SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA EL ACUERDO QUE DEJA SIN EFECTOS LA LISTA DE RESERVA ESTRATÉGICA DE JUECES VENCEDORES EN UN CONCURSO DE OPOSICIÓN, EMITIDO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO.
INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (REVISIÓN) 370/2019. PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO Y OTRO. 10 DE OCTUBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ. SECRETARIO: JOSÉ DE JESÚS FLORES HERRERA.
CONSIDERANDO:
36. NOVENO.—Estudio de los agravios.
37. Los agravios son infundados en una parte e inoperantes en otra, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Amparo.
38. Conviene puntualizar que como de manera expresa lo autoriza el artículo 76 de la Ley de Amparo, se podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.
39. Al respecto, se comparte la tesis de jurisprudencia (IV Región)2o. J/5 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en la página 2018 del Libro 29, Tomo III, abril de 2016, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de abril de 2016 a las 10:08 horas», con número de registro digital: 2011406, que dice:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso."
40. Lo que aquí es materia de estudio es la interlocutoria de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, en donde el Juez de Distrito concedió la suspensión definitiva para el efecto de que las autoridades responsables, sólo respecto del quejoso, se abstuvieran de dejar sin efectos el punto de acuerdo A02, relativo a la lista de reserva estratégica impugnado.
41. Para combatir la sentencia que le otorgó la suspensión definitiva, las autoridades recurrentes, en sus agravios, en esencia aducen:
42. Que la interlocutoria recurrida resulta incorrecta, toda vez que el Juez a quo inobservó los efectos y alcances que se citaron en el punto de acuerdo A02, en el que se puntualizó que: "...el presente acuerdo no lleva a cabo una afectación real, material y cierta del derecho subjetivo de las personas que a la fecha integran la lista de reserva estratégica, ya que solamente se cuenta con una expectativa de derecho por haber aprobado el concurso respectivo..."; por lo que, contrariamente a lo expuesto por el Juez de Distrito, el acuerdo que constituye el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado, lo que aquél no consideró al emitir su determinación sobre la suspensión; esto es, la naturaleza de la violación alegada, la apariencia del buen derecho y el interés social.
43. Añaden las autoridades recurrentes que el a quo no tomó en cuenta lo expuesto por los artículos 128, 131, 138 y demás relativos de la Ley de Amparo, pues no analizó todos y cada uno de los puntos que se exigen para el otorgamiento de la medida cautelar; tampoco realizó un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social; que la sociedad se encuentra interesada en que la impartición de justicia se realice por personas que se distingan por su excelencia, honorabilidad, capacidad y honestidad para el adecuado desempeño de su labor, de manera que lo reclamado por el quejoso constituye una cuestión de interés público; que con el otorgamiento de la medida cautelar se contravienen disposiciones de orden público y el interés social, pues las autoridades responsables están facultadas para proveer, en el ámbito de sus atribuciones y acorde con las necesidades del servicio, las medidas necesarias para una eficaz impartición de justicia, de modo que restituir al disidente, no obstante que el acto se haya ejecutado, atenta contra ese interés público, ocasionando un perjuicio a la sociedad, que de otra manera no resentiría.
