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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 154/2016. · Registro digital (IUS): 26852
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, Pág. 333.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 154/2016. SUSCITADA ENTRE EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2016. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, EN CUANTO AL FONDO. AUSENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALFONSO FRANCISCO TRENADO RÍOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis, suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, en un tema que por su naturaleza penal corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

En sustento a lo anterior, se cita el criterio emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se identifica con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(2)

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, se encuentran facultados para ello.

TERCERO.-Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

• Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito.

El mencionado Tribunal Colegiado conoció del recurso de queja **********, interpuesto contra el auto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, dentro del juicio de amparo indirecto **********, promovido por **********, contra el director del Centro Preventivo y de Reinserción Social "Topo Chico" y el Consejo Técnico Interdisciplinario de dicha institución, entre otras autoridades, de quienes reclamó la resolución en la que se ordenó su traslado del señalado Centro Preventivo y de Reinserción Social "Topo Chico", a otro aún no identificado.

El auto que se refiere como impugnado, determinó admitir la demanda y no tramitar incidente de suspensión, en virtud de que no fue solicitado por el quejoso.

En contra de la anterior determinación, el solicitante del amparo interpuso el recurso de queja con el que se da cuenta, destacando que el agravio se hizo consistir en la omisión del Juez de Distrito de proveer sobre la suspensión de plano del acto reclamado. El medio de impugnación referido se declaró infundado en resolución de cuatro de marzo de dos mil dieciséis, bajo las consideraciones siguientes:

"En el caso, la orden de las autoridades penitenciarias administrativas de trasladar a un recluso de un centro carcelario a otro distinto, no constituye un acto que afecte directamente la libertad personal, y que haga necesario e indispensable que el Juez de garantías decrete la suspensión de oficio y de plano de dicho traslado.

"Lo anterior, atento a que en ese supuesto, la libertad del gobernado está directamente afectada por la determinación judicial que lo mantiene con el carácter de recluso.

"En la especie, el propio promovente de la demanda de garantías señaló que, la libertad del quejoso **********, se encuentra restringida a propósito de una sentencia definitiva, dictada por el Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, dentro del toca en apelación **********, mediante la cual confirmó la sentencia condenatoria decretada en contra de aquél en la causa penal ********** del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado.

"Por tal razón, esa confirmación de la sentencia condenatoria es la que restringe e incide directamente en la libertad personal de **********.

"Empero, la orden de trasladar a dicho quejoso del Centro Preventivo de Reinserción Social ‘Topo Chico’, en que se encontraba recluido a uno distinto; solamente constituye un acto que incide ‘indirectamente’ en su libertad personal, en tanto que modifica el lugar de reclusión, tal y como se desprende de los propios criterios jurisprudenciales invocados por el recurrente, esto es, sólo muta las condiciones en que se le mantendrá privado de la libertad, pues esta privación deriva de un acto de autoridad diverso.

"Así pues, resulta improcedente la suspensión de oficio y de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, pues para ello se requería que la afectación a la libertad fuera de procedimiento sea ‘directa’, esto es, de una magnitud tal que haga necesaria la intervención sin demora de la Justicia Federal para decretar su cese inmediato, y así evitar que se causen perjuicios irreparables.

"Por tanto, este tribunal concluye que, cuando se reclama la orden de trasladar al quejoso del centro carcelario en que se encuentra recluido, no procede decretar la suspensión de oficio y de plano, sino que en todo caso, si la pretensión del justiciable es paralizar ese acto, entonces debe solicitar la suspensión a petición de parte, a que alude el diverso numeral 128 de la Ley de Amparo.

"Tan es así, que el artículo 161 del ordenamiento legal en cita, establece expresamente los efectos de la suspensión a petición de parte cuando se combate una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, y que consisten en que dicha orden no se lleve a cabo.

