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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO QUE DEJA SIN EFECTOS LA LISTA DE RESERVA ESTRATÉGICA PARA OCUPAR EL CARGO DE JUECES DE PRIMERA INSTANCIA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2019. · Registro digital (IUS): 29268
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2020-01-31
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, CUARTO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo II, Pág. 2023.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, CUARTO Y QUINTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 21 DE OCTUBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JESÚS DE ÁVILA HUERTA, FILEMÓN HARO SOLÍS, JOSÉ MANUEL MOJICA HERNÁNDEZ, ROBERTO CHARCAS LEÓN, ÓSCAR HERNÁNDEZ PERAZA, SILVIA ROCÍO PÉREZ ALVARADO Y CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. PONENTE: CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.

Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente al veintiuno de octubre de dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver, los autos del expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis 18/2019; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis.

Mediante oficio **********, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se ordenó remitir a este Pleno de Circuito, el escrito de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, de **********, quien ostentándose como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de los quejosos y recurrentes dentro de los recursos de queja 250/2019 y 234/2019, del índice de los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunció la posible contradicción de tesis en dichos asuntos.(1)

SEGUNDO.—Admisión y trámite del asunto.

Previa solicitud a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, a fin de que remitieran las constancias necesarias para acreditar la legitimación de la parte denunciante, por acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecinueve,(2) el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis con el número de expediente 18/2019, en términos de lo previsto en los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, y 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, se solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes la remisión de copias certificadas de las ejecutorias dictadas en los asuntos respectivos, así como que informaran si el criterio sustentado se encuentra vigente o en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; y se ordenó girar oficio a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara a este Pleno de Circuito sobre la existencia de algún asunto radicado que guarde relación con la temática planteada en la presente contradicción de tesis.

TERCERO.—Hecho notorio.

En el propio acuerdo, la presidencia de este Pleno de Circuito consideró como hecho notorio el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 260/2019, por tratarse de un asunto de naturaleza similar a los anteriores, esto es, en donde dicho órgano jurisdiccional determinó procedente la suspensión provisional en contra de la determinación del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, en donde se dejaba sin efectos la lista de reserva de Jueces de primera instancia. Consecuentemente, se solicitó a dicho órgano jurisdiccional remitiera las constancias certificadas de ese asunto, así como el informe respectivo sobre la vigencia del criterio sostenido en el recurso de referencia.

CUARTO.—Informes para la integración de la contradicción de tesis.

En proveídos de once de julio(3) y ocho de agosto de la presente anualidad,(4) este Pleno de Circuito recibió copia certificada de las ejecutorias solicitadas a los Tribunales Colegiados contendientes, y se tuvo a los mencionados órganos jurisdiccionales informando que el criterio sostenido en dichas ejecutorias sigue vigente; en este último proveído, también se recibió la comunicación ********** de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el cual informó que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de los acuerdos de admisión dictados por el Ministro presidente, durante los últimos seis meses no se advirtió la existencia de alguna denuncia de contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el tema a tratar en este asunto.

QUINTO.—Turno.

Por último, mediante proveído de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, se ordenó el turno del asunto a la Magistrada Claudia Mavel Curiel López, integrante del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Tercer Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues en autos consta que el denunciante **********, tiene reconocido el carácter de autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa y recurrente, dentro de los recursos de queja 250/2019 y 234/2019, del índice de los Tribunales Colegiados Cuarto y Quinto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito (materia de la denuncia).

Resulta aplicable a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 152/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del siguiente tenor:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTÁ LEGITIMADO PARA DENUNCIARLA.—El autorizado está legitimado para denunciar la contradicción de tesis entre la derivada de la ejecutoria pronunciada en un juicio de amparo en que se le otorgó tal representación y la sostenida por otro órgano jurisdiccional. Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que el artículo 27, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, no precisa tal facultad, también lo es que la enumeración de las que establece es enunciativa y no limitativa pues, entre otras, prevé la de realizar cualquier acto necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Además, aunque la denuncia referida no es un acto del procedimiento en el juicio de amparo, como del artículo 197-A de la ley citada se advierte que puede realizarse por las partes que intervinieron en los juicios en que las tesis respectivas fueron sustentadas, es indudable que dicha denuncia es un derecho garantizado por el citado precepto, en favor de las partes que intervinieron en los respectivos juicios constitucionales, con el propósito de preservar la seguridad jurídica mediante la determinación, por el órgano superior, del criterio que habrá de prevalecer y aplicarse en casos futuros."(5)

TERCERO.—Criterios contendientes.

