SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE ATENDER NO SÓLO A LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SINO ADEMÁS PONDERAR, SIMULTÁNEAMENTE, LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA QUE SE TRADUCE EN QUE EL ACTO RECLAMADO CAUSE PERJUICIO DE DIFÍCIL REPARACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 14 DE JULIO DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GERARDO DOMÍNGUEZ, GUILLERMO DAVID VÁZQUEZ ORTIZ, FRANCISCO JAVIER VILLEGAS HERNÁNDEZ Y ENRIQUE DUEÑAS SARABIA. DISIDENTE: FRANCISCO JOSÉ DOMÍNGUEZ RAMÍREZ. PONENTE: FRANCISCO JAVIER VILLEGAS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: MARÍA DONAJÍ BONILLA JUÁREZ.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, correspondiente al día catorce de julio de dos mil quince.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. Denuncia. **********, por su propio derecho, mediante escrito presentando el veintiséis de febrero del presente año, ante la Oficialía de Partes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, y con domicilio oficial a esa data del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito,(1) denunció la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, Segundo y Quinto de la misma materia, al resolver, el primero, el incidente de suspensión en revisión ********** y, el segundo, el diverso **********.(2)
2. Trámite. Mediante acuerdo de veintisiete de febrero siguiente, el Magistrado Carlos Arturo González Zárate, anterior presidente del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, admitió a trámite la aludida denuncia, ordenó registrarla con el número 6/2015, determinó que el posible punto de contradicción de tesis entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito consiste en determinar si para que sea procedente la concesión de la suspensión definitiva del acto reclamado, es necesario o no que éste ocasione daños y perjuicios de difícil reparación (interpretación del artículo 139 de la Ley de Amparo en vigor), solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, copia certificada de las ejecutorias pronunciadas en los asuntos de los que deriva aquélla, así como su versión pública en disco óptico; asimismo, que informaran si el criterio sustentado en aquéllos se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado, dispuso que se informara a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la tramitación de este asunto y se diera vista a los Tribunales Colegiados en el ramo y circuito no contendientes, para su conocimiento.(3)
Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, mediante oficios ********** y **********, remitieron las copias certificadas de las ejecutorias en mención, así como su versión pública en disco óptico e informaron que no se habían apartado de los criterios que sustentaron.(4)
3. En proveído de cinco de marzo de dos mil quince, el presidente del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito tuvo por recibidos los precitados oficios, así como las copias certificadas de las ejecutorias emitidas en los incidentes de suspensión en revisión ********** y **********, y los discos ópticos.(5)
Por auto de nueve de marzo anterior, se tuvieron por recibidos los comunicados suscritos por la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que hizo del conocimiento su solicitud al secretario general de Acuerdos del Alto Tribunal, para que informe si sobre el tema "Determinar si para que sea procedente la concesión de la suspensión definitiva del acto reclamado es necesario o no, que éste ocasione daños y perjuicios de difícil reparación (interpretación del artículo 139 de la Ley de Amparo en vigor)", existe o no alguna contradicción de tesis.(6)
Por auto de diecisiete de marzo del año en curso, el presidente del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito ordenó informar al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito que le correspondería conocer del presente asunto.(7)
En veintiséis de marzo siguiente, se agregó a los autos el oficio suscrito por la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del cual hizo del conocimiento que, mediante información recibida por la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis en que el punto a dilucidar guarde relación con el que es materia del presente asunto.(8)
4. Turno. Por diverso auto de diecisiete de abril de dos mil quince, el presidente actual del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, Magistrado Enrique Dueñas Sarabia, ordenó turnar los autos de la presente contradicción de tesis al Magistrado Francisco Javier Villegas Hernández, integrante del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.(9)
Mediante oficio **********,(10) el Magistrado ponente, Francisco Javier Villegas Hernández, solicitó al presidente del Pleno de Circuito, que se le concediera un plazo de hasta quince días adicionales al que establece el artículo 28 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para la elaboración del proyecto de resolución; petición que se acordó de manera favorable, tal como se advierte del proveído que dictó el citado titular el veintitrés de abril pasado y su aclaración de veinticuatro siguiente,(11) de los que se advierte que se amplió el plazo de resolución por otros quince días hábiles más a contabilizarse una vez que concluya el término igual a que refiere el propio artículo 28 del Acuerdo General en mención (folios 18 y 19 del cuaderno de antecedentes de la presente contradicción de tesis).
CONSIDERANDO:
5. Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(12) toda vez que se trata de una denuncia sobre posible contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, competencia de este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito.
6. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(13) puesto que fue formulada por **********, parte en los asuntos que la suscitaron, en tanto que fue quejoso en el juicio de amparo número **********, correspondiente al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en el Estado, del que derivó el recurso de revisión incidental **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, así como tercero interesado en el diverso procedimiento constitucional **********, del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Estado, del que derivó el recurso de revisión incidental **********, del índice del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito en la propia materia.
7. Posturas contendientes. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción de tesis, son las siguientes:
a) El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver en sesión de siete de agosto de dos mil catorce la revisión incidental **********, sustentó, en lo conducente, las consideraciones siguientes:
"OCTAVO.-Los agravios expuestos son unos infundados y otros fundados y suficientes para revocar la resolución impugnada, por ende, se hace innecesario el estudio de los restantes, atento a lo establecido en la jurisprudencia localizable en la página 470 del Tomo III, mayo de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que literalmente establece: ...
"En otro aspecto, en el propio segundo agravio, el recurrente aduce que el Juez argumentó que la naturaleza del acto reclamado deriva en perjuicios de difícil reparación a los quejosos, cuando, contrario a ello, la ejecución de los actos no es de difícil reparación, porque en el procedimiento de origen se fijó y otorgó la caución necesaria para responder de los daños y perjuicios, por lo que, insiste, no son de difícil reparación los perjuicios que se ocasionarían al quejoso si se ejecutora el acto reclamado, tal y como se establece en la jurisprudencia del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, de rubro: ‘PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. CONTRA SU AUTORIZACIÓN NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA.’
"Por otra parte, en el tercer agravio, el promovente del recurso manifiesta que se concedió la suspensión definitiva sin cumplirse los extremos previstos por el artículo 138 de la Ley de Amparo, ya que no existe la apariencia del buen derecho que permita a los quejosos acceder a esa medida suspensional, porque, en su opinión, los quejosos carecen de derecho para realizar las publicaciones aludidas, pues ni el artículo 7o. constitucional, ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos y menos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos invocados en la interlocutoria impugnada, otorgan una potestad que deba ser protegida con esa medida suspensiva, ya que la libertad de expresión no es un derecho ilimitado; de ahí que el acto reclamado no afecta ninguno de sus derechos.
"Asimismo, el disconforme agrega que el mismo artículo 6o. constitucional establece como límite a la libertad de expresión el ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros (como son los derechos de personalidad del ahora recurrente), todos ellos afectados por las publicaciones que han realizado los quejosos, por lo que no se puede considerar la apariencia del buen derecho para otorgar la suspensión definitiva.
"En ese orden de ideas, el recurrente asevera que no es acertado establecer que los Jueces sólo puedan establecer medidas de reparación ante esas publicaciones y sólo en sentencia, pues la ley procesal aplicable permite decretarlas, como lo hizo el Juez responsable, como una medida precautoria para conservar una situación de hecho (la honra denostada por los quejosos y la publicación de datos personales).
"Los agravios de previa síntesis son fundados.
"Para justificar la anterior calificativa, se estima conveniente realizar una breve reseña de los antecedentes que informan el procedimiento de origen, los cuales se obtienen de las copias simples deducidas de las providencias precautorias **********, exhibidas en el cuaderno incidental en análisis por parte de los ahora recurrentes mediante promoción presentada el dos de junio de dos mil catorce de entre las cuales destaca lo siguiente:
"Por escrito de trece de mayo de dos mil catorce, ********** y ********** promovieron, con fundamento en lo previsto por el artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, providencias precautorias, debido a que los futuros demandados ********** y ********** realizaron publicaciones periodísticas y emitieron declaraciones en entrevistas en que los acusaron de haber robado ‘su patrimonio, de haber traicionado su confianza y habernos apoderado del manejo de la empresa **********, de haber violado los derechos de los accionistas y de evadir nuestras responsabilidades con la sociedad y, por ello, dicen alertar al público en general e inclusive a nuestros mismos clientes, atentando incluso con nuestra vida privada, publicando nuestras imágenes, que fueron publicadas sin nuestro consentimiento ... Siendo estas publicaciones y declaraciones, expresiones denostadoras sin ningún propósito informativo, sino sólo vulnerar el respeto que se debe a nuestra persona, que nos hacen dignos de estimación, credibilidad y confianza, así como ventilar conflictos personales entre