SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO.
SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 233/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 18 DE ABRIL DE 2018. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. MAYORÍA DE TRES VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MINISTROS JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. DISIDENTES: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIO: HORACIO VITE TORRES.
III. Competencia y legitimación
7. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados que son de distinto Circuito.(3)
8. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis fue realizada por Julio César Márquez Roldán, Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, quien se encuentra legitimado en términos de lo que disponen los artículos 227, fracción II, de la Ley de Amparo(4) y 55-Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) que establecen que los Jueces de Distrito podrán presentar denuncias de contradicción de criterios, conforme a los procedimientos previstos en la Ley de Amparo.
IV. Existencia de la contradicción
9. En aras de determinar si existe la contradicción de criterios, resulta necesario en primer lugar determinar cuáles son las exigencias que ha impuesto este Alto Tribunal al respecto, las cuales se refieren a lo siguiente:
a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa, donde se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque; es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c. Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
10. Tales requisitos se encuentran en las jurisprudencias de rubros: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(6) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(7)
11. A continuación, se precisan las razones por las cuales se considera que en el caso concreto sí se actualizan todos los requisitos enunciados.
12. Posturas contendientes. En primer orden se sintetizan las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus resoluciones, mismas que servirán para dar respuesta a la interrogante de si existe o no una contradicción de criterios.
13. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja **********, analizó un caso con las siguientes características:
14. El asunto derivó de un juicio de amparo indirecto donde el quejoso señaló como acto reclamado, la omisión del Ministerio Público de realizar las diligencias correspondientes para la investigación de los hechos denunciados en una carpeta de investigación.
15. El Juez de Distrito desechó la demanda, por considerar que no se agotó el principio de definitividad. Inconforme con esa decisión, el peticionario de amparo interpuso recurso de queja. Al resolver dicho medio de defensa, el Tribunal Colegiado resolvió declararlo fundado y declarar procedente el juicio de amparo por las siguientes consideraciones:
El artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales,(8) prevé el derecho de las víctimas a impugnar la omisión del Ministerio Público de investigar, en términos de lo dispuesto en el propio código y demás disposiciones legales aplicables.
Ahora, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que: "Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. ..."(9)
No obstante, dicho artículo no es aplicable al caso concreto, ya que no se está ante una determinación realizada por el Ministerio Público, sino ante una omisión de hacer las investigaciones correspondientes. Por tanto, se concluye que ni el Código Nacional de Procedimientos Penales –ni alguna otra ley– contemplan en forma expresa el recurso de impugnación que como derecho se señala en el artículo 109, fracción XXI.
La ley prevé la existencia de un medio de defensa, mas no hay datos que permitan identificarlo y, de pretender realizar una interpretación sistemática de tales normas para concluir que dicho recurso efectivamente existe, se estaría realizando una interpretación extensiva en perjuicio del principio de legalidad.
Por tanto, el derecho de impugnar las omisiones del Ministerio Público no tiene sustento en la ley (formal y material), en tanto no se encuentra en el Código Nacional de Procedimientos Penales, ni en alguna otra disposición legal aplicable, como pudiera ser la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
Ahora, para acudir al juicio de amparo es necesario cumplir con el principio de definitividad, de acuerdo al cual es requisito que: (i) previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria; y, (ii) sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que haya de reclamarse.
De acuerdo con lo anterior, el recurso de impugnación en análisis no se encuentra previsto en ley formal y material, por lo que el primer requisito no se encuentra cumplido. En cuanto al segundo, cabe señalar que a pesar de que el recurso de impugnación permite eventualmente modificar o revocar el acto de autoridad, lo cierto es que, del propio contexto normativo expuesto, se advierte que no prevé mecanismos de suspensión del acto, de ahí que tampoco se cumple tal requerimiento; ello con independencia de que la omisión de investigar pudiera ser o no suspendible.
Así, se advierte que contrario a lo aducido por la autoridad, el quejoso no tenía obligación de agotar el principio de definitividad, al no existir disposición legal que contemple la procedencia de recurso alguno en contra de omisiones del Ministerio Público como la del caso que nos ocupa.
16. De las consideraciones anteriores derivó la tesis I.9o.P.140 P (10a.).(10)
17. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al resolver el recurso de queja **********, sostuvo un criterio similar al anterior, cuyos antecedentes son los siguientes:
18. El asunto derivó de un juicio de amparo indirecto, donde el quejoso reclamó al fiscal general del Estado de Puebla, la abstención de turnar una carpeta de investigación al agente del Ministerio Público correspondiente, además de que no había realizado ninguna diligencia para la integración de la investigación.
