GARANTÍA PARA LA VIGENCIA DE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN GENERARSE AL TERCERO INTERESADO CON EL OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA NO SE ENCUENTRAN ASEGURADOS CON LA DIVERSA EXHIBIDA EN EL JUICIO CIVIL NATURAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA PROVIDENCIA CAUTELAR, CUYO LEVANTAMIENTO SE RECLAMA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 4/2022. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 12 DE JULIO DE 2022. UNANIMIDAD DE SEIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN MANUEL ARREDONDO ELÍAS, SAMUEL ALBERTO VILLANUEVA OROZCO, UBALDO GARCÍA ARMAS, ALMA ROSA DÍAZ MORA, PAULINO LÓPEZ MILLÁN Y JESÚS ANTONIO SEPÚLVEDA CASTRO. PONENTE: PAULINO LÓPEZ MILLÁN. SECRETARIA: LAURA ICAZBALCETA VARGAS.
Zapopan, Jalisco. Resolución del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, emitida en la sesión de doce de julio de dos mil veintidós.
VISTA para resolver la contradicción de criterios 4/2022; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de contradicción de criterios. Mediante oficio T 7/2022, presentado el nueve de marzo del año en curso, los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito denunciaron la posible contradicción entre los criterios que sustentaron, al resolver el recurso de queja 67/2022, en sesión de veinticinco de febrero del año que transcurre y el Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, al resolver la revisión incidental 396/2019, en sesión de treinta de enero de dos mil veinte.
SEGUNDO.—Trámite. La denuncia fue registrada con el número de expediente 4/2022, y se admitió por auto de diez de marzo de la anualidad que transcurre, en el que se ordenó recabar la información relativa a la vigencia del criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, así como informar la radicación del asunto al director general de la Coordinación (sic) de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al resto de los integrantes del Pleno de Circuito.
TERCERO.—Recepción de información. El presidente del Tribunal Colegiado en cita hizo saber que el criterio objeto de la denuncia no ha sido abandonado (oficio 60/2022). En tanto que el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis en cita, comunicó la ausencia de alguna contradicción de criterios en trámite ante el Alto Tribunal, sobre el tema de este asunto (oficio DGCCST/X/124/04/2022).
CUARTO.—Turno. Al integrarse el expediente, en auto de veintiuno de abril del año que transcurre, se ordenó turnar al Magistrado Paulino López Millán, representante del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia del Pleno. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigentes hasta el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, respectivamente; en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del mismo Circuito.
Es importante mencionar que los Plenos de Circuito continúan en sus funciones originales, de conformidad con lo establecido en la circular SECNO/17/2021, signada el veintitrés de abril de dos mil veintiuno, por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal;(1) así como en observancia del Acuerdo General 1/2021, de ocho del mes y año en cita, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases. El cual, en su artículo quinto transitorio, precisó:
"Quinto. En tanto entran en funciones los Plenos Regionales del Poder Judicial de la Federación, atendiendo a lo previsto en los artículos transitorios segundo, tercero y quinto del decreto mencionado en el considerando primero de este acuerdo general,(2) la jurisprudencia emitida por aquéllos a la que se refiere este instrumento normativo, será la fijada por los Plenos de Circuito."
Aunado a que, en el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, entre otras, de la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, prevé el comienzo del funcionamiento de los Plenos Regionales en un plazo no mayor a 18 meses transcurridos a partir de la indicada fecha de publicación del Decreto, de acuerdo con lo estatuido en su artículo primero transitorio, que, en lo conducente, dice:
"Primero. ...
"I. ...
"II. Las disposiciones relativas a los Plenos Regionales en sustitución de los Plenos de Circuito, entrarán en vigor en un plazo no mayor a 18 meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, de conformidad con los acuerdos generales que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal."
SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La denuncia proviene de parte legítima,(3) como lo son los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
TERCERO.—Criterios contendientes.
A. Sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, emitida en el recurso de queja 67/2022.
Antecedentes.