los autores de la nota periodística y los suscritos, y que en las mismas publicaciones los autores amenazan con seguir publicando notas difamatorias, es por lo que acudimos ante esta autoridad jurisdiccional a solicitar las siguientes providencias precautorias, pues las publicaciones realizadas por las personas antes mencionadas van más allá de la libertad de expresión ya que afectan a nuestra persona, reputación, honra y fama pública ... Las providencias se promueven a efecto de que se ordene a los señores ********** y **********, por sí o por interpósita persona, se abstengan de seguir realizando publicaciones, declaraciones, concediendo entrevistas y comunicando en contra o relacionado con los suscritos y se les aperciba a estas 2 personas de que incurrirán en desacato judicial en caso de no cumplir con lo anterior y serán consignados a las autoridades competentes ...’ (fojas 65 a 69 del cuaderno incidental)
"Por auto pronunciado el dieciséis de mayo de dos mil catorce, el Juez Décimo Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, admitió las providencias precautorias y, además, previo a decretarlas, determinó que ‘... con el fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que con ello se pudiesen ocasionar, con fundamento en el numeral 251 del enjuiciamiento civil estatal, se fija como fianza la cantidad de **********, que este juzgador fija de manera discrecional. ...’ (foja 77 del cuaderno incidental)
"Mediante ocurso presentado el dieciséis de mayo de dos mil catorce, los promoventes de las providencias precautorias exhibieron billete de depósito por la cantidad de diez mil pesos (fojas 78 y 77 del propio expediente en consulta), por lo que, según se obtiene del primer resultando de la interlocutoria de veintidós de mayo de dos mil catorce, se tuvo a los antes aludidos exhibiendo la garantía de que se trata.
"Seguido el trámite correspondiente se dictó interlocutoria el veintidós de mayo de dos mil catorce, en la que se determinó:
"‘... Por lo anterior se hace una atenta súplica a los señores ********** y **********, a efecto de que suspendan las inserciones pagadas en los medios informativos ya que este juzgado tiene la plena convicción de que no es el camino para resolver un problema y posiblemente lo agrave.-Y de conformidad con lo establecido por el artículo 249 del enjuiciamiento civil del Estado, ha lugar a decretar como medida precautoria que los señores ********** y ********** se abstengan de realizar las inserciones pagadas a la opinión pública en los medios informativos, en tanto el problema que se suscite entre ellos de las relaciones contractuales o extracontractuales, laborables y sociales en cualquier forma que elijan ya sea amigable composición en los medios alternativos de resolución de conflictos o en los órganos jurisdiccionales competentes del tipo de juicio que se plantee, en consecuencia, se ordena a los señores ********** y a ********** se abstengan de publicar inserciones pagadas violentando los derechos de personalidad de los actores; con el apercibimiento de que en caso de no cumplir con la medida decretadas se aplicarán las medidas establecidas por el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en forma progresiva.’ (fojas 81 a 86 del expediente en consulta)
"Ahora bien, precisado lo anterior, cabe destacar que de la interlocutoria en la que se concedió la suspensión definitiva se obtiene que el secretario encargado del Juzgado de Distrito, en primer término, estableció que es procedente esa concesión, dado que se satisfacen las exigencias previstas en el artículo 128 de la actual Ley de Amparo, además de que existe peligro inminente de que se ejecute uno de los actos reclamados con perjuicios de difícil reparación para los quejosos, como lo establece el diverso numeral 139.
"Y luego, de conformidad con el artículo 138 de la propia legislación, precisó que no es dable prohibir dentro de un régimen jurídico en donde están proscritos los actos de censura previa las expresiones de cualquier tipo, principio constitucional que, según el juzgador de amparo, se encuentra trastocado en uno de los actos reclamados.
"Entonces, en la resolución impugnada a través de este recurso de revisión, se tomó en consideración también, la apariencia del buen derecho y, con sustento en ella (al considerarse que uno de los actos reclamados transgrede la prohibición de censura previa impuesta por el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), se concedió la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, que no se ejecute contra los quejosos la interlocutoria reclamada dictada el veintidós de mayo de dos mil catorce.
"Pues bien, cabe destacar que no se advierte, en la etapa procesal que se analiza, que en el acto reclamado, consistente en la interlocutoria dictada el veintidós de mayo de dos mil catorce en las providencias precautorias **********, se contravenga lo previsto por el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que constituya un acto de censura previa, puesto que en dicha determinación, el Juez responsable ordenó a los futuros demandados (quejosos) se abstengan de publicar inserciones pagadas violentando los derechos de personalidad de los actores, como lo prevé el primer párrafo del artículo 6o. constitucional, en el que se establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.
