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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA OMISIÓN DE TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO DE RATIFICACIÓN EN EL CARGO DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 92/2012 (10a.)].

Tipo de asunto: REVISIÓN EN INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 3/2022. · Registro digital (IUS): 31123
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2022-12-09
Promovente: HÉCTOR ESPINOSA CANTELLANO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo II, Pág.1371.

REVISIÓN EN INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 3/2022. HÉCTOR ESPINOSA CANTELLANO. 26 DE OCTUBRE DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA; LA MINISTRA YASMÍN ESQUIVEL MOSSA MANIFESTÓ QUE FORMULARÍA VOTO CONCURRENTE. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Se interpuso recurso de revisión en incidente de suspensión 3/2022 contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 863/2021, de dieciséis de julio de dos mil veintiuno; y el problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en examinar la medida cautelar concedida por el a quo.

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Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veintiséis de octubre de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión en incidente de suspensión 3/2022 interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 863/2021, de dieciséis de julio de dos mil veintiuno.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en examinar la medida cautelar concedida por el Juez de Distrito.

ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Demanda de amparo. Por escrito presentado el dos de julio de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Héctor Espinosa Cantellano demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y los actos que a continuación se indican:

Autoridades responsables:

a) Congreso de la Unión integrado por las Cámaras de Senadores y de Diputados;

b) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;

c) Secretario de Gobernación;

d) Director del Diario Oficial de la Federación;

e) Consejero jurídico del Ejecutivo Federal;

f) Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;

g) Magistrado presidente de ese tribunal;

h) Junta de Gobierno y Administración de ese tribunal; y,

i) Director de Recursos Humanos del mismo órgano.

Actos reclamados:

a) El sistema general normativo que regula el procedimiento de nombramiento y de ratificación para nuevos periodos de los Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, concretamente:

• Artículos 16, fracción VI, 23, fracción IV, 43, 45 y 47 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; así como el quinto párrafo del quinto transitorio del decreto mediante el cual se expidió ese ordenamiento;(1)

• Artículo 141 del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;(2)

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa;

b) La aprobación y expedición del Acuerdo SS/16/2020, por el que se da a conocer el Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;

c) La omisión de tramitar el procedimiento de ratificación como Magistrado de Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa;

d) La omisión de enviar la propuesta de ratificación del quejoso al Senado de la República; así como la omisión de dar respuesta al Magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobre la propuesta de ratificación a través de un nuevo nombramiento del ahora quejoso;

e) El oficio TFJA/P/0110/2021 de cuatro de junio de dos mil veintiuno, dirigido al consejero jurídico del Ejecutivo Federal, por el cual se le informa que el Pleno General de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa aprobó las evaluaciones de los Magistrados cuyo nombramiento está próximo a vencer, por lo que se le solicitó sometiera a consideración del presidente de la República, las propuestas para un nuevo nombramiento de ocho Magistrados, entre ellos, el quejoso;

f) El oficio TFJA/P/0120/2021 de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dirigido al quejoso por el cual se le solicita la entrega de su magistratura al primer secretario de Acuerdos adscrito a la tercera ponencia de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación;

g) El acuerdo de suplencia del quejoso como Magistrado de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante el cual se designa al primer secretario de Acuerdos de la tercera ponencia de dicha Sala; y,

h) La orden girada al director de Recursos Humanos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que deje de efectuar el pago de salarios y demás prestaciones al quejoso.

2. La parte quejosa estimó violados en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1o., 14, 16, 17, 49, 73, fracción XXIX-H, 97, 100 y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; relató los antecedentes del caso y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes.

3. De igual forma solicitó la suspensión de los actos reclamados, conforme a lo siguiente:

"...

"XI. SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS.

"Con fundamento en los artículos 125, 128, 130, 138, 139, 147 y 148 de la Ley de Amparo, se solicita se conceda la suspensión provisional y en su momento procesal la definitiva, contra los efectos de los actos reclamados en esta demanda de amparo, con el objeto de que, durante toda la vigencia del proceso constitucional, se impidan sus efectos y consecuencias en la esfera jurídica del quejoso.

