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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. POR REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA ORDEN DE READSCRIPCIÓN DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO, POR NECESIDADES DEL SERVICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2019. · Registro digital (IUS): 29466
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2020-08-21
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, Pág. 5717.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 9 DE DICIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: JESÚS DE ÁVILA HUERTA, FILEMÓN HARO SOLÍS, JOSÉ MANUEL MOJICA HERNÁNDEZ, ROBERTO CHARCAS LEÓN, OSCAR HERNÁNDEZ PERAZA, SILVIA ROCÍO PÉREZ ALVARADO Y CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. PONENTE: ROBERTO CHARCAS LEÓN. SECRETARIO: SERGIO MUNGUÍA ROJAS.

Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, del nueve de diciembre de dos mil diecinueve.

VISTOS, para resolver los autos del expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis 21/2019; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio número 3298/2019, de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, suscrito por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunciaron la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por dicho órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de queja 305/2019 y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al dilucidar, en su ejecutoria pronunciada en el recurso de queja 109/2016, que dio origen a la jurisprudencia III.5o.A. J/5 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Tomo IV, septiembre de 2016, página 2372, bajo el título y subtítulo: "CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE LOS JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA."

SEGUNDO.—Trámite del asunto. El Magistrado Jesús de Ávila Huerta, presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por acuerdo de diez de julio de dos mil diecinueve, registró la denuncia de contradicción de tesis bajo el expediente número 21/2019 y en el mismo acuerdo la admitió a trámite, en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Ter I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, así como en el artículo 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En esa medida, solicitó a la presidencia de los Tribunales Colegiados Quinto y Sexto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, remitieran copias certificadas de los recursos de queja 109/2016 y 305/2019, de sus respectivos índices (resolución recurrida y la ejecutoria que recayó en dicho asunto).

Por acuerdo de siete de agosto de dos mil diecinueve, el Magistrado presidente de este Pleno de Circuito en Materia Administrativa, tuvo por recibida la copia certificada de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 109/2016 por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y que en dicha comunicación se hacía del conocimiento que el criterio ahí sustentado seguía vigente.

Luego, mediante auto de doce de agosto de dos mil diecinueve, el Magistrado presidente de este Pleno de Circuito, tuvo por recibido el oficio del director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual informó que de conformidad a la comunicación oficial ********** de la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal del País, de la consulta realizada en el sistema de seguimiento de tesis pendientes de resolver, visible en las direcciones electrónicas https://www.scjn.gob.mx y/o https://intranet.scjn.pjf.gob.mx, no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada en el Alto Tribunal, en la que el punto a dilucidar guarde relación con la temática planteada en la contradicción de tesis que nos ocupa.

En acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, el mencionado Magistrado presidente tuvo por recibido el oficio del Magistrado presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remitió copia certificada de la ejecutoria que recayó dentro del recurso de queja 305/2019 de su índice, así como de la resolución ahí recurrida.

Posteriormente, mediante acuerdo de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, dicho Magistrado presidente del Pleno de Circuito, tuvo por recibido el oficio remitido por el presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual informó que el criterio sustentado en la ejecutoria que dilucidó el recurso de queja 109/2016 seguía vigente.

TERCERO.—Finalmente, en acuerdo de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, se ordenó turnar el asunto al Magistrado Roberto Charcas León, adscrito al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios de dos Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, de conformidad con el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta los principales antecedentes de los asuntos de donde emanan los que se denuncian como opositores y las consideraciones esenciales que los sustentan:

I. Del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el recurso de queja 305/2019.

1. Por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, correspondiente al cuaderno de suspensión del juicio de amparo 1328/2019, el Juez Decimosexto en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, concedió a la quejosa ********** la suspensión provisional solicitada contra el acuerdo adoptado por autoridades adscritas al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco de doce de junio de dos mil diecinueve, en donde se determinó su cambio de adscripción como juzgadora de primera instancia del Juzgado Decimoprimero Especializado en Materia Familiar del Primer Partido Judicial, al Juzgado Civil del Cuarto Partido Judicial, con sede en San Juan de los Lagos, Jalisco, así como su ejecución.