44. En el agravio segundo se aduce, en lo esencial, que contrariamente a lo expuesto por el Juez de Distrito, con el otorgamiento de la medida se causa perjuicio al interés social y contravención a disposiciones de orden público, pues con dicha situación se impedirá llevar a cabo la designación de juzgadores, quienes tienen la encomienda de impartir justicia, lo que podría provocar retardos en el dictado de las sentencias y acumulación de asuntos; esto es, "...no se atenderían las demandas de justicia dentro de las exigencias y debido (sic) necesidades inmediatas de caso (sic) concretos y con apego a las formalidades de la legislación aplicable...". (hoja 19 del cuaderno incidental)
45. Aduce la parte recurrente que la circunstancia de que los aspirantes ganadores del concurso aparezcan en la lista de reserva estratégica en su calidad de aspirantes aprobados, no les genera el derecho a ser adscritos como Jueces con prelación, dado que las adscripciones estaban sujetas a que las condiciones legales y presupuestarias lo permitieran, máxime que el concurso en el cual participó el agraviado tenía como objeto integrar una lista de aspirantes a Jueces de primera instancia y puntualiza: "...es decir, que se les otorgaría su adscripción cuando dicho Consejo lo estimara conveniente y hubiese plazas vacantes, pero no se establecieron mayores circunstancias para determinar la existencia de un derecho de preferencia en su favor en listado alguno; en ese sentido, el hecho de que una persona se encuentre registrada en la lista de reserva estratégica, únicamente representa la posibilidad de que pudiera ser designada en la categoría de Juez de primera instancia; empero, tal calidad no le generó derecho alguno para que el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco deba designarla...". (hoja 23 ídem)
46. Que contrariamente a lo expuesto por el quejoso, la responsable no está revocando sus propias determinaciones, pues simplemente, en uso de sus facultades, estimó que el punto de acuerdo A02 debía dejarse sin efectos por las cuestiones que ahí plasmó, lo cual fundó el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco en los artículos y acuerdos aplicables, por lo que el actuar de la responsable no violenta garantías constitucionales.
47. En el tercer agravio la parte recurrente esgrime, en resumen, que el Juez a quo indebidamente concedió la suspensión sin tomar en consideración que el acto reclamado, esto es, el Acuerdo S.O.18/2019 A213, mediante el cual se dejó sin efectos el diverso punto de acuerdo A02 (lista de reserva estratégica), acto positivo de ejecución instantánea: "...que se consumaron en el momento de su emisión y realización, respectivamente, por lo que no son susceptibles de ser suspendidos, pues se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo...". (hoja 28 ídem)
48. Añaden las autoridades recurrentes que no es dable afirmar que la "lista de reserva estratégica" creó una situación jurídica concreta entre los sujetos que la integraron y quien la emitió; de ahí que con la concesión de la suspensión se vulneró la parte final del artículo 131 de la Ley de Amparo, "...pues afecta una actividad que busca la elección de las mejores personas para ser titulares de los órganos encargados del servicio de impartición de justicia en el Estado de Jalisco..."; por lo cual, con la suspensión "...se generaría una evidente afectación a la colectividad, que se encuentra interesada en el óptimo ejercicio de la actividad jurisdiccional, mediante la elección de los mejores candidatos y candidatas, de tal manera que se asegure la igualdad de oportunidades, sin privilegios o ventajas irrazonables...". (hoja 33 ídem)
49. Que con la medida cautelar, al tener de nuevo al quejoso en el listado del que fue excluido, se le daría el derecho a ser designado Juez y se le otorgaría un trato privilegiado, cuando el procedimiento para la emisión de los nombramientos no puede involucrar privilegios o ventajas y, explica: "...la suspensión genera que las autoridades otorguen un trato privilegiado al peticionario del amparo, al obligarlas a que, prácticamente sin mayor valoración, lo elijan como Juez, al ser el único aspirante que estaría (de manera provisional) en el listado de reserva correspondiente, lo que de suyo impide que se le compare con alguien más...". (hoja 33 ídem)
50. En el agravio cuarto las autoridades recurrentes aducen que no se atendió la naturaleza de los actos reclamados, los cuales tienen la característica de ser "consumados"; añaden que si bien el quejoso aparece como vencedor en la "Lista definitiva de aspirantes aprobados del concurso abierto de oposición libre" y, por ello, se le incluyó en la lista de reserva estratégica de Jueces de Primera Instancia en Materia de Oralidad Penal; sin embargo, ello no le otorga al quejoso, per se, un derecho que obligue al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco a otorgarle una adscripción; es decir, "...ello no conlleva que se le reconozcan desde ese momento todas las prerrogativas que tiene inmerso el cargo de Juez...". (hoja 37 ídem)