"En concreto, se solicita que no se apliquen en perjuicio del suscrito los efectos y consecuencias de los actos reclamados, de manera enunciativa mas no limitativa, que se suspenda la entrega de su magistratura en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conforme a lo indicado en el oficio TFJA/P/0120/2021. En otras palabras, se solicita a su señoría ordene se mantengan las cosas en el estado que guardan hasta tanto se resuelve en definitiva el fondo del amparo que nos ocupa. Esto es, que el suscrito, en mi carácter de parte quejosa, pueda continuar en el ejercicio del encargo que he venido desempeñando –con altos estándares de diligencia, honradez y profesionalismo– en la tercera ponencia de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

"Todo lo anterior a efecto de que prevalezca la situación jurídica, laboral, financiera, económica e institucional que impera para mí como ciudadano y juzgador federal, con especial referencia a que: a) continúe en el libre ejercicio de mis funciones como Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, b) continúe recibiendo las remuneraciones (ordinarias y extraordinarias) que, en derecho, me corresponden por el desempeño de mi encargo como Magistrado de Sala Regional de dicho tribunal; y, c) se impida cualquier nueva designación con el efecto de cubrir las funciones que he venido desempeñando y desempeño hoy. ..."

4. Admisión. La demanda de amparo fue turnada al Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, cuyo titular, previo desahogo del requerimiento formulado al quejoso, la admitió a trámite mediante proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno con el número de expediente 863/2021; así como ordenó la tramitación por cuerda separada del incidente de suspensión. Luego, por diverso auto de la misma fecha concedió la suspensión provisional.

5. Celebración de la audiencia incidental y resolución. El Juez de Distrito celebró la audiencia incidental el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en la que por una parte negó la suspensión definitiva y, por otra, la concedió.

6. Interposición del recurso de revisión. En contra de esa resolución el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en representación de las autoridades responsables de ese órgano jurisdiccional, interpuso recurso de revisión, el cual fue turnado al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuya presidenta lo admitió a trámite por acuerdo de quince de diciembre de dos mil veintiuno, con el número de expediente 285/2021.

7. Facultad de atracción. Esta Segunda Sala en el expediente de solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 387/2022, determinó ejercer dicha facultad para conocer del medio de impugnación mencionado, esto en sesión privada de seis de julio de dos mil veintidós.

8. Como consecuencia de lo anterior, por acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado ordenó remitir el expediente a esta Suprema Corte.

9. Trámite ante este Alto Tribunal. Mediante acuerdo de doce de agosto de dos mil veintidós, el presidente de este Alto Tribunal determinó que éste se avocara al conocimiento de la revisión incidental bajo el número de expediente 3/2022; ordenó turnarlo al Ministro Alberto Pérez Dayán y enviarlo a la Sala de su adscripción.

10. Radicación. Por auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, la presidenta de la Segunda Sala ordenó que ésta se avocara al conocimiento del sumario y envió los autos a la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

I. COMPETENCIA

11. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 80 Bis y 81, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, ya que se interpone en contra de la resolución interlocutoria que, por una parte negó la suspensión definitiva y, por otra, la concedió en el incidente derivado del juicio de amparo 863/2021, aunado a que esta Segunda Sala ejerció la facultad de atracción para conocer del sumario.

12. Decisión que se adopta por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa; por lo que tiene el carácter de vinculante.

II. PRESUPUESTOS PROCESALES

13. En primer término, resulta necesario pronunciarse respecto de la presentación oportuna del recurso.

14. En efecto, de las constancias del recurso de revisión se advierte que la resolución impugnada se notificó por oficios 28970/2021 y 28971/2021 el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, la cual surtió efectos el mismo día; por lo que el plazo de diez días transcurrió del quince al veintiocho de diciembre, descontando los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de ese mes y año; por tanto, si el recurso de revisión se presentó el veinte de agosto de dos mil veintiuno en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es inconcuso que ello fue oportuno, independientemente de que se haya interpuesto antes de que comenzara el plazo para su interposición.(3)

15. Por lo que hace a la legitimación ésta sólo se tiene por acreditada por lo que hace a la autoridad responsable presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y no a la Junta de Gobierno y Administración, por lo siguiente.

16. El artículo 87 de la Ley de Amparo(4) prevé que las autoridades responsables sólo podrán interponer el recurso de revisión contra sentencias que afecten directamente el acto reclamado de cada una de ellas.

17. Por otra parte, de la demanda de amparo se tiene que el quejoso reclamó de esa Junta de Gobierno y Administración, todos los actos relacionados con su función de administración, vigilancia, disciplina y carrera jurisdiccional, que tengan como finalidad la inminente privación de sus derechos como Magistrado, incluyendo la falta de pago de sus salarios y demás prestaciones.