La razón toral de esa determinación, obedeció a que si bien constituye una regla general negar la suspensión en contra del cambio de adscripción de Jueces del Poder Judicial del Estado de Jalisco, también lo es que se actualiza un supuesto de excepción, como lo es la falta de un dictamen que justifique las necesidades del servicio que ameritaron ese cambio de adscripción.

2. En contra de ese acuerdo, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco interpuso recurso de queja, del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el toca 305/2019 de su índice (relacionado con el recurso de queja 305/2019).

En sesión de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, ese Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resolvió tal recurso de queja en el sentido de declararlo infundado, con base a las consideraciones que aquí destacan:

– El servicio de impartición de justicia en el Juzgado Décimo Primero Especializado en Materia Familiar del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, se ve salvaguardado mediante la medida cautelar otorgada, por lo que la suspensión concedida tiende a proteger el interés social y no trastocarlo.

– Es cierto que por regla general es improcedente conceder la suspensión en contra del cambio de adscripción de Jueces, pues cualquier acto que tienda a suspender la actividad del funcionario judicial en el lugar en el que se requiera su ayuda, involucra un obstáculo a la garantía de tutela jurisdiccional que resentiría la sociedad; sin embargo, se comulga con el Juez de Distrito, ello es una regla general y no absoluta, sino que admite excepciones.

– No se advierte que la autoridad responsable justificara las necesidades del servicio que ameritara el cambio de adscripción de la quejosa, por lo que no se desprende razón para estimar que al paralizar el cambio de adscripción se obstaculice la prestación del servicio de administración de justicia, sino que por el contrario, se permite la continuación de la prestación de ese servicio en la actual adscripción de la quejosa, máxime que, como lo destacó el Juez de Distrito, tomó en cuenta que la quejosa contaba con cursos, diplomados, cátedras en la materia de especialización del juzgado en el que se encontraba adscrita.

– No se comparte el criterio sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, por medio de la jurisprudencia III.5o.A. J/5 (10a.), que lleva por título y subtítulo: "CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE LOS JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA.", puesto que en dicho criterio se omitió considerar que existen supuestos excepcionales que permiten conceder la suspensión en contra de los efectos de la orden de cambio de adscripción de Jueces en el Estado de Jalisco, como lo es, que no se advierta justificación de las necesidades de que el servicio sea prestado en la nueva adscripción, y no en la actual, y que, por ende, se privilegie la continuidad en la prestación del servicio en la adscripción original.

II. Del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de queja 109/2016.

1. El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco (hoy en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo), en acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, correspondiente al incidente de suspensión del juicio de amparo 845/2016 de su índice, negó a ********** la suspensión provisional solicitada contra el acuerdo que ordena su cambio de adscripción del Juzgado Penal del Segundo Partido Judicial del Estado de Jalisco a un diverso Juzgado fuera de ese Partido Judicial. Ello, por no satisfacerse el requisito previsto en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, ya que, de otorgarse tal medida, se afectaría el interés de la sociedad.

2. En contra del acuerdo especificado en el párrafo anterior, el quejoso interpuso recurso de queja, del cual le correspondió conocer en razón de turno, al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, bajo el toca 109/2016 de su índice, mismo que en sesión extraordinaria de treinta de marzo de dos mil dieciséis, declaró infundado dicho recurso, en apoyo de las consideraciones que aquí sobresalen:

– Es infundado lo alegado por el quejoso respecto a que no se afectan disposiciones de orden público ni de interés social, por el hecho de que con la concesión de la medida cautelar no se entorpecen las funciones de las autoridades responsables; ya que esa no es la razón que torna improcedente la suspensión del cambio de adscripción, sino más bien ese perjuicio social se ocasiona por lo que ve al órgano jurisdiccional que por necesidades del servicio requiere de un Juez para cumplir con la encomienda constitucional de administrar justicia a la sociedad.

– Contrario a lo afirmado por el inconforme, el cambio de adscripción está vinculado con sus funciones como Juez de primera instancia, pues atendiendo a las circunstancias reales de la administración de justicia, éstas son necesarias en un diverso órgano jurisdiccional que por necesidades del servicio requiere de un titular para cumplir con su encomienda constitucional de administrar justicia a la sociedad.