"En consecuencia, deviene infundado lo alegado por el recurrente, en el sentido de que el Juez de Distrito omitió proveer la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado, pues dada la naturaleza de éste, dicha suspensión era improcedente y no se solicitó en la demanda de garantías, por lo que al admitir ésta no estaba obligado a proveer respecto de esa medida.

"Finalmente, debe puntualizarse que, los criterios jurisprudenciales que, citó el inconforme en su escrito de agravios, no resultan aplicables al caso concreto, pues lo que definió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ellos, es únicamente en relación a que la orden de trasladar a un recluso de un centro penitenciario a otro distinto sin la intervención de la autoridad judicial; constituye un acto que incide 'indirectamente' en su libertad personal, pero sólo para efectos de la oportunidad de la presentación de la demanda de garantías.

"Es decir, en ningún momento dispone que, tratándose de ese tipo de actos, procede la suspensión de oficio y de plano, pues como ya se dijo, para ello se requiere una afectación a la libertad fuera de procedimiento pero ‘directa’ o de una magnitud tal, que requiera la intervención sin demora de la autoridad federal para que cese de inmediato; lo cual no acontece en el supuesto que aquí se analiza.

"Ahora bien, es cierto que, en la especie, la orden de traslado se atribuyó únicamente a autoridades administrativas, y que, ello pudiera parecer que, se surte el supuesto de procedencia de la suspensión de plano a que alude el artículo 126 de la Ley de Amparo (acto fuera de procedimiento); empero ello sería válido siempre que la afectación a la libertad personal fuera ‘directa’ y no como acontece en el caso en particular, en que la afectación que produce el traslado es solamente ‘indirecta’, pues la que directamente mantiene restringida la libertad del justiciable es una sentencia condenatoria definitiva."

• Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito.

El Tribunal Colegiado de mérito, resolvió el recurso de queja **********, interpuesto contra el auto de catorce de diciembre de dos mil quince, dictado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en relación con la demanda de amparo indirecto, promovida por **********, señalando que el referido Juez de Distrito, se declaró legalmente incompetente para conocer de la referida demanda y ordenó su remisión al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México con residencia en Toluca, en turno, a fin de que se proveyera lo conducente.

Asimismo, en el auto de mérito se determinó conceder la suspensión de plano en relación con la incomunicación y la orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social, Número Uno, "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, hacia diverso centro de reclusión, actos que el quejoso reclamó del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación y otras autoridades.

El Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante proveído de veintidós de diciembre de dos mil quince, ordenó formar el expediente del juicio de amparo indirecto **********, aceptó la competencia y asumió el conocimiento del asunto, señalando la continuación de la suspensión en los términos fijados por el Juez de Distrito que inicialmente recibió la demanda.

En contra del auto que concedió la suspensión de plano, el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, interpuso el recurso de queja materia de este análisis, declarándose infundado por resolución dictada el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, en la que se emitieron las consideraciones que se precisan enseguida:

"... contrario a lo estimado por el recurrente, la orden de traslado que reclama el quejoso, sí encuadra en los supuestos que establece el numeral 126 de ley de la materia para conceder la suspensión de plano, el cual señala entre otros, cuando se trate de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, tal como acontece en el caso.

"Por lo que hace a la libertad personal de los individuos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, ésta no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privarlos de la que disfrutan en ese momento, sino que también mediante actos que determinen la permanencia del gobernado en dicha situación o que modifiquen las condiciones en que tal privación debe ejecutarse, luego, si el quejoso se encuentra interno y se le pretende cambiar de centro penitenciario, entonces, aunque en forma indirecta, habrá afectación a su libertad personal; así se advierte de la parte conducente del criterio que sustenta la jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) visible en la página 800, Libro XIX, Tomo 1, abril del 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, de rubro: ‘ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO.’

"Por otra parte, en cuanto a que esa afectación a la libertad sea fuera de procedimiento, en el caso concreto también se encuentra justificada.

"Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que de acuerdo a la reforma en materia penal a la carta magna, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, en el sistema penitenciario y en los derechos fundamentales de los procesados y sentenciados, provocó cambios sustanciales, debido a que se introdujo el modelo de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, el cual impone que todo acto conexo a su ejecución, incluyendo los de traslado de un centro penitenciario a otro, son competencia exclusiva del Poder Judicial y que las personas sujetas a proceso, privadas de su libertad, tienen derecho a que en el procedimiento se sigan cumpliendo las formalidades esenciales, entre ellas, la relativa a la prisión preventiva.

"De lo que concluye, en lo que interesa, que la pretensión de una autoridad administrativa de trasladar al sentenciado o procesado de un centro penitenciario a otro, afecta indirectamente su libertad, luego, debe solicitarlo al órgano judicial correspondiente, quien resolverá lo conducente.

"Asimismo, establece que si la orden de traslado se ejecuta sin intervención de la autoridad judicial rectora, aun cuando se emita en la fase de instrucción o de ejecución de la pena, no puede considerarse hecha en razón del procedimiento.

"Estas consideraciones se encuentran plasmadas en la parte conducente de la tesis jurisprudencial 1a./J. 83/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, con registro digital: 2010596, publicada el cuatro de diciembre de dos mil quince en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, obligatoria a partir del siete de diciembre de esa anualidad, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, de contenido:

"‘ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.’ (transcribe texto)

"Atento a estas consideraciones, se concluye que, la orden de traslado que reclama el quejoso, tiene la calidad de haberse dictado fuera de procedimiento, en tanto que de la demanda se advierte que, los argumentos que expone el quejoso en calidad de interno en un centro de reclusión, tienden a combatir la orden de traslado emitida por autoridades administrativas, pues al respecto señala que ha observado y cumplido las normas contenidas en el reglamento, en los manuales de organización y procedimientos y, demás, normas aplicables y que ha respetado y observado las condiciones de seguridad, disciplina y orden establecidas para el centro federal donde se encuentra recluido; lo que se corrobora del propio escrito donde también se advierte que esa orden de traslado la reclama a diversas autoridades administrativas que claramente específica en el apartado de autoridades responsables; sin que exista alguna de carácter judicial.

"De lo anterior, se sigue que si la naturaleza de la orden de traslado que reclama **********, a nombre de ********** es de carácter administrativo, conforme a las consideraciones sostenidas por el Máximo Tribunal del País, entonces constituye un acto fuera de procedimiento y en este sentido, adverso a lo manifestado por el disidente, sí encuadra en el precepto 126 de la ley de la materia.

"Efectivamente, de entre los supuestos que contempla el citado numeral para conceder la suspensión de oficio y de plano, se encuentra el de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, y si en el caso, el Máximo Tribunal del País, ha determinado que las órdenes de traslado emitidas por autoridad administrativa son dictadas fuera de procedimiento, es claro que este supuesto se surte en la especie; por tanto, es factible que el a quo decretara de oficio y de plano la suspensión solicitada.

"Por otra parte, son infundados los agravios del disidente identificados en el inciso B), con los que aduce que el a quo contraviene lo señalado en el artículo 128 de dicho ordenamiento procesal, el cual establece los requisitos que deben analizarse previo a otorgar o no la suspensión provisional correspondiente, los relativos a que no se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, ni se analizó si el traslado fue dictado con motivo y en cumplimiento a una sentencia ejecutoriada.

"Lo infundado es porque si en el caso se está ante el legal proceder de una suspensión de plano, no era factible que el Juez de Distrito analizara los requisitos para la concesión de la suspensión a que se refiere el numeral 128 de la Ley de Amparo, aplicable sólo en los casos de que el quejoso la solicite, ni si se dictó conforme a una sentencia ejecutoriada."

CUARTO.-Existencia de la contradicción. En primer orden, debe determinarse si de las ejecutorias transcritas con antelación se corrobora la contradicción de criterios denunciada.