Demanda de amparo indirecto:
La quejosa reclamó del Juez Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, y de otras autoridades, en lo que aquí trasciende, el auto que ordenó el levantamiento de las medidas cautelares dictadas en su favor, dentro de un juicio civil sumario de arrendamiento promovido por ella, consistentes en: 1) la inscripción de la demanda en el Registro Público de la Propiedad; 2) el aseguramiento registral del inmueble controvertido; y, 3) la entrega de su posesión.
Providencias precautorias que fueron concedidas en auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se fijó como garantía por los daños y perjuicios susceptibles de acarrear con su ejecución, la cantidad de veinticuatro millones de pesos "correspondiente al 5 % (cinco por ciento) de la cantidad que pretende garantizar con las medidas precautorias admitidas y carecer en estos momentos de diversos datos cuantitativos y objetivos que permitan su cuantificación y atendiendo a la naturaleza de la acción ejercitada y de la medida cautelar peticionada".
Garantía que fue exhibida por la actora el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que al día siguiente se ordenó la ejecución de las mencionadas providencias precautorias y, en consecuencia, se le entregó en posesión del bien objeto del litigio.
Luego, en su demanda de amparo la quejosa narró que horas después de haberse ejecutado la entrega de posesión reseñada, personal del juzgado de origen le comunicó que el Juez responsable había ordenado el levantamiento de todas las providencias precautorias concedidas en el auto de trece del mes y año en cita, con base en lo dispuesto en el artículo 249 del enjuiciamiento civil local.
Actos respecto de los cuales, solicitó al Juez de Distrito decretara la suspensión provisional para que las cosas se mantuvieran en el estado en el que se encontraban y no se dejaran sin efecto las medidas cautelares en cuestión, en concreto, la diligencia de entrega de posesión previamente ejecutada.
Suspensión provisional:
En auto de quince de febrero de dos mil veintidós, el Juez Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco concedió parcialmente la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban y no se ejecutara la orden de levantar las medidas cautelares objeto del acto reclamado.
El Juez de Distrito fijó una garantía de dos millones de pesos, como requisito para que continuara surtiendo efectos la suspensión otorgada. La cual calculó sobre los siguientes parámetros:
"La medida suspensional dejará de surtir efectos, si no exhibe ante este Juzgado de Distrito garantía por el importe de $2'000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.), cantidad que se determina con las facultades discrecionales que otorga a este juzgado federal el artículo 132 de la ley de la materia, y en virtud de que no se tienen mayores datos que permitan conocer el monto que se pretende garantizar con el aseguramiento e inmovilización reclamados; esto para subsanar los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir alguna parte tercera interesada, garantía que podrá exhibirse en cualquiera de las formas establecidas por la ley."
Recurso de queja:
Inconforme con esta última determinación, el apoderado de la parte afectada la recurrió en queja, en la que argumentó que el Juez de Distrito, de manera indebida e ilegal, había fijado una garantía a cargo de la quejosa como requisito de efectividad de la medida suspensional decretada, perdiendo de vista que ya se encontraban asegurados cualquier tipo y posible daño y/o perjuicio que pudiera sufrir alguna parte tercera interesada "en el procedimiento natural"; y, que por ello, establecer una nueva cantidad en el procedimiento constitucional como condición de efectividad de la medida suspensional, implicaba la constitución de una "garantía doble" que tachó de irracional e inviable, por contravenir lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Amparo.
Recurso que fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el que se admitió y se le asignó el número 67/2022.
Resolución del recurso:
El referido Segundo Tribunal Colegiado declaró infundado el recurso, con base en las consideraciones que enseguida se sintetizan:
a) Las medidas cautelares civiles del orden común tienen como objetivo central, independientemente de si son "conservativas" o "de garantía", asegurar la utilidad de la sentencia de fondo y su eficacia práctica, en relación con la acción ejercida y las prestaciones demandadas en el juicio natural, pues es en esa instancia donde se dictan; asimismo, de toda providencia precautoria queda responsable el que la pida, y si no se funda en instrumento público o título ejecutivo, el solicitante otorgará garantía bastante en cualesquiera de las formas previstas por la ley, cuyo monto será fijado discrecionalmente por el Juez, para asegurar el pago de los daños y perjuicios que se ocasionen, ya porque se revoque la providencia o ya porque entablada la demanda, sea absuelto el demandado en el juicio natural.