– Es infundado lo alegado por el recurrente, en el sentido de que de llegar a estimar que el cambio de adscripción no cumple con los requisitos legales que establecen los artículos 189 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, esto es, la existencia de una causa fundada y que las necesidades del servicio así lo requieran, entraña su derecho a permanecer en el juzgado al que está adscrito, por el cambio de población sin previa anuencia por escrito de su parte, esto es, sin su consentimiento, pues refiere que la facultad del Consejo de la Judicatura del Estado para determinar los cambios de adscripción no significa quedar a merced de decisiones arbitrarias y sin sustento jurídico. Lo anterior es así, puesto que la apreciación de la justificación del cambio de adscripción, es un aspecto que, en todo caso, será materia de fondo del asunto que no es dable ventilar al momento de decidir sobre la suspensión provisional.

– Aunado a que, debido a las necesidades del servicio de la administración de justicia, el cambio de adscripción tendría que llevarse a cabo de manera pronta atendiendo al bien de la sociedad, que en momento y lugar determinado requiere se haga eficiente la administración de justicia mediante la adscripción de un Juez de primera instancia que se necesita para el eficiente desempeño de sus funciones y así poder cumplir con su deber de administrar justicia dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes.

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Es de atenderse a la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1)

De dicho criterio se desprende que para que exista la contradicción de criterios es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan:

a) Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

b) Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.

Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.(2)

Por tanto, de los antecedentes y consideraciones sustentadas por cada uno de los órganos contendientes, se advierte que sí existe la contradicción de tesis denunciada, por acreditarse plenamente los requisitos apuntados con antelación.

Así es, el primero de los requisitos, identificado bajo el inciso a), se materializa en la especie, porque ambos tribunales contendientes resolvieron sobre un punto jurídico de idéntica naturaleza, pues en sus respectivas ejecutorias decidieron sobre la suspensión provisional contra el cambio de adscripción de Jueces de primera instancia del Poder Judicial del Estado de Jalisco, quedando evidenciado que para resolver esa similar cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial interpretativo, con el empleo de los métodos jurídicos que estimaron pertinentes, a saber:

I) La procedencia de esa medida cautelar provisional apuntada, dependerá de que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco demuestre o no la necesidad del servicio para justificar el cambio de adscripción de los Jueces del Poder Judicial de la propia entidad.

II) Con el otorgamiento de la suspensión provisional, para que el juzgador no sea removido de su lugar de adscripción al que se le pretende readscribir, se obstaculiza o no la administración de justicia con la consecuente afectación al interés social.

Sobre esas bases y por la forma en que resolvieron los tribunales colegiados contendientes, también se configura el segundo de los requisitos, identificado con el inciso b), pues ambos arribaron a conclusiones disímbolas, como a continuación se verá.

El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, concedió la suspensión provisional con la consideración toral de que se estaba en presencia de una excepción a la regla general de que debe negarse la suspensión contra el cambio de adscripción de juzgadores, porque el Consejo de la Judicatura estatal no justificó las necesidades del servicio que ameriten dicho cambio; además, con la concesión de la medida para que el juzgador-quejoso permanezca en el lugar de su actual adscripción, se ve salvaguardado el servicio de impartición de justicia en ese juzgado especializado, porque la medida tiende a proteger el interés social y no trastocarlo, permitiendo que continúe la prestación del servicio.

En cambio, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, negó la suspensión provisional en un caso de idéntica naturaleza jurídica, porque se ocasionaría un perjuicio social en la medida de que el órgano jurisdiccional donde se readscribió al quejoso requiere de un juzgador que administre justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal; y que la demostración de la necesidad del servicio que justifique esa readscripción, es un aspecto que sólo es viable analizar en la sentencia que dirime el fondo del asunto y no en el cuaderno de suspensión.

En consecuencia, sobre la base del estudio de las mismas cuestiones jurídicas y el resultado obtenido, se configura la contradicción de criterios, cuyo tema consiste en resolver el siguiente cuestionamiento:

¿En el juicio de amparo es procedente decretar la suspensión provisional cuando el acto reclamado sea la determinación del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, consistente en la readscripción de Jueces de primera instancia, por necesidades del servicio?