Para determinar lo anterior, debe analizarse si los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, sostuvieron tesis contradictorias, entendiéndose por tesis, el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia, pues lo que determina la existencia de una contradicción, es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango, adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes.

Así lo determinó el Pleno de este Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(3)

Lo anterior, con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.

Con base en lo referido, se estima que la contradicción de tesis sí existe, en virtud de que los Tribunales Colegiados contendientes, en las ejecutorias de los amparos en revisión que ahora se analizan, abordaron una misma cuestión jurídica que consistió en dilucidar si la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, dictada por una autoridad administrativa, se sitúa en el supuesto del artículo 126 de la Ley de Amparo, que previene que la suspensión de plano se concederá cuando se trate de actos que ataquen la libertad personal fuera de procedimiento; y, respecto de la cuestión planteada, llegaron a conclusiones discrepantes como se demuestra a continuación.

• El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, conoció de un recurso de queja derivado de un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida por diversas autoridades administrativas.

En el auto impugnado, el Juez de Distrito determinó no abrir el incidente de suspensión, aduciendo que la parte quejosa no lo solicitó.

Luego, en los agravios relativos al medio de impugnación interpuesto, el quejoso reclamó la omisión del Juez de Distrito de pronunciarse sobre la procedencia de la suspensión de plano que se establece en el artículo 126 de la Ley de Amparo.

En la resolución del recurso de queja, el Tribunal Colegiado en cuestión estableció que la orden de las autoridades penitenciarias administrativas de trasladar a un recluso de un centro carcelario a otro distinto, no constituye un acto que afecte directamente la libertad personal, y por tanto, no es necesario que el Juez de garantías decrete la suspensión de oficio y de plano de dicho traslado.

Lo anterior, se sustentó en la consideración de que la libertad del recluso está directamente afectada por la determinación judicial que se emitió a través de una sentencia definitiva en un proceso penal, en tanto que la orden de traslado constituye un acto que incide "indirectamente" en su libertad personal, porque únicamente modifica el lugar de reclusión, ante la circunstancia de que es por virtud de la mencionada determinación judicial que se le mantendrá privado de su libertad.

En ese sentido, estimó el órgano colegiado que resulta improcedente la suspensión de oficio y de plano, prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, pues conforme a este precepto se requiere que la afectación a la libertad fuera de procedimiento sea "directa", por lo que respecto de la orden de traslado de que se trata debe solicitarse la suspensión a petición de parte a que alude el diverso numeral 128 de la mencionada Ley de Amparo.

Además, consideró que si bien, en la especie, la orden de traslado se atribuyó a autoridades administrativas y pudiere parecer que se surte el supuesto de procedencia del citado artículo 126, consistente en que se trate de un acto fuera de procedimiento, entenderlo así sería válido únicamente si la afectación a la libertad personal fuera "directa" y, en el caso, la orden de traslado únicamente afecta la libertad del quejoso de manera "indirecta", sumado al hecho de que el artículo 161 del ordenamiento legal en cita, establece expresamente los efectos de la suspensión a petición de parte cuando se combate una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, y que consisten en que dicha orden no se lleve a cabo.

• Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, resolvió un recurso de queja que se originó a virtud de un juicio de amparo indirecto en el que la parte quejosa también reclamó una orden de traslado de un centro penitenciario a otro, que atribuyó a diversas autoridades de carácter administrativo.

En el auto materia de impugnación el Juez de Distrito concedió la suspensión de plano al quejoso, y el Tribunal Colegiado determinó que ese otorgamiento era correcto en tanto que el caso expuesto encuadraba dentro del supuesto del artículo 126 de la Ley de Amparo, que señala que la suspensión de plano se debe conceder cuando se trate de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento.

