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Modo: Corpus Pro

MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LAS DETERMINACIONES MINISTERIALES QUE SEÑALA O EN OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EL IMPUTADO O QUIEN SE OSTENTE CON TAL CARÁCTER NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR TAL RECURSO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2019. · Registro digital (IUS): 29153
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2019-11-15
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo II, Pág. 1394.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE AGOSTO DE 2019. MAYORÍA DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS EMMA MEZA FONSECA, ALEJANDRO GÓMEZ SÁNCHEZ, MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS, JORGE FERMÍN RIVERA QUINTANA, CARLOS ENRIQUE RUEDA DÁVILA Y REYNALDO MANUEL REYES ROSAS. DISIDENTES: FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO, HUMBERTO MANUEL ROMÁN FRANCO, JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ Y FERNANDO CÓRDOVA DEL VALLE. PONENTE: MIGUEL ENRIQUE SÁNCHEZ FRÍAS. SECRETARIA: DAISY OCLICA SÁNCHEZ.

Ciudad de México. Acuerdo del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión de trece de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS para resolver los autos de la contradicción de tesis 6/2019.

RESULTANDO:

1. El punto de disenso consiste en establecer si contra las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad, el no ejercicio de la acción penal, o las omisiones del Ministerio Público de realizar las diligencias correspondientes en la etapa de investigación, previamente a promover el juicio de amparo indirecto, el imputado o quien se ostente con tal carácter debe agotar el medio de impugnación que establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

I. ANTECEDENTES

2. Mediante oficio 7/ST/2019 presentado el quince de febrero de dos mil diecinueve en la Oficialía de Partes del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, la Magistrada Irma Rivero Ortiz de Alcántara, integrante del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis entre el criterio sostenido por ese órgano colegiado al resolver, por mayoría de votos, la queja penal **********, de la cual se originó la tesis aislada «I.9o.P.234 P (10a.)» con registro digital: 2019449, aprobada también por mayoría, de rubro "OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL SER INAPLICABLE PARA EL IMPUTADO EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO LE ES EXIGIBLE AGOTAR EL RECURSO INNOMINADO PREVISTO EN DICHO PRECEPTO, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; en contra de lo que sostuvo el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito en la misma materia y sede, en el amparo en revisión **********, del cual resultó la tesis aislada «I.6o.P.123 P (10a.)» con registro digital: 2018154, de rubro "ETAPA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROVEER SOBRE LAS PETICIONES DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."

3. Por acuerdo de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, la presidenta del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, radicó el asunto como contradicción de tesis 6/2019, solicitó a la presidenta del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, remitiera copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión ********** e informara si el criterio sustentado en dicho asunto del que se originó la tesis cuyo rubro se citó previamente, aún se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado.

4. Mediante oficio 02, la presidenta del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, remitió copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión ********** y precisó que dicho órgano jurisdiccional no se había apartado de tal criterio.

5. En proveído de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio DGCCST/X/101/03/2019, firmado por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual informó que por diverso oficio SGA/GVP/161/2019 –del cual anexó copia–, el secretario general de Acuerdos del Máximo Tribunal hizo saber que durante los últimos seis meses no se encontraba radicada contradicción de tesis alguna en la que el tema a dilucidar guardara relación con el criterio del tribunal denunciante.

6. Asimismo, se ordenó turnar los autos al Magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías, en su calidad de integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.

II. COMPETENCIA

7. Este Pleno en Materia Penal del Primer Circuito es legalmente competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis formulada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, así como el diverso 52/2015, del citado Pleno, que lo reformó, adicionó y derogó algunas de sus disposiciones; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sustentada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal de este Primer Circuito.

III. LEGITIMACIÓN

8. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitimada, porque fue formulada por una de las Magistradas integrantes del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, quien está facultada para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, en relación con el 226, fracción III, ambos de la Ley de Amparo.

IV. RESOLUCIONES EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUE PARTICIPAN EN ESTA CONTRADICCIÓN DE TESIS

9. Con el fin de verificar si existe la contradicción de criterios denunciada, es necesario precisar, en lo conducente, las consideraciones de las ejecutorias y tesis aisladas contendientes.

10. El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, sostuvo en lo que interesa, lo siguiente:

"Por otra parte, en cuanto al diverso acto reclamado, consistente en la determinación de veinte de octubre de dos mil diecisiete, dictada por el agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación C-8 de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la carpeta de investigación **********, la autoridad de amparo, estimó que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Federal; para lo cual, una vez que estableció la clasificación del interés (individual y colectivo o difuso), los tipos de interés (simple, legítimo y jurídico), consideró: ...