51. En el quinto agravio las autoridades recurrentes argumentan, en síntesis, que la interlocutoria dictada por el Juez de Distrito resulta ilegal, pues inadvirtió que los conceptos de violación no se encaminan a combatir el acto reclamado y puntualiza: "...desde la presentación del escrito de demanda, el resolutor de Distrito pudo advertir, con toda certeza, que el libelo de la demanda era notoriamente improcedente, dado que las supuestas violaciones y/o inconformidades que expone el quejoso en torno al cumplimiento de los requisitos de la convocatoria..."(sic) y, abunda en su razonamiento al señalar: "...el quejoso no tiene interés jurídico para demandar, ni aun respecto de los conceptos de violación, pues no se le genera ningún perjuicio en su esfera jurídica de derechos, siendo esta situación manifiesta e indudable desde la presentación del libelo de demanda, por lo que en ese escenario, el Juez de Distrito debió actuar conforme le ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechando de plano la demanda de amparo...". (hoja 39 ídem)
52. En el sexto agravio la parte recurrente medularmente sostiene que la interlocutoria impugnada resulta ilegal, toda vez que con los efectos de la suspensión definitiva se pretenden imponer exigencias legales que no están previstas en los artículos 189, 190 y 191 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, con lo cual se atenta y retarda la integración de los órganos jurisdiccionales; añade que la sola circunstancia de que hubiera aprobado el concurso para Jueces especializados, no le genera un derecho adquirido y precisa: "...el hecho de haber estado integrado en la lista de reserva estratégica, únicamente generaba para éste una expectativa de derecho, por haber aprobado el concurso respectivo, lo que desde luego no le genera un derecho adquirido, ni prelación para ser adscrito a alguno de los juzgados, pues en dicha convocatoria no se estaban concursando vacantes de Jueces...". (hoja 48 ídem)
Agravios infundados
53. En primer término, resultan infundados los agravios en la parte que sostienen que procedía negar la suspensión, dado que el reclamado Acuerdo S.O.18/2019 A213, mediante el cual se dejó insubsistente el diverso punto de acuerdo A02 (lista de reserva estratégica), tiene el carácter de consumado y, por ende, no es susceptible de suspenderse; lo anterior es así, pues si bien es verdad que la emisión del referido acuerdo por parte del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco debe considerarse como un acto consumado, también lo es que los efectos de su ejecución son susceptibles de paralizarse.
54. Se concluye lo anterior, toda vez que tratándose de actos consumados, como lo es la emisión de un acuerdo o resolución, éstos a su vez puedan tener efectos y consecuencias que aún no se realicen, respecto de los cuales es dable conceder la suspensión, siempre que con ello no se afecte el interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
55. En relación con la conclusión anterior, resulta aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 138/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 2, septiembre de 2013, página 1656, con número de registro digital 2004603, que dice:
"SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LOS EFECTOS DE UNA AUTORIZACIÓN, PERMISO O LICENCIA.—Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el juicio de amparo es improcedente conceder la suspensión respecto de actos consumados, entendidos como aquellos cuya emisión se ha realizado en su totalidad, lo cierto es que respecto de sus efectos y consecuencias sí es posible otorgar la medida cautelar. Así, aun cuando la emisión de una autorización, permiso o licencia constituye un acto consumado, respecto de sus efectos o consecuencias que posteriormente puedan ejecutarse, procede otorgar la suspensión solicitada, si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público."
56. Por otra parte, resultan infundados los agravios que esgrimen las autoridades responsables recurrentes, en los que reiteradamente aducen que la inclusión del quejoso en la "lista de reserva estratégica" no le otorgó el derecho a ser nombrado Juez, dado que se trata de un listado que solamente genera una expectativa de derecho, mientras que con el otorgamiento de la medida suspensional se causa perjuicio al interés social y contravención a disposiciones de orden público.