De igual forma, refirió el criterio de esta Primera Sala, en el que se establece que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que los prive de la que disfrutan en ese momento -afectación directa-, sino también a través de actos que modifiquen las condiciones en que tal privación de la libertad debe ejecutarse -afectación indirecta-, y citó el criterio 1a./J. 17/2013 (10a.), que se intitula: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. AL AFECTAR INDIRECTAMENTE LA LIBERTAD PERSONAL DEL PROCESADO O SENTENCIADO, LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA CONTRA AQUÉLLA PUEDE PRESENTARSE EN CUALQUIER TIEMPO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 22, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO."

El señalado Tribunal Colegiado concluyó que, conforme a la reforma constitucional en materia penal de dos mil ocho, que introdujo el modelo de reinserción social y judicialización de la pena, todo acto conexo a su ejecución, incluyendo el traslado de un centro penitenciario a otro, corresponde al Poder Judicial, por lo que la pretensión de una autoridad administrativa de trasladar al sentenciado o procesado de un centro penitenciario a otro, afecta indirectamente su libertad y, al ejecutarse sin la intervención de la autoridad judicial rectora, no puede considerarse hecha en razón del procedimiento, razonamiento que dijo estar plasmado en el diverso criterio jurisprudencial 1a./J. 83/2015 (10a.) de esta Primera Sala, de rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA."

En razón de lo anterior, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, llegó a la estimativa de que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, reclamada en el juicio de amparo, tenía la calidad de haberse dictado fuera del procedimiento, en tanto que su emisión se atribuyó a diversas autoridades de carácter administrativo y, al ser así, encuadraba dentro de los supuestos del artículo 126 de la Ley de Amparo, específicamente, en el relativo a que la suspensión de oficio y de plano procede cuando se trate de actos que atacan a la libertad personal fuera del procedimiento.

Ahora, conforme a lo expuesto, la contradicción de criterios se actualiza en el caso a estudio, pues el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, arribó a la consideración de que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro emitida por autoridades administrativas, constituye un acto que sólo afecta la libertad personal del recluso de manera indirecta y, por tanto, no puede actualizar el supuesto previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, relativo a que la suspensión de plano debe otorgarse cuando el acto reclamado implique un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, pues esta disposición legal requiere que, la afectación a la libertad personal se realice de manera directa; mientras, que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, estableció que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, dictada por autoridades administrativas, aunque en forma indirecta, constituye una afectación a la libertad personal y, por ende, sí encuadra en el referido supuesto, contenido en el artículo 126 de la Ley de Amparo.

Por tanto, la existencia de la contradicción de tesis se verifica en el presente asunto, aun cuando se advierte que ambos Tribunales Colegiados contendientes fueron coincidentes al concluir que, las órdenes de traslado que analizaron, se trataban de actos dictados fuera de procedimiento por haber sido emitidos por diversas autoridades administrativas penitenciarias y, que también fueron acordes en señalar que tales órdenes de traslado afectan la libertad personal del recluso únicamente de manera indirecta, pues en el caso a estudio, subsiste como tema en confronta el tener que definir si para actualizar el supuesto previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, consistente en que el acto reclamado implique un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento, es necesario corroborar que la libertad personal se afecta de manera directa.

Sin que obste para la existencia de la presente contradicción de tesis, el hecho de que los criterios sustentados en las resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes no constituyan tesis jurisprudenciales, pues de los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Federal y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que establecen el procedimiento para resolverla no imponen dicho requisito.

La anterior acotación encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno, que se identifica con el rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."(4)

QUINTO.-Estudio de fondo. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en la presente resolución, de conformidad con los razonamientos que enseguida se exponen.

Como quedó expuesto, el tema de la presente contradicción de tesis se circunscribe a definir si la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, dictada por autoridades administrativas, actualiza el supuesto previsto en el numeral 126 de la Ley de Amparo, relativo a que debe concederse la suspensión de plano cuand

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26852-9f1a19fb/orden-de-traslado-de-un-centro-penitenciario-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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