b) La garantía exhibida en un juicio civil en el Estado de Jalisco, como lo es el sumario de origen, guarda correlación o es intrínseca al destino de la medida cautelar que se decreta y al resultado del juicio, obviamente, en la instancia común de legalidad.
c) El numeral 251 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en el que se fundó la garantía a cargo de la aquí disidente ante la potestad común, establece claramente que dicha caución tiene por objeto asegurar el pago de los daños y perjuicios que se ocasionen, ya porque se revoque la providencia o porque entablada la demanda sea absuelto el demandado.
d) En cambio, la suspensión en el juicio de amparo, aunque también es una medida cautelar, a diferencia de las decretadas en la instancia común, deriva de un juicio de naturaleza constitucional, en el cual las partes no acuden en un plano de igualdad, sino dentro de una relación de supra a subordinación, cuya finalidad es evitar que el juicio mencionado quede sin materia ante la ejecución de los actos reclamados, o bien, que se materialice una afectación a los derechos fundamentales del quejoso.
e) Es ilustrativa respecto a lo anterior, por analogía, la tesis 2a. XXVII/2019 (10a.), de rubro: "EMBARGO PRECAUTORIO. AUNQUE SE TRATA DE UNA MEDIDA PRECAUTORIA, NO LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS Y REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO."(4)
f) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley de Amparo, la garantía que debe otorgarse para que surta efectos la suspensión del acto reclamado, pretende responder estrictamente al posible daño derivado de su otorgamiento, en caso de que el peticionario obtenga un resultado desfavorable en la sentencia de fondo del amparo, sin ser determinante para lo anterior la suerte de una medida cautelar común o el sentido de la sentencia de fondo del juicio de origen.
g) Tanto una medida cautelar pronunciada en una contienda común, como la suspensión dictada en el amparo, junto con las garantías para su otorgamiento, están referidas a juicios de naturaleza jurídica totalmente distinta y, por ende, su finalidad en uno y otro casos también es diferente, por lo cual, el hecho de que la aquí disidente haya exhibido una caución para la eficacia de la medida cautelar decretada en proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno en el juicio de origen y cuya vigencia, junto con sus consecuencias, pretende continúen y no sean levantadas con motivo de los actos reclamados a través del otorgamiento de la suspensión provisional, de ninguna manera conlleva haber cumplido con lo establecido en el artículo 132 de la Ley de Amparo, pues se trata de una garantía otorgada ante la potestad común que opera y se surte en una instancia natural, distinta a la constitucional, en la cual incide el precepto referido.
h) Fue objetivamente correcta la decisión del Juez de Distrito de no prescindir de garantía, por el hecho de que en el juicio natural se haya otorgado una para la eficacia de las medidas cautelares cuya vigencia se pretende subsista junto con sus consecuencias, con base en la suspensión de los actos reclamados, así como fue objetivamente correcta su decisión de no asumir como "inexistentes" las posibles afectaciones a terceros o considerar que no había certeza al respecto, derivado del otorgamiento de la garantía común; pues, se enfatiza, la garantía exhibida en la instancia natural y la exigida por el artículo 132 de la Ley de Amparo responden a objetivos diametralmente distintos.
B. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la revisión incidental 396/2019.
Antecedentes:
Demanda de amparo:
La quejosa reclamó del Juez Séptimo de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, entre otros, el auto que ordenó levantar las medidas cautelares de embargo de cuentas bancarias de la demandada, que le habían sido otorgadas en el juicio civil ordinario que instauró.
Acto respecto del cual se solicitó la suspensión tanto provisional como definitiva.