57. Lo anterior es así, pues este Tribunal Colegiado estima que la suspensión definitiva en los términos en que fue concedida por el Juez de Distrito, esto es, para el efecto de que no se ejecute (surta efectos) el acuerdo reclamado, no contraviene disposiciones de orden público ni afecta el interés social, pues se estima que el quejoso tiene un derecho adquirido al haber resultado vencedor en la convocatoria respectiva; además de que con el otorgamiento de la suspensión no se afecta la impartición de justicia, ya que la medida solicitada sólo tiene por efecto que no se ejecute el acuerdo que canceló la lista de reserva de Jueces, en lo que al agraviado se refiere, lo que no incide en la administración de justicia.
58. La base jurídica para sostener lo anterior se contiene en los artículos 107, fracción X, constitucional y 128, 138 y 147 de la Ley de Amparo, que dicen:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social."
"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el quejoso; y
"II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.
"La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado."
"Artículo 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público, en su caso, acordará lo siguiente:
"I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado;
"II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y
"III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes."
"Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos.
"Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo.
"El órgano jurisdiccional tomará las medidas que estime necesarias para evitar que se defrauden los derechos de los menores o incapaces, en tanto se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo."
59. En estas disposiciones se establecen los requisitos para el otorgamiento de la suspensión a petición de parte, para lo cual se debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social, para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado; para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable, ya que la suspensión se estima como un medio más de protección que dentro del procedimiento del amparo concede la ley a los gobernados; de modo que el Juez de Distrito, antes de estudiar a fondo el caso que se somete a su consideración, de recibir alguna prueba o de saber de modo cierto si existe una violación constitucional, tiene la facultad para suspender la ejecución del acto reclamado si se dan los supuestos legales.
60. Por otra parte, cabe destacar que la suspensión en el juicio de amparo tiene por objeto evitar la ejecución de ciertos actos o la producción de ciertos efectos y que al resolverse sobre ella, no puedan abordarse cuestiones propias del fondo del asunto, aunque a través de ella puedan anticiparse, cuando la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora lo justifiquen, ciertos efectos que serían propios de la sentencia en el expediente principal.
61. En este contexto, es válido afirmar que la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son: la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, lo que implica que para conceder la suspensión de la ejecución del acto o resolución reclamada, se requiere que estos actos o resoluciones causen una afectación o perjuicio a la esfera jurídica del solicitante de la medida, pues de lo contrario no se justificaría la adopción de tal medida en el juicio de amparo, pues debe recordarse que su finalidad última es preservar la materia del amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitándole los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle durante el tiempo que tome la tramitación del juicio.
62. Ahora bien, como se anticipó, son infundados los agravios en análisis, porque contrario a lo dicho por las recurrentes, el quejoso tiene interés suspensional, porque al haber aprobado el concurso abierto de oposición libre para integrar una lista de reserva de Jueces, adquirió el derecho a ser nombrado Juez de primera instancia.
63. Lo anterior es así, pues al haber acreditado las pruebas establecidas en la convocatoria para Jueces y resultar vencedor en ese concurso de oposición, contrario a lo que afirma la recurrente, el impetrante ya cuenta con un derecho adquirido; criterio que sostuvo este Tribunal Colegiado al resolver, por unanimidad de votos de sus integrantes, los amparos en revisión 182/2017 y 790/2017, en sesiones de uno de marzo y trece de diciembre dos mil dieciocho, así como en los recursos de inconformidad 8/2018 y 11/2019, en sesión de diez de mayo de dos mil diecinueve.
