OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE INVESTIGAR TORTURA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA EN SU CONTRA, EL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN DONDE RADICA LA AUTORIDAD A LA QUE SE LE ATRIBUYE LA OMISIÓN.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 315/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO Y EL PLENO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 10 DE ENERO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: EDWIN ANTONY PAZOL RODRÍGUEZ Y RAMÓN EDUARDO LÓPEZ SALDAÑA.
ÍNDICE TEMÁTICO
La Jueza Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit, denunció la posible contradicción de criterios suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito y el extinto Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, al considerar que sostuvieron criterios adversos al determinar si la omisión de integrar la investigación por actos de tortura tiene efectos positivos o no, a fin de establecer qué juzgador de amparo es el competente, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que se promueva en su contra.
Por ello, la cuestión a dilucidar en el presente asunto radica en determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión del día diez de enero de dos mil veinticuatro emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 315/2023, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito y el extinto Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito.
A través de esta contradicción, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la omisión de integrar una investigación por el delito de tortura es un acto omisivo que trae aparejados efectos positivos. Por ello, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo promovida en contra de dicha omisión, es el que tiene jurisdicción sobre el lugar en que radica la autoridad responsable, pues es ahí en donde se ejecutan los efectos de la citada omisión de investigar.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. El once de septiembre de dos mil veintitrés, Ingrid Angélica Cecilia Romero López, Jueza Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit, denunció la posible contradicción de criterios entre la postura sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en el conflicto competencial 23/2023, frente al criterio que el extinto Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito estableció al resolver la contradicción de criterios 1/2022.
2. Admisión y turno. El veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente con el número 315/2023; determinó que por razón de la materia, corresponde a la Primera Sala de este alto tribunal conocer del caso; turnó los autos a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para su estudio.
3. Solicitó al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito informe si el criterio sustentado en el conflicto competencial 23/2023 se encuentra vigente. Al haberse extinguido el Pleno de Circuito, la Presidencia de esta Suprema Corte solicitó a la Presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito que remitiera la ejecutoria relativa a la contradicción de criterios 1/2022 del índice del citado Pleno, así como del proveído en el que informe si ese criterio se encuentra vigente, esto último porque ese es el órgano jurisdiccional al que se encuentra adscrita la entonces Magistrada Presidenta del extinto Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito.(1)
4. Acuerdos de Avocamiento e Integración y vigencia de criterio. El once de octubre de dos mil veintitrés, el ministro Presidente de esta Primea Sala determinó el avocamiento del asunto y, el diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, tuvo a los tribunales informando que los criterios contendientes están vigentes. Integrado el expediente, envió los autos a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
I. COMPETENCIA
5. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver esta contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II y 227 fracción II de la Ley de Amparo; 21, fracción VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Primero, Segundo y Tercero del Acuerdo Plenario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1/2023.
II. LEGITIMACIÓN
6. De conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, la contradicción fue denunciada por parte legitimada pues se planteó por la Jueza Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit.(2)
III. CRITERIOS DENUNCIADOS
7. Para una mejor comprensión del asunto, se realiza una síntesis de los argumentos que sustentaron las posturas de los órganos contendientes en la presente contradicción de criterios.
Criterio 1: Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, al resolver el conflicto competencial 23/2023
8. Demanda de amparo. Una persona recluida en un centro penitenciario de Tepic, Nayarit, promovió un juicio de amparo indirecto. En su demanda señaló como autoridad responsable al Titular de la Fiscalía Especializada en delitos de Tortura, adscrita a la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, a quien le atribuyó como acto reclamado "la inactividad procesal de la averiguación previa Número de averiguación previa" iniciada con motivo de la denuncia del delito de tortura que realizó.
9. Declinación de competencia. El Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit conoció de la demanda en donde se registró con el número de expediente 451/2023.
10. El Juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda porque de acuerdo con las reglas del artículo 37 de la Ley de Amparo sobre la competencia, se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la facilidad de recabar las pruebas; además, trasladan directamente al proceso que es en donde tiene repercusión; por tanto, la jurisdicción rectora no reside en el lugar de reclusión, sino ante la autoridad responsable que según manifiesta, es a quien se atribuyen los actos. Por lo anterior, declinó la competencia al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno.
11. El asunto lo conoció el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Dicho órgano no aceptó la competencia porque, a su consideración, la abstención del ministerio público de integrar la averiguación previa es una omisión que carece de ejecución material, por lo que devolvió el asunto al Juzgado de Nayarit.