19. El Juez de Distrito determinó desechar la demanda, porque de conformidad con lo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, primero debió acudirse al Juez de Control para agotar el procedimiento establecido en dicho precepto. En desacuerdo, la parte quejosa interpuso recurso de queja.
20. El Tribunal Colegiado, al resolver declaró fundado el agravio formulado en el recurso de queja, de conformidad con las siguientes consideraciones:
En el caso no es aplicable el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el quejoso no impugnó la abstención de investigar en la forma como está planteada en el precepto, esto es, que el Ministerio Público fundó y motivó la decisión de abstenerse de investigar, sino que reclamó que el fiscal general no había turnado la carpeta de investigación al agente del Ministerio Público investigador, ni ha realizado diligencia alguna para la integración de la investigación.
Es decir, son figuras diferentes la omisión de turnar la carpeta de investigación al Ministerio Público investigador y la determinación fundada y motivada por parte del Ministerio Público de abstenerse de investigar, máxime que en la especie, todo indica que debido a la omisión de turnar la carpeta de investigación, ésta no ha iniciado. Por lo mismo, no se está en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 258 referido.
A mayor abundamiento, de la interpretación de los artículos 20, inciso C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte el derecho de la víctima a recurrir actos como el que se reclama, sin que haga mención sobre qué medio de impugnación procede y en qué ordenamiento legal se encuentra contemplado éste.
Por tanto, tal como lo consideró el Noveno Tribunal Colegiado en la tesis I.9o.P.140 P (10a.); el Código Nacional de Procedimientos Penales no regula expresamente el recurso de impugnación que de manera genérica contempla en su artículo 109, fracción XXI.
21. Por otra parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito resolvió el recurso de queja **********, cuyos antecedentes se precisan a continuación:
22. Se promovió un juicio de amparo en el que se reclamó la falta de justicia pronta y expedita, así como la negligencia por parte del Ministerio Público al integrar una carpeta de investigación. El Juez de Distrito desechó la demanda porque consideró que no se cumplió con el principio de definitividad. Contra dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja.
23. Al resolver el recurso de referencia, el Tribunal Colegiado determinó declarar infundados los motivos de agravio, por lo siguiente:
La omisión del agente del Ministerio Público de investigar debe considerarse impugnable conforme a lo previsto en los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales.(11)
Al interpretar sistemáticamente las citadas normas de jerarquía constitucional y legal, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, se concluye que la "omisión" o "negligencia" del agente del Ministerio Público de cumplir con sus labores de investigación, es impugnable en términos de lo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Lo anterior, porque el citado artículo prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como: la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones.
Por tanto, en el caso no se agotó el principio de definitividad, porque el Código Nacional de Procedimientos Penales sí prevé un recurso para impugnar este tipo de omisión.
Lo anterior, dijo el Colegiado, es consistente con lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte, al resolver la contradicción de tesis 103/2010, lo que se ve reflejado en la tesis 1a./J. 118/2010.(12)
24. De las consideraciones anteriores derivó la tesis XVIII.1o.P.A.2 P (10a.).(13)
25. En los mismos términos el Tribunal Colegiado de Circuito referido, resolvió los recursos de queja ********** y **********, interpuestos contra autos en los que se desecharon demandas de amparo indirecto donde el acto reclamado esencialmente se hizo consistir respectivamente en negligencias y omisiones en la carpeta de investigación y dilación en la integración de la carpeta de investigación.
26. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, cuando resolvió el recurso de queja **********, analizó un asunto con las siguientes particularidades:
27. El quejoso promovió amparo directo, en el que reclamó del agente del Ministerio Público, la determinación relativa a la facultad de abstenerse de investigar.
28. La Juez de Distrito desechó de plano la demanda de amparo, al estimar que no se había agotado el principio de definitividad. En desacuerdo con la decisión adoptada, el quejoso interpuso recurso de queja. Al resolver dicho medio de impugnación, el Tribunal Colegiado determinó declarar infundados lo motivos de agravio, con base en lo siguiente:
El quejoso alegó que se debió aplicar el artículo 107 de la Ley de Amparo que regula la procedencia del juicio de amparo contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; argumento que el Tribunal Colegiado declaró infundado, porque en el caso concreto debe atenderse a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales que establece la existencia de dos recursos: el de revocación y el de apelación. Asimismo, precisó que si bien es cierto que el precepto legal invocado establece los supuestos de procedencia del amparo indirecto, entre los cuales se encuentra el acto de abstención aludido, también es cierto que debe atenderse al principio de definitividad.
En este sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la existencia de un medio de impugnación innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que procede contra las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar. Se trata de un recurso de naturaleza vertical, resuelto por un órgano superior distinto de aquel al que se atribuye la abstención procesal, en el caso, el Juez de control; adicionalmente, tiene una tramitación específica al establecer un término para su interposición ante una autoridad distinta a la que emitió el acto, de mayor jerarquía, se celebra una audiencia con las partes tal como lo establece el artículo 477 de la legislación invocada para la apelación.