"Argumentos que este Tribunal Colegiado de Circuito no comparte, toda vez que se advierte que en el caso a examen se actualiza una causa de improcedencia diversa a la examinada por la Juez de Amparo, de estudio preferente, por lo que se procede a su análisis, sin importar que las partes la aleguen o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 122/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, Materia Común, Novena Época, visible en la página 28, cuyo rubro y texto dicen:

"‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA. ...’

"En efecto, si bien el artículo 61 de la Ley de Amparo prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas, cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia del principio de definitividad que rige en el juicio de derechos constitucionales, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y, la actualización de ese motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio.

"En ese orden de ideas, de los antecedentes reseñados con anterioridad, se advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de derechos fundamentales es improcedente contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas; y, en consecuencia, debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley citada.

"En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, previamente al ejercicio de la acción constitucional, se deben agotar los medios ordinarios de defensa que la ley del acto prevea, pues de no ser así, el amparo indirecto será improcedente, debido a que el juicio biinstancial constituye un medio de defensa extraordinario.

"En ese sentido, los quejosos debieron haber impugnado ante el Juez de control la determinación de veinte de octubre de dos mil diecisiete, pronunciada en la carpeta de investigación **********, en la que el agente del Ministerio Público responsable consideró que la ampliación de entrevista del denunciante ********** (admitida previamente), no era necesaria para el esclarecimiento de los hechos, en observancia al principio de definitividad que rige el procedimiento del presente juicio.

"Lo anterior, pues el acto reclamado no es privativo de libertad, sino de molestia, por lo que no se está ante la presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que dicho acto debe ser impugnado en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en razón de que los medios ordinarios de defensa están instituidos para que el afectado los haga valer conforme al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de modo tal que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades de aquélla.

"Luego, si no se interpuso la impugnación contra la determinación de no desahogar la ampliación de entrevista del denunciante, ofrecida por los imputados, ante el Juez de Control, el amparo es improcedente, pues éste tiene relación con la omisión en la investigación en la carpeta **********.

"En apoyo a lo anterior, cobra aplicación la tesis XVIII.1o.P.A.2 P (10a.), visible en la página 2141, Libro 42, mayo de 2017, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:

"‘SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado.’ (lo resaltado no es de origen)(1)

"Por lo que, resulta evidente que el acto reclamado no tiene el carácter de definitivo; presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, pues el mismo es impugnable en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través del medio ordinario de defensa referido; con lo cual se actualiza la hipótesis de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente.

Apoya la consideración anterior, la jurisprudencia 573, publicada en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice:

"‘RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO.—La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional.’

"Así, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XVIII (diversa a la invocada por la autoridad de amparo), de la Ley de Amparo vigente, procede sobreseer en el juicio. ..."

11. De tal asunto surgió la tesis aislada I.6o.P.123 P (10a.), publicada en la página 2357 del Libro 59, octubre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital: 2018154, de rubro y texto siguientes:

"ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROVEER SOBRE LAS PETICIONES DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que durante la etapa de investigación de un delito, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, como la víctima u ofendido del delito, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; de ahí que si la autoridad ministerial es omisa o se niega a proveer sobre las peticiones del imputado o su defensor, dicho acto no es privativo de la libertad, sino de molestia, por ello éstos tienen derecho a inconformarse ante la autoridad judicial, en términos del artículo 258 del propio código, que establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, entre otras, pueden impugnarse ante el Juez de Control; por tanto, al no estar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es imperativo para el imputado agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial."

12. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver por mayoría de votos la queja penal **********, sostuvo en lo que interesa, lo siguiente:

"CUARTO. Son esencialmente fundados los agravios expresados por la parte recurrente, aunque suplidos en la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, atención a las siguientes consideraciones.

"Ahora bien, para dar respuesta a los agravios de la recurrente, es menester indicar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito cuenta con atribuciones para desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia.

"Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2002, determinó que por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por ‘indudable’, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es.

"En la parte relativa de la ejecutoria correspondiente a la contradicción de tesis en cita, se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, es aquel que está plenamente probado, pues no requiere demostración alguna, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones.

"Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes.

"De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido.

"Atento a lo expuesto, se tiene que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable que se ajuste a los supuestos fácticos, de ningún modo debe ser desechada la demanda, pues de lo contrario se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio; por tanto, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada.

"De este modo, puede concluirse que si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea manifiesta y notoria, pues de lo contrario, esto es, en caso de surgir alguna duda sobre la procedencia o no del juicio, o bien que arribar a tal determinación implique un mayor estudio de fondo, lo correcto es admitir a trámite la demanda, brindando con ello al quejoso la oportunidad de desestimar las causas de improcedencia relativas, y sólo en el caso de que no lo hiciere, entonces podrá decretarse el sobreseimiento en términos de lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.

"En la inteligencia, de que el desechamiento de una demanda de amparo opera como un caso de estricta excepción, que debe estar indefectiblemente apoyado en lo manifiesto y notorio de la causa de improcedencia que se haga valer.

