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Modo: Corpus Pro

QUEJA ADMINISTRATIVA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. CUANDO EL DENUNCIANTE RECLAMA EN AMPARO TAL DETERMINACIÓN, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. · Registro digital (IUS): 25957
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-11-06
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III , Pág. 2311.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO. 7 DE JULIO DE 2015. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, MAURILIO GREGORIO SAUCEDO RUIZ, VÍCTOR MANUEL MÉNDEZ CORTÉS Y VERÓNICA JUDITH SÁNCHEZ VALLE. PONENTE: MAURILIO GREGORIO SAUCEDO RUIZ. SECRETARIA: NANCY IRÁN ZARIÑAN BARRERA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de la posible contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la nueva Ley de Amparo y 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el título segundo del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la naturaleza e integración de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Segundo Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por lo que, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, está facultado para denunciarla.

TERCERO.-Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar con carácter de jurisprudencia, se estima conveniente conocer los antecedentes de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, lo que se realiza de la siguiente manera:

• Antecedentes de la resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el recurso de queja **********:

1) ********** interpuso recurso de queja administrativa en contra del Magistrado y del secretario de Acuerdos, de la Magistrada de guardia y del secretario de Acuerdos de guardia de la Segunda Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por considerar que éstos incurrieron en diversas irregularidades, por lo que se radicó la queja administrativa con el número **********.

2) El veintinueve de octubre de dos mil trece, el Consejo de Justicia Administrativa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México dictó resolución en el recurso de queja, declarándola infundada. Por lo que consideró no iniciar el procedimiento administrativo que se solicitó.

3) Inconforme con dicha determinación, ********** interpuso recurso de inconformidad, del que conoció el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, radicándolo con el expediente ********** y, por auto de diez de diciembre de dos mil trece, desechó el citado recurso.

4) Nuevamente inconforme, ********** promovió juicio de amparo, del que conoció el Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien lo radicó con el expediente ********** y, por auto de dieciocho de junio de dos mil catorce, desechó la demanda por notoriamente improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XIII, 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo, al considerar que el quejoso carece de legitimación, ya que el denunciante de una queja administrativa carece de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que la declara improcedente.

5) Al no estar conforme con tal determinación, ********** interpuso recurso de queja del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, bajo el toca ********** y, por resolución de catorce de agosto de dos mil catorce, lo declaró infundado, en los siguientes términos:

"NOVENO.-Entre las cuestiones necesarias para resolver el asunto destacan los siguientes antecedentes relevantes: • **********, actor en el expediente administrativo **********, promovió queja administrativa contra el Magistrado y secretario de Acuerdos, así como de la Magistrada de guardia y secretario de Acuerdos de guardia de la Segunda Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por considerar que éstos incurrieron en diversas irregularidades.-• Por auto de veintisiete de agosto de dos mil trece, el Magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ordenó tramitar la citada queja administrativa que fue radicada con el número **********.-• El veintinueve de octubre de dos mil trece, el Consejo de Justicia Administrativa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México declaró infundada la queja, por ende, no iniciar el procedimiento administrativo cuya instauración se solicitó.-• Inconforme con lo anterior, el hoy recurrente, por conducto de su representante, interpuso recurso de inconformidad, del que conoció el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con el número **********.-• El diez de diciembre de dos mil trece, la autoridad en cita desechó el medio de impugnación propuesto.-• **********, por propio derecho, presentó en vía directa demanda de amparo contra el acto y autoridad que a continuación se indican: ‘III. Autoridades responsables: El Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, integrado por los Magistrados Miguel Ángel Terrón Mendoza, María Teresa Hernández Suárez, José Andrés Márquez González, Sergio Ramón Macedo López, Ana Rosa Miranda Nava, Luz María Angélica Alatorre Carbajal, José Castillo Ambriz, Fernando G. Hernández Campuzano, Luis César Fajardo de la Mora y Luis Octavio Martínez Quijada y la secretaria General del Pleno de la Sala Superior Diana Luz Orihuela Marín.-IV. Acto reclamado: La resolución emitida por el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, de fecha 10 de diciembre de 2013, dentro del expediente **********, asignado al recurso de inconformidad interpuesto por Enrique Francisco González Garay, autorizado del hoy quejoso **********, en contra de la sentencia de fecha 29 de octubre de 2013, dictada por el Consejo de la Justicia Administrativa del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en la queja **********.’ (fojas 18 y 19 ídem).-• El asunto en comento, por razón de turno, se remitió al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el que, por ejecutoria de treinta de mayo de dos mil catorce, determinó carecer de competencia para conocer del asunto, y remitió los autos al Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno para que se pronunciara respecto de su admisión, prevención o desechamiento en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo.-• El Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales, en el Estado de México, con residencia en Toluca, a quien se remitió el asunto, por auto de dieciocho de junio de dos mil catorce, tuvo por recibidos los autos del juicio de amparo, así como sus anexos, aceptó la competencia planteada y se pronunció respecto de la inadmisión de la demanda, determinando desecharla de plano, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5o., fracción I y 6o. todos de la Ley de Amparo, al carecer de legitimación el quejoso para acudir al juicio, dado que el citado acto reclamado no actualiza un perjuicio o agravio personal y directo en su esfera jurídica.-Al respecto, el a quo citó la jurisprudencia 1/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1120 del Tomo XXIII, enero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: ‘RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.’ y la diversa tesis aislada de rubro: ‘RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. QUIEN PRESENTA UNA DENUNCIA O QUEJA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INEXISTENCIA DE AQUÉLLA.’.-El auto en el que se contienen tales consideraciones constituye el acto recurrido en el presente recurso de queja.-Precisados que han quedado los antecedentes relevantes del presente asunto, este órgano colegiado procede a estudiar los agravios formulados por la parte recurrente.-Alega que la resolución del Juez de Distrito no se ajusta a lo previsto por el artículo 74 de la Ley de Amparo, porque de forma medular concluye que el quejoso, hoy recurrente, carece de interés jurídico para impugnar la resolución que determina no fincar la responsabilidad administrativa de los servidores públicos (Magistrado, secretario de Acuerdos, Magistrada de guardia y secretario de guardia, todos de la Segunda Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez); sin embargo, señala que de acuerdo a la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, el Estado Mexicano tiene el deber de proteger los derechos humanos contenidos tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales en que fue parte, sin que se requiera un interés jurídico, sino que amplía su protección a un derecho objetivo (interés legítimo) que puede ser directo o indirecto, bastando para ello que se acredite la afectación real y actual en la esfera jurídica para que se analice ese derecho humano que resultó afectado.