizaron la cuestión planteada con base en el artículo 37 de la Ley de Amparo que prevé las reglas para definir la competencia de los juzgados de distrito por razón de territorio.
13. Sin embargo, entre ellos existe un diferendo pues mientras uno, resolvió que el acto reclamado tiene ejecución material; el otro, estimó que carece de ella.
14. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se encuentra colmado, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la pregunta siguiente: ¿La omisión de una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de emitir una resolución en un juicio de nulidad es un acto declarativo o tiene ejecución material para efectos del artículo 37 de la Ley de Amparo?(6)
15. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito al resolver los conflictos competenciales 40/2022 y 44/2022, y el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito al resolver el conflicto competencial 5/2023.
16. Para alcanzar esta conclusión no es óbice que las resoluciones cuya falta de emisión se constituye como el acto reclamado en las ejecutorias contendientes sean de índole distinta.
17. En los juicios de amparo que originaron los asuntos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito –conflictos competenciales 40/2022 y 44/2022–, se reclamó la omisión de dictar sentencia en el juicio de nulidad; y en la instancia constitucional de la que emergió el asunto resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito –conflicto competencial 5/2023–, se combatió la falta de pronunciamiento de la sala sobre el cumplimiento dado por la autoridad demandada al fallo anulatorio.
18. Empero, dada la coincidencia en los tres asuntos en cuanto a que se controvierte una omisión consistente en la falta de emisión de una resolución judicial, este pleno regional considera que el tema abordado por los órganos jurisdiccionales participantes es esencialmente el mismo y que, por tanto, la contienda debe resolverse.
19. Es aplicable la tesis P. XLVII/2009(7) que dice así:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."
V. Estudio
20. Para dar respuesta a la interrogante planteada en el considerando IV, es conveniente traer a cuenta el artículo 16 constitucional, tutelador del principio de seguridad jurídica, que en su primer párrafo(8) señala los requisitos mínimos de todo acto de autoridad, a saber, que sea emitido por escrito, que provenga de autoridad competente y que se encuentre fundado y motivado.
21. Entre tales requisitos, para efectos de la resolución de la presente contienda, interesa la competencia, que implica que la autoridad emisora de un acto de afectación en contra de una persona debe estar legitimada para actuar por la norma.(9)
22. En el ámbito del derecho procesal, la competencia es la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, como se explica en la ejecutoria que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 44/2021 (11a.)(10) de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE UN JUEZ DE DISTRITO. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN QUE EL SEÑALADO COMO RESPONSABLE Y, SI NO LO HUBIERA, DEL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA.", que enseguida se reproduce en la parte que interesa:
"74. En primer término, esta Suprema Corte, actuando en Tribunal Pleno, ha sostenido que la competencia es la facultad que la ley otorga a un órgano para que conozca determinados asuntos, dentro de los límites que la propia norma determina. De ahí la regla de competencia de que, si la ley no faculta al órgano de autoridad, éste no puede intervenir.
"75. Asimismo, este Alto Tribunal ha sostenido que la competencia de la autoridad es una garantía a los derechos humanos de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Entonces, la competencia es un presupuesto de validez del proceso y derecho fundamental de los justiciables.
"76. Por otro lado, debe distinguirse entre competencia y jurisdicción. La primera precisa los límites a que se sujeta un órgano que tiene jurisdicción, siguiéndose de ello que todo Juez tiene competencia cuando se le concede jurisdicción, pero no todo Juez que tiene jurisdicción tiene competencia para conocer todo tipo de asuntos, sino sólo respecto de los que además tenga competencia. Tiene jurisdicción porque puede decir el derecho, pero únicamente tiene competencia para decidirlo en los casos específicos para los que la ley lo autoriza, pero no para otros, pues esto excedería los límites dentro de los que se le permite actuar. Por ello, se afirma justificadamente que la competencia es la medida de la jurisdicción."
23. Como se aprecia, la competencia implica el límite de la jurisdicción; esta última es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y, en su caso, ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho, pero su ejercicio está acotado a aquellos asuntos para los que resulten competentes en términos del marco normativo aplicable. Sobre el tema, la doctrina dice lo siguiente:(11)
"La jurisdicción puede concebirse como una potestad-deber atribuida e impuesta a un órgano gubernamental para dirimir litigios de trascendencia jurídica, aplicando normas sustantivas e instrumentales por un oficio objetivamente competente y un agente imparcial.(12)
"La competencia, como concepto específico (frente a la idea global de jurisdicción), obedece a razones prácticas de distribución de esa tarea de juzgamiento, entre los diversos organismos judiciales ...(13)
"Cabe mencionar que respecto de la competencia se han dado un sinnúmero de conceptos, sin embargo para nuestro estudio la abordaremos desde los puntos de vista amplio y particular.
"Por lo que hace al amplio: Competencia es la facultad que otorga la Constitución, la ley, incluso los reglamentos para que los entes públicos, las autoridades, actúen conforme a sus atribuciones.
"En un sentido particular o específico: Competencia es la parte de la función jurisdiccional que le corresponde en concreto a cada juez, es la facultad para conocer de determinado negocio."(14)
24. Luego, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento con preferencia a los demás jueces y tribunales.
25. Tratándose del juicio de amparo, la competencia encuentra su fundamento en los artículos 94, párrafos quinto y sexto, y 107, fracciones V y VII, constitucionales, sus leyes reglamentarias y los acuerdos generales que puede emitir el Consejo de la Judicatura Federal para determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los juzgados y tribunales. Los preceptos en comento dicen así:
"Artículo 94. ...