"Ello porque, incluso, el segundo párrafo del artículo 7o. de la propia Constitución dispone que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución.
"Razón por la cual, en esta etapa, en un análisis preliminar que se hace del acto reclamado, consistente en la interlocutoria de veintidós de mayo de dos mil catorce, se considera que no es dable calificarlo como inconstitucional por sí mismo, en atención a que, para ello, debe realizarse una ponderación de derechos entre el invocado por los quejosos (libertad de expresión) y el que se pudiera transgredir a los ahora recurrentes (quienes promovieron las providencias precautorias), y que se pretende seguir conculcando en una serie más de publicaciones; de ahí que, con ello, se evidencia que, contrario a lo determinado en la interlocutoria recurrida, no se evidencia la aparente inconstitucionalidad de uno de los actos reclamados.
"Así es, el artículo 138 de la actual Ley de Amparo dispone que, promovida la suspensión del acto reclamado ‘el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social’, por lo que el examen que para los efectos de la suspensión se efectúe en relación con la denominada apariencia del buen derecho, debe reducirse a establecer si a primera impresión es inconstitucional el acto de que se trate.
"Por lo mismo, no puede llegarse al extremo de exigir que el análisis de esa cuestión se haga desde todos los puntos de vista posibles, hasta agotar el estudio de los argumentos en pro y en contra, para llegar a una conclusión pues, de ser así, se estaría ya no en el caso de una mera apariencia o probabilidad, sino de fijar con certeza el carácter constitucional o inconstitucional del acto, lo que sólo puede ser materia de la sentencia de fondo.
"Ahora, cabe destacar que aun cuando no se considere que de primera impresión el acto reclamado sea inconstitucional por sí mismo, al transgredir lo previsto por el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello no genera, indefectiblemente, que se deba negar la suspensión definitiva de los actos reclamados, pues la figura de la apariencia del buen derecho no puede aplicarse en sentido contrario para emitir esa negativa.
"Lo anterior fue delimitado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia relativa a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Tomo II, febrero de dos mil catorce, página 1292, que dice:
"‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA. Para otorgar la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, basta con comprobar la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; análisis que debe llevarse a cabo concomitantemente con el posible perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o la contravención a disposiciones de orden público, acorde con la fracción II del precepto legal citado. En congruencia con lo anterior, no puede invocarse la apariencia del buen derecho para negar la suspensión de los actos reclamados, al considerar de manera preliminar que el acto reclamado en el juicio de amparo es constitucional, debido a que esa aplicación no es acorde con su naturaleza ni con la finalidad de la suspensión pues, incluso, cuando se introdujo esa institución en la reforma constitucional de 6 de junio de 2011, se hizo para que fuera tomada en cuenta sólo en sentido favorable, es decir, para conceder la suspensión de los actos reclamados; además, su otorgamiento se sujeta a los requisitos establecidos para tal efecto, sin que sea factible negarla con un análisis superficial del acto reclamado, ya que se estaría aplicando una consecuencia no prevista en la ley, aunado a que dicho análisis corresponde realizarlo al resolver el fondo del asunto. No es obstáculo para arribar a esa conclusión, la circunstancia de que se lleve a cabo un análisis similar para conceder la medida cautelar, ya que ello obedece a que precisamente la finalidad de la suspensión es asegurar provisionalmente el derecho cuestionado, para que la sentencia que se dicte en el proceso principal no pierda su eficacia, sin que esa decisión se torne arbitraria, pues en todo caso deben satisfacerse los requisitos establecidos para su otorgamiento; máxime si se toma en cuenta que la Ley de Amparo prevé mecanismos para asegurar que las partes en litigio no sufran un daño irreparable al otorgarse la suspensión de los actos reclamados, aplicando la apariencia del buen derecho, lo que no podría garantizarse al quejoso si se negara la medida cautelar aplicando esa institución en sentido contrario y la sentencia que se dictare fuera favorable a sus intereses.’
"La anterior jurisprudencia se estima aplicable al caso en particular, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual legislación, puesto que no se opone a lo establecido en esta última legislación.
"Ello, porque en la jurisprudencia invocada se analizó el artículo 124 de la anterior Ley de Amparo, empero, de los artículos 128 y 139 de la actual, se extraen los propios requisitos contenidos el (sic) primer precepto legal, pues ello se corrobora con el siguiente cuadro comparativo: (se inserta cuadro).
