NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. CUANDO SE IMPUGNA ESA DETERMINACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, LA VÍCTIMA U OFENDIDO O SU ASESOR JURÍDICO DEBEN EXPONER ORALMENTE SUS AGRAVIOS EN LA AUDIENCIA Y EL JUEZ DE CONTROL, POR REGLA GENERAL, DEBE RESOLVER SIN CONSULTAR LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 252/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE FEBRERO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIO: ALEJANDRO GONZÁLEZ PIÑA.
III. CONSIDERACIONES:
6. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; en razón de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, en un tema que por su naturaleza (penal), corresponde a la especialidad de esta Primera Sala, y no se requiere la intervención del Tribunal Pleno.
7. Apoya lo anterior, la tesis del Tribunal Pleno de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo Circuito, y si bien en el texto constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes Circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una comisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso Circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo Circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes Circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo Circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un Circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito."(5)
8. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, al resolver uno de los criterios que se estiman contradictorios en este asunto.
IV. Existencia de la contradicción
9. De conformidad con lo dispuesto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver en sesión de treinta de abril de dos mil nueve la contradicción de tesis **********, no es necesario satisfacer los requisitos establecidos en la diversa jurisprudencia número P./J. 26/2001,(6) pues dicho precedente se interrumpió con motivo de lo resuelto por el Pleno en la indicada sesión.
10. Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.
11. Por ello, ahora debe tomarse en consideración que la divergencia de criterio existe cuando los tribunales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
12. En ese sentido, la existencia de la contradicción de criterios no depende de que las cuestiones fácticas que rodean a los asuntos en aparente colisión sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que tal variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto.
13. Así, para comprobar la existencia de contradicción de tesis, es indispensable determinar si existe necesidad de unificación; es decir, una posible discrepancia en un punto jurídico. En ese contexto, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y si el problema radica en la interpretación adoptada por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
14. Las anteriores consideraciones se fundamentan en lo establecido en la jurisprudencia P./J. 72/2010,(7) que está encaminada a proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
15. Criterios contendientes. Así, con el objetivo de determinar si las posturas denunciadas como presuntamente antagónicas, en realidad se contraponen, es necesario dar cuenta de las consideraciones que las sustentan.
A. Primera postura
Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Amparo en revisión **********.
16. Ese Tribunal Colegiado consideró que el Juez de Control no está facultado para imponerse motu proprio de la información que integra la carpeta de investigación cuando analiza la legalidad de la determinación sobre el no ejercicio de la acción penal, puesto que hacerlo implicaría desconocer uno de los principios rectores del nuevo sistema de enjuiciamiento penal, a saber, el de contradicción, conforme al cual, el Juez debe limitarse a resolver la cuestión debatida únicamente con los elementos que aporten al debate las partes asistentes a la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
17. Además, consideró que derivado de los principios de contradicción y oralidad, no era viable que la víctima u ofendido o su asesor jurídico presentaran por escrito los agravios para impugnar la determinación sobre el no ejercicio de la acción penal, sino que debían exponer oralmente sus agravios en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que fueran examinados por el Juez de Control.
B. Segunda postura
Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. Amparo en revisión penal **********.
18. Este órgano de control constitucional sostuvo, esencialmente, que el Juez de Control sí está facultado para examinar directamente el contenido de la carpeta de investigación, a fin de verificar si la determinación sobre el no ejercicio de la acción penal, por una parte, satisface los requisitos de fundamentación y motivación exigidos por el artículo 16 constitucional y, por otra, si respeta derechos fundamentales de la víctima u ofendido del delito, tutelados por el artículo 20 constitucional; lo anterior, sin dejar de atender las cuestiones que se susciten en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, a juicio de este Tribunal Colegiado, es válido que el Juez de Control se imponga del contenido de la carpeta de investigación, porque de ese modo tendrá más y mejores elementos para resolver lo que en derecho corresponda sobre el ejercicio de la acción penal.