-Al respecto, precisa que el Juez de Distrito no hace mención del interés legítimo que tiene el recurrente, sino del jurídico, lo que resulta incorrecto, ya que la génesis del asunto deriva propiamente en la conducta indebida de los citados servidores públicos, lo que afecta la tutela judicial efectiva de los administrados que acuden al órgano judicial a solicitar justicia, contenida en el artículo 17 constitucional, pues dada su falta de pericia en la materia, incumplen con los principios que deben regir su actuación, lo que se vincula con una afectación indirecta a que se administre justicia de manera pronta, expedita y completa en los asuntos sometidos a su conocimiento.-En ese sentido, arguye que su intención no es que se sancione a los funcionarios públicos, sino que se les conmine a examinar correctamente los asuntos, siendo que su actuar deficiente es violatorio del derecho humano de tutela judicial efectiva.-En esa tesitura, precisa que se incurre en una deficiencia, al resolverse que el quejoso carece de interés jurídico y aplicarse tesis que se contraponen con el nuevo sistema de protección constitucional, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.-En ese contexto, indica que el Juez de Distrito sostiene que el quejoso debió acreditar un perjuicio, cuando en términos del artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, se eliminó dicho concepto para cambiarlo por el de ‘afectación’, que debe ser ‘real y actual’, al tratarse de un interés legítimo y no jurídico; de ahí que exista ambigüedad.-En torno a dicho tema, cita en apoyo las tesis de rubros: ‘INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS.’ e ‘INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN.’.-Por otra parte, expresa que la resolución impugnada resulta violatoria de los artículos 16 y 17 de la Constitución, relativos a los principios de fundamentación y motivación, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo, al considerarse que el quejoso no se encontraba legitimado para promover el juicio de amparo, siendo que en los párrafos quinto, sexto y séptimo del auto recurrido se menciona que: ‘... cualquier persona tiene derecho a presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos ... Aunado a ello, el derecho conferido al gobernado en ese sentido constituye una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos ... Esto es así, porque el interesado puede presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, las cuales deben tramitarse conforme a las normas y procedimientos establecidos ...’.-Lo que reitera, legitima al recurrente a promover el juicio de amparo; de tal manera que deviene incongruente que se deseche la demanda de amparo, al no existir motivo, causa, razón y fundamento para tal efecto.-Asimismo, establece que se vulnera su derecho humano contenido en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución, ante la falta de congruencia que debe satisfacer dicha resolución, dado que no contiene ningún fundamento en el que se apoye el Juez Federal para determinar que el quejoso, hoy recurrente, carece de legitimación para acudir al juicio de amparo, para lo cual citó una tesis aislada que no le resulta obligatoria, por lo que solicita se ordene que se emita una nueva sentencia debidamente fundada y motivada, en la que se analicen cada una de las constancias correspondientes.-Ahora bien, los agravios formulados por el recurrente se estudiarán de manera conjunta, pues así lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo, ya que de manera sustancial expone que sí cuenta con interés legítimo para promover la acción constitucional, por lo que estima incongruente el desechamiento de la demanda, al no existir motivo, causa, razón y fundamento para tal efecto, y aplicarse la jurisprudencia que resulta contraria al nuevo sistema de protección constitucional, vigente a partir del seis de junio de dos mil once, los cuales resultan inoperantes, por las consideraciones siguientes: Sobre el particular, debe señalarse que: a) El juzgador de amparo aplicó, para desechar la demanda de amparo promovida por el recurrente, la jurisprudencia 1/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1120 del Tomo XXIII, enero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: ‘RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.-De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa.’.-b) El seis de junio de dos mil once, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se hicieron del conocimiento general diversas reformas constitucionales en materia de amparo, en específico, en el artículo 107, fracción I, de la Norma Fundamental.-A efecto de ejemplificar el anterior y actual contenido del citado numeral, se citan, en su parte conducente, de manera textual los siguientes apartados:

Ver apartados

"Como se observa de la reforma constitucional antes señalada se reconoció, a diferencia del texto anterior -que indicaba que el juicio de amparo se seguiría siempre a instancia de parte agraviada-, que en la actualidad se establece esa conceptualización, agregando que tendrá ese carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Norma Fundamental y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.-c) Mediante oficio presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil doce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, solicitaron la modificación de la jurisprudencia 2a./J. 1/2006 (antes referida), argumentando, en su parte conducente, lo siguiente: ‘... Ahora bien, este Tribunal Colegiado estima que con motivo de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, en lo que interesa, se reformó el contenido de la fracción I del artículo 107 constitucional ... De la transcripción anterior, se observa que el legislador atendiendo a que la realidad de la sociedad mexicana tiene a la pluralidad política y a la lucha social para lograr la incorporación al orden jurídico una serie de demandas sociales, estimó que ya no era posible exigir, en todos los casos, el acreditamiento de un «interés jurídico» para la promoción de la demanda de amparo, por lo que a efecto de generar nuevas posibilidades de acceso a la justicia, propuso la introducción de la figura del «interés legítimo», para la promoción del juicio de amparo de forma tal que pueda ser impugnado aquel acto de autoridad que si bien no afecta un derecho tutelado, sí la situación jurídica derivado del propio orden jurídico. En ese sentido, este Tribunal Colegiado estima que en cada caso deberá evaluarse si el promovente cuenta con la titularidad de un derecho, con interés legítimo, individual o colectivo, o con un interés simple ...’.(1)-d) Por acuerdo de uno de octubre de dos mil doce, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente respectivo con el número 14/2012; y por auto de diez de octubre de dos mil doce, el presidente de la Segunda Sala de ese Alto Tribunal determinó su avocamiento y ordenó remitir los autos a la ponencia de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.-e) Así, el veintiuno de noviembre de dos mil doce, la solicitud de modificación de la jurisprudencia, previamente mencionada, fue resuelta, en el sentido siguiente: ‘PRIMERO.-Es procedente la solicitud de modificación de tesis de jurisprudencia formulada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.-SEGUNDO.-Es infundada la modificación de la tesis de jurisprudencia a que se refiere esta resolución.’.-En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostuvo, para declarar infundada la modificación de la jurisprudencia, lo siguiente: ‘... Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que la jurisprudencia 2a./J. 1/2006 no debe ser modificada.-Para corroborar esta afirmación, conviene reseñar las consideraciones de la ejecutoria correspondiente a la contradicción de tesis: El interés jurídico que hace procedente el juicio de amparo precisa de la afectación a un derecho subjetivo, entendiendo como tal, la facultad o potestad de exigencia que consigna la norma objetiva del derecho, y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) Una facultad de exigir; y, b) Una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia.-En cambio, la persona tiene una mera facultad o potestad cuando el orden jurídico objetivo solamente concede o regula una actuación particular, sin concederle un «poder de exigencia imperativa»; mientras que el interés simple se da cuando la norma sólo establece una situación que puede aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado.-Por tanto, tendrá legitimación sólo quien tenga interés jurídico y no cuando se tenga una mera facultad o potestad, o se tenga un interés simple, es decir, cuando la norma jurídica objetiva no establezca a favor del individuo alguna facultad de exigir.-Atento a lo anterior, y atendiendo el contenido de los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se llega a la conclusión de que si bien cualquier interesado tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente, la norma jurídica objetiva no estableció a favor de los particulares interesados alguna facultad o potestad de exigir a la autoridad determinada conducta, correlativa a una obligación de que ésta la realice o acceda a sus pretensiones.-En otras palabras, el orden jurídico objetivo concedió a los particulares interesados una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin otorgarles un poder de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones.-En estas condiciones, el denunciante o promovente de una queja administrativa no tiene interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo la resolución favorable al servidor público, que ordena el archivo del expediente, por ser improcedente la queja o no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa, dado que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, de ahí que el orden jurídico objetivo otorga al interesado una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones.-Una vez sentado lo anterior, lo procedente es verificar si con la reforma del artículo 107, fracción I, de la Constitución, en la que se incluyó el concepto de interés legítimo para promover el juicio de amparo, se modifican las consideraciones que sirvieron de sustento de la jurisprudencia 2a./J. 1/2006.-En efecto, la reforma a la fracción I del artículo 107 constitucional, establece: «... I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.-Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ...».-Según la reforma constitucional, el promovente del amparo deberá aducir ser titular de un derecho (interés jurídico) o de un interés legítimo individual o colectivo, lo cual excluye al interés simple.-Con anterioridad a la reforma que se comenta, únicamente se consideraban dos tipos de interés, a saber, el jurídico y el simple, en la inteligencia de que sólo el primero legitimaba el ejercicio de la acción constitucional de amparo en defensa de lo que anteriormente se denominaba garantías individuales y, actualmente, derechos humanos.-Así las cosas, la reforma ha introducido un tercer tipo de interés (el legítimo) que todavía no ha sido definido con precisión por la doctrina o la jurisprudencia mexicana en el contexto de la acción de amparo.-Para estar en posición de definirlo, resulta necesario realizar el análisis de los conceptos de interés jurídico y simple, pues el legítimo se encuentra ubicado entre ambos y obviamente presenta semejanzas y diferencias entre éstos.-Debemos exponer brevemente el concepto que del «interés» y del «derecho subjetivo», por lo cual el tratadista alemán Rudolf Von Ihering, por la influencia que ha tenido en nuestra legislación dice: «Dos elementos constituyen el principio del derecho: uno sustancial, que reside en el fin práctico del derecho, que produce la utilidad, las ventajas, las ganancias que esto aseguran; otro formal, que se refiere a ese fin únicamente como medio, a saber: protección del derecho, acción de la justicia. Los derechos son intereses jurídicamente protegidos.(2)».-En consecuencia, deben distinguirse, conforme a esta teoría, dos clases distintas de intereses: los no protegidos y los protegidos jurídicamente por medio de la acción judicial. Los primeros podemos llamarlos intereses simples y consisten en la utilidad, el bien, el valor, el goce o el interés, que son las diversas ideas que entran en juego en el concepto que estamos definiendo. Dentro de este concepto de interés simple, Ihering comprende no sólo los bienes y valores materiales, sino bienes de carácter moral: la personalidad, la libertad, el honor, los lazos de familia, etcétera.-Lo primero que debemos observar es que el interés no es concebido con base en las normas positivas: el interés es un fenómeno psicológico, económico o de cualquier otra índole, cuando Ihering señala este primer elemento sustancial del concepto del derecho subjetivo se coloca fuera del ámbito normativo y no lo determina con arreglo a él. Si el concepto del derecho subjetivo es un concepto jurídico, entonces debe ser determinado de manera normativa. Observa Kelsen que esta definición no es adecuada, porque se posee un derecho aunque no se tenga un interés concreto en él. La existencia de un derecho subjetivo solamente puede afirmarse con base en el derecho posit