Con el fin de resolver lo conducente sobre el tema de esta contradicción, se hace indispensable puntualizar previamente los antecedentes y consideraciones que sustentaron los criterios contenidos en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

PRIMERA POSTURA: SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE QUEJA 250/2019 DEL ÍNDICE DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Antecedentes.

**********, promovió juicio de amparo en la vía indirecta, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, que se hicieron consistir en lo siguiente:

a) La aprobación, determinación y ejecución de lo resuelto en el Acuerdo **********, aprobado en la Décima Octava Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, mediante el cual determina dejar sin efectos el punto de acuerdo ********** (lista de reserva estratégica) dictado en la décima novena sesión ordinaria celebrada el veinte de mayo de dos mil quince, dentro del cual se hace del conocimiento a los aspirantes aprobados y público en general la lista de aspirantes aprobados para integrar la lista de reserva estratégica de Jueces de Primera Instancia en Materia Familiar, derivada de la convocatoria aprobada en la novena sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el cuatro de marzo de dos mil quince, dentro del acuerdo número **********, con la finalidad de que los aspirantes aprobados se estén a lo acordado en la propia convocatoria.

b) La aprobación y elaboración del dictamen en que la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, determina dejar sin efectos el mencionado punto de acuerdo **********.

En el capítulo respectivo del escrito de demanda, la quejosa solicitó la suspensión en los siguientes términos:

"Solicito se me conceda la suspensión provisional y en su momento la definitiva de los efectos de los actos reclamados, esto es para que no se ejecute y en caso de haberse ejecutado se me restituya en el goce de mis derechos violados, ello para conservar la materia de amparo en el fondo."

Por razón de turno, el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, bajo el número de expediente 1189/2019, en donde por acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve se formó el incidente de suspensión relativo y, asimismo, se negó la medida cautelar provisional, bajo la razón medular de que lo que se reclama destacadamente constituye un acto consumado; que además, de concederse la medida cautelar en los términos solicitados, se analizarían cuestiones que deben ser materia de estudio en la sentencia que recaiga al expediente principal; y que por tanto: "... en el supuesto de conceder la medida cautelar peticionada, implicaría prolongar los efectos y consecuencias derivados de la citada lista de aspirantes en la que figuraba la quejosa, con lo cual se constituirían derechos a su favor que no tenía al momento de presentar su demanda."(6)

Inconforme con esa determinación, la quejosa interpuso recurso de queja, el que por razón de turno le correspondió al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 250/2019; y seguidos los trámites correspondientes, en sesión pública extraordinaria de diez de junio de dos mil diecinueve, se dictó la sentencia relativa, bajo el siguiente punto resolutivo:

"ÚNICO. Es infundado el recurso de queja."

Para resolver en ese sentido, el órgano de control constitucional desestimó en su conjunto los motivos de disenso, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos:

I. Al igual que el juzgador de amparo, estimó que no resultaba posible otorgar la suspensión por tratarse de actos consumados, porque ello implicaría darle efectos restitutorios, que son propios de la sentencia de amparo.

II. Así, luego de analizar los términos en que se solicitó la medida cautelar, advirtió que los actos reclamados ya se habían ejecutado, "... pues el dictamen fue aprobado mediante el acuerdo ********** que reclama, mismo que fue aprobado y publicado, por lo que asiste razón legal al Juez de Distrito en el sentido de que se trata de actos consumados y contra ellos no procede conceder la suspensión."(7) Lo anterior, lo sustentó en la jurisprudencia II.3o. J/37, de rubro: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE."(8)

III. El órgano jurisdiccional contendiente añadió que, para dar efectos restitutorios a la suspensión acorde a lo establecido en el primer y segundo párrafos del artículo 147 de la Ley de Amparo, primero, la suspensión debe ser procedente –lo que no sucede en el caso al tratarse de actos consumados– y debe ser jurídica y materialmente posible, lo que tampoco sucede, pues para ello habría que ordenar a la responsable que deje sin efectos el acto reclamado, lo que es materia del fondo del asunto y debe determinarse al momento de resolver el expediente principal del juicio.