Suspensión provisional:
La suspensión provisional le fue negada por el Juez de Distrito, mas en el recurso de queja 307/2019, que se hizo valer en contra de esa negativa, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito revocó la negativa y en su lugar la concedió, para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban, es decir, para que de no haberse levantado las medidas cautelares, ello no se hiciera, a menos de que la tercera interesada así lo solicitara, cumpliendo con los supuestos previstos en el artículo 254 del enjuiciamiento civil local.
La efectividad de la suspensión provisional otorgada se condicionó a la exhibición de fianza por dos millones quinientos sesenta y tres mil novecientos cincuenta y seis pesos con noventa y dos centavos, para garantizar los posibles daños que pudieran suceder a los terceros interesados con esa medida.
Suspensión definitiva.
Seguido el trámite correspondiente en el incidente de suspensión, el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito mencionado celebró la audiencia incidental y en ella emitió la interlocutoria relativa, en la que concedió la suspensión definitiva, fijándose como monto de la garantía para que surtiera efectos la medida cautelar concedida, la cantidad de $********** (********** pesos ********** moneda nacional) por los posibles daños y perjuicios que se pudieran generar a la parte tercera interesada.
Revisión incidental:
En desacuerdo con la garantía fijada, el apoderado de la sociedad quejosa interpuso revisión incidental para combatirla, en el que esgrimió los agravios que fueron sintetizados por el órgano resolutor, como sigue:
• La interlocutoria recurrida incumple con los principios de legalidad, exhaustividad y congruencia, previstos en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, pues lo considerado en ella se apoya en una inadecuada motivación, ya que se concede la suspensión definitiva condicionándola al otorgamiento de garantía, como requisito de efectividad, para la cual se atendió al monto del embargo precautorio en el juicio de origen, por la cantidad de $********** (********** pesos 00/100 moneda nacional).
• No hay motivos jurídicos para que el Juez de Distrito fije la caución apoyándose en el monto de lo embargado precautoriamente en el juicio de origen, ya que los actos reclamados en el juicio de amparo no son, en sí, las medidas cautelares dictadas (entre las que se encuentra el embargo precautorio) sino su inminente levantamiento y la ejecución.
• La finalidad de la suspensión definitiva concedida, es la de mantener las cosas en el estado que guardan al momento de solicitarla, esto es, por un lado, la de no liberar provisionalmente las cuentas bancarias de la parte demandada objeto del secuestro y, por otro, la subsistencia de la garantía otorgada por la parte quejosa y actora en el juicio de origen, que la parte demandada tiene a su favor hasta tanto se resuelva el juicio de origen, para responder por los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir con el embargo practicado.
• De ahí que por la naturaleza del acto reclamado en el juicio de amparo, no tiene un valor estimable en dinero, al ser, incluso, inminente; por lo que el Juzgado de Distrito debió proceder en términos del numeral 132, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, para la fijación de la garantía.
Resolución del recurso:
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito declaró fundado el recurso reseñado, sobre las siguientes consideraciones:
a) No se está en el caso típico de que la suspensión definitiva tenga por efecto el levantamiento de las medidas cautelares concedidas a la parte actora en el juicio de origen, y que, por ende, la garantía para responder por los daños y perjuicios deba fijarse con base en determinada cantidad de dinero a que ascienda una de tales medidas, como en el caso, la relativa al embargo precautorio; ya que, como lo puntualiza la peticionaria, el acto reclamado del que se pidió la suspensión lo constituye la orden de levantar las medidas otorgadas.
b) Esto implica que al suspenderse la ejecución de la orden reclamada, las cosas permanecerán en el estado en que se encontraban, es decir, que sigan surtiendo efectos las medidas cautelares y la garantía exhibida por la parte actora para responder de los daños y perjuicios que se ocasionen a los demandados, en el caso de que aquéllas se revoquen o se dicte fallo absolutorio en el juicio de origen.
c) Si bien el artículo 132, primer párrafo, de la Ley de Amparo, señala que en los casos en que sea procedente y se conceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a tercero, el quejoso debe otorgar garantía para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causen si no obtiene fallo favorable, lo cierto es que en este caso no es indispensable que se exhiba una garantía, puesto que, como se apuntó, la suspensión concedida genera que las cosas permanezcan como están, lo que, naturalmente, incluye la garantía exhibida por la parte actora para responder por los daños y perjuicios que las medidas cautelares decretadas pudieran generar a los demandados; esto, desde luego, sin perjuicio de que ellos las combatan, otorguen contragarantía, o se cumpla algún supuesto previsto en el artículo 254 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. d) En otras palabras, no hay necesidad de que en el incidente de suspensión del amparo promovido por quien obtuvo las medidas cautelares en el juicio de origen y garantizó los daños y perjuicios que se produzcan, constituya una nueva garantía para ello, pues esto se traduciría en una doble garantía.