12. Conflicto competencial. El Juzgado de Nayarit insistió en que carecía de competencia. Por esa razón planteó un conflicto competencial que conoció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, quien lo registró con el número 23/2023.
13. El Tribunal Colegiado resolvió el asunto y declaró al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit legalmente competente para conocer del juicio de amparo.
Consideraciones del Tribunal Colegiado en el conflicto competencial 23/2023
14. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito determinó que la omisión de integrar la averiguación previa por parte de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura no es un acto que requiera ejecución material, por lo que, de conformidad con el artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo,(3) la competencia recae en el juzgado de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
Criterio 2: emitido por el extinto Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito al resolver la contradicción de criterios 1/2022, suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado y el Segundo Tribunal Colegiado ambos en Materia Penal del Séptimo Circuito
Recurso de revisión 206/2021 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito
15. Demanda de amparo. El Secretario Técnico de Combate a la Tortura Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública presentó en favor de Persona "A" una demanda de amparo indirecto en Xalapa, Veracruz. En su demanda señaló como actos reclamados: a) la omisión de investigar los actos de tortura cometidos en contra del señor Persona "A"; y b) la omisión de establecer y coordinar el Registro Nacional del Delito de Tortura.
16. El promovente atribuyó los actos al Fiscal General de la República, al titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura y al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, ambos adscritos a la Fiscalía General de la República, todos con sede en la Ciudad de México.
17. Juicio de amparo indirecto y sobreseimiento. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, conoció de la demanda de amparo bajo el número 222/2020. El treinta de abril de dos mil veintiuno dictó una sentencia en la que decretó el sobreseimiento al tener por actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo.(4) En desacuerdo, el Secretario Técnico de Combate a la Tortura interpuso un recurso de revisión.
18. Recurso de revisión. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito conoció del recurso y lo registró con el número de expediente 206/2021. Al resolver revocó la determinación recurrida y declaró la incompetencia del órgano jurisdiccional que la pronunció. A su consideración el competente es el juez de distrito que ejerce jurisdicción en el lugar en donde reside la autoridad que recibió la denuncia de tortura, ya que ahí se ejecutarían materialmente los efectos positivos de la omisión. Por ello, y en virtud de que las autoridades residen en la Ciudad de México, ordenó la remisión de los autos al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad.
Conflicto competencial 15/2021 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito
19. Demanda de amparo. El Secretario Técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de Defensoría Pública presentó en favor de Persona "B" una demanda de amparo indirecto a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación del Séptimo Circuito. En su demanda señaló los siguientes actos reclamados: a) la omisión de investigar los actos de tortura cometidos en perjuicio de Persona "B"; y b) la omisión de establecer y coordinar el Registro Nacional del Delito de Tortura.
20. El promovente atribuyó los actos reclamados al Fiscal General de la República, al titular de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura y al titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, ambos adscritos a la Fiscalía General de la República, todos con sede en la Ciudad de México.
21. Juicio de amparo indirecto y declinación de competencia. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, conoció la demanda de amparo bajo el número 243/2020. El treinta de abril de dos mil veintiuno dicho órgano emitió un acuerdo en el que se declaró incompetente al considerar que los actos reclamados tenían cierta ejecución, y, por ende, el juez de distrito competente es el de la residencia de la autoridad responsable que ha omitido llevar a cabo la investigación de tortura, por lo que declinó el conocimiento al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México, en turno.
22. El Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Ciudad de México recibió el asunto pero no aceptó la competencia planteada. Consideró que los actos reclamados no tienen ejecución material por tratarse de conductas omisivas y devolvió el asunto al Juzgado de Veracruz.
23. El Juzgado Primero de Distrito en Veracruz insistió en no tener competencia por razón de territorio porque aunque los actos fueran omisivos, tienen efectos positivos. Por esa razón, planteó un conflicto competencial ante el Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en Xalapa, Veracruz, en turno.
24. Conflicto competencial. Del conflicto mencionado conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito quien lo registró con el número 15/2021.
25. El Tribunal Colegiado determinó que la omisión de integrar la averiguación previa por parte de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura no es un acto que requiera ejecución material en virtud de que no modifica ni altera el estado de las cosas existentes por lo que la competencia tendría que recaer en un juzgado de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda, de conformidad con el artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo.(5)
26. Por esa razón, el Tribunal Colegiado declaró legalmente competente para conocer del juicio de amparo al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa.