"Ahora, de la ejecutoria pronunciada el ocho de enero de dos mil catorce, en la contradicción de tesis 260/2013, de la cual derivó la jurisprudencia previamente reproducida, se observa que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció cuáles son los parámetros a considerar o los extremos que deben satisfacerse para decidir sobre la suspensión en un juicio de amparo, y así, de esa resolución se obtiene lo siguiente:
"a) Debe verificarse si el acto reclamado es cierto, pues no tendría ningún caso conceder la suspensión sobre actos inexistentes, dado que no existiría materia sobre la cual decretar dicha medida y, en relación con la suspensión definitiva, se constatará la certeza de los actos con los informes previos que rindan las autoridades responsables o, en su caso, la omisión en que incurran, así como las pruebas que ofrezcan las partes.
"b) Debe verificarse que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido, dado que ningún efecto práctico tendría realizar un pronunciamiento sobre los requisitos que establece la ley para conceder la medida, si el acto reclamado, por su propia naturaleza, no es susceptible de ser paralizado a través de la suspensión, como podría ser el caso de actos negativos, consumados declarativos, entre otros.
"c) Debe constatarse que se encuentren satisfechos los requisitos legales establecidos, actualmente, en los artículos 128 y 139 de la Ley de Amparo, esto es, que la solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y, finalmente, que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado.
"d) Finalmente, conforme a lo prevenido por el artículo 138 de la Ley de Amparo en vigor, debe realizarse un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social.
"Pues bien, de la propia ejecutoria en análisis (de la cual derivó la jurisprudencia antes invocada) se obtiene que se estableció expresamente: ‘... no debe perderse de vista que el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados está condicionado, en todo caso, al cumplimiento de diversos requisitos tanto naturales, como legales, en términos de lo expuesto en líneas precedentes; por lo que, si aquéllos se encuentran satisfechos, no es factible negar la medida cautelar por el solo hecho de considerar, de manera superficial, que el acto reclamado puede ser constitucional, debido a que se negaría la suspensión aplicando una hipótesis no prevista en la Constitución ni en la ley.-Además, debe considerarse que el análisis sobre la constitucionalidad del acto reclamado es una cuestión que sólo puede ser analizada al estudiar el fondo del asunto, esto es, cuando se dicte la sentencia de amparo en el juicio principal, en la que, con base en un análisis profundo de las constancias y de los argumentos que se hagan valer, se decidirá sobre la constitucionalidad de los actos reclamados. ...’
"En las relatadas condiciones, como se obtiene de la jurisprudencia y ejecutoria invocadas, es dable aseverar que, por un lado, para la concesión de la suspensión definitiva, deben considerarse la satisfacción de los requisitos previstos por los artículos 128 y 139 de la actual Ley de Amparo, esto es, que la solicite el quejoso, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado, se ocasionen perjuicios de difícil reparación al quejoso.
"Luego, en el caso, como lo asegura el recurrente, no está justificada la satisfacción del requisito impuesto por el artículo 139 de la actual Ley de Amparo y, por tanto, se estima que no procede conceder la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados (decretamiento de las medidas precautorias), en virtud de que este tribunal de circuito considera, como lo hace valer el recurrente, que no son de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a los quejosos con la ejecución del acto. ..."
b) Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, al resolver en sesión de veintiuno de agosto de la anualidad pasada la revisión incidental número **********, sostuvo, en lo conducente:
"QUINTO.-Los agravios hechos valer son lo suficientemente fundados para revocar la interlocutoria recurrida.
"Es correcto lo que sostienen los disidentes, en relación a que el artículo 139 de la nueva Ley de Amparo, no prevé un requisito adicional a los señalados en el diverso 128 del citado cuerpo normativo para la procedencia de la suspensión solicitada a petición de parte, toda vez que ambos preceptos en orden cronológico señalan: ‘Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.-La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado.’ y ‘En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo.-Cuando en autos surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó respecto de la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y el orden público, el juzgador, con vista al quejoso por veinticuatro horas, podrá modificar o revocar la suspensión provisional.’
"Como puede apreciarse del copiado artículo 128, los únicos presupuestos que prevé para que se decrete la suspensión a petición de parte, son los relativos que lo solicite el impetrante y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Incluso, establece que esa medida deberá tramitarse incidentalmente por duplicado y separado del cuaderno principal.
"Por otra parte, es cierto que el artículo 139 en consulta establece: ‘En los c
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26087-d515050a/suspension-definitiva-para-su-otorgamiento-el-juzgador-debe · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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