En ese sentido, concluye el Tribunal Colegiado que el recurso innominado es la apelación. Así, previo a la promoción del amparo, y en cumplimiento al principio de definitividad, el recurrente debió agotar dicho recurso. Además, se advierte que en el caso no hay un supuesto de excepción al principio aludido, pues el medio de defensa está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es idóneo para combatir el acto y el quejoso está legitimado para hacerlo valer.
29. De las consideraciones anteriores derivaron las tesis III.2o.P.111 P (10a.) y III.2o.P.112 P (10a.).(14)
30. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los Tribunales Colegiados contendientes se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada; ello al resolver las cuestiones litigiosas presentadas.
31. Lo referido en el párrafo anterior, se advierte de las resoluciones emitidas por cada uno de los Tribunales que contienden en la contradicción, las cuales se detallaron, al explicar las posturas de cada uno de ellos, en torno al tema de si las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, deben impugnarse a través del medio de defensa previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto.
32. Segundo requisito: razonamiento y diferendo de criterios interpretativos. En los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes existió un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver.
33. En primer lugar, tanto el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, como el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, determinaron que no existe recurso que proceda contra las omisiones del Ministerio Público que se actualicen en la etapa de investigación, por lo que es innecesario agotar el principio de definitividad, antes de acudir al amparo. Lo anterior, toda vez que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece de forma expresa el recurso o medio de impugnación que debe interponerse contra dichas omisiones, de ahí que no exista medio de defensa al que se deba acudir antes de promover la litis constitucional.
34. Por otro lado, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, sostuvo que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus labores de investigación, es impugnable en términos de lo previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a promover el juicio de amparo.
35. De lo anterior, se advierte la existencia de un punto de toque entre los criterios de los órganos colegiados antes mencionados, en tanto que en la primera postura los Tribunales Colegiados sostienen que no existe recurso que proceda contra las omisiones del Ministerio Público que se actualicen en la etapa de investigación, por lo que no es necesario agotar el principio de definitividad; y en la segunda postura, el Tribunal contendiente determinó lo contrario, esto es, que antes de acudir al juicio de amparo, debe agotarse el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
36. Así, resulta claro que ante un mismo problema jurídico sometido a su jurisdicción, los Tribunales Colegiados contendientes precisados, arribaron a una conclusión diferente, respecto de si contra las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación debe agotarse el medio de defensa o mecanismo de control previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, o bien, si dicho acto puede reclamarse directamente a través del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, por lo que a ellos respecta, sí existe un punto de toque.
37. Por otro lado, en cuanto al criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito no habrá de formar parte de la presente contradicción, en razón de que el caso sometido a su jurisdicción es distinto a los antes analizados, en tanto se trata de amparos promovidos contra determinaciones de abstención de investigación del Ministerio Público en la etapa de investigación y no de omisiones de la autoridad investigadora durante dicho periodo. Por lo tanto, la contradicción es inexistente respecto a ese criterio.
38. Tercer requisito: surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. De las constancias de autos, se advierte que los puntos de vista de los Tribunales contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos, pueden dar lugar a la formulación de una genuina pregunta.
39. Así, esta Primera Sala considera que los anteriores razonamientos dan lugar a la formulación de la siguiente interrogante.
¿Se debe agotar el principio de definitividad previo a promover juicio de amparo indirecto cuando el acto reclamado consiste en las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y oral, conforme a lo que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales?
V. Consideraciones y fundamentos
40. Esta Primera Sala considera que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sostenido en esta ejecutoria, que coincide en lo sustancial con lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, que determinó que tratándose de las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, previamente a la promoción del juicio de amparo, debe agotarse el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
41. Así, por cuestión de método, esta Primera Sala analizará el presente asunto conforme a los siguientes temas: I. La etapa de investigación –inicial y complementaria– en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y las omisiones del Ministerio Público en dicha etapa; II. La figura del Juez de Control; III. Los derechos de la víctima u ofendido y particularmente el relativo a impugnar ante autoridad judicial las decisiones del Ministerio Público; IV. El principio de definitividad; y, V. Existencia de un medio de defensa contra las omisiones de la autoridad ministerial en la etapa de investigación.
42. De igual forma se hace la precisión de que en lo sucesivo todas las citas que se formulen al Código Nacional, deberán entenderse que se refieren al Código Nacional de Procedimientos Penales.
