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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE DECRETARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, SI DE LA DEMANDA O DE SUS ANEXOS SE ADVIERTE QUE SE EMITIÓ Y EJECUTÓ SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2019. · Registro digital (IUS): 29604
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2020-12-11
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo II, Pág. 1469.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ, NICOLÁS NAZAR SEVILLA Y ALFREDO CID GARCÍA. PONENTE: GUILLERMO DEL CASTILLO VÉLEZ. SECRETARIO: ÓSCAR ROJAS COTA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Decimoctavo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito y corresponde, exclusivamente, a este Pleno dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el criterio que debe prevalecer.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 227, fracción III, en relación con el 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud que fue realizada por la Juez de Distrito que conoció de los asuntos que la motivaron.

TERCERO.—Ejecutorias que participan como contradictorias. A fin de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente transcribir la parte considerativa que motivó las decisiones de los tribunales contendientes.

En sesión plenaria de seis de mayo de dos mil diecisiete, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, resolvió la queja 140/2019, derivada del juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, interpuesto por la **********, contra el acuerdo de uno de marzo de dos mil diecinueve, en cuya parte considerativa, en lo que interesa, el citado órgano colegiado sustentó lo que a continuación se transcribe:

"(5) Ahora bien, debe decirse que la orden de traslado de que fue objeto la quejosa **********, al ser enviada del Centro Femenil de Reinserción Social ‘Tepepan’ con residencia en la ciudad de México en el que inicialmente se encontraba recluida, al diverso Centro Femenil de Reinserción Social No. 16 ‘CPS Femenil Morelos’, con residencia en Coatlán del Río Morelos, hasta este momento, no existe constancia que la misma haya sido emitida por una autoridad judicial, por lo que debe atenderse a lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a que el traslado de un reo de un centro penitenciario a otro, está reservado al Poder Judicial, conforme a los reformados artículos 18 y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone que la concesión del amparo, cuando se trata de un acuerdo de carácter positivo, implica la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

"(6) De ahí que, si hasta el momento no se advierte que la citada orden de traslado haya sido emitida por una autoridad judicial, en términos de lo establecido por el artículo 138 de la Ley de Amparo, es correcto el otorgamiento de la suspensión en los términos y con las excepciones y las salvedades señaladas por la Juez de Distrito.

"(7) Siendo aplicable la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (sic), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA.’, en la que se estableció que en tratándose de una orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro diverso, dictada sin la intervención de la autoridad judicial del proceso, procede conceder la suspensión de plano y de oficio, en virtud de que ésta produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta."

Por su parte el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el recurso de queja 236/2019, interpuesto por la autoridad responsable, dentro del juicio de amparo indirecto **********, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, en lo conducente del fallo expuso lo siguiente:

"Luego, si bien es cierto la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación, en la que se sustentó la Juez de Amparo para resolver en los términos que lo hizo, en efecto, resuelve que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, al afectar de manera indirecta la libertad del quejoso, hace procedente la concesión de la suspensión de plano en términos del referido artículo 126 de la Ley de Amparo, también lo es que tal criterio no aborda el específico aspecto de actos consumados, respecto de los cuales, como lo sostiene la autoridad recurrente no es procedente la suspensión.

"Es decir, la cita de ese criterio jurisprudencial únicamente justifica que se otorgue la suspensión de plano por tratarse en principio, en razón de los datos que se tienen, de un traslado sin orden judicial y que, por esta condición vulnera de manera indirecta la libertad de la peticionaria de amparo, y cuyo efecto será impedir que se lleve a cabo el mismo; mas no que se pueda conceder la medida suspensional aun habiéndose ejecutado dicho traslado, con los alcances de efectos restitutorios, que en la especie se otorgaron, como si se tratase de un acto que en sí mismo sea inconstitucional.