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. En el caso se satisfacen los requisitos de existencia de la contradicción de tesis, precisados en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010,(5) por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque; es decir, que exista al menos un razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de un cuestionamiento acerca de si la manera de abordar la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Precisados los requisitos en cuestión, enseguida se detalla por qué se estiman colmados cada uno de ellos.
Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial.
Los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito se vieron en la necesidad de determinar si la garantía a la que se refiere el artículo 132 de la Ley de Amparo puede quedar satisfecha con la exhibida para la efectividad de la medida cautelar otorgada en el juicio natural, cuya orden de levantarse constituye el acto reclamado.
Por lo que en el caso a estudio, es evidente que los resolutores de amparo ejercieron su arbitrio judicial al interpretar la disposición precisada, a fin de resolver los recursos sometidos a su potestad.
Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos.
Este segundo requisito también se satisface en la especie, si se toma en cuenta que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito estimó legal la fijación de una caución para que siguiera surtiendo efectos la suspensión del acto reclamado, pese a ya haberse presentado una para que se autorizara la ejecución de las medidas cautelares dictadas en el juicio civil sumario de arrendamiento de origen, consistentes en: 1) la inscripción de la demanda en el Registro Público de la Propiedad; 2) el aseguramiento registral del inmueble controvertido; y, 3) la entrega de su posesión, cuya orden de dejarse sin efecto constituyó el acto reclamado.
Mientras que el Tercer Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito determinó lo opuesto respecto del mismo supuesto fáctico, esto es, que no hay necesidad de que en el incidente de suspensión del amparo promovido por quien obtuvo las providencias precautorias de embargo de cuentas bancarias de la parte demandada en el juicio civil ordinario natural, y garantizó los daños y perjuicios que se produzcan con la exhibición de la caución fijada por el Juez responsable, constituya una nueva garantía para ello, porque equivaldría a exigir su duplicación.
Lo que pone en evidencia la colisión de criterios respecto de un mismo punto jurídico: si los posibles daños y perjuicios que pudieran generar la concesión de la medida suspensional en el juicio de derechos humanos en el que se reclama la orden de levantar las medidas cautelares otorgadas a la parte actora en el juicio civil natural, se encuentran garantizados con la exhibición de la fianza fijada por el Juez responsable para la eficacia de las otorgadas en sede común.
Tercer requisito: pregunta detonante.
La divergencia de criterios reseñada colma el tercer requisito para la existencia de la contradicción que se analiza, como lo es la generación de una interrogante acerca de si la manera de abordar la cuestión jurídica es preferente en relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Por consiguiente, el estudio de fondo de la presente contradicción de criterios partirá de la siguiente pregunta detonante:
¿Debe o no fijarse garantía para que continúe surtiendo efectos la suspensión otorgada en el amparo promovido contra la orden de levantar las medidas cautelares emitidas en favor del quejoso o se puede garantizar con la exhibida en el juicio natural, cuando el actor ya exhibió caución para hacer efectiva la providencia precautoria otorgada en sede común?
QUINTO.—Estudio. Precisada la existencia de la contradicción de criterios y el punto a dilucidar, este Pleno de Circuito considera que la garantía otorgada en el juicio natural del orden civil común, para que se haga efectiva la medida cautelar de embargo precautorio o de anotación de la demanda en el Registro Público de la Propiedad autorizada al actor, no tiene por objeto cubrir los daños y perjuicios que pudiera originar la suspensión en el juicio de amparo, cuando se reclama el auto que ordena su levantamiento.