64. Conviene tener presente que para estar incluido en la lista de reserva de juzgadores, como el quejoso, se siguió un procedimiento para la selección en términos de la convocatoria y del artículo 184 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el cual dispone:
"Artículo 184. Los concursos de oposición para el ingreso a las categorías de Juez especializado o Juez mixto de primera instancia, se sujetarán al siguiente procedimiento:
"I. El Consejo General del Poder Judicial del Estado emitirá una convocatoria que deberá ser publicada por una vez en el Boletín Judicial, y en tres de los diarios de mayor circulación en el Estado. En la convocatoria, se deberá especificar si el concurso se trata de concurso abierto de oposición o de concurso interno de oposición.
"La convocatoria señalará las categorías y número de vacantes sujetas a concurso, el lugar, día y hora en que se llevarán a cabo los exámenes, así como el plazo, lugar de inscripción y demás elementos que se estimen necesarios;
"II. Los aspirantes inscritos deberán resolver por escrito un cuestionario cuyo contenido versará sobre materias que se relacionen con la función de la plaza para la que se concursa.
"De entre el número total de aspirantes sólo tendrán derecho a pasar a la siguiente etapa las cinco personas que por cada una de las vacantes sujetas a concurso hayan obtenido las más altas calificaciones;
"III. Los aspirantes seleccionados, en términos de la fracción anterior, resolverán los casos prácticos que se les asignen mediante la redacción de sentencias. Posteriormente se procederá a la realización del examen oral y público que practique el jurado, mediante preguntas e interpelaciones que realicen sus miembros sobre toda clase de cuestiones relativas a la función que se les encomendaría. La calificación final se determinará con el promedio de los puntos que cada miembro del jurado le asigne al sustentante.
"Al llevar a cabo su evaluación, el Jurado tomará en consideración los cursos y estudios que haya realizado el sustentante, la antigüedad en el Poder Judicial del Estado, el desempeño, el grado académico y los cursos de actualización y especialización que haya acreditado, en términos del reglamento que dicte el Consejo General del Poder Judicial. Cuando ningún sustentante alcance el puntaje mínimo requerido, el concurso se declarará desierto; y
"IV. Concluidos los exámenes orales, se levantará un acta final y el presidente del jurado declarará quiénes son los concursantes que hubieren resultado aprobados y el medio de selección utilizado, e informará de inmediato al Consejo General para que expida los nombramientos respectivos y los publique en el Boletín Judicial del Estado."
65. Como se ve, dicho artículo establece el procedimiento para el ingreso a las categorías de Juez especializado o Juez mixto de primera instancia, el cual es a través de concursos de oposición.
66. Dicho procedimiento inicia con la emisión de una convocatoria por parte del Consejo General del Poder Judicial del Estado, que deberá ser publicada por una vez en el Boletín Judicial y en tres de los diarios de mayor circulación en el Estado. En la convocatoria se deberá especificar si el concurso se trata de uno abierto de oposición, o de uno interno de oposición.
67. En la misma convocatoria se señalarán las categorías y número de vacantes sujetas a concurso, el lugar, día y hora en que se llevarán a cabo los exámenes, así como el plazo, lugar de inscripción y demás elementos que se estimen necesarios.
68. Los aspirantes inscritos deberán resolver por escrito un cuestionario, cuyo contenido versará sobre materias que se relacionen con la función de la plaza para la que se concursa; de entre el número total de aspirantes sólo tendrán derecho a pasar a la siguiente etapa las cinco personas que por cada una de las vacantes sujetas a concurso hayan obtenido las más altas calificaciones.
69. Después, los aspirantes seleccionados, en términos del párrafo anterior, resolverán los casos prácticos que se les asignen mediante la redacción de sentencias. Posteriormente se procederá a la realización del examen oral y público que practique el jurado, mediante preguntas e interpelaciones que realicen sus miembros sobre toda clase de cuestiones relativas a la función que se les encomendaría. La calificación final se determinará con el promedio de los puntos que cada miembro del jurado le asigne al sustentante.