QUINTO.—Consideraciones y fundamentos. Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de este Pleno de Circuito, en el sentido de que, por regla general, resulta improcedente la suspensión provisional en el amparo, contra la determinación del Consejo de la Judicatura Federal de readscribir Jueces de primera instancia por necesidades del servicio.

En principio, es menester tener en cuenta que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los actos reclamados en el juicio de amparo: "...podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social".

A ese respecto, el artículo 128 de la Ley de Amparo,(3) prevé que la suspensión se decretará siempre que la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; en tanto que sus diversos numerales 138(4) y 139,(5) señalan que al recibir la demanda, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social para, en su caso, conceder la suspensión provisional, la cual podrá modificarse o revocarse cuando surjan elementos que modifiquen la valoración que se realizó sobre la afectación que la medida cautelar puede provocar al interés social y al orden público.

Además, debe recordarse que la Segunda Sala del Tribunal Constitucional Mexicano determinó que la apariencia del buen derecho no puede invocarse para negar la suspensión de los actos reclamados por estimar, de manera preliminar, que son constitucionales, ya que ello no es acorde con la naturaleza ni la finalidad de la suspensión, máxime que el análisis relativo debe realizarse, al resolver el fondo del asunto.

Esto es, si bien, al resolver sobre la suspensión es factible realizar un análisis anticipado sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, lo cierto es que ello sólo es procedente para conceder dicha medida, a fin de asegurar provisionalmente el derecho cuestionado y, por tanto, la sentencia que se dicte en el proceso principal no pierda su eficacia, sin que esa decisión se torne arbitraria, pues, en todo caso, deben satisfacerse los requisitos establecidos para su otorgamiento.

El criterio relativo se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 10/2014 (10a.), que a la letra se lee:

"SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO NO PUEDE INVOCARSE PARA NEGARLA. Para otorgar la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, basta con comprobar la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; análisis que debe llevarse a cabo concomitantemente con el posible perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o la contravención a disposiciones de orden público, acorde con la fracción II del precepto legal citado. En congruencia con lo anterior, no puede invocarse la apariencia del buen derecho para negar la suspensión de los actos reclamados, al considerar de manera preliminar que el acto reclamado en el juicio de amparo es constitucional, debido a que esa aplicación no es acorde con su naturaleza ni con la finalidad de la suspensión pues, incluso, cuando se introdujo esa institución en la reforma constitucional de 6 de junio de 2011, se hizo para que fuera tomada en cuenta sólo en sentido favorable, es decir, para conceder la suspensión de los actos reclamados; además, su otorgamiento se sujeta a los requisitos establecidos para tal efecto, sin que sea factible negarla con un análisis superficial del acto reclamado, ya que se estaría aplicando una consecuencia no prevista en la ley, aunado a que dicho análisis corresponde realizarlo al resolver el fondo del asunto. No es obstáculo para arribar a esa conclusión, la circunstancia de que se lleve a cabo un análisis similar para conceder la medida cautelar, ya que ello obedece a que precisamente la finalidad de la suspensión es asegurar provisionalmente el derecho cuestionado, para que la sentencia que se dicte en el proceso principal no pierda su eficacia, sin que esa decisión se torne arbitraria, pues en todo caso deben satisfacerse los requisitos establecidos para su otorgamiento; máxime si se toma en cuenta que la Ley de Amparo prevé mecanismos para asegurar que las partes en litigio no sufran un daño irreparable al otorgarse la suspensión de los actos reclamados, aplicando la apariencia del buen derecho, lo que no podría garantizarse al quejoso si se negara la medida cautelar aplicando esa institución en sentido contrario y la sentencia que se dictare fuera favorable a sus intereses."(6)

Bajo esa tesitura, resulta que el análisis ponderado de la apariencia del buen derecho que se debe realizar para decidir sobre la suspensión del acto reclamado, no supone necesariamente un pronunciamiento preliminar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados, pues ello estará invariablemente sujeto a que se satisfagan los demás requisitos previstos para el otorgamiento de la medida cautelar, principalmente, que no se siga perjuicio al interés social, dado que éste prevalece respecto del interés particular de la parte quejosa; aspecto fundamental de procedencia de la suspensión del acto reclamado y que se constituye como un elemento de acreditación para su otorgamiento.