"No se ignora que atendiendo a la apariencia del buen derecho se pueden adelantar los beneficios de la protección del juicio de amparo, en los casos en que de la información con que se cuente al presentarse el libelo constitucional, se desprenda que asiste un derecho al quejoso que debe ser protegido, lo que hace posible anticipar con cierto grado de acierto que se obtendrá la protección federal que se busca, y que justo ante esas circunstancias, los efectos resarcitorios que puedan desprenderse de una suspensión, de un acto consumado, por ejemplo, se traduzcan en una tutela anticipada ajustada a derecho; sin embargo, en la especie se advierte que la juzgadora, aun cuando pretendió encuadrar su determinación en ese tipo de ponderación, al condicionar la medida suspensional a supuestos en los que no sea necesaria la autorización judicial, hace evidente la posibilidad de que pueda existir una orden de traslado no inconstitucional o que no trasgreda derechos fundamentales, lo que obstaculiza que la suspensión de plano pueda regir en los términos pretendidos por la A quo, conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo y bajo el ejercicio de una protección anticipada (al tenor de la apariencia del buen derecho), pues por las condiciones del acto y el reclamo mismo, que requiere las condiciones impuestas, no es posible jurídicamente sostener la medida suspensional recurrida.

"En suma, como bien, lo afirma la autoridad recurrente se debió negar la suspensión a la quejosa respecto de la orden de traslado reclamada, pues debió considerarse que si en el caso, aquélla ya fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS y ahí actualmente se encuentra interna, es claro que el traslado reclamado constituye un acto materialmente consumado, por lo que ya no es posible jurídicamente suspenderlo, pues en todo caso, la legalidad o ilegalidad del mismo, será materia del pronunciamiento del fondo del asunto en la sentencia que se dicte, pero no propiamente de la suspensión."

CUARTO.—Existencia y estructuración de la contradicción de tesis.

I. Cuestiones previas.

1. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es necesaria la reunión de los siguientes supuestos para que exista contradicción de tesis: a) Dos o más ejecutorias en las que se adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales; y, b) Que la diferencia de criterios emitidos en esas ejecutorias se presente en las consideraciones, razonamientos o respectivas interpretaciones jurídicas.

Es aplicable la jurisprudencia P./J. 72/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el texto:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(1)

En forma complementaria, de conformidad con las premisas establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias 1a./J. 22/2010 y 1a./J. 23/2010, la finalidad de la contradicción de tesis radica en la necesidad de unificar criterios enfrentados y dotar de seguridad jurídica al sistema jurisdiccional.

Además, como la condición de existencia de una contradicción de tesis está ligada a una posible discrepancia de los procesos interpretativos involucrados y no tanto a los resultados que estos arrojen, su análisis debe hacerse con el objeto de identificar si en alguno de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales.

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(2)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, en sesión de 30 de abril de 2009, interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’. Así, de un nuevo análisis al contenido de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, la Primera Sala advierte como condición para la existencia de la contradicción de tesis que los criterios enfrentados sean contradictorios; sin embargo, el sentido del concepto ‘contradictorio’ ha de entenderse cuidadosamente, no tanto en función del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad misma de la contradicción de tesis, que es generar seguridad jurídica. En efecto, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio y, por tanto, la esencia de la contradicción radica más en la necesidad de dotar al sistema jurisdiccional de seguridad jurídica que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los tribunales colegiados de circuito; de ahí que para determinar si existe o no una contradicción de tesis debe analizarse detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados –y no tanto los resultados que ellos arrojen– con el objeto de identificar si en algún razonamiento de las respectivas decisiones se tomaron vías de solución distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos– aunque legales, pues al ejercer el arbitrio judicial pueden existir diferendos, sin que ello signifique haber abandonado la legalidad. Por ello, en las contradicciones de tesis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está llamada a resolver debe avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes."(3)

Al sintetizar las premisas metodológicas anteriores, se obtiene que, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, es necesario que se cumplan estas hipótesis:

a) Pluralidad de ejecutorias con criterios sobre un mismo tema jurídico;

b) Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial por parte de los órganos respectivos; y,

c) Razonamiento y diferendo de criterios interpretativos.