19. Este tribunal también consideró que en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si la víctima u ofendido o su asesor jurídico presentara por escrito los agravios para impugnar la determinación sobre el no ejercicio de la acción penal y los ratifican en la audiencia, el Juez de Control está obligado a dar contestación a los mismos a fin de tutelar los derechos de la víctima u ofendido, lo que no vulnera el principio de contradicción pues el fiscal puede argumentar u oponerse a sus peticiones.
20. Determinación sobre la existencia de la contradicción de criterios. En el caso, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que sí se cumplen los requisitos de existencia de la contradicción de tesis que se han mencionado. A continuación, se explicitan las razones.
21. Primer requisito. Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los Tribunales Colegiados contendientes realizaron un ejercicio interpretativo para llegar a una solución en particular, vinculada, esencialmente, con la existencia, o no, de la facultad del Juez de Control para consultar la información consignada en la carpeta de investigación cuando se analiza la legalidad de la determinación del Ministerio Público sobre el no ejercicio de la acción penal, en la audiencia pública a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como respecto de la viabilidad de que la víctima u ofendido o su asesor jurídico presente por escrito los agravios respectivos.
22. Segundo requisito. Punto de contradicción. Esta Sala considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes sí existieron puntos de contradicción con respecto a la resolución de dos problemas jurídicos.
23. Los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver sendos amparos en revisión, se enfrentaron a la necesidad de resolver problemáticas jurídicas similares, consistentes en determinar si el Juez de Control está facultado para imponerse directamente de los datos que obran en la carpeta de investigación, y si es factible que la víctima u ofendido o su asesor jurídico presente por escrito los agravios respectivos.
24. Para el Tribunal Colegiado que sustentó la primera postura, eso no es posible en razón del principio de contradicción que caracteriza al nuevo sistema de enjuiciamiento penal, conforme al cual, el Juez de Control debe resolver sobre la legalidad de la determinación en la que el Ministerio Público decidió no ejercer acción penal, únicamente a partir de lo que aduzcan las partes asistentes en la audiencia pública a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y en este sentido, sostuvo que los agravios deben ser expuestos oralmente en la audiencia por la víctima o su asesor jurídico, y que el Juez de Control, en principio, no puede consultar la carpeta de investigación.
25. Por su parte, el colegiado denunciante sostuvo que el Juez de Control no sólo estaba facultado, sino que era necesario que se impusiera directamente de los datos que obraban en la carpeta de investigación, dada la trascendencia jurídica de la determinación que declaró el no ejercicio de la acción penal, lo que justifica que el Juez, de primera mano, valore las constancias de la carpeta de investigación y determine si ésta respetó principios constitucionales y derechos fundamentales de la víctima u ofendido. Asimismo, consideró que el Juez de Control está obligado a pronunciarse sobre los agravios presentados por escrito por la víctima u ofendido o su asesor jurídico si los ratifica en la audiencia, sin que ello vulnere el principio de contradicción.
26. Como se ve, los órganos de control constitucional contendientes llegaron a conclusiones opuestas en torno a la facultad del Juez de Control para imponerse de la información de la carpeta de investigación, cuando en audiencia pública se debate sobre la legalidad de la determinación en la que el Ministerio Público decidió no ejercer acción penal, así como respecto de la posibilidad de presentar los agravios por escrito en la audiencia respectiva.
27. No es obstáculo que las consideraciones de las respectivas ejecutorias de los tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia, pues eso no es necesario, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 129/2004, sustentada por esta Primera Sala, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES PROCEDENTE LA DENUNCIA RELATIVA CUANDO EXISTEN CRITERIOS OPUESTOS, SIN QUE SE REQUIERA QUE CONSTITUYAN JURISPRUDENCIA."(8)
28. Tercer requisito. Pregunta genuina sobre el punto de contradicción. Lo expuesto demuestra que las posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones, da lugar a la formulación de las siguientes preguntas:
¿El Juez de Control está facultado para imponerse del contenido de la carpeta de investigación cuando evalúa la legalidad de la determinación del Ministerio Público en la que decidió no ejercer acción penal, en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales?
