SUSPENSIÓN. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA OMISIÓN DE RESOLVER SOBRE LA PROPUESTA DE UN NUEVO NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADO DE SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 152/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 4 DE JULIO DE 2012. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo tema de fondo se relaciona con la materia administrativa y en esta última se encuentra especializada esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por las partes que intervinieron en los juicios entre los que se suscita la posible contradicción.
TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el diez de febrero de dos mil doce el incidente en revisión **********, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:
"Cuarto. En la demanda de amparo se solicitó la suspensión de los actos reclamados en los siguientes términos: 1. Para que el quejoso continúe en el desempeño de sus funciones y trabajo jurisdiccional como Magistrado de la Sala Regional, concretamente en la ********** Sala Regional Metropolitana Fiscal y Administrativa. 2) Para que las autoridades se abstengan de perturbar al quejoso en el desempeño de sus funciones y labores jurisdiccionales. 3) Para que las autoridades se abstengan de privar al quejoso de todas las prestaciones de carácter económico y de seguridad social que le corresponden en el desempeño de sus funciones y trabajo jurisdiccional como Magistrado de Sala Regional. Por su parte, en la interlocutoria sujeta a revisión, la Juez de Distrito concedió la suspensión por estimar que se cumplen los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo en los siguientes términos: 1. La suspensión se solicita por el agraviado, pues es el quejoso quien cuenta aún con el nombramiento vigente. 2. En cuanto a la segunda de las exigencias del artículo 124 de la Ley de Amparo, consistente en que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, también se satisface porque en el caso el presidente del tribunal responsable con la aprobación del Pleno de la Sala Superior sometió a la consideración del Ejecutivo Federal la nueva designación del quejoso como Magistrado y a su vez el titular del Ejecutivo propuso al Senado su nueva designación, y tales hechos otorgan al peticionario del amparo el derecho a hacer exigible la resolución de su continuación y/o estabilidad en el desempeño de la función, que deriva de los principios de justicia pronta completa e imparcial garantizada mediante la seguridad y estabilidad en la duración de los cargos, como forma de asegurar la independencia de los tribunales. Máxime que el artículo 17 constitucional establece como garantía de la sociedad contar con servidores público idóneos que aseguren la impartición de justicia, de tal manera que la omisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de pronunciarse sobre la designación o no del quejoso como Magistrado del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a pesar de ser propuesto por el presidente de la República y reunir los requisitos de ley, y considerar sus integrantes que su actuación es satisfactoria en relación con los indicadores establecidos por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para ejercer el cargo de Magistrado, presuntivamente se puede afirmar que deja de contribuir con la atención a dicha garantía en perjuicio de la colectividad. Los anteriores puntos los apoya en las tesis de los siguientes rubros: ‘MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. BASES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL PRINCIPIO DE RATIFICACIÓN DE AQUÉLLOS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’. ‘ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.’. ‘MAGISTRADOS AGRARIOS. MOMENTO EN QUE LOS ÓRGANOS QUE INTERVIENEN EN SU RATIFICACIÓN DEBEN PRONUNCIARSE AL RESPECTO.’. ‘MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. BASES A LAS QUE SE ENCUENTRA SUJETO EL PRINCIPIO DE SU RATIFICACIÓN.’. En el mismo apartado se precisa que el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no concluye con el vencimiento del plazo para el que fue concedido el nombramiento del quejoso, sino con la no ratificación o determinación de no continuar en el cargo por lo cual no es una usurpación de funciones. 3. En cuanto al requisito previsto en la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo, que se refiere a los daños de difícil reparación, lo sustenta en que el quejoso fue propuesto por el presidente de la República y al respecto hay una omisión del Senado para pronunciarse y con ello se le puede privar de la posibilidad de ejercer el cargo para el que fue propuesto y se le consideró apto, y percibir los beneficios inherentes al mismo. 4