"Dicho de otra forma, la recta interpretación del artículo 113 de la Ley de Amparo, es que los términos de la propia demanda, demuestren un motivo notorio de improcedencia, o como dice el propio artículo, motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como por ejemplo, el caso de extemporaneidad de la demanda si la promoción del juicio de garantías se realiza después del término fijado por la ley, cuando en la propia demanda se expresa por el agraviado la fecha en que se le notificó la resolución o acuerdo que reclama o aquella desde la que haya tenido conocimiento de los hechos que estima violatorios de garantías o de su ejecución, o que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; o de manera más contundente, cuando se reclamen actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los acuerdos administrativos o resoluciones jurisdiccionales; o las sentencias dictadas en los juicios de amparo, o alguna otra en que no quepa duda alguna de que existe la improcedencia, pues de lo contrario, la demanda debe ser admitida.

"En esa tesitura, no toda causa de improcedencia por el sólo hecho de estar prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, puede justificar que al proveer sobre la demanda el Juez de Distrito correspondiente, la deseche de plano con fundamento en el artículo 113 de la citada ley.

"Lo anterior, en atención a que en el acuerdo inicial en el juicio de amparo indirecto no pueden realizarse estudios exhaustivos, por no ser propio en ese momento, ya que en ese estado procesal tan sólo se pueden tener en cuenta las manifestaciones que se hagan en la demanda y las pruebas que a ésta se adjunten, de ahí que se requiera que el motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable para resolver de plano el desechamiento.

"Lo anterior encuentra sustento en la tesis LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: ‘DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.’

"Ello es así pues la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, que regulan el principio de definitividad, que se reconoce respecto de actos, porque prevé que contra ellos procede el amparo siempre y cuando no fueran reparables mediante algún juicio, recurso o medio de defensa legal; siendo innecesario agotarlos, entre otros supuestos, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.

"Así, el principio de definitividad supone el agotamiento de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de defensa, sin que lo interponga el quejoso, el amparo resulta improcedente.

"Dicho principio responde indiscutiblemente a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados, por lo que, antes de promoverlo el particular debe agotar todos los medios ordinarios de invalidación del acto reclamado, y que para su procedencia no necesiten interpretación de la legislación que los prevé, tal como está regulado en el artículo 61 de la Ley de Amparo.

"El reconocimiento constitucional del principio en comento responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el Constituyente permanente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se combate posea el carácter de definitiva según la ley que la rija.

"Se dice que tales resoluciones son actos definitivos en razón de que reflejan la última voluntad de la autoridad respecto de las cuestiones que determinan.

"Debe señalarse que ese principio no es absoluto, por el contrario, admite excepciones, tal y como se expuso anteriormente.

"En este sentido, es evidente que el Juez Federal para declarar que la demanda de amparo era improcedente, porque se debió agotar previamente el recurso ordinario en contra de los actos reclamados, hizo afirmaciones en torno al acto reclamado y calificó el tipo de violaciones que se hacían valer en la demanda, lo que no es propio de un acuerdo inicial de amparo, como determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"Por lo tanto, cabe señalar que no es dable determinar lo notorio e indudable de la improcedencia en el sentido que la parte quejosa debió haber agotado el recurso de innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no obstante que de las constancias remitidas por el Juez de Amparo, se advierte que la quejosa es ‘imputada’ en una carpeta de investigación; por ende, para arribar a esa conclusión es necesario el análisis del contenido de dicho numeral, el cual, señala:

"‘Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación.

"‘La resolución que el Juez de control dicte en estos casos, no admitirá recurso alguno.’

"En esa medida, es inconcuso que el recurso precitado solamente se refiere a que la persona que puede interponer el citado recurso es la víctima u ofendido; por lo tanto, de conformidad con una interpretación gramatical ‘a contrario’, el artículo 258 de ese ordenamiento, no es aplicable para el imputado; por lo tanto, éste no se encuentra obligado a agotar dicho recurso antes de interponer amparo indirecto en contra de los actos reclamados.

"Lo cual se reafirma con lo expuesto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues al analizar dicho numeral señaló que la víctima u ofendido, no así el imputado, puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado. Lo anterior, pues así lo expuso en las jurisprudencias 27/2018 y 28/2018.

"De esta exposición, se llega a la conclusión de que el motivo de improcedencia que invocó el Juez de Distrito para desechar la demanda, no es notorio, indudable ni manifiesto.

"Sirve de apoyo de anterior(sic), la tesis de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA.’ ..."

13. Tales consideraciones dieron origen a la tesis aislada I.9o.P.234 P (10a.), publicada en la página 2714 del Libro 64, marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2019449, de rubro y texto siguientes:

"OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSA

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29153-59f00791/medio-de-impugnacion-previsto-en-el-articulo-258 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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