Ahora, con el propósito de contextualizar la temática de esta contradicción de tesis, debe precisarse que con el objetivo de mejorar los mecanismos para el desarrollo de las actividades de los Jueces del Poder Judicial del Estado de Jalisco y, además, para facilitar el acatamiento y respeto puntuales a las condiciones establecidas al respecto, se establece un procedimiento de readscripción de tales juzgadores, por necesidades del servicio.

Así, el artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; y los diversos numerales 189 y 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la propia entidad, disponen lo siguiente:

Constitución Política del Estado de Jalisco

"Artículo 64. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Supremo Tribunal de Justicia, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura en los términos que establezcan las leyes, con base en esta Constitución.

"El Consejo de la Judicatura estará integrado con cinco miembros, de los cuales uno será el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, quien lo presidirá, uno se elegirá de Jueces de primera instancia que tengan más de tres años en el cargo y los otros tres serán de origen ciudadano que no hubieren desempeñado un cargo dentro de la carrera judicial durante los cuatro años anteriores. La elección será por cuando menos las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso del Estado, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa convocatoria a la sociedad.

"Los consejeros deberán distinguirse por su capacidad, honestidad, honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas y reunir los requisitos exigidos para poder ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad.

"Salvo el presidente del Consejo, los demás consejeros durarán en su encargo cuatro años, serán substituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo.

"Los consejeros ejercerán sus funciones con independencia e imparcialidad, y sólo podrán ser removidos de su cargo en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes secundarias, en materia de responsabilidad de los servidores públicos.

"El Consejo de la Judicatura deberá funcionar en pleno o en comisiones, sus resoluciones serán definitivas; las de las comisiones se someterán al pleno, si este tuviere observaciones las regresará a la comisión para que elabore una nueva resolución que deberá aprobarse por unanimidad para ser presentada al pleno, en caso de no haber observaciones o resueltas éstas, se procederá a su ejecución. La comisión respectiva elaborará y presentará la integración de las listas de candidatos que para la elección de Magistrados prevé esta Constitución. Así mismo, resolverá sobre la designación y remoción de los Jueces de primera instancia, menores y de paz; y desarrollará el sistema de insaculación que prevea la Ley Orgánica del Poder Judicial para la elección de los jurados populares, que se enviarán al pleno, que podrá hacer observaciones en los términos anteriores.

"En la designación de los Jueces se preferirá, en igualdad de circunstancias, a aquellas personas que hayan prestado sus servicios en el Poder Judicial del Estado.

"La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos del Poder Judicial, así como la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de independencia judicial, honestidad, diligencia, imparcialidad, honradez, veracidad, excelencia profesional, eficiencia, eficacia, honorabilidad, objetividad, legalidad, rectitud, lealtad, celeridad, probidad y competencia.

"El Consejo de la Judicatura estará facultado para determinar el número y competencia de los juzgados de primera instancia, menores y de paz, así como para expedir los acuerdos necesarios para el ejercicio adecuado de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la ley.

"Las decisiones del Consejo de la Judicatura serán definitivas e inatacables."

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco

"Artículo 189. Corresponde al Pleno del Consejo General del Poder Judicial del Estado, asignar la competencia territorial y el órgano en que deban ejercer sus funciones los Jueces especializados y mixtos de primera instancia y Jueces menores y de paz. Asimismo, le corresponde readscribirlos a una competencia territorial o a un órgano de materia distinta, siempre que las necesidades del servicio así lo requieran y exista causa fundada y suficiente para ello.

"Siempre que fuere posible, y en términos de lo dispuesto en este capítulo, el Consejo General del Poder Judicial del Estado establecerá las bases para que los Jueces puedan elegir la plaza y materia del órgano de adscripción."

"Artículo 190. En aquellos casos en que para la primera adscripción de Jueces hubieran varias plazas vacantes, el Consejo General del Poder Judicial del Estado tomará en consideración, de conformidad con el acuerdo respectivo, los siguientes elementos: I. La calificación obtenida en el concurso de oposición; II. La antigüedad en el Poder Judicial del Estado o la experiencia profesional; III. En su caso, el desempeño en el Poder Judicial de la Entidad; y IV. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público así

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29466-2570a89f/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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