Cuándo se evalúa la legalidad de la determinación del Ministerio Público en la que decidió no ejercer acción penal, en la audiencia a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿puede la víctima u ofendido o su asesor jurídico presentar agravios por escrito, o es necesario que los presente oralmente en la audiencia para respetar el principio de contradicción?
V. Criterio que debe prevalecer
29. Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de las razones jurídicas que se desarrollan en el presente apartado.
30. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente:
"Artículo 258. Notificaciones y control judicial
"Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de Control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de Control declarará sin materia la impugnación.
"La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno."
31. El problema jurídico a resolver en esta ejecutoria, consiste en determinar si en esa audiencia, el Juez de Control está facultado para imponerse del contenido de la carpeta de investigación, cuando evalúa la legalidad de la determinación del Ministerio Público en la que decidió no ejercer acción penal; y si es factible que la víctima u ofendido o su asesor jurídico presenten los agravios por escrito en esa audiencia, o es necesario que lo hagan verbalmente para respetar el principio de contradicción.
32. Esta Primera Sala considera que la respuesta a esa problemática es que el Juez de Control, por regla general, no debe consultar la carpeta de investigación cuando evalúa la legalidad de la determinación del Ministerio Público en la que decidió no ejercer acción penal, sino resolver con base en las argumentaciones que formulen las partes en la audiencia, aunque excepcionalmente pueda consultar esa carpeta, si el contenido o la existencia de un registro específico es materia de controversia entre las partes, pues de otra manera no contará con elementos para corroborar si efectivamente el registro en cuestión existe y contiene la información que las partes aseveran, en el entendido de que el objeto de la consulta se constriñe al o los registros materia de controversia, y no a la totalidad de la carpeta de investigación. Y en congruencia con los principios de contradicción, publicidad y oralidad, así como con la regulación específica de esa audiencia, debe concluirse que no es factible que la víctima o su asesor jurídico presenten agravios por escrito, pues deben exponerlos verbalmente en la audiencia.
33. Estas respuestas se justifican a partir de la interpretación de los principios constitucionales y normas legales que rigen el sistema penal acusatorio, previstos en la Constitución Mexicana y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ha realizado esta Sala en distintos precedentes y amplía en esta sentencia.
34. Como punto de partida, debe destacarse que el artículo 258 citado, establece:
a. Que la determinación del no ejercicio de la acción penal deberá ser notificada a la víctima u ofendido;
b. Qué estos pueden impugnarla ante el Juez de Control;
c. Que la impugnación se decidirá en una audiencia, en la que comparecerán la víctima u ofendido, el Ministerio Público y, en su caso, el imputado y su defensor;
d. Y que ante la inasistencia de la víctima u ofendido, se declarará sin materia la impugnación.
35. El procedimiento penal diseñado por el Código Nacional de Procedimientos Penales consta de tres etapas: investigación, intermedia y juicio,(9) y el ejercicio de la acción penal, conforme a los artículos 211 y 335(10) de ese ordenamiento, precede a la etapa de juicio.
36. Entonces, la determinación de no ejercicio de la acción penal se verifica antes de la etapa de juicio. Por tanto, la audiencia en que se resuelve la impugnación de esa determinación precede también al juicio. No obstante, esta Primera Sala ha considerado(11) que los principios de contradicción, publicidad y oralidad, también son aplicables a las audiencias preliminares al juicio, pues así lo dispone expresamente el artículo 20, apartado A, fracción X, constitucional, que se citará enseguida.
37. En este sentido, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales debe interpretarse de acuerdo con los principios constitucionales que rigen el sistema penal acusatorio, especialmente los de publicidad, oralidad y contradicción.