IV. Acotó que en la especie, no advertía soslayo alguno por el Juez de Distrito, con relación a la observancia de la contradicción de tesis 255/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las consideraciones establecidas en la contradicción de tesis 77/2014, de la Segunda Sala, que según refirió la disconforme, establecen que sí procede la suspensión para el caso de la ejecución de un lanzamiento y con más razón del acto reclamado, lo que además constituye una afirmación sin sustento, pues no expone argumento alguno que justifique por qué en el presente asunto se puede dar efectos restitutorios a la suspensión.

V. Que además, en el caso no le reportaba beneficio alguno a la disconforme la jurisprudencia de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA AL FEDATARIO PÚBLICO SANCIONADO CON LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES POR INFRACCIÓN A LA LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE JALISCO, AUN CUANDO LA MEDIDA SE ESTÉ EJECUTANDO."(9) ello, porque: "... en él se establece que procede conceder la suspensión a un fedatario público sancionado con la suspensión temporal del ejercicio de sus funciones, y contrario a ello, el acto contra el que solicita la suspensión no la suspende de sus funciones, pues aún no las ejerce debido a la falta de nombramiento de adscripción que ella misma señala en su demanda."

VI. En otro aspecto, el Tribunal Colegiado de Circuito contendiente desestimó por ineficaces los motivos de disenso en los que la recurrente se queja de que con la negativa de la suspensión se resienten violaciones materialmente sustantivas generadas por dejar sin efectos el derecho adquirido de la peticionaria de amparo, y que los efectos de los actos consumados eran susceptibles de paralización; lo anterior, en primer lugar, por tratarse de una cuestión de fondo no analizable en ese recurso, y por otro lado, porque se trataba de afirmaciones sin sustento.

VII. Por último, acotó lo siguiente:

"Resulta de igual manera ineficaz el argumento de que debe otorgarse la suspensión porque podría llegarse al extremo de que se lancen nuevas convocatorias y se elijan a otros Jueces, dejándola sin posibilidad de ser adscrita en el supuesto de que se jubile, sancionen o fallezca algún titular del juzgado familiar; pues ni de autos, ni de las manifestaciones que la quejosa realiza en su demanda, se advierte que –por lo menos al momento en que se falla el presente asunto– se hallan lanzado las nuevas convocatorias para elegir Jueces, o exista diversa lista, por lo que no se advierte peligro en la demora."

SEGUNDA POSTURA: SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE QUEJA 234/2019 DEL ÍNDICE DEL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Antecedentes.

**********, promovió juicio de amparo en la vía indirecta, contra actos del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, que se hicieron consistir en lo siguiente:

a) La aprobación, determinación y ejecución del acuerdo **********, de quince de mayo de dos mil diecinueve, por la que se dejó sin efectos el punto de acuerdo ********** (lista de reserva estratégica); y

b) La aprobación, elaboración del dictamen para dejar sin efectos el punto de acuerdo ********** (lista de reserva estratégica).

En el capítulo respectivo del escrito de demanda, la quejosa solicitó la suspensión en los siguientes términos:

"... para que no se ejecute y en caso de haberse ejecutado se me restituya en el goce de mis derechos violados, ello para conservar la materia de amparo en el fondo.

"El objeto de la medida suspensional, es evitar que la quejosa siga resintiendo un perjuicio que sería irreparable aun y cuando se concediera el amparo solicitado, porque habría sufrido violaciones materialmente sustantivas generadas por el tiempo materia de la eliminación de la lista de Jueces a la que pertenezco; que en caso de que fuera negada la protección federal, la consecuencia sería que se levantaría la suspensión decretada y se continuaría con la eliminación de la lista de reserva de Jueces respectiva...".

Por razón de turno, el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, bajo el número de expediente 1169/2019, en donde por acuerdo de tres de junio de dos mil diecinueve se formó el incidente de suspensión relativo; y asimismo, se negó la medida cautelar provisional, bajo la razón medular de que con su otorgamiento se contravendrían el interés social y el orden público, pues a juicio del órgano jurisdiccional, con los datos aportados no era factible establecer que las autoridades responsables, por el hecho de que la parte quejosa formara parte de la lista de reserva, se obligaron a emitir un nombramiento de juzgador a su favor.

