SUSPENSIÓN. CASO EN QUE ES IMPROCEDENTE OTORGARLA CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE QUINCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GASPAR PAULÍN CARMONA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, PABLO DOMÍNGUEZ PEREGRINA, CLEMENTINA FLORES SUÁREZ, JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ, MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO, MARÍA SIMONA RAMOS RUVALCABA, HOMERO FERNANDO REED ORNELAS, GUADALUPE RAMÍREZ CHÁVEZ, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, LUZ CUETO MARTÍNEZ, NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA Y ARMANDO CRUZ ESPINOSA. DISIDENTES: CARLOS ALFREDO SOTO Y VILLASEÑOR, CARLOS RONZON SEVILLA Y CARLOS AMADO YÁÑEZ. PONENTE: MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO. SECRETARIA: JENY JAHAIRA SANTANA ALBOR.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Primer Circuito.
No pasa inadvertido que la fracción I del artículo 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformada mediante decreto publicado el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación dispone:
"Artículo 41 Ter. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Plenos de Circuito para:
"I. Resolver las contradicciones de tesis de jurisprudencia sostenidas entre los Tribunales Colegiados del Circuito correspondiente, determinando cuál de ellas debe prevalecer."
De lo anterior se advierte que los Plenos de Circuito son competentes para resolver las contradicciones de tesis "de jurisprudencia" que se susciten entre los Tribunales Colegiados del circuito correspondiente, no así respecto de los criterios aislados sustentados entre los Tribunales Colegiados de Circuito, como acontece en el presente asunto.
Sin embargo, este Pleno de Circuito estima que dicha disposición debe interpretarse armónica y sistemáticamente con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, constitucional y 225 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los Tribunales Colegiados de Circuito, en los asuntos de su competencia."
Los preceptos transcritos disponen que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias o discrepantes, los Plenos del circuito correspondiente decidirán el criterio que deba prevalecer como jurisprudencia; por lo que si dichos preceptos no limitan las facultades decisorias de los Plenos a dirimir divergencias plasmadas en criterios expuestos formalmente, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, texto y datos de identificación, ni a aquellos que conforme a lo dispuesto en los artículos 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo sean de aplicación obligatoria, debe interpretarse que la fracción I del artículo 41 Ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación atribuye competencia a los Plenos de Circuito para dirimir criterios aislados divergentes sustentados por los Tribunales Colegiados de los respectivos circuitos en los asuntos sometidos a su potestad.
Estimar lo contrario, impediría abordar el estudio de temas sustentados en criterios aislados, en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos.
Son aplicables a lo anterior, en lo conducente y, por las razones que los informan, los criterios jurisprudenciales P./J. 27/2001 y P./J. 72/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 77 y Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, respectivamente, que se intitulan:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue denunciada por los Magistrados integrantes del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
TERCERO. Sistema de contradicción de tesis. En primer lugar, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, pues ello constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de determinar el criterio que sustentará este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, con carácter de jurisprudencia, conforme lo dispone el párrafo segundo del artículo 217 de la Ley de Amparo.
Ahora bien, para que exista contradicción de tesis, se requiere que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:
1. Examinado supuestos jurídicos esencialmente iguales; y,
2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.
Para determinar la existencia o no de la contradicción de tesis denunciada, es menester transcribir, en lo conducente, las consideraciones de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 43/2014, en sesión de veintiocho de febrero de dos mil catorce, sometido a su potestad, determinó:
"TERCERO. Antes de analizar los agravios del recurrente, conviene precisar que la medida suspensiva fue solicitada en relación con los efectos del Acuerdo 33-06/2014, de cuatro de febrero de dos mil catorce, en que, según manifestó el quejoso, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal determinó que el encargo que tiene como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa concluye el once de mayo del propio año, por alcanzar el límite de edad previsto en el artículo 26 de la ley orgánica que lo rige. En el auto recurrido, la juzgadora negó la suspensión provisional al estimar que, de otorgarla para el efecto de que el quejoso continúe en su encargo como Magistrado de dicho tribunal, implicaría dar efectos restitutorios a la medida cautelar y, con ello, se dejaría insubsistente el acuerdo reclamado, lo cual es propio de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo.