A fin de estar en aptitud de esclarecer si los posibles daños y perjuicios que pudieran generarse con el otorgamiento de la suspensión en el amparo se encuentran garantizados con la caución previamente otorgada en el procedimiento civil de origen, es necesario determinar si la materia que se busca preservar en el primero, es la misma que fue asegurada con la garantía otorgada en la instancia común.
Es decir, si los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionar las medidas cautelares de inscripción de la demanda en el Registro Público de la Propiedad, aseguramiento registral del inmueble controvertido, la entrega de su posesión, y el embargo de cuentas bancarias, dictadas en un juicio civil del orden común, coinciden con los que podría generar la concesión de la suspensión del auto que ordena dejar sin efectos esas medidas.
Para ello, habrá que recordar la naturaleza de las medidas cautelares en general –de la que participa la suspensión en el juicio de amparo–, y el objeto o fin de las garantías que al respecto exigen tanto el enjuiciamiento civil común, como la Ley de Amparo, para cubrir los daños y perjuicios que aquéllas pudieran acarrear.
A. Medidas cautelares.
Este Pleno de Circuito, al resolver la contradicción de tesis 3/2016, en sesión de veintiocho de junio de dos mil dieciséis, recopiló algunas definiciones del concepto jurídico "medidas cautelares", como se ve de la parte que dice:
"38. Medida cautelar en general. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver en sesión de veintiocho de abril de dos mil seis, la contradicción de tesis 53/2006-SS,(6) con relación a las providencias precautorias, señaló:
"‘... En principio debe destacarse que las medidas cautelares, conocidas también como providencias o medidas precautorias, son los instrumentos que el juzgador puede decretar, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un daño grave irreparable a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso. El lapso relativamente prolongado que el proceso tarda hasta la resolución definitiva de la controversia, hace indispensable la utilización de medidas precautorias, a fin de evitar que la sentencia de fondo sea inútil o ilusoria y, por el contrario, tal decisión tenga eficacia práctica. Las medidas referidas pueden adoptarse con anterioridad a la iniciación del proceso y durante su tramitación, hasta tanto se dicte sentencia firme que le ponga fin, o bien, hasta que el juicio termine definitivamente por diversa causa. Para el procesalista Piero Calamandrei, la providencia cautelar nace de la relación entre dos términos: por una parte, de la necesidad de que, para ser prácticamente eficaz, se dicte sin retardo; y, por otra, de la falta de aptitud del proceso ordinario para crear, sin retardo, la providencia definitiva. El tratadista citado define a la providencia cautelar, como la «anticipación previsoria de ciertos efectos de la providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño que podría derivar el retardo de la misma» (Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares, Bibliográfica Argentina, 1945, página 45). En opinión de Humberto Briseño Sierra, la medida cautelar no busca la posibilidad de hacer efectiva una sentencia cuyo contenido se ignora cuando aquélla se dicta, sino que ‘busca evitar que no se pueda hacer efectiva por ciertas razones o hechos que la medida elimina. No busca ejecutar la condena, sino que tiende a eliminar un obstáculo, cierto o presunto, para hacerla efectiva’ (Derecho Procesal, Vol. IV, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1970, página 293).
"39. Las medidas cautelares in genere, dice Podetti, están comprendidas dentro de los fines primordiales de la jurisdicción, como derecho-deber del Estado, aunque pueda verse en algunas de ellas una preponderancia de la finalidad pública sobre los fines privados. Mediante ellas, el poder jurisdiccional satisface el interés particular de asegurar un derecho aún no declarado, pero con mayor o menor intensidad, según la especie de medida cautelar, satisface el interés general y público de asegurar la paz en la convivencia social y evitar la pérdida o desvalorización de los bienes económicos.(7)
"40. Una de las manifestaciones del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, para lo cual el ordenamiento procesal provee al ciudadano de la medida cautelar, con la finalidad de ga
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30910-707e9b0a/garantia-para-la-vigencia-de-la-suspension-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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