Inconforme con esa determinación, la quejosa interpuso recurso de queja, el que por razón de turno le correspondió al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el número de expediente 234/2019; y seguidos los trámites correspondientes, en la cuadragésima séptima sesión extraordinaria celebrada por ese tribunal en once de junio del año en curso, se dictó la sentencia relativa, bajo el siguiente punto resolutivo:

"ÚNICO. Se declara fundado este recurso de queja."

Y para resolver en ese sentido, el tribunal contendiente se apoyó en las siguientes consideraciones medulares:

De entrada declaró sustancialmente fundados los agravios, al considerar que, contrario a lo resuelto por el Juez de Distrito, al decretarse la suspensión para que no se ejecutara el acto reclamado, no se contravendrían disposiciones del orden público ni se afectaría el interés social, porque la impetrante tiene un derecho adquirido al haber resultado vencedora en el concurso respectivo, y con la suspensión, no se afecta la impartición de justicia, ya que esa medida solo tiene por efecto, que no se ejecute el acuerdo que canceló la lista de reserva de Jueces.

La base jurídica para sostener lo anterior, señaló el órgano jurisdiccional contendiente, se contiene en el artículo 107, fracción X, constitucional, así como en los numerales 128, 138 y 147 de la Ley de Amparo; así, del análisis que emprendió de los señalados numerales, razonó lo siguiente:

"En estas disposiciones se establecen los requisitos para el otorgamiento de la suspensión a petición de parte, para lo cual se debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable, ya que la suspensión se estima como un medio más de protección que dentro del procedimiento del amparo, concede la ley a los gobernados; de modo que, el Juez de Distrito, antes de estudiar a fondo el caso que se somete a su consideración, de recibir alguna prueba, de saber de modo cierto si existe una violación constitucional, tiene la facultad para suspender la ejecución del acto reclamado si se dan los supuestos legales.

"Por otra parte, cabe destacar que la suspensión en el juicio de amparo tiene por objeto evitar la ejecución de ciertos actos o la producción de ciertos efectos y que al resolverse sobre ella, no puedan abordarse cuestiones propias del fondo del asunto, aunque a través de ella puedan anticiparse, cuando la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora lo justifique, ciertos efectos que serían propios de la sentencia en el expediente principal.

"En este contexto, es válido afirmar que la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, lo que implica que para conceder la suspensión de la ejecución del acto o resolución reclamados, se requiere que estos actos o resoluciones causen una afectación o perjuicio a la esfera jurídica del solicitante de la medida, pues de lo contrario no se justificaría la adopción de tal medida en el juicio de amparo, pues debe recordarse que su finalidad última es preservar la materia del amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitándole los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle durante el tiempo que tome la tramitación del juicio.

"Precisada la naturaleza de la medida suspensional, así como la técnica que debe seguir el juzgador de amparo para resolver sobre tal medida, toca ahora ocuparse específicamente de la noción de interés social a que se refiere el texto constitucional y la Ley de Amparo.

"El interés social, asociado tradicionalmente al orden público, se refiere al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, de modo que se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno.

"En este orden de ideas, se considera que el interés social o el orden público se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.

"El legislador otorgó al juzgador la libertad de ponderar en qué supuestos se podría perjudicar el interés social o contravenir disposiciones de orden público, por lo que es en esa libertad que se concede al juzgador, en donde adquiere relevancia la apariencia del buen derecho.

"Así, corresponde al Juez de amparo, en cada caso, realizar un estudio respecto de la disposición o acto que se reclame para determinar si la suspensión es procedente conforme a la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo.

"Además, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que lo concede tiene por objeto restituir al quejoso el pleno goce del derecho violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija.

"Así, el juicio de amparo es el medio de control constitucional por excelencia con el que cuentan los ciudadanos para hacer posible la restitución de un derecho que hubiera sido desconocido o afectado. Sin embargo, muchas veces esta restitución puede no ser oportuna, por haberse consumado determinados actos de las autoridades responsables antes de que la autoridad de amparo se pronuncie con respecto a si realmente tuvo lugar o no la violación de la garantía.

"Precisamente para evitar lo anterior, es que el juicio de amparo contempla una figura jurídica como la suspensión del acto reclamado, cuya racionalidad es la conservación de la materia del juicio, atendiendo a las finalidades restitutorias del mismo, bajo los parámetros antes mencionados, establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el numeral 138 de la Ley de Amparo.