2. Por otra parte, aun cuando los criterios sustentados por los órganos colegiados contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, no es un requisito indispensable legalmente para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer.

Es aplicable la tesis L/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber:

"CONTRADICCION DE TESIS. PARA SU INTEGRACION NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.—Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."(4)

II. Verificación.

A juicio de este Pleno de Circuito existe la oposición de tesis denunciada, ya que se reúnen las condiciones esenciales para su configuración.

a) Pluralidad de ejecutorias con criterios sobre un mismo tema de derecho.

Los Tribunales Colegiados Primero y Tercero en Materias Penal y Administrativa de este Circuito abordaron en sus respectivas resoluciones el estudio de la misma cuestión jurídica.

Los supuestos se sometieron a su consideración vía recurso de queja en contra del auto en el que se concedió la suspensión de plano con efectos restitutorios en contra de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro.

b) Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial; y c) Razonamiento y diferendo de criterios interpretativos.

Los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas puestas a su conocimiento, efectuaron el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.

En los ejercicios interpretativos de cada uno existe un razonamiento con respecto a establecer si debía o no otorgarse la suspensión de plano con efectos restitutorios, no obstante haberse consumado la orden de traslado.

Así las cosas, frente a esa misma disyuntiva jurídica, se advierte que los órganos de control constitucional contendientes adoptaron criterios jurídicos antagónicos entre sí; ya que, por una parte, el Primer Tribunal Colegiado afirmó que al no existir constancia que la orden de traslado de la que fue objeto la quejosa haya sido emitida por una autoridad judicial, con las excepciones y las salvedades del caso, es decir, se debe atender a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a./J. 58/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA.", en la que se estableció que contra este tipo de órdenes procede conceder la suspensión de plano y de oficio, en virtud de que produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta.

En oposición, el Tercer Tribunal Colegiado sostuvo, en esencia, que si bien es cierto en la citada jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), se estableció que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, al afectar de manera indirecta la libertad del quejoso, hace procedente la suspensión de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, también lo es que tal criterio no aborda el específico aspecto de actos consumados, respecto de los cuales no es procedente la suspensión.

Agregó que no obsta para arribar a esa conclusión la apariencia del buen derecho, conforme a la cual se pueden adelantar los beneficios de la protección del juicio de amparo, pues aun cuando se pretendió encuadrar la decisión del juzgador en ese tipo de ponderación, al haberse condicionado la medida suspensional al supuesto de que no sea necesaria autorización judicial, hace evidente que pueda existir una orden de traslado que no transgreda derechos constitucionales, lo que impide que se pueda otorgar la suspensión de plano con efectos restitutorios, conforme al artículo 126 de la Ley de Amparo en vigor.

III. Estructuración.

Por tanto, de acuerdo con los elementos reseñados, la cuestión medular que debe resolverse en la presente contradicción de tesis es si es procedente o no otorgar la suspensión de plano con efectos restitutorios contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, cuando no se advierta que la orden relativa la emitió una autoridad judicial y materialmente se ha ejecutado.

QUINTO.—Estudio de fondo y determinación del criterio que debe prevalecer.

(1) En términos del artículo 226, fracción III, de la Ley de Amparo, al resolver una contradicción de tesis, este órgano plenario está facultado para acoger alguno de los criterios discrepantes o sustentar uno diverso.

(2) En ese entendido, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio de este Pleno de Circuito, conforme a las consideraciones y fundamentos legales que se exponen a continuación.

(3) En primer lugar se requiere puntualizar algunos aspectos sobre la suspensión de los actos reclamados, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora.

(4) Al respecto, los artículos 107, fracción X, constitucional 138, fracción I y 147, de la Ley de Amparo, establecen:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social."(5)

"Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención a disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente:

"I. Concederá o negara la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado."

"Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos.

"Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.

"El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo."