Contradicción de criterios 1/2022 del índice del extinto Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito
27. Denuncia de contradicción. El treinta y uno de enero de dos mil veintidós, los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios entre el sustentado por ese órgano jurisdiccional al resolver el amparo en revisión 206/2021, frente a lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del aludido Circuito, al resolver el conflicto competencial 15/2021.
28. Radicación en el Pleno de Circuito. El primero de febrero de dos mil veintidós, el Magistrado Presidente del entonces Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito admitió y registró la denuncia respectiva bajo el número 1/2022.
29. Resolución de la contradicción de criterios. El doce de diciembre de dos mil veintidós, el Pleno dictó una sentencia en la que determinó que la contradicción denunciada es existente y emitió el criterio que debe prevalecer. Estableció que las omisiones atribuidas a las fiscalías respecto de investigar tortura tienen efectos positivos porque traen aparejada una ejecución material en la medida de que trastoca el derecho de acceso a la justicia de las víctimas, por lo que la competencia le corresponde al Juzgado de Distrito que ejerce jurisdicción sobre las Fiscalías Especializadas que radican en la Ciudad de México.
IV. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS
30. Para determinar si existe la contradicción de criterios y resolver cuál es el que debe prevalecer, no es necesario que de los criterios contendientes hayan derivado tesis jurisprudenciales.
31. Por contradicción de criterios debe entenderse cualquier discrepancia en las posturas adoptadas por órganos jurisdiccionales terminales que mediante sus argumentaciones lógico-jurídicas justifiquen sus decisiones en una controversia, independientemente de que hubieran emitido tesis o no.(6)
32. La finalidad de la contradicción de criterios es la unificación de posturas contrarias y dado que el problema radica en los procesos de interpretación, no en los resultados adoptados por los tribunales contendientes, es posible afirmar que una contradicción de tesis exige que se cumplan las siguientes condiciones:
a) Los tribunales contendientes resuelvan alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de toque. Es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general y que, sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Que lo anterior dé lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.(7)
33. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que sí se satisfacen los requisitos anteriores para concluir que existe un punto de contradicción entre los criterios sustentados entre el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito y el del extinto Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito.
34. El Tribunal Colegiado y el Pleno de Circuito contendientes resolvieron un conflicto competencial y una contradicción de criterios, respectivamente, en los que analizaron si la omisión de integrar la investigación por actos de tortura tiene efectos positivos o no, a fin de determinar la competencia del juez de amparo.
35. El Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito consideró que la omisión de integrar la averiguación por actos de tortura no tiene efectos positivos, por lo que el artículo 37 de la Ley de Amparo debe aplicarse de manera literal en el sentido de que el juez competente para resolver los amparos en contra de actos carentes de ejecución material es aquel en cuya jurisdicción se presente la demanda.
36. El Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito concluyó que las Fiscalías Especializadas en la Investigación de Tortura están obligadas a ejecutar acciones positivas para esclarecer los hechos, por lo que sus omisiones generan, efectos positivos que no cesarán hasta satisfacerlas. Por lo que, de conformidad con el artículo 37, primer párrafo de la Ley de Amparo el juez de distrito que ejerce jurisdicción sobre las Fiscalías Especializadas es el que tiene competencia para conocer del juicio de amparo por ser el lugar en donde se materializa positivamente la omisión. Como las autoridades responsables radican en la Ciudad de México, el juez competente para conocer las demandas de amparo es el de esta misma Ciudad.
37. Esta Primera Sala observa que el Tribunal Colegiado y el extinto Pleno de Circuito se pronunciaron respecto de la competencia en razón de territorio para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueve en contra de la omisión de la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura, adscrita a la Fiscalía General de la República, de integrar la investigación respecto de una denuncia de tortura.
38. El Tribunal Colegiado y el Pleno de Circuito realizaron un ejercicio interpretativo que los llevó a emitir criterios divergentes respecto a si la omisión de la Fiscalía de investigar actos de tortura tiene efectos positivos y a partir de ello, determinar qué juez de amparo es el competente, por razón de territorio, para conocer del amparo que se promueva en su contra, en atención al artículo 37 de la Ley de Amparo.