"La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los Plenos Regionales, de los Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las responsabilidades en que incurran las servidoras y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirán por lo que dispongan las leyes y los acuerdos generales correspondientes, de conformidad con las bases que esta Constitución establece.
"El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados de Circuito, de los Tribunales Colegiados de Apelación y de los Juzgados de Distrito."
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes:
"a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares.
"b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal.
"c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común.
"En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y
"d) En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas;
"La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten."
"VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia."
26. Estos mandatos se encuentran desarrollados en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la Ley de Amparo, que distribuyen el conocimiento de los asuntos en atención a criterios relacionados con la vía, el grado, la materia, la concurrencia, el auxilio y la funcionalidad del sistema.(15)
27. La competencia de los juzgados de distrito para conocer del juicio de amparo indirecto atendiendo al territorio se fija en el artículo 37 de la Ley de Amparo a partir de tres supuestos, a saber:
I. El que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
II. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juzgado de distrito ante el que se presente la demanda. III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juzgado de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.(16)
28. Este precepto es del tenor literal siguiente:
"Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.
"Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda.
"Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda."
29. Sobre las reglas contenidas en este precepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado consistentemente el criterio de que la ejecución no es una condición exclusiva de los actos positivos, sino que también puede estar presente en los actos negativos y omisiones, pues comprende los efectos que puedan derivar de ellos.
30. En la ejecutoria de la cual derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 179/2009(17) de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO. SI EL JUEZ DE DISTRITO CARECE DE ELLA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAMA LA RECAUDACIÓN Y EL COBRO DE LOS DERECHOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, REALIZADOS POR MEDIO DEL SISTEMA DE COBRO CENTRALIZADO, DEBERÁ REMITIRLO AL QUE, SIENDO COMPETENTE, ESTÉ MÁS PRÓXIMO A SU RESIDENCIA.", al interpretar el texto constitucional y el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada(18) –que al igual que el artículo 37 de la legislación actual, recogía la distinción entre actos que tienen ejecución material y aquellos que no la tienen–, sostuvo que la ejecución material comprendía incluso los alcances materiales de los actos reclamados, como se aprecia de la siguiente transcripción:
"La norma constitucional establece la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito en tanto dispone que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que se ejecute o tenga que ejecutarse el acto reclamado en la demanda de amparo, ello con el fin de facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio del gobernado o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva, siendo que el artículo 36 de la Ley de Amparo concreta estas reglas de competencia en los siguientes términos: (se transcribe).
"Esta norma reglamentaria alude a ‘ejecución material’ como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por tanto, la citada expresión debe entenderse que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no mira solo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico.
"Por el contrario, el acto reclamado de orden declarativo en su contenido no goza de esas características ni tiene consecuencias materiales, ya que se trata de una mera cuestión jurídica en la que se evidencia, explica o resuelve un punto dudoso o ambiguo, como se advierte del siguiente criterio:
"‘ACTOS DECLARATIVOS. Por actos declarativos deben entenderse aquellos que se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero que no implican modificación alguna de derechos o de situaciones existentes.’ (Quinta Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación, volumen LIV, página 501)."
31. De modo similar, pero ya interpretando el artículo 37 de la ley vigente, en la ejecutoria que dio lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a.)(19) de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO.", se determinó que el precepto en cita alude a la ejecución material como criterio único de asignación de la competencia por territorio a los juzgados de distrito para conocer de los juicios de amparo, y que esa expresión debe entenderse en el sentido de que debido a la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio fáctico ya sea por sí mismo o porque sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o la prohibición para llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir, como se advierte de la parte conducente de la resolución que enseguida se copia:
"El artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reza lo siguiente: (se transcribe).
"... El precepto constitucional reproducido, prevé la competencia territorial de los Jueces de Distrito, por lo que establece al efecto que contará con ella quien tenga jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado en la demanda de amparo se ejecute o trate de ejecutarse.
"Lo anterior, tiene como finalidad facilitar el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que ordinariamente la ejecución recae en el domicilio de la persona o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva.
"El artículo 37 de la Ley de Amparo vigente, concretiza estas reglas constitucionales de competencia, al disponer: (se transcribe).
"... Dicho precepto, alude a ‘ejecución material’, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo; por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, es decir, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real."
32. El anterior criterio de la Segunda Sala del Alto Tribunal fue reiterado por la Primera Sala al determinar que la omisión de brindar atención médica a personas privadas de su libertad por parte de autoridades penitenciarias produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, en razón de que existe un vínculo indisoluble entre la obligación del Estado de proporcionar atención médica, la omisión de proporcionarla y la afectación del derecho fundamental a la salud por no hacerlo.
33. A partir de esta consideración, se determinó que se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer del asunto en que esa omisión se reclame el juzgado de distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluida la persona quejosa, como se desprende de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.)(20) que enseguida se reproduce:
"OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo."
34. En la ejecutoria de la que derivó dicha tesis se explicó que los actos omisivos o abstenciones son aquéllos en los que las autoridades incumplen con un deber constitucional o legal de hacer, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado, de manera que, para que exista la omisión, es menester que exista previamente la obligación de la autoridad de un hacer determinado,(21) como se observa de la parte conducente del fallo que dice lo siguiente:
"... los actos omisivos o abstenciones, son aquéllos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el gobernado. Para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente, para que se traduzca la omisión."
35. En la tesis de jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.)(22) se definió que la omisión de dictar sentencia en un proceso penal en un plazo razonable tiene ejecución material porque se vulnera el derecho de acceso a la justica de manera pronta y expedita en perjuicio de las partes y que, por tanto, opera la re
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32353-a6f87ee9/competencia-por-razon-de-territorio-cuando-se-reclame · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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