I. La etapa de investigación –inicial y complementaria– en el Sistema Procesal Penal Acusatorio y las omisiones del Ministerio Público en dicha etapa
43. El dieciocho de junio de dos mil ocho se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Federal, con la finalidad de introducir un nuevo sistema de justicia penal y de seguridad pública en el país. Mediante dicha reforma se pretendió transformar el sistema de justicia penal mixto-inquisitivo a un sistema de corte acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.(15)
44. Asimismo, el cinco de marzo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expidió el Código Nacional, el cual entraría en vigor a nivel federal y local conforme a lo previsto en el artículo segundo transitorio.(16) Esta legislación regula el sistema procesal penal acusatorio y oral.
45. De conformidad con el artículo 211 del Código Nacional, el procedimiento penal –acusatorio–, se conforma por las siguientes etapas:
i) La de investigación, que comprende las siguientes fases:
Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación; e
Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación;
ii) La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y,
iii) La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento.
46. Ahora bien, dado que la contradicción de tesis se relaciona con las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, es preciso hacer algunas consideraciones respecto de dicha fase del procedimiento penal. Para tal efecto, se traen a colación algunas consideraciones de esta Primera Sala, en las que se sustentó la sentencia que resolvió el amparo directo en revisión 669/2015.(17)
47. Así, en dicho precedente se estableció que la etapa de investigación tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Esta etapa deberá iniciar con una denuncia o una querella y estará a cargo –en una primera fase– del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 de la Ley Fundamental. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en la carpeta de investigación que para el efecto se integre.
48. Ahora bien, cuando el Ministerio Público lo considere oportuno o estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Para ello, conforme a lo que establece el artículo 16 de la Constitución Federal, si el imputado fue detenido en flagrancia o en atención a una orden de caso urgente, deberá ser puesto a disposición del Juez de Control en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, quien convocará a una audiencia para verificar la legalidad de la detención y, de ser el caso, formule la imputación correspondiente.
49. Por otra parte, cuando no exista persona detenida, bastará que el Ministerio Público solicite al Juez de Control la celebración de una audiencia para la formulación de la imputación, en la que se le hará saber al indiciado que se desarrolla una investigación en su contra. Si el indiciado no asiste o se trata de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión para asegurar su comparecencia.
50. Dentro de esta audiencia, generalmente denominada como inicial, el Juez de control se asegurará de que el imputado conoce sus derechos y concederá la palabra al Ministerio Público, quien deberá exponer verbalmente el hecho delictivo imputado; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su comisión; la forma de intervención que se atribuye; y el nombre de su acusador. Posteriormente, el Juez se cerciorará de que el imputado comprendió la acusación y le otorgará la oportunidad de contestar, si es su deseo. Adicionalmente, como se desprende del artículo 19 de la Norma Suprema, a petición del Ministerio Público, el Juez de Control podrá imponer las medidas cautelares que considere pertinentes y resolverá sobre la vinculación a proceso dentro de la misma audiencia inicial o en su continuación dentro de los plazos constitucionales.
51. Así, el Juez de control podrá decretar auto de vinculación a proceso si considera que existen datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Además, en este acto, el Juez de Control deberá fijar fecha para la audiencia de cierre de la investigación, tomando en consideración la naturaleza de los hechos atribuidos y la complejidad de la misma.
52. Expuesto lo anterior, debe también señalarse que en la etapa de investigación, el Ministerio Público puede incurrir en una actitud omisiva con relación a su deber de investigar los delitos; esto es, que en la referida etapa –sea en su fase inicial o complementaria–, la autoridad ministerial incumpla su obligación de investigar el delito, al omitir realizar las diligencias y actos conducentes –que deben practicarse de oficio, o que soliciten las partes– para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; conducta omisiva que si carece de justificación legal, desde luego puede conculcar derechos fundamentales de las partes en el conflicto penal.
53. Es precisamente esa conducta omisiva la que fue materia de reclamo en los juicios de amparo indirecto, cuyo desechamiento dio origen a los recursos de queja en los que los tribunales contendientes emitieron criterios divergentes sobre la procedencia del amparo biinstancial.
II. La figura del Juez de Control
54. Con motivo de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, se estableció en el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Federal, la figura del Juez de Control, en los siguientes términos:
"Artículo 16.
"...
"Los Poderes Judiciales contarán con Jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre Jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes."
55. En el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, de once de diciembre de dos mil siete, se puntualizó lo siguiente:
"Se prevé la inclusión de un Juez de control que resuelva, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que así lo requieran, cuidando se respeten las garantías de las partes y que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho ..."
56. Además, en el Dictamen de la Cámara de Senadores de trece de diciembre de dos mil siete s
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27990-b27f0d37/sistema-penal-acusatorio-contra-las-omisiones-del-ministerio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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