18. Asimismo, en el informe previo rendido por esa autoridad se tiene que negó los actos reclamados ya referidos; lo que provocó que en la resolución interlocutoria, concretamente en el considerando cuarto, al examinarse la existencia de los actos reclamados, se tuvieran como no ciertos aquellos atribuidos a la Junta de Gobierno y Administración y, en consecuencia, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el a quo negó la suspensión definitiva respecto de esa autoridad y los actos a ella reclamados.

19. Ahora, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa interpuso el recurso de revisión que nos ocupa como representante del presidente, así como de la Junta de Gobierno y Administración de ese órgano jurisdiccional; sin embargo, no ha lugar a reconocer legitimación a la Junta de Gobierno y Administración, en virtud de que la medida cautelar no se concedió por lo que hace a los actos reclamados a esa autoridad.

20. Por tanto, se desecha el recurso de revisión sólo por lo que hace a la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

21. En cambio, se reconoce legitimación a la diversa autoridad responsable presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque el medio de impugnación fue suscrito por persona autorizada para ello, pues lo llevó a cabo el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de ese tribunal, con fundamento en el artículo 118, fracción IV, del Reglamento Interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa;(5) además de que ese carácter lo acredita con copia certificada de su nombramiento.

22. Decisión que se adopta por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán (ponente), Luis María Aguilar Morales, Loretta Ortiz Ahlf, Javier Laynez Potisek y presidenta Yasmín Esquivel Mossa; por lo que tiene el carácter de vinculante.

III. ANTECEDENTES

23. A fin de resolver los planteamientos aducidos en la revisión incidental, resulta conveniente formular una breve referencia de los antecedentes del caso, que son los siguientes:

24. I. Héctor Espinosa Cantellano fue nombrado Magistrado de la Sala Regional del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por un periodo de diez años, según nombramiento de veintisiete de julio de dos mil once.

25. II. Por oficio TFJA/P/0090/2021, de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento del consejero jurídico del Ejecutivo Federal, la próxima conclusión de nombramientos de diversos Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

26. III. El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno el Pleno General de la Sala Superior de ese tribunal aprobó entre otras, la evaluación interna del quejoso elaborada a su vez por la Junta de Gobierno y Administración.

27. IV. El Magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, emitió el oficio TFJA/P/0110/2021 de cuatro de junio de dos mil veintiuno, dirigido al consejero jurídico del Ejecutivo Federal, por el cual le informó que el Pleno General de la Sala Superior de ese órgano jurisdiccional aprobó las evaluaciones de los Magistrados cuyo nombramiento está próximo a vencer, por lo que solicitó se sometieran a consideración del presidente de la República, las propuestas para un nuevo nombramiento de ocho Magistrados, entre ellos, el quejoso.

28. V. Por oficio TFJA/P/0120/2021 de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, el Magistrado presidente comunicó al quejoso que en virtud de que a la fecha no se ha recibido respuesta alguna por parte del Ejecutivo Federal en relación con la petición arriba mencionada, le solicitó que el catorce de julio de ese año, hiciera entrega de su magistratura al primer secretario de Acuerdos adscrito a la tercera ponencia de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación.

29. VI. Como consecuencia de lo antedicho, el quejoso promovió juicio de amparo por los actos reclamados consistentes, entre otros, el sistema normativo que regula la designación y ratificación de los Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como contra los oficios indicados y la omisión atribuida al presidente de la República de tramitar el procedimiento de ratificación del cargo que defiende como Magistrado de Sala Regional; actos respecto de los cuales solicitó la suspensión provisional y definitiva.

30. VII. El Juez de Distrito celebró audiencia incidental en la que, por una parte, negó la suspensión definitiva y, por otra, la concedió, determinación que se reproduce a continuación:

"...

"CUARTO.—Análisis de los requisitos para conceder la suspensión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política, 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierten los requisitos para conceder la suspensión definitiva es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

"1. Solicitud. Expresamente la solicite el quejoso;

"2. Existencia. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita;

"3. Naturaleza. Los actos reclamados y/o sus efectos sean susceptibles de suspensión;

"4. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público (artículos 128, fracción II, y 129 de la Ley de Amparo).

"5. Análisis ponderado de la apariencia del buen derecho (artículo 138 de la ley de la materia).

"Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia ley.

