SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE EN CONTRA DE LA OMISIÓN DE RESOLVER SOBRE LA PROPUESTA DE RENOVACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE UN SERVIDOR PÚBLICO REALIZADA POR UN CONSEJERO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE JALISCO [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 70/2019 (10a.)].
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 6/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 29 DE MARZO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y ANA LUISA MENDOZA VÁZQUEZ Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS (PRESIDENTE). PONENTE: ARTURO ITURBE RIVAS. SECRETARIA: ROSALBA JANETH RODRÍGUEZ SANABRIA.
Cuernavaca, Morelos. El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, en sesión correspondiente al veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
1. Correspondiente a la contradicción de criterios 6/2023, suscitada entre los criterios sustentados por el Primer y elSegundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco.
2. La problemática jurídica que subyace en este caso consiste en determinar si procede conceder la suspensión provisional cuando se reclama la omisión de resolver sobre la propuesta de renovación del nombramiento de un servidor público realizada por un consejero de la Judicatura del Estado de Jalisco.
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, denunció la posible contradicción suscitada entre el criterio sostenido por dicho tribunal en el recurso de queja ********** contra el criterio adoptado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, del mismo lugar, en el diverso recurso de queja **********, de su índice, mediante oficio enviado vía correo electrónico el veinte de diciembre de dos mil veintidós, al extinto Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
4. Mediante acuerdo de uno de febrero de dos mil veintitrés, el Magistrado presidente de este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios, ordenó su registro con el consecutivo 6/2023, y por turno, correspondió conocer del asunto a dicho Magistrado.
5. En el mismo auto, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, informando mediante oficio **********, sobre la vigencia del criterio sustentado en la queja **********, de su índice.
6. El veintidós de febrero del año en curso, se recibió vía electrónica el oficio **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con el cual sostiene la vigencia de su criterio en la queja **********.
7. Por oficio **********, la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, informó a este Pleno que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se encuentra contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.
8. Mediante auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, la presidencia de este órgano confirmó el turno electrónico a su ponencia.
II. COMPETENCIA
9. Este Pleno Regional en Materia Administrativa Región Centro-Sur es competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 8 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales y artículo 2 del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia jurisdiccional territorial y domicilio; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por el Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco.
III. LEGITIMACIÓN
10. La denuncia de la contradicción de criterios proviene de parte legitimada, en términos de los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque fue formulada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
11. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
12. Primer criterio contendiente. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, Jalisco, conoció del recurso de queja **********.
13. Los antecedentes que interesan de la ejecutoria pronunciada son:
14. Demanda de amparo indirecto y solicitud de suspensión. La parte quejosa promovió amparo indirecto en el que reclamó del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; sus integrantes; Comisión de Administración y Actualización de Órganos de dicho Consejo; Congreso; y gobernador del Estado; la omisión de resolver sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la parte quejosa realizada por un consejero de la Judicatura del Estado de Jalisco, entre otros actos. En ese sentido, solicitó la medida cautelar básicamente para el efecto de que la autoridad cesara en la omisión atribuida y como tutela anticipada de manera provisional, se le permitiera desempeñar su cargo y se le otorgara seguridad social a ella y sus beneficiarios.
15. Incidente de suspensión. El Juez de Distrito negó la suspensión provisional al considerar que no era posible constituir derechos a favor de la parte quejosa, debido a que el último nombramiento expedido a su favor concluyó el treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, en tanto que la demanda que dio origen al juicio de amparo se presentó el catorce de noviembre posterior; además, indicó, que de concederse la medida cautelar en los términos solicitados, se darían efectos restitutorios, los cuales son exclusivos de la sentencia que otorgue la protección solicitada.
16. Recurso de queja. La amparista interpuso recurso de queja en el que sostuvo como agravios, que los efectos restitutorios no son exclusivos de la sentencia que se dicte en el fondo del asunto, puesto que la suspensión constituye un adelanto provisional donde se debe ponderar el interés social, la apariencia del buen derecho, así como la posibilidad jurídica y material de otorgarlo.