70. Luego, al llevar a cabo su evaluación, el jurado tomará en consideración los cursos y estudios que haya realizado el sustentante, la antigüedad en el Poder Judicial del Estado, el desempeño, el grado académico y los cursos de actualización y especialización que haya acreditado, en términos del reglamento que dicte el Consejo General del Poder Judicial. Cuando ningún sustentante alcance el puntaje mínimo requerido, el concurso se declarará desierto.
71. Una vez concluidos los exámenes orales, se levantará un acta final y el presidente del jurado declarará quiénes son los concursantes que hubieren resultado aprobados y el medio de selección utilizado e informará de inmediato al Consejo General para que expida los nombramientos respectivos y los publique en el Boletín Judicial del Estado.
72. En este orden de ideas, una vez que se tiene el dato de los concursantes que resultaron aprobados, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial del Estado es quien tiene la facultad de adscribir a los Jueces, conforme lo establecen los artículos 189 y 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que dicen:
"Artículo 189. Corresponde al Pleno del Consejo General del Poder Judicial del Estado, asignar la competencia territorial y el órgano en que deban ejercer sus funciones los Jueces especializados y mixtos de primera instancia y Jueces menores y de paz. Asimismo, le corresponde readscribirlos a una competencia territorial o a un órgano de materia distinta, siempre que las necesidades del servicio así lo requieran y exista causa fundada y suficiente para ello.
"Siempre que fuere posible, y en términos de lo dispuesto en este capítulo, el Consejo General del Poder Judicial del Estado establecerá las bases para que los jueces puedan elegir la plaza y materia del órgano de adscripción."
"Artículo 190. En aquellos casos en que para la primera adscripción de Jueces hubieran varias plazas vacantes, el Consejo General del Poder Judicial del Estado tomará en consideración, de conformidad con el acuerdo respectivo, los siguientes elementos:
"I. La calificación obtenida en el concurso de oposición;
"II. La antigüedad en el Poder Judicial del Estado o la experiencia profesional;
"III. En su caso, el desempeño en el Poder Judicial de la entidad; y
"IV. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente."
73. Como se ve, el artículo 189 transcrito establece que corresponde al Pleno del Consejo General del Poder Judicial del Estado asignar la competencia territorial y el órgano en que deban ejercer sus funciones los Jueces especializados y mixtos de primera instancia y Jueces menores y de paz. Asimismo, le corresponde readscribirlos a una competencia territorial o a un órgano de materia distinta, siempre que las necesidades del servicio así lo requieran y exista causa fundada y suficiente para ello.
74. Que siempre que fuere posible y en términos de lo dispuesto en este capítulo (sic), el Consejo General del Poder Judicial del Estado establecerá las bases para que los Jueces puedan elegir la plaza y materia del órgano de adscripción.
75. Luego, el artículo 190 citado establece que en aquellos casos en que para la primera adscripción de Jueces hubieran varias plazas vacantes, el Consejo General del Poder Judicial del Estado tomará en consideración, de conformidad con el acuerdo respectivo, la calificación obtenida en el concurso de oposición; la antigüedad en el Poder Judicial del Estado o la experiencia profesional; en su caso, el desempeño en el Poder Judicial de la entidad y el grado académico, que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público; así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente.
76. De ahí que no le asista razón a las autoridades responsables inconformes, en cuanto a que la lista relativa no creó una situación jurídica concreta entre los sujetos que la integraron y quien la emitió; pues el quejoso, al cumplir con la convocatoria y ser seleccionado vencedor se convirtió en Juez en espera de adscripción; por tanto, tiene un derecho adquirido.
77. En ese sentido, contrario a la afirmación de la parte recurrente, se estima que el Juez de Distrito actuó con legalidad al conceder la suspensión definitiva, atendiendo a los daños irreparables que podrían ocasionarse a la pretensión del agraviado, pues tal como se expuso en la interlocutoria que se revisa, en ca
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29325-a5ea74e0/suspension-en-el-juicio-de-amparo-procede-concederla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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