"Sirve de fundamento, la tesis aislada 2a. XXIII/2016 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Tomo II, Libro 30, mayo de 2016, página 1376, de rubro y contenido siguientes:

"‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA.’ (se transcribe)

"En ese tenor los requisitos de que se trata son:

"1. Solicitud. Expresamente exista solicitud de la parte quejosa; y acredite su interés suspensional (ser titular de un interés jurídico o legítimo el cual pueda verse transgredido con los actos reclamados).

"Atento a lo establecido en el (sic) ‘SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS.’ de la demanda de amparo la parte quejosa solicitó la suspensión.

"Debe precisarse que corresponde al Juez de Distrito, determinar el tipo de interés suspensional (jurídico o legítimo) que tiene el solicitante de la medida cautelar, conforme al criterio por analogía contenido en la tesis III.4o. (III Región) 17 K (10a.) emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, enero de 2014, Tomo IV, página 3074, de rubro: ‘INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN.’

"La parte quejosa, acredita el interés jurídico suspensional con las constancias que acompañó a su escrito inicial de demanda, consistentes en:

"(Se transcribe).

"Sirve de fundamento, por analogía, la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Tomo IV, Segunda Parte 1, julio a diciembre de 1989, página 294, de rubro y contenido siguientes: "‘INTERÉS JURÍDICO. DEBE PROBARSE PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe)

"2. Existencia. Certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita.

"No son ciertos los actos que se reclaman de la Junta de Gobierno y Administración; del director de Recursos Humanos, ambos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; así como del consejero jurídico del Ejecutivo Federal consistentes en:

"(Se transcribe).

"Toda vez que así lo manifestaron al rendir el informe previo que les fue requerido; ello aunado a que, por cuanto hace a la Junta de Gobierno se aprecia que dicha autoridad responsable emitió la evaluación interna que resulta favorable a los intereses del quejoso.

"En consecuencia, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a la parte quejosa por los actos y autoridades antes mencionados.

"Son ciertos los actos que por esta vía se combaten de la Cámara de Senadores, Pleno General de la Sala Superior y del Magistrado presidente, ambos del Tribunal de Justicia Administrativa, toda vez que así lo manifestaron al rendir el informe previo que les fue solicitado.

"Asimismo, se deben tener por ciertos los actos reclamados de las demás autoridades responsables, Cámara de Diputados, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Gobernación y director del Diario Oficial de la Federación; toda vez que fueron omisas en rendir el informe previo, no obstante de encontrarse debidamente notificadas.

"3. Naturaleza. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión.

"En el presente incidente la naturaleza del acto es positivo de ejecución instantánea.

"Lo anterior, porque la parte quejosa ofreció como prueba el oficio de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante el cual el Magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa le hizo del conocimiento que se solicitó la ratificación de su nombramiento al presidente de la República, pero al no obtener respuesta le solicitó que el catorce de julio siguiente entregara su magistratura al primer secretario de Acuerdos adscrito a la tercera ponencia de la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación.

"En ese sentido, los actos reclamados son susceptibles de ser suspendidos.

"4. y 5. Interés social y orden público, y apariencia del buen derecho. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en los artículos 128, fracción II, y 129 de la Ley de Amparo; y debe llevarse a cabo un análisis ponderado y simultáneo del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho.

"El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, prevé que para el otorgamiento de la suspensión, no deben contravenirse disposiciones de orden público ni causar perjuicio al interés social; asimismo, el artículo 129 de dicho ordenamiento establece de manera enunciativa mas no limitativa en qué casos se considera que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público.

"En ese sentido, el orden público tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, es decir, son aquellas disposiciones contenidas en los ordenamientos legales, cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio.

"Por otro lado, el interés social se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, perturbación o quebranto, es decir debe considerarse como tal, el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja de provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público.

"Así, el orden público y el interés social han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera ejemplificativa y, en ese matiz, ha sostenido que se afectan esas instituciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría, pues la medida cautelar sólo obligará a que las autoridades responsables sin paralizar el procedimiento de responsabilidad administrativa, no dicten resolución.

"De modo que, la suspensión es improcedente cuando el acto reclamado afecta el interés público o social, para lo cual no basta con que se funde formalmente en una ley de interés público o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, sino que es necesario que se acredite que la concesión de la suspensión causaría reales perjuicios al interés social o implicaría una contravención ineludible a disposiciones de orden público por las características propias del acto; así, ante un acto de la naturaleza del reclamado, para determinar la procedencia de la suspensión, se debe sopesar el perjuicio que podría sufrir la parte quejosa con su ejecución y la afectación a sus derechos en disputa frente al bienestar de la colectividad.