"Por otra parte, sostuvo que no es factible conceder la suspensión provisional para que no sea readscrito a una diversa Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dado que esa determinación constituye un acto futuro de realización incierta; de ahí que, por su naturaleza, no es posible otorgar la medida suspensiva. En el único agravio expuesto, identificado como ‘primero’, el inconforme aduce medularmente que no puede estimarse que la eventual concesión de la suspensión se traduciría en la restitución de los derechos constitucionales que estima transgredidos, ya que la Juez perdió de vista que la medida provisional se solicitó contra los efectos del Acuerdo 33-06/2014, de cuatro de febrero de dos mil catorce, los cuales se habrán de verificar el doce de mayo siguiente. De ahí que si la suspensión se pidió para que las cosas se mantengan en el estado que guardan actualmente, es evidente que no habría restitución alguna, puesto que aún no se ejecuta dicho acuerdo en que se determinó que su encargo como Magistrado concluirá el once de mayo del año en cita. Afirma, además, que debe tenerse presente que si bien no se ha materializado la decisión adoptada por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, lo cierto es que ello ocurrirá en forma inminente, es decir, existe certeza de que, a partir del doce de mayo de dos mil catorce, ya no podrá ejercer sus funciones como Magistrado. Para dar el tratamiento que corresponde a los planteamientos, conviene informar primero que, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, en aquellos casos en que sea procedente otorgar la suspensión, el juzgador deberá adoptar las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio hasta su conclusión; además, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho transgredido. De ahí que este órgano judicial concluya que la consideración de la a quo en el sentido de que la suspensión no puede tener alcances restitutorios es inexacta, ya que la Ley de Amparo prevé esa posibilidad. Por otra parte, debe tenerse presente que la medida suspensiva se solicitó respecto de la determinación contenida en el Acuerdo 33-06/2014, de cuatro de febrero de dos mil catorce, en el sentido de que el quejoso, a partir del doce de mayo siguiente, concluirá su encargo como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, al haber alcanzado el límite de edad, esto es, para que no se ejecute esa determinación. Entonces, si los efectos del acuerdo reclamado no se han verificado aún, sino que se materializarán a partir del doce de mayo de dos mil catorce, según lo afirmó el quejoso, se trata de una actuación futura. Partiendo de lo anterior, este órgano concluye que un eventual otorgamiento de la medida cautelar, en las condiciones narradas por el quejoso bajo protesta de decir verdad, no implicaría que se le restituyera en el goce del derecho que estima violado, ya que aún no se verifica la ejecución del acto respecto de la que se solicitó. En otras palabras, la medida precautoria no tiene como consecuencia la ineficacia jurídica del acto reclamado, sino que únicamente interrumpe su ejecución hasta en tanto se resuelva en definitiva sobre la medida cautelar, la cual, de concederse, surtirá hasta que se resuelva el juicio en lo principal. De ahí que la decisión de la Juez Federal en cuanto a que el otorgamiento de la suspensión provisional tendría efectos restitutorios y dejaría sin materia el juicio, es incorrecta y, por tanto, debe revocarse. En términos del artículo 103 de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado dictará la resolución que corresponde en relación con la suspensión provisional. Como primer punto, se toma en consideración que, tratándose de la medida provisional, el órgano de amparo debe atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute en su perjuicio el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho que se pretenden ejecutar en su contra. Sirve de fundamento la jurisprudencia 2a./J. 5/93 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 68, agosto de 1993, página 12, que establece: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe). Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Como se dio noticia líneas arriba, el quejoso solicitó la suspensión para que, en tanto se resuelve el juicio de amparo, no se ejecute la determinación contenida en el Acuerdo 33-06/2014, de cuatro de febrero de dos mil catorce, en el que el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal determinó que su encargo como Magistrado concluirá el once de mayo de dos mil catorce, por haber llegado al límite de edad previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa, en relación con el quinto transitorio del propio ordenamiento. Además, para que no se le cambie de adscripción a una Sala de especialización diversa a la materia civil, que es en la que actualmente se desempeña como Magistrado, ya que, en según manifestó, se corre el riesgo de que sea readscrito para que renuncie y, de este modo, no se le conceda el haber de retiro que, por ley le corresponde. Para definir si procede otorgar la medida provisional con los alcances pretendidos por el quejoso, conviene informar que su concesión está supeditada a la satisfacción de distintos requisitos, como son, que la naturaleza del acto lo permita y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Desde luego, la eventual concesión descansa en una premisa fundamental: la certeza del acto combatido o de su ejecución. En el caso, si bien debe partirse de que el acuerdo reclamado se habrá de ejecutar, no puede perderse de vista que, según el criterio jurisprudencial transcrito, lo que se debe tener por cierto, únicamente, es la materialización inminente de la decisión contenida en el acto combatido, no así cualquier acontecimiento futuro que narre el quejoso en su demanda, pues el examen de la suspensión no puede desvincularse del acto que se combate. Partiendo de lo anterior, este órgano considera que no es posible otorgar la suspensión provisional en relación con el efecto que pretende el quejoso, consistente en que no se le cambie de adscripción a una Sala de especialización diversa a la materia civil, que es en la que actualmente se desempeña como Magistrado. Para demostrar el aserto anterior se informa que, según se afirmó en la demanda, en el Acuerdo 33-06/2014, de cuatro de febrero de dos mil catorce, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal determinó que su encargo como Magistrado concluirá el once de mayo siguiente, por haber llegado al límite de edad previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Entonces, si se parte de que la única determinación que deriva del acto reclamado, en términos de lo expuesto en el escrito inicial de demanda, es la conclusión del encargo que desempeña el promovente a partir del doce de mayo de dos mil catorce, sólo respecto de tal decisión es que puede tenerse como inminente su ejecución, en términos de la jurisprudencia transcrita, no así en relación con el cambio de adscripción. De ahí que si no consta algún elemento a partir del cual se pueda concluir que el quejoso será necesariamente readscrito a una Sala de especialización diversa a la civil, no sea factible conceder la suspensión provisional, por ser un acto futuro de realización incierta. Por otra parte, para decidir sobre la procedencia de la medida cautelar en relación con la ejecución del Acuerdo 33-06/2014, de cuatro de febrero de dos mil catorce, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (sic), en que se determinó que el quejoso concluirá su encargo de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad federativa el once de mayo siguiente, conviene establecer que su otorgamiento está sujeto a la satisfacción de diversos requisitos, como son, que la naturaleza del acto lo permita y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Como se anunció, la certeza del acuerdo relativo se da por sentada, al haberlo manifestado bajo protesta de decir verdad el quejoso en su demanda; por otra parte, se estima que la naturaleza del acto permite su paralización provisional, ya que la decisión que contiene conlleva una ejecución. De conformidad con el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, como se dijo, una de las exigencias legales que debe colmarse es la referente a que con el otorgamiento de la suspensión no se contravengan disposiciones de orden público ni se perjudique el interés social. El orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno. Así, el concepto de disposiciones de orden público comprende las normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio y, por interés social, debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. El artículo 129 de la Ley de Amparo enumera algunos ejemplos de lo que se considerará como perjuicio al interés social, entre los que se encuentran la afectación la salud, economía y equilibrio ecológico, o bien, que con la medida suspensiva se permita la realización de actividades ilícitas o constitutivas de delitos, lo que evidencia que el legislador pretende que con la suspensión no se vulnere o afecte irremediablemente a la sociedad. Hay casos en que los actos reclamados se emitieron en cumplimiento u observancia a disposiciones de orden público, frente a los cuales, aun cuando la ejecución de éstos puede irrogar daños y perjuicios de difícil reparación al gobernado, no resulta factible conceder la suspensión, precisamente porque existe un objeto de tutela mayor: el interés de la sociedad. Este órgano estima que en la especie no se afectan disposiciones de orden público ni se sigue perjuicio al interés social al conceder la suspensión provisional. Así se afirma porque si bien la observancia de toda ley es un aspecto de orden público, para el examen del otorgamiento de la suspensión debe atenderse al grado de afectación que pueda resentir la sociedad al obstruirse e inclusive paralizarse la actuación de la autoridad, ligando ese hecho con los daños y/o perjuicios que en determinado momento pudiera sufrir. En efecto, el artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que sirve de fundamento al acto reclamado, según lo manifestó el quejoso, además de que no puede servir como parámetro absoluto para determinar la transgresión al orden público en la medida de que se tilda de inconstitucional, de su texto no se advierte que otorgue beneficios a la sociedad en su integridad; conviene reproducir la norma mencionada: ‘Artículo 26.’ (se transcribe). Del dispositivo transcrito se desprende que sólo afecta a quienes se encuentran en la hipótesis de la norma, esto es, a los Jueces y Magistrados del orden común en el Distrito Federal. Si bien dicha norma ordena el retiro forzoso de esos servidores públicos una vez que lleguen a cierta edad, lo cual, en principio, atiende a garantizar que la impartición de justicia corra a cargo de personas cuyas aptitudes físicas y mentales no estén afectadas por el desgaste biológico del cuerpo por el transcurso del tiempo, lo cierto es que no existe en este momento un elemento a partir del cual inferir que la continuación del quejoso, incluso más allá del once mayo de dos mil catorce en el encargo de Magistrado, pone en riesgo su integridad, o bien, se comprometan las labores que le corresponden como juzgador por razón de su edad. Es decir, aun cuando es innegable que la sociedad está interesada en que los titulares de órganos jurisdiccionales sean personas que se encuentren en plena aptitud física y mental para llevar a cabo la tarea de resolver los conflictos que surjan entre particulares o entre éstos y los entes de gobierno, en el caso no puede determinarse, a priori, que el quejoso esté impedido, por motivos de su edad, para ejercer su encargo con apego a los principios constitucionales que rigen la impartición de justicia. Este tribunal no soslaya el hecho de que, según manifiesta el quejoso, el acto reclamado se ejecutará hasta el doce de mayo de dos mil catorce, es decir, hasta por lo menos dentro de dos meses; sin embargo, ello no impide otorgar la medida suspensiva, inclusive la provisional, desde este momento, pues la dilación en la solución del juicio es un aspecto aleatorio que no puede determinarse anticipadamente, motivo por el que sería indebido negar la suspensión bajo la consideración de que, aunque cierto el acto, su ejecución es relativamente distante en el tiempo, pues podría acontecer que la tramitación no sólo del juicio, sino también del cuaderno incidental, se prolongara más allá de la fecha mencionada. Consecuentemente, se impone, por una parte, negar la suspensión provisional respecto de la readscripción del quejoso a una Sala de diversa especialización a la en que se desempeña dentro del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y, por otra, concederla para el único efecto de que el promovente continúe en su encargo como Magistrado después del once de mayo de dos mil catorce y hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva ..."