Cuestiones jurídicas
17. Por unanimidad de votos el Tribunal Colegiado declaró fundado el recurso por lo siguiente:
18. En principio, precisó que no era posible conceder la suspensión para que la quejosa continuara en funciones en su nombramiento, porque éste era de carácter temporal, el cual venció antes de que se presentara la demanda de amparo; entonces, se estaría constituyendo un derecho con el que no contaba al promover el juicio de amparo.
19. En cambio, estimó parcialmente fundado el agravio en el que la recurrente sostuvo que no se analizaron los efectos para los que se solicitó la medida cautelar, en relación con la omisión de resolver la propuesta de renovación de nombramiento elevada por el consejero de la Judicatura del Estado de Jalisco.
20. Citó las consideraciones de la contradicción de tesis 85/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 70/2019, de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA.", y señaló que al tenor de lo expuesto, la omisión de resolver la propuesta de renovación de nombramiento, si bien tiene naturaleza de un acto negativo omisivo, lo cierto es que sí es posible proveer en torno a la medida cautelar para el efecto de que la peticionaria alcance transitoriamente un beneficio.
21. En abundamiento, señaló que aun cuando se considerara que el estudio correspondiente pudiera dejar sin materia el juicio de amparo, conforme a la contradicción de tesis 146/2019, del Pleno del Máximo Tribunal, es jurídicamente factible conceder la suspensión con asomo al fondo del juicio de amparo.
22. En ese sentido, con fundamento en el numeral 103 de la Ley de Amparo, reasumió jurisdicción y determinó que se cumplieron los requisitos de procedencia de la medida cautelar, pues existe solicitud de la parte quejosa quien demostró contar con interés suspensional; aunado a que se acreditó la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, así como que no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público.
23. En consecuencia, revocó el auto recurrido y por unanimidad de votos –la ponente formuló voto aclaratorio en relación al considerando de la competencia; voto particular en relación a la utilización de la herramienta interpretativa de perspectiva de género; y voto concurrente en relación a los efectos que se imprimieron a la medida cautelar–; concedió la suspensión provisional para efectos diversos a los solicitados por la parte quejosa, consistentes en:
"1. Que cese en la omisión de elaborar dictamen por parte de la Comisión de Administración responsable, así como la falta de decisión por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, también autoridad responsable, resuelva de manera fundada y motivada sobre la propuesta de renovación de nombramiento en favor de ********** para el cargo de **********, presentada por el consejero ********** ponderando los factores del desempeño de la quejosa así como la idoneidad de ésta para ocupar el cargo, y que ha desempeñado el cargo con al menos seis nombramientos anteriores, de manera ininterrumpida, y sin notas desfavorables en su expediente, según lo informó el consejero solicitante.
"Se precisa que, tanto para emitir el dictamen, como para la resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura, no se constriñe a que se dicten en sentido alguno.
"Para tal efecto, las autoridades responsables cuentan con el improrrogable plazo de cuarenta y ocho horas para acatar la suspensión (emitir el dictamen y resolver sobre la renovación de nombramiento), que se computarán a partir de que surta sus efectos la notificación de la presente ejecutoria.
"2. La totalidad de las autoridades deberán cesar de inmediato en todas aquellas conductas, acciones, omisiones, órdenes o cumplimiento de órdenes que impliquen censura, amedrentación, intimidación y discriminación contra la quejosa.
"Las autoridades deberán rendir informe al Juez Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco en el plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a que surta sus efectos la notificación de la presente ejecutoria, donde comuniquen y prueben las medidas que adoptaron en acatamiento a los efectos para los que se otorgó la medida cautelar; en tanto que el juzgador de amparo deberá vigilar que el acatamiento se verifique en los plazos establecidos, es decir, en cuarenta y ocho horas el primero de los efectos impresos a la suspensión, inmediatamente el segundo de los efectos, y en cuarenta y ocho horas la rendición del informe respectivo."
24. Segundo criterio contendiente. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, conoció del recurso de queja **********.
