ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 137/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 7 DE OCTUBRE DE 2015. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO ACLARATORIO, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO ACLARATORIO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALFONSO FRANCISCO TRENADO RÍOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente circuito, en un tema que por su naturaleza penal corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.
En sustento a lo anterior, se invoca el criterio emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se identifica con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO, CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."2
SEGUNDO.-Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en virtud de que fue formulada por el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.
TERCERO.-Criterios contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
1. El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, resolviendo el recurso de queja **********, sostuvo, medularmente, que la demanda de amparo, cuando se reclama la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, podía intentarse en todo momento, por tratarse de una excepción a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo.
Lo anterior, concatenado con los siguientes:
a) Antecedentes
El sentenciado fue considerado responsable en la causa penal **********, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, en la cual fue condenado a cumplir once años, diez meses y quince días de prisión, misma pena que compurgaba en un centro de readaptación social hasta diciembre de dos mil once, fecha en que fue trasladado al complejo penitenciario de las Islas Marías.
A través de su defensor oficial, intentó juicio de amparo indirecto para combatir la orden del comisionado del órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, consistente en el traslado mediante el cual, lo recluyó en el complejo penitenciario de las Islas Marías.
El Juez Primero de Distrito en el Estado de Colima, a quien por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda de amparo, la registró con el número **********. Acto seguido, requirió al promovente para que indicara la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, que constituye la orden de traslado, apercibiéndolo que, en caso de incumplir con lo solicitado, se le tendría por no presentada la demanda de amparo.
Una vez desahogado el requerimiento, por auto de diez de octubre de dos mil trece, el referido Juez de Distrito desechó la demanda de garantías, al considerarla presentada fuera de plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo.
Asimismo, precisó que en este caso no se estaba en presencia de alguno de los supuestos de excepción que establece el citado artículo 17, pues si bien la fracción IV señala la posibilidad de presentar la demanda de amparo en cualquier tiempo cuando se reclamen actos privativos de libertad fuera de procedimiento, en este caso, el auto de formal prisión (sic) se había emitido dentro de un procedimiento judicial.
b) Interposición del recurso de queja
Inconforme con dicha resolución, mediante escrito presentado el diecisiete de octubre de dos mil trece, el quejoso interpuso recurso de queja del que tocó conocer al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, mismo que lo registró bajo el número **********.
El Tribunal Colegiado, supliendo la deficiencia en la queja del impetrante de garantías, consideró fundados los agravios expresados.
Es decir, ese tribunal de amparo estimó incorrecta la determinación del Juez recurrido, en el sentido de desechar la demanda de garantías por considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, señalando que como se presentó fuera del término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, el quejoso consintió la orden de traslado impugnada.
Así, el órgano colegiado de referencia consideró incongruente tal resolución, puesto que el quejoso no se dolía de un auto de formal prisión, sino que reclamó la orden de traslado del centro de rehabilitación social de Colima al complejo penitenciario de las Islas Marías.
En esas condiciones, el Tribunal Colegiado concluyó que de las manifestaciones realizadas por la quejosa en su demanda de amparo, que es lo único con lo que contaba hasta el momento, desprendió que el acto reclamado sí encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que la orden de traslado afectó de manera directa la libertad personal del quejoso, fuera de procedimiento judicial, pues no se tiene la certeza de que la orden fue emitida por un Juez.
Razonó que, como la orden de traslado reclamada, sí afectó la libertad personal de la quejosa, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo.
Citó en apoyo de su argumentación el criterio «1a./J. 17/2013 (10a.)», de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO.", emitido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por lo fundado del recurso, impuso al Juez de Distrito dejar insubsistente el auto recurrido y admitir la demanda de garantías.
2) El Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, resolviendo el recurso de queja administrativa **********, decidió, en síntesis, que la orden de traslado reclamada en el juicio de amparo constituía un acto fuera del procedimiento, por provenir de autoridad distinta a la judicial; consideró que se trataba de una excepción a lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Así dan cuenta los siguientes:
a) Antecedentes
El indiciado fue consignado ante el Juez Séptimo del Ramo Penal, como presunto responsable del delito de robo calificado, radicándose la causa bajo el número **********.
El veintinueve de enero de dos mil doce, le fue decretado auto de formal prisión, mismo que combatió mediante juicio de amparo que concluyó en la concesión de la Justicia Federal que solicitaba, para el efecto de que se dejara insubsistente ese auto formal prisión y, en su lugar, se emitiera otro, el cual, una vez dictado que fue objeto de impugnación vía recurso de apelación, pendiente, a ese entonces, de resolver.
También se informa que en contra de tal inculpado se instruyó la causa penal **********, ante el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, mismo que le decretó auto de formal prisión, que combatió mediante recurso de apelación ante el Tribunal Unitario del Noveno Circuito, también pendiente de resolver al momento de la interposición del juicio de amparo referido.