Por su parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión 76/2014, en sesión de veinticinco de abril de dos mil catorce, sometido a su potestad, determinó:
"QUINTO. Para resolver los agravios propuestos, este Tribunal Colegiado considera necesario precisar nuevamente que los actos reclamados consisten en la inconstitucionalidad del artículo 26 y los transitorios cuarto, quinto y sexto de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticuatro de abril de dos mil tres; así como su acto de aplicación, que se encuentra materializado en el acuerdo en el que, a decir del quejoso, el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal determinó que el nombramiento de Magistrado que desempeña en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal concluirá el once de mayo de dos mil catorce. En el capítulo de suspensión de la demanda de amparo, el quejoso, hoy recurrente, precisó lo siguiente (folios 51 a 59 del incidente de suspensión): ‘SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS.’ (se transcribe). De la transcripción que antecede se advierte que el promovente del amparo solicitó la suspensión para el efecto de que, en tanto se resuelva el juicio de amparo, no se ejecute la resolución del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, relativa a que su encargo como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal concluirá el once de mayo de dos mil catorce, por haber llegado al límite de edad previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el veinticuatro de abril de dos mil tres, en razón de que en el año en curso, el quejoso cumplirá setenta y cinco años de edad, pues del escrito inicial de demanda, se advierte que manifestó, bajo protesta de decir verdad, que nació el doce de mayo de mil novecientos treinta y nueve, lo que crea certeza en este órgano jurisdiccional que tal hecho así ocurrió, ya que tal manifestación la dijo bajo una expresión que constituye una responsabilidad directa de quien la formula. Además, para que no se le cambie de adscripción a una Sala de especialización diversa a la materia civil, que es en la que actualmente se desempeña como Magistrado, pues a consideración del promovente, se le puede cambiar de adscripción a otra Sala para originar su salida del tribunal, sin el haber de retiro a que tiene derecho de manera íntegra conforme al salario que viene percibiendo. La Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a la que, por razón de turno correspondió conocer de la demanda, dictó resolución interlocutoria en el incidente de suspensión respectivo, en la que negó la suspensión definitiva solicitada, con base en los razonamientos, que de forma sucinta, consistieron en (folios 118 a 125 del incidente de suspensión): En principio, la Juez Federal determinó que la suspensión fue solicitada contra los efectos y consecuencias del acto reclamado. Acto seguido, la Juez de Distrito negó la suspensión definitiva para que se permitiera al quejoso continuar en su cargo como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y no se le impidiera, a partir del once mayo de dos mil catorce, el desempeño de su función hasta en tanto se le otorgue el haber por retiro al cien por ciento; tal determinación se sustentó en el razonamiento relativo a que si bien es cierto es un acto que puede suspenderse, aunado a que se cumple con el primer requisito previsto en el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, también lo es que no se satisface el segundo requisito establecido en la fracción II del artículo en comentario. Lo anterior con base en que la Juez de Distrito consideró que se contravendría disposiciones de orden público y se afectaría el interés social, puesto que se trata de actos que integran el procedimiento de retiro con el derecho al haber en los porcentajes que establece el artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, lo que no es susceptible de paralizarse por ser de orden público y su realización es de interés general. Máxime que de continuar el quejoso en funciones como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal después del once de mayo de dos mil catorce, a consideración de la Juez Federal, los recursos para las erogaciones por concepto de pago son con cargo al erario ‘federal’, situación que es de interés para toda la sociedad. Por otra parte, la Juez de Distrito negó la suspensión definitiva en relación con el segundo efecto para la que la solicitó, que consistió en que no se cambie de adscripción al quejoso a otra Sala del tribunal en que se encuentra como Magistrado, en razón de que es un acto futuro de realización incierta, por lo que, a consideración de la juzgadora federal, no existe certeza de que ese acto vaya a irrogar un perjuicio en la esfera jurídica del quejoso. En el recurso de revisión, el hoy recurrente alegó que no se está en presencia de un procedimiento regulado en una norma general para que pudiera justificarse la negativa de la suspensión solicitada, con base en el argumento de que, de concederse, se vulneraría el orden público y el interés social, habida cuenta de que se está en presencia de un acto unilateral de la autoridad responsable con objeto de concluir el nombramiento del quejoso apoyándose en una norma inconstitucional, y sin alguna motivación suficiente para ello. Que en el supuesto, de que se estuviera ante un procedimiento de retiro, procede conceder la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que no se dicte resolución firme hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo en lo principal. Que la tesis intitulada: ‘SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE POR SER DE ORDEN PÚBLICO.’, que la Juez Federal citó para sustentar la resolución recurrida, ya fue superada tanto por el artículo 150 de la Ley de Amparo, como por las jurisprudencias 2a./J. 107/2013 (10a.) y 2a./J. 7
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25321-79e0ee85/suspension-caso-en-que-es-improcedente-otorgarla-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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