39. Para el Tribunal Colegiado se trata de una omisión que no conlleva una ejecución material, por lo que quien debe conocer de la demanda de amparo es el juez ante el que se presentó la demanda. El Pleno de Circuito consideró que se trata de una omisión con efectos positivos, por lo que el juez competente para conocer es aquel que tenga jurisdicción en el lugar en donde se materialicen los efectos de la omisión y la residencia de la autoridad responsable.
40. Lo anterior permite constatar que se cumplen los requisitos primero y segundo para considerar que sí existe la contradicción de criterios, puesto que los tribunales ejercieron su arbitrio judicial para pronunciarse sobre un mismo problema normativo que derivó en criterios antagónicos. 41. No pasa inadvertido que el extinto Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito también resolvió sobre el acto de establecer y coordinar el Registro Nacional del delito de Tortura; sin embargo, esto no será materia de análisis en la presente contradicción, porque de los supuestos fácticos se advierte que sólo el Pleno se pronunció de ello, lo cual no realizó el Tribunal Colegiado, por lo que respecto de ese tema no hay punto de toque.
42. Por lo que hace al tercer requisito, el análisis de la contradicción de criterios denunciada permite formular la siguiente pregunta, la cual debe ser resuelta por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
¿Qué juez de amparo es el competente, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo promovida en contra del ministerio público que es omiso en investigar el delito de tortura?
V. ESTUDIO DE FONDO
43. Para dar respuesta a la interrogante planteada, el estudio de fondo se desdobla en los siguientes temas: a) la competencia de los juzgados de distrito conforme a las reglas de la Ley de Amparo; b) clasificación de los actos reclamados por su naturaleza y consecuencias, conforme a los precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; y c) solución del punto de contradicción.
a) La competencia de los juzgados de distrito conforme a las reglas de la Constitución Política del país y de la Ley de Amparo.
44. Sobre este punto para determinar la competencia del juicio de amparo indirecto, esta Sala acude a las reglas previstas en la Constitución Política del país y en la propia Ley de Amparo.
45. El artículo 107, fracción VII de la Constitución Política del país prevé que la competencia de los jueces de amparo se establece por razón de territorio.(8) Esta norma constitucional precisa que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo indirecto es el que tenga jurisdicción en el lugar en el que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado.
46. La Ley Amparo en el artículo 37 prevé los supuestos generales de competencia en el amparo indirecto,(9) los cuales se identifican con tres reglas distintas atendiendo a si el acto reclamado tiene ejecución unívoca, plural o carece de ejecución material.(10) Esto es: a) donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, b) cuando el acto tiene ejecución en más de un distrito es competente el juez ante el que se presentó la demanda, y c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.
b) Clasificación de los actos reclamados por su naturaleza y consecuencias, conforme a los precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
47. Al resolver las contradicciones de tesis 478/2018 y 343/2019,(11) la Sala indicó que de acuerdo con la naturaleza y consecuencias de los actos que se reclaman en el juicio de amparo permite clasificarlos en positivos; negativos (y estos a su vez en simples, con efectos positivos y prohibitivos); y omisiones o abstenciones.
Actos positivos
48. En primer lugar, la Sala explicó en ambos precedentes, que los actos positivos implican un hacer voluntario y efectivo de la autoridad responsable. Consisten en una actividad de la autoridad que el gobernado estima que vulnera sus derechos fundamentales por lo que se traducen en un hacer e implican una acción, una orden, una privación o una molestia.
Actos negativos
49. Los actos negativos son aquellos en los que la autoridad manifiesta su voluntad para no conceder al quejoso lo que este considera que le corresponde. Los actos negativos, dan cuenta de que las autoridades no quieren o no aceptan lo solicitado por el gobernado.
50. En virtud de lo anterior, los actos negativos se subdividen en: simples, con efectos positivos; y prohibitivos.
51. Actos negativos simples son en los que la autoridad responsable se rehúsa expresamente a acceder a la pretensión del gobernado. Para que se actualice la existencia de los actos negativos simples, debe existir una respuesta por parte de la autoridad donde se niegue la pretensión solicitada.
52. Los actos negativos con efectos positivos son aquellos que en apariencia son negativos simples, pero en realidad producen los efectos de un acto positivo, pues exteriorizan una negativa en relación con la pretensión del gobernado
53. Por otra parte, los actos negativos prohibitivos son los que establecen una obligación de no hacer al gobernado o que limitan su conducta. Se caracterizan porque la autoridad conmina al obligado a un "no hacer", obligándolo a abstenerse de llevar a cabo determinada conducta o actividad. Los actos prohibitivos son una modalidad de los actos positivos, en la medida en que involucran un hacer de la autoridad responsable para establecer una limitación en perjuicio del quejoso.