vo(3).-El criterio que ha seguido la doctrina para la construcción del concepto de los derechos subjetivos, lo ha expresado Kelsen con toda claridad con las siguientes palabras: «... pues para aquellos desde cuyo punto de vista fue desarrollada toda la teoría del derecho subjetivo -el punto de vista que afirma un titular del interés, situado frente al orden jurídico; el punto de vista que se pregunta: ¿hasta qué punto me interesa el orden jurídico considerado como un medio útil para el logro de mis fines?; un punto de vista, por tanto, no inmanente sino trascendente al derecho-, la norma jurídica que estatuye un deber de obediencia a los mandatos de la autoridad, no es considerada en modo alguno como <su> derecho.»(4).-En esta línea argumentativa, se deben hacer las siguientes precisiones adicionales: 1) Los derechos subjetivos son y deben ser contenidos de las normas jurídicas; 2) Como ya fue observado, el elemento determinante del concepto es el de la protección jurídica por medio de la acción ante los tribunales y 3) Hay derechos subjetivos establecidos de manera abstracta y general (en las leyes) y de manera individual en los actos jurídicos configuradores de la esfera jurídica concreta de los individuos, estos actos jurídicos se encuentran en la base de la pirámide jurídica.-El término interés admite varias acepciones, en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, encontramos una que resulta útil para abordar el tema que nos ocupa: «Interés: Inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc.».-Como puede observarse, esta definición otorga al interés un contenido fundamentalmente psicológico en tanto se refiere a una inclinación del ánimo, aunque ocasionalmente el ánimo se vea inclinado a cuestiones jurídicas. Pero no basta este último tipo de inclinación, pues el ánimo, por sí solo, no es susceptible de producir consecuencias jurídicas; para ello, resulta indispensable la existencia de normas que otorguen consecuencias de derecho a las manifestaciones externas de ese ánimo.-En otros términos, el interés adquiere el carácter de jurídico cuando el objeto al cual se inclina el ánimo se encuentra tutelado por normas jurídicas. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis siguiente:(5) «INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO.-De acuerdo con el sistema consignado en la ley reglamentaria del juicio de garantías, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Ahora bien, la noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de autoridad o por la ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo. Sin embargo, es oportuno destacar que no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal acontezca es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos a través de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25957-7dbaf29b/queja-administrativa-infundada-o-improcedente-cuando-el-denunciante · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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