"De este modo, tomando en cuenta el contenido de esas disposiciones, que contemplan la obligación de los juzgadores de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, es claro que la suspensión debe entenderse como aquel medio eficaz que está al alcance de los juzgadores para evitar que se pierda la materia litigiosa.

"El Máximo Tribunal del País estableció criterio, en el sentido de que el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado; y que deberá negarse la suspensión solicitada si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado.

"Y además, es de interés social que el comportamiento de las autoridades se ajuste al orden jurídico de forma tal que actúen con respeto al principio de legalidad y, por tanto, si la suspensión pretende evitar que se consumen actos irregulares, es claro que conviene a la sociedad en tanto opera como un medio de control de la actuación aparentemente arbitraria de la autoridad, ya que está a debate la presunción de legalidad de sus actos y a la sociedad le interesa la vigencia del estado de derecho y la legalidad de tales actos como un bien que está por encima de los intereses de la administración.

"Tal criterio está contenido en las jurisprudencias 2a./J. 204/2009 y P./J. 15/96 (números de registro 165659 y 200136) emitidas por la Segunda Sala y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009 y Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, páginas trescientos quince y dieciséis, de rubros y textos siguientes:

"‘SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.’ (se transcribe)

"‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe texto)

"Con relación a la aplicación de la figura relativa a la apariencia del buen derecho, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 56/2015 (10a.), registro: 2010137, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Tomo II, octubre de 2015, página: 1594, del rubro y texto que dicen:

"‘SUSPENSIÓN. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACTO RECLAMADO SE VINCULE AL PAGO DE ALIMENTOS, NO EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO.’ (se transcribe)

Con base en lo anterior, luego de precisar algunas particularidades del caso (acto reclamado en la demanda, términos en que se solicitó la suspensión y consideraciones del acuerdo recurrido), el propio órgano jurisdiccional, reasumiendo la jurisdicción correspondiente, estimó que sí resultaba procedente la suspensión del acto reclamado, por cuanto hace a su ejecución, pues contrario a lo estimado por el Juez Federal, sí se colmaron los requisitos de procedencia previstos en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, porque: "... no se contravienen normas de orden público ni se causa perjuicio al interés social porque, no se afectaría la impartición de justicia, pues el acto reclamado no incide propiamente en ese aspecto, sino que se trata de una cuestión previa como es la lista de Jueces aprobados mediante una convocatoria que la propia autoridad emitió y aprobó, la cual ahora motu proprio ha dejado sin efecto, por lo que los órganos jurisdiccionales respectivos siguen operando y desempeñando sus funciones."

Para confirmar lo anterior, también precisó que:

"... si bien la sociedad está interesada en la designación de Jueces para la impartición de justicia, también es verdad lo que alega la impetrante, en el caso ha quedado demostrado que la recurrente se encuentra en la lista de Jueces aprobados conforme a la convocatoria de mérito, y que la misma no ha sido adscrita a juzgado alguno, por lo que de otorgar la medida cautelar no se incide en el servicio público de impartición y administración de justicia, como hizo parecer el juzgador en el acuerdo recurrido.

"Además, también es verdad como lo alega la quejosa en sus agravios, al haber aprobado las pruebas establecidas en la convocatoria para Jueces y resultar vencedora en ese concurso de oposición, contrario a lo que consideró el Juez de Distrito la impetrante ya cuenta con un derecho adquirido, criterio que sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver por unanimidad de votos los amparos en revisión 182/2017 y 790/2017 en sesiones de uno de marzo y trece de diciembre dos mil dieciocho, así como en los recursos de inconformidad 8/2018 y 11/2019 en sesión de diez de mayo de dos mil diecinueve.

"Por lo que se equivoca el juzgador al considerar que la impetrante tenga que someterse nuevamente a evaluaciones en términos de lo previsto en el artículo 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, en cuanto a la etapa de elección de Juez de primera instancia, dado que se insiste ello ya lo obtuvo con motivo de la inclusión de la lista de aspirantes aprobados, por lo que en todo caso, esos parámetros de valuación conforme a los cuatro aspectos que se señalan (la calificación obtenida en el concurso de oposición; la antigüedad en el Poder Judicial del Estado o l

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29268-59f1ac40/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-procede · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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