38. Esta Primera Sala considera que uno de los rasgos esenciales de un sistema penal acusatorio consiste en la separación estricta de las funciones de acusar y juzgar, es decir, en este sistema, corresponde al Juez juzgar a las partes, quienes en igualdad de posiciones tienen la función de sostener la acusación (Ministerio Público) y la defensa (el imputado y su defensor), respectivamente. Esto garantiza, por una parte, la igualdad de las partes en el proceso, y por otra, la imparcialidad del Juez, quien en principio no debe realizar inquisiciones por su cuenta, sino limitarse a decidir la controversia que le plantean partes iguales, con base en el debate realizado por éstas.
39. Entre las garantías del funcionamiento de un sistema acusatorio, se encuentran los principios de publicidad, oralidad y contradicción, consagradas por el artículo 20 constitucional, de la siguiente manera:
"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
"A. De los principios generales:
"I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;
"II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del Juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;
"III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;
"IV. El juicio se celebrará ante un Juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;
"V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;
"VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución;
"VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el Juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;
"VIII. El Juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;
"IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula; y,
"X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio."
40. Esta Primera Sala estima que del diseño constitucional del sistema penal acusatorio previsto en este artículo, se desprende que por regla general, el procedimiento penal debe llevarse a cabo mediante audiencias públicas, en que rija plenamente la oralidad y la contradicción entre las partes intervinientes, y sólo excepcionalmente podrán realizarse actuaciones escritas, pues la norma constitucional establece como regla que la presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral, y que estos principios se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.
41. Respecto de esos principios, esta Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis **********, sostuvo en lo que interesa, lo siguiente:
Es entonces, el artículo 20 el eje toral del nuevo proceso penal mexicano, en cuyo primer párrafo establece:
"Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
"La oralidad, es un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios de inmediación y publicidad.
"La publicidad es una garantía `política´ del proceso, en cuanto permite que la comunidad, el pueblo, el público, asista a los actos procesales y ejerza sobre ellos el control que naturalmente trae consigo esa forma de escrutinio popular.
"El principio de contradicción permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro.
"La concentración tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones.
"Continuidad se refiere a limitar las interrupciones del proceso, mientras que inmediación implica la recepción en audiencia, por el propio juzgador, de las pruebas y de los alegatos con los que formará su convicción.
"La reforma procesal penal tiene como finalidad que con la aplicación de dichos principios se cumpla con los objetivos del Sistema Penal Acusatorio que son: determinar la verdad real, histórica o procesal, determinar la existencia de un hecho típico, identificar a su autor, resolver el conflicto suscitado entre las partes, procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales, dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos, así como facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado.
"En tal virtud, se cambian los estándares probatorios que conforme al sistema penal inquisitorio se exigen para el dictado de una orden de aprehensión y de un auto de formal prisión, el cual conforme al sistema penal acusatorio se denomina auto de vinculación a proceso. Por tal motivo, en atención a que en el caso los actos reclamados en los asuntos de los que deriva la presente contradicción, los constituyen precisamente una orden de aprehensión y un auto de vinculación a proceso, se estima importante la transcripción de la parte conducente, de la exposición de motivos de los artículos 16 y 19 constitucionales (reformados a partir del dieciocho de junio de dos mil ocho, con motivo de la instauración del sistema penal acusatorio), expuesta en el dictamen de primera lectura, primera vuelta, en la Cámara de Diputados el doce de diciembre de dos mil siete y ratificado en las posteriores etapas legislativas, en la que textualmente se lee:
"...
"En ese orden de ideas, de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 del Pacto Federal, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el Constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió; el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación a un hecho o hechos que la ley señale como delitos (hecho ilícito, núcleo del tipo), y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión, ya que así se advierte de la redacción de los citados numerales que a la letra disponen:
"...
"En tal virtud, de acuerdo a lo precisado en los aludidos preceptos constitucionales, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputaci
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28674-33c2293e/no-ejercicio-de-la-accion-penal-cuando-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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