Actos omisivos o abstenciones
54. Por último, los actos omisivos o abstenciones son aquellos en los que las autoridades incumplen con un deber de hacer, ya sea de fuente legal o constitucional, lo cual se traduce en una afectación para el justiciable. El estudio de la presente resolución se circunscribe a éstos.
55. Para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar la conducta que según el solicitante debe hacer.
56. Por ello, antes de pronunciarse sobre una posible omisión, es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la parte quejosa indica. De no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, pasando por alto la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido.
57. No deben confundirse las nociones de no hacer y omisión. La diferencia entre ellas es que los estados de inacción –no hacer– no están conectados con alguna razón que suponga el incumplimiento de algún deber, mientras que las omisiones sí lo están. Muchas de las cosas que las autoridades no hacen no tienen alguna repercusión en términos normativos; en cambio, aquellas cuestiones que las autoridades no hacen, pero que por un mandato constitucional o legal tenían el deber de hacerlas, constituyen omisiones.
58. En esa línea, para tener por actualizada la omisión, debe existir previamente la obligación para la autoridad de un hacer determinado, conforme lo disponga la norma legal correspondiente.
c) Solución del punto de contradicción
59. Una vez analizadas las reglas generales de competencia, así como los precedentes más destacados en que dicho tema ha sido analizado, esta Primera Sala llega a la conclusión de que la omisión de integrar una investigación por actos de tortura es un acto omisivo que trae aparejados efectos positivos. Por ello, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo promovida en contra de dicha omisión, es el que tiene jurisdicción sobre el lugar en que radica la autoridad responsable pues es ahí en donde se ejecutan los efectos de la citada omisión de investigar.
60. En efecto, al reclamarse esta omisión se pone de manifiesto que el ministerio público no está cumpliendo con las obligaciones constitucionales y legales que tiene de investigar los delitos que se le denuncien.
61. El artículo 21 de la Constitución Política del país establece que es obligación del Estado iniciar –sin dilación y con la debida diligencia– una investigación seria, imparcial y efectiva ante hechos posiblemente ilícitos.(12) Esta investigación debe estar encaminada a esclarecer la verdad de lo ocurrido y a perseguir y sancionar a los responsables. Lo más importante es que esta función corresponde, de manera exclusiva al ministerio público, pues es el órgano que se concibe como representante social en el proceso penal y es, por tanto, el único que cuenta con facultades de investigación.(13)
62. En el marco de lo anterior, y tratándose del delito de tortura, el legislador estableció una ley específica para su investigación: la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
63. Del artículo 35 de dicha ley se advierte que la investigación y persecución de este tipo de delitos se llevará a cabo por fiscalías especializadas, que ante el conocimiento de la probable comisión de un delito de tortura deberán: iniciar de manera inmediata la investigación del delito; integrar la investigación correspondiente, incluyendo las declaraciones del denunciante o víctima alegada del delito y los testigos; informar a la persona denunciante de su derecho a contar con un asesor jurídico; solicitar a las autoridades competentes el resguardo del probable lugar de los hechos y la intervención de peritos; emitir medidas de protección para las víctimas y testigos; y solicitar al juez de control la realización de la audiencia inicial.(14)
64. De acuerdo con esta norma, la fiscalía se encuentra obligada a ejecutar acciones positivas y específicas para esclarecer los hechos relativos al delito de tortura.
65. Dicha obligación no puede ser entendida como un mero formalismo de la ley, desprovista de justificación e intencionalidad alguna. Por el contrario, del proceso legislativo que dio origen a la citada Ley General se desprende que el Congreso de la Unión entendió que el prever desde la ley la creación de fiscalías especializadas es una medida importante en la lucha contra la impunidad del delito de tortura. La existencia de ese tipo de instituciones implicaría contar con personas servidoras públicas especializadas en la atención de este tipo de casos y en el establecimiento de una nueva estructura orgánica permanente y estable. Con dicha medida buscó, además, evitar que las investigaciones en esta materia se vieran retrasadas o delegadas y que, en su lugar, privaran la independencia, celeridad y efec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32435-5075fb9f/omision-del-ministerio-publico-de-investigar-tortura-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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