(5) Como se puede observar, en el precepto constitucional citado se señala que, al resolver respecto de la suspensión de los actos reclamados, el órgano jurisdiccional de amparo tiene la obligación de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.

(6) En el mismo sentido, la Ley de Amparo en su artículo 138, que regula lo relativo a la suspensión del acto reclamado, establece que una vez solicitada dicha medida se deberá ponderar la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social para resolver si se concede o se niega y de concederse, se fijarán los requisitos y efectos de la medida.

(7) Finalmente, de acuerdo con el artículo 147 de la Ley de Amparo invocado, al resolver sobre la suspensión, de considerarse procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en la que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos; y, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.

(8) Así, de la interpretación sistemática de los preceptos constitucional y legales anteriormente citados, se desprende el alcance que debe darse a la suspensión, ya que con anterioridad a la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, la tendencia era negar dicha medida contra actos ya ejecutados o consumados porque no tenía efectos de tutela anticipada de derechos, por ser propios de la sentencia definitiva.

(9) En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 255/2015,(6) sostuvo que con la nueva regulación del juicio de amparo desde la reforma a la fracción X del artículo 107 constitucional, publicada el seis de junio de dos mil once, para resolver si se concede la suspensión de un acto, debe atenderse al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el interés social, junto con el peligro en la demora.

(10) A su vez, el Pleno del Máximo Tribunal del País, sostuvo que la apariencia del buen derecho se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto del derecho discutido en el proceso, lo que implica que, para la concesión de la medida basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, será posible anticipar que la sentencia de amparo se declarara la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social y al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, tomando en cuenta que la suspensión tiene por objeto mantener viva la materia del juicio de amparo y evitarse perjuicio al promovente derivado del tiempo necesario para su tramitación, razón por la que la medida también debe permitir una tutela anticipada al quejoso a fin de mantenerlo en el goce de los derechos afectados con el acto reclamado, cuando se adviertan elementos sobre la apariencia de una violación constitucional en su contra, siempre y cuando, como se dijo, no se siga perjuicio al interés social y se otorguen las garantías correspondientes si se afecten derechos de terceros.

(11) En ese orden de ideas, se arriba a la conclusión de que la suspensión produce los efectos prácticos de la sentencia de amparo, aunque provisoriamente, en tanto que la sentencia lo hace de manera definitiva pero lo que no puede hacer, es nulificar el acto, porque esto sí es exclusivo de la ejecutoria; por tanto, existe la posibilidad de que con motivo de la suspensión se restablezca el derecho vulnerado, en términos del segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, es decir, cuando siendo procedente la suspensión, sea jurídica y materialmente posible dicho restablecimiento.

(12) Ahora bien, si de acuerdo a la previsión contenida en el numeral antes citado, en cualquier caso en que la suspensión a petición de parte sea procedente, de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado, es posible el restablecimiento al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, por mayoría de razón, debe imperar dicha regla tratándose de actos respecto de los cuales procede conceder la suspensión de oficio y de plano, como son aquellos en los que se afecte la libertad personal en forma indirecta, pues por su naturaleza y trascendencia, la materia o bien jurídico tutelado con la suspensión oficiosa es de mayor entidad que la que se protege con la suspensión a petición de parte.

(13) Esto es lo que ocurre con la orden de traslado de un reo a un centro penitenciario distinto al en que se encuentra recluido, cuando dicha orden proviene de autoridades administrativas, ya que es factible que el análisis de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora se puedan llevar a cabo con los elementos con que cuente el Juez al momento de resolver sobre la suspensión de oficio y de plano, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), antes citada que, en la mayoría de los casos, cuenta únicamente con lo manifestado por el quejoso bajo protesta de decir verdad en su demanda; es decir, partiendo del derecho alegado, al afirmar que se pretende trasladarlo de un centro penitenciario a otro y que dicha orden proviene de autoridades administrativas a las que señala exclusivamente como responsables, pues tales argumentos pueden llegar a formar convicción suficiente sobre la verosimil

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29604-b717aa33/suspension-de-plano-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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