Por último, se desprende que el cuatro de marzo del mismo año, encontrándose internado en el Centro de Reinserción Social Número Uno de San Luis Potosí, a través del oficio número **********, el secretario general de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, ordenó el traslado del procesado del centro de reinserción mencionado al diverso ubicado en ciudad Valles, San Luis Potosí.
Mediante escrito recibido el treinta de julio de dos mil catorce en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y remitido al día siguiente al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, el procesado intentó juicio de amparo indirecto a fin de combatir tal decisión.
El Juez de Distrito consideró que se actualizaba la causa de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XIV, en relación con el 18, ambos de la Ley de Amparo vigente.
Lo anterior, al determinar que el plazo para presentar la demanda de amparo era de quince días, salvo que el acto reclamado se trate de un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, entre otras excepciones, lo que no ocurría en el caso.
En efecto, estimó que el traslado del quejoso efectuado el cinco de marzo de dos mil catorce, no se encontraba dentro de dicha salvedad, pues debe decirse que dicha fracción se refiere a la libertad personal "fuera de procedimiento", lo cual no sucedía en la especie.
El Juez de amparo partió de estimar que el procedimiento se compone de la serie de actuaciones o diligencias sustanciadas o tramitadas según el orden y la forma prescritos en cada caso por el legislador y relacionadas y ligadas entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de un proceso o el de una fase o fragmento suyo.
Tres son los elementos que componen esta definición, a decir, del Juez, eran, a saber: 1. El conjunto de actividades, que comprende a las acciones realizadas por las personas que intervienen para que se determine la aplicación de la ley. 2. El conjunto de preceptos, que está comprendido por las reglas que son emanadas por el Estado para regular las actividades tanto las jurisdiccionales como las no jurisdiccionales; y, 3. La finalidad, que es la aplicación de lo preceptuado al caso concreto.
En ese sentido, concluyó que el traslado y los actos que emergieron dentro de él, son derivados de un procedimiento penal; pues en los diversos artículos 18 y 21 constitucionales, vigentes a partir del diecinueve de junio de dos mil once, se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, y aunado a la reforma publicada el diez de junio de dos mil once, que modificó el mismo segundo párrafo del mencionado artículo 18 constitucional, la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación, representó el reconocimiento constitucional de los derechos humanos previstos en la misma y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; esquema de protección que se extendió al modelo del sistema penitenciario, al establecerse que se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos; por tanto, la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante la instrucción y el cumplimiento de las sentencias, dentro de lo cual, se debe comprender al traslado de internos, constituyen una etapa más dentro del procedimiento penal.
Al respecto, estimó aplicable, en apoyo de su argumentación, por igualdad de razón, la jurisprudencia «P./J. 20/2012 (10a.)», emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
Por las razones expuestas, consideró evidente que se trataba de un acto dentro del procedimiento penal, mismo que se encuentra en la fase de instrucción; propuso que, aun cuando es verdad, no se constata se atribuyera a las autoridades judiciales; sin embargo, sí emergieron por determinación de entidades administrativas de reclusión, que auxilian a la mencionada autoridad judicial a la prosecución del proceso; esto es, aun cuando se haya afectado indirectamente la libertad personal del recurrente, ésta se dio dentro de un procedimiento y no fuera de él.
Con base en lo anterior, dispuso que no se actualizaba la excepción de la fracción IV del artículo 17 de la Ley de Amparo, por lo que la oportunidad para la promoción del juicio de amparo debía regirse estrictamente por el plazo general de quince días.
Asimismo, citó en su apoyo, el criterio de esta Primera Sala de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO."
La anterior cita obedeció, a decir del juzgador de amparo, en que en dicha tesis se analizó el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil tres, por tanto, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no tenía aplicación en cuanto a la judicialización del sistema de reclusión, en atención de que dicho artículo no señalaba ningún término para la presentación de la demanda y bastaba con que se atacara la "libertad personal", y no como lo señala la ley vigente "ataques a la libertad personal fuera de procedimiento", esto es, excluye los dictados dentro de procedimiento.
El Juez de garantías hizo referencia a que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, desde el cinco de marzo de dos mil catorce, pues recayó en su propia persona, por lo que el plazo para la interposición del juicio de amparo comenzó desde el día siguiente seis del mismo mes y año; fortaleció su decisión de que el quejoso había consentido tácitamente el acto reclamado, al haber ejercitado la acción constitucional hasta el día diez de julio de dos mil catorce, habiendo fenecido en exceso el plazo de quince días ya justificado.
Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito desechó de plano la demanda de garantías.
b) Interposición del recurso de queja
Inconforme con la determinación del Juez, el quejoso la recurrió mediante queja, misma de la que conoció el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, registrándose bajo el número queja administrativa **********, y admitiéndola a trámite.
El órgano colegiado de mérito tuvo por fundado y suficiente uno de los agravios esgrimidos por el recurrente, por lo que decidió imponer al juzgado recurrido la orden de admitir a trámite la demanda de amparo.
Lo anterior, con base en los razonamientos siguientes:
Refirió que a fin de determinar si era correcta o no la decisión del Juez de tener por presentada de forma extemporánea la demanda de amparo del quejoso, se imponía la necesidad de dilucidar si una orden de traslado es un acto que se emite dentro de un procedimiento de naturaleza penal o no y, además, si los actos que emitan autoridades ajenas a ese procedimiento se consideran dentro o fuera del mismo.
De esta forma, invocó los criterios «P./J. 20/2012 (10a.) y 1a. CLXVI/2014 (10a.)», del Pleno y de la Primera Sala de este Alto Tribunal, de rubros: "MODIFICACIÓN DE LAS PENAS. LA DETERMINACIÓN RELATIVA AL TRASLADO DE SENTENCIADOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO ESTÁ RESERVADA AL PODER JUDICIAL, CONFORME AL ARTÍCULO 21, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." y "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL.", respectivamente.
De lo anterior desprendieron dos razonamientos, a saber: el primero relativo a que cualquier orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, sin importar la etapa procesal en la que se encuentre el juicio, debe ser autorizada por el Juez rector del proceso, ya que éste es el único facultado para emitir tal orden; el segundo, basado en que al ser el juzgador el rector del proceso y el único facultado por la ley para vigilar y dictar las medidas que tengan vinculación con las condiciones en que se lleve a cabo la prisión preventiva, entonces, cualquier autoridad distinta a él (Juez del proceso) que emita un acto, el mismo debe ser considerado fuera de juicio, precisamente, porque, como ya se explicó con antelación, el único facultado para ello, es precisamente el Juez de la causa, de modo tal que cualquier acto que tenga que ver con la prisión preventiva del enjuiciado y que no sea emitido por aquél, debe ser considerado como un acto fuera de juicio y, por ende, el plazo para la presentación de la demanda de amparo puede realizarse en cualquier tiempo, acorde con lo dispuesto en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo.
Como conclusión de lo anterior, el Tribunal Colegiado confirmó que le asistía razón al recurrente, al esgrimir que en virtud de que la orden de traslado reclamado no provino del Juez Penal rector del proceso, sino de una autoridad distinta, entonces, es evidente que el acto reclamado no fue emitido dentro del procedimiento.
El Tribunal Colegiado subrayó que en relación con todo lo narrado, no se advertía de los hechos descritos por el quejoso que la orden de traslado reclamada había sido emitida por la autoridad rectora del procedimiento penal, a saber, el Juez de la causa, por lo que, al haberse emitido por otra y concluir que lo anterior da lugar a considerar que fue entonces un acto fuera de procedimiento, no se actualizaba de manera notoria e indudable la causal de improcedencia, deviniendo incorrecta la determinación del Juez de desechar la demanda de garantías de plano.
Lo anterior, dijo el Tribunal Colegiado, máxime que en el asunto que resolvió, el acto reclamado es de aquellos que afectan la libertad personal del quejoso.
3) El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, resolviendo el recurso de queja **********, decidió que la demanda de amparo indirecto mediante la que se impugna la orden de traslado y su ejecución de un centro penitenciario a otro, al ser éste un acto dentro del procedimiento penal, debía regirse su oportunidad por el plazo general de quince días.
a) Antecedentes
Al inculpado se le instruyó causa penal radicada bajo el número **********, del índice del Tribunal del Juicio Oral de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; contra la anterior resolución, interpuso recurso de apelación de la que conoció la Primera Sala Colegiada Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca de apelación **********.
Asimismo, promovió juicio de amparo directo del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, registrando la demanda bajo el número **********, y admitiéndola a trámite.
A mediados de junio de dos mil catorce, el director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, emitió la orden de traslado del sentenciado del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", con residencia en el Municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, donde se encontraba recluido en calidad de sentenciado, compurgando una pena de veintisiete años, seis meses de prisión, al diverso centro preventivo y de readaptación social, con residencia en Otumba Nuevo, Estado de México; de esta forma, el director del Centro Preventivo y de Readaptación Social "Santiaguito", dio cumplimiento a tal orden.
A principios de diciembre de dos mil catorce, inconforme, el reo demandó el amparo y protección de la Justicia Federal señalando a las anteriores autoridades como ordenadora y ejecutora, respectivamente, y estimando sus actos violatorios de los derechos contenidos en los diversos 1o., 16 y 18, párrafo octavo, de la Constitución General de la República.
El Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, a quien tocó conocer de la demanda, la desechó de plano, por manifiesta e indudable improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17, primer párrafo, 18 y 113 de la Ley de Amparo, derivado de que la presentó fuera del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo.
b) Interposición del recurso de queja
Inconforme con lo anterior, el quejoso interpuso recurso de queja del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.
Este órgano colegiado lo admitió a trámite y lo registró bajo el número **********, celebrando sesión el veintinueve de enero de dos mil quince, en la que tuvo por infundada la queja intentada.
Lo anterior, puesto que el colegiado consideró infundados e inoperantes los agravios esgrimidos por el recurrente y no encontró motivo alguno para suplir la deficiencia en su queja.
Precisó que el Nuevo Diccionario de Derecho Penal define el procedimiento como el: "conjunto coordinado de actos procesales que sirven para la obtención de un fin determinado dentro del proceso ...",3 a su vez, dijo que este último se diferencia del procedimiento por su fin, que es el de llegar a la decisión del conflicto mediante un fallo.
Advirtió que al quejoso se le instruyó la causa penal **********, del índice del Tribunal del Juicio Oral de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, por tanto, implica que su proceso constituye un juicio oral que se tramitó conforme a lo que dispone el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México en vigor, y desprendió de tal ordenamiento que el procedimiento penal se encuentra regulado en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, vigente en su título séptimo, relativo al procedimiento, que establece como etapas las siguientes: 1) Etapa preliminar o de investigación; 2) Intermedia o de preparación a juicio oral; 3) La de juicio; y, 4) La de ejecución.
Respecto a esta última, señaló el tribunal que el Juez de ejecución, dictará las disposiciones necesarias para la ejecución de la pena, y concluyendo conforme con lo anterior, tal órgano colegiado estimó correcto que el Juez de Distrito determinara que la orden de traslado y su ejecución reclamadas se estimaran como actos dentro del procedimiento penal.
Así, afirmó el tribunal de amparo que el plazo que rige el juicio de amparo cuando se reclaman actos, como la orden de traslado y su ejecución, es en general de quince días, máxime que no se actualiza alguna de las excepciones del mismo artículo 17 de la Ley de Amparo. Por lo que si el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado a mediados de junio de dos mil catorce y fue hasta el veintitrés de diciembre de ese mismo año que interpuso juicio de amparo indirecto, resultaba evidente que consintió tácitamente el acto reclamado.
Al razonamiento anterior agregó que no es obstáculo el hecho de que el quejoso no indique en forma precisa el día del mes de junio de dos mil catorce en que se llevó a cabo su traslado, pues aun cuando se considerara que tal evento lo conoció el último día del mes en cita, le era evidente que a partir de esa data y la fecha de presentación de la demanda (veintitrés de diciembre de dos mil catorce), transcurrió un plazo superior a los quince días que la Ley de Amparo establece.
Por último, devino inoperante para el tribunal de la causa, el argumento del quejoso mediante el cual esgrimía que el criterio de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO.", emitida por este Alto Tribunal, puesto que en ésta se analizó un dispositivo de la Ley de Amparo abrogada; mientras que en el caso que resolvía debían observarse las disposiciones de la ley de la materia actualmente en vigor.
Además, indicó el Colegiado que, contrario a lo que decía el recurrente, el contenido actual del artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, no guarda identidad con el contenido del artículo 22, fracción II, párrafo segundo, de la ley de la materia abrogada, pues respecto de los actos que afectan la libertad personal, actualmente sólo están exentos de cumplir con el plazo genérico de quince días, a opinión del tribunal, para la presentación de la demanda de amparo, aquellos emitidos fuera de procedimiento.
Por tanto, consideró correcta la apreciación del Juez recurrido, en el sentido de que se actualizaba esa causal de notoria e indudable presencia y declaró infundado el recurso de queja.
CUARTO.-Existencia de la contradicción. Ahora bien, de conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",4 puesto que dicho criterio ha sido interrumpido.
En consecuencia, la forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios, y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.
Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente será indispensable determinar, si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.
Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de efectuar el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
El discernimiento expuesto es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución de la contradicción de tesis 36/2007-PL.5
Por otro lado, cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis P. L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.", emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.6
Habiendo expuesto que el elemento sine qua non para la resolución de este asunto es una existencia de contradicción de criterios, es menester determinar si en la especie ello acontece o no.
Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial.
A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de efectuar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Lo anterior se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados contendientes, las cuales se detallaron en el considerando tercero de esta resolución.
En la especie, los Tribunales Colegiados contendientes tuvieron a su consideración asuntos de similar temática, a saber, la oportunidad del juicio de amparo indirec
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26266-69af5e42/orden-de-traslado-de-un-centro-penitenciario-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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