25. Los antecedentes que interesan de dicha ejecutoria son:
26. Demanda de amparo indirecto y solicitud de suspensión. La parte quejosa promovió amparo indirecto en el que reclamó del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; sus integrantes; Comisión de Administración y Actualización de Órganos de dicho Consejo; Congreso; y, gobernador del Estado, la omisión de resolver sobre la propuesta de renovación del nombramiento del amparista elevada por un consejero de la Judicatura del Estado de Jalisco, entre otros actos. En ese sentido, solicitó la suspensión del acto básicamente para efecto de que la autoridad cesara en la omisión atribuida y como tutela anticipada de manera provisional, se le permitiera desempeñar su cargo y se le otorgara seguridad social a éste y sus beneficiarios.
27. Incidente de suspensión. El Juez de Distrito negó la suspensión provisional al considerar que a los actos reclamados les asistía el carácter de consumados, contra los cuales resultaba improcedente conceder la medida cautelar, pues de hacerlo se darían efectos restitutorios propios de la sentencia que, en su caso, se dicte en el juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión, en términos de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo.
28. Recurso de queja. El quejoso interpuso recurso de queja en el que adujo en esencia, que de manera incorrecta el Juez Federal determinó que el acto reclamado consistente en la omisión de resolver sobre la propuesta de renovación de nombramiento del quejoso era un acto consumado, porque no atendió que se trata de un acto de naturaleza omisiva que subsiste, por lo que era susceptible de suspenderse conforme a la jurisprudencia 1a./J. 70/2019, de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA." y, por tanto, procedía la suspensión del acto reclamado a efecto de que cesaran las omisiones y se estudiara y decidiera sobre las propuestas de renovación de nombramiento del amparista sin discriminación por ideología política.
Cuestiones jurídicas
29. Por unanimidad de votos el Tribunal Colegiado declaró infundado el recurso por lo siguiente:
30. En principio, indicó que le asistía razón al recurrente, porque era jurídicamente desacertada la determinación del Juez de Distrito al negar la suspensión provisional del acto reclamado, consistente en la omisión atribuida a las responsables de dar respuesta a las propuestas de renovación del nombramiento de la parte quejosa, con sustento en clasificar como consumado tal acto, porque la omisión se actualiza momento a momento sin agotarse, por lo que en esa medida, a la omisión en sí misma considerada le reviste el carácter de acto continuado y no consumado, pues hasta ese momento y solo con base en las afirmaciones hechas por el impetrante bajo protesta de decir verdad, lo único que se conoce es que no se ha emitido el pronunciamiento por lo que se refiere a la propuesta de nombramiento que se formuló a su favor.
31. Enseguida, reasumió jurisdicción respecto a la aludida omisión, no obstante consideró que no procedía conceder la suspensión provisional del referido acto reclamado, en tanto que, si bien se cumple con el requisito establecido en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, dado que la suspensión fue solicitada por la parte quejosa y también se encontraba satisfecho de manera indiciaria el requisito que se refiere a la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; sin embargo, señaló, para verificar la exigencia indicada en la fracción II del numeral en cita, debía analizarse la apariencia del buen derecho, ponderación que debía encontrarse satisfecha a fin de que la medida cautelar pudiera ser otorgada, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 70/2019, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA."
32. Para ello, citó las consideraciones que dieron origen a la jurisprudencia mencionada, de las que obtuvo que tratándose de actos que no conllevan una ejecución material propiamente dicha, como son los omisivos o meramente declarativos, debe ponderarse para la procedencia de la suspensión con efectos restitutorios provisionales (pretensión que refiere la parte quejosa en su escrito de demanda) que éstos puedan actualizarse momento a momento, y que la concesión de la medida cautelar no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia que conceda el amparo.
33. En ese sentido, indicó que no es jurídica, ni materialmente posible conceder la suspensión del acto referido con alcances restitutorios, en razón de que en caso de hacerlo, la omisión reclamada dejaría de existir de momento a momento, e incluso, su alcance coincidiría exactamente con los efectos que serían impresos en caso de llegarse a conceder el amparo solicitado, dado que se otorgaría al quejoso lo peticionado y, por consecuencia, se revocaría la postura que, de manera tácita, hasta el momento de la presentación de la demanda, había sido establecida por las autoridades responsables sobre la propuesta de renovación de su nombramiento concluido; por tanto, estimó que se incumplía con la condición relativa a que la suspensión no coincida con la sentencia de fondo.