"En el caso, no se advierte que con el otorgamiento de la suspensión pudieran ocasionarse perjuicios al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues lo único que produciría la concesión de la medida cautelar es que no se realice o efectúe la entrega de su oficina jurisdiccional de Magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y continúe en el ejercicio de dicho cargo con todas las obligaciones y derechos derivados del mismo, mientras el presidente de la República y el Senado de la República determinen si se le otorga un nuevo nombramiento.

"En ese sentido, si bien la sociedad está interesada en que los cargos públicos, en especial los que se refieran a la impartición de justicia, sean desempeñados por personas de experiencia, honorabilidad y honestidad probadas, aptas y capaces, que aseguren una impartición de justicia, pronta, completa, gratuita e imparcial, no existen elementos para advertir, aun indiciariamente, que ese propósito se pondría en riesgo con la suspensión, pues el acto reclamado no tuvo su origen en un procedimiento de responsabilidad administrativa, derivado de una posible actuación irregular en su encargo, y tampoco obra evidencia de que su desempeño se hubiera estimado inferior a los estándares de calidad que requiere un Magistrado Federal.

"Por el contrario, de la evaluación interna efectuada por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se advierte que fue aprobado, lo cual constituye un indicio de que en realidad ha ejercido su magistratura debidamente y, por el contrario, su remoción podría suponer un riesgo para la continuidad en la correcta prestación del servicio público del que se trata.

"En ese sentido se tiene que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la controversia constitucional 4/2005, determinó, en lo que interesa, que:

"• La ratificación es una institución jurídica mediante la cual se confirma a un juzgador, previa evaluación objetiva de su actuación en el cargo que venía desempeñando para determinar si continuará en el mismo o no.

"• Ésta surge en función directa de la actuación del funcionario judicial durante el tiempo de su encargo –siempre y cuando haya demostrado que en el ejercicio de su cargo actúo permanentemente con diligencia, excelencia profesional y honestidad invulnerable–, de manera que puede caracterizarse como un derecho que se traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y en conocer el resultado obtenido en su evaluación.

"• No depende de la voluntad discrecional de los órganos a quienes se encomienda, sino del ejercicio responsable de una evaluación objetiva que implique el respeto a los principios de independencia y autonomía jurisdiccionales.

"• También es una garantía que opera en favor de la sociedad, en el sentido de que ésta tiene derecho de contar con juzgadores idóneos –que reúnan las características de experiencia, honorabilidad y honestidad invulnerable–, que aseguren una impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.

"• Al ser precisamente la evaluación en el desempeño profesional en el ejercicio del cargo de Magistrado lo que otorga al funcionario la posibilidad de ratificación, ello supone que el órgano u órganos competentes o facultados para decidir sobre ésta, se encuentran obligados a llevar un seguimiento de la actuación del funcionario en el desempeño de su cargo para poder calificarlo y determinar si es merecedor a la reelección o no en el cargo.

"• Para ello, los órganos de poder competentes para pronunciarse respecto de la ratificación o reelección de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, deben darle continuidad y seguimiento al expediente que con motivo de la designación de un Magistrado se abrió para que, al término de duración de su encargo previsto en la Constitución Local, pueda evaluarse su desempeño y determinarse su idoneidad para permanecer o no en el cargo de Magistrado, lo que lo llevará a que sea o no ratificado. Todo esto debe estar avalado mediante las pruebas relativas que comprueben el correcto uso, por parte de los órganos de poder a quienes se les otorgue la facultad de decidir sobre la ratificación, de tal atribución, para así comprobar que el ejercicio de dicha facultad no fue de manera arbitraria.

"• La evaluación sobre la ratificación o reelección a que tiene derecho el juzgador y respecto de la cual la sociedad está interesada, es un acto administrativo de orden público de naturaleza imperativa, que se concretiza con la emisión de dictámenes escritos, en los cuales se precisen las razones de la determinación tomada en relación con la ratificación de un servidor jurisdiccional.

"• Por tanto, constituye un acto administrativo de orden públic

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31123-fa9d36ce/suspension-en-el-juicio-de-amparo-procede-concederla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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