34. Y por lo que hizo a las consecuencias jurídicas de los actos reclamados (como recibir las prestaciones y pago referente al cargo en el que pretende continuar el impetrante), estimó que no se acreditó ni de modo indiciario, que la parte quejosa contara con nombramiento vigente a la fecha de presentación de la demanda de amparo, por lo que no era posible establecer que la suspensión pretendida se proyecte en relación con un derecho que ya no se encuentra incorporado en la esfera jurídica del amparista, pues se le estaría dando efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal.
35. Esto es, dijo, lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, pero en el caso, como resultado de la ponderación de la apariencia del buen derecho, de concederse la suspensión para que cese la omisión sobre la determinación de si se le otorga o no nombramiento, coincidiría con la materia de la sentencia de amparo principal, amén de que no se tuvo por satisfecho que contara con la prerrogativa de ser un servidor público con nombramiento vigente al momento de ser promovida la demanda de amparo.
V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN
36. Por cuestión de orden, en principio, conviene precisar que aun cuando los criterios sustentados por los Tribunales contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, no es impedimento para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia.
37. Sirve de apoyo la tesis aislada P. L/94 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Número 83, noviembre de 1994, página 35, Octava Época, registro digital 205420, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS. Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así."
38. Ahora bien, es necesario establecer si en el caso que se analiza se configura la contradicción de criterios, en tanto que bajo ese supuesto, será posible efectuar el estudio relativo con el fin de determinar el criterio que en su caso deba prevalecer como jurisprudencia.
39. La divergencia de criterios existe cuando los órganos jurisdiccionales contendientes adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, con independencia de que las cuestiones fácticas que los rodeen no sean exactamente iguales.
40. Tal consideración se encuentra plasmada en la jurisprudencia P./J. 72/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXII, página 7, Novena Época, registro digital 164120, de contenido siguiente: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
41. Además, para la existencia de un auténtico diferendo de criterios deben surtirse los siguientes requisitos:
a) Los órganos jurisdiccionales deben haber resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b) Entre los ejercicios interpretativos correspondientes debe existir algún punto de toque, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
42. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, página 122, Novena Época, registro digital 165077, que a continuación se transcribe:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA. Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."
43. Precisado lo anterior, en el caso se actualizan los requisitos señalados, como enseguida se demuestra.
44. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los tribunales contendientes al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo, para llegar a determinar si procede o no conceder la suspensión provisional cuando se reclama la omisión de resolver sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la parte quejosa realizada por un consejero de la Judicatura del Estado de Jalisco, como se advierte de las ejecutorias emitidas por dichos tribunales que participan en esta contradicción de criterios, tal como se apunta a continuación.
45. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Ahora bien, este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados, existe un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico, pues ambos se pronunciaron a partir de idénticas premisas fácticas y normativas.
46. En el plano fáctico, ambos Tribunales Colegiados analizaron la procedencia de la suspensión provisional del acto reclamado, consistente en la omisión de resolver sobre la propuesta de renovación del nombramiento de la parte quejosa, elevada por un consejero de la Judicatura del Estado de Jalisco, pues incluso de las demandas de amparo se desprenden actos y autoridades señaladas como responsables similares, así como los términos en que se solicitó la suspensión del acto reclamado.
47. Para evidenciar lo anterior, se inserta el siguiente cuadro comparativo.
Ver cuadro comparativo
48. En el plano normativo, ambos Tribunales Colegiados para sustentar su decisión, partieron principalmente de lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, 128, 131, 138 y 147 de la Ley de Amparo, así como del criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, diciembre de 2019, Tomo I, página 286, de rubro y texto siguientes:
"SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución ‘atendiendo a la naturaleza del acto reclamado’, que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el conteni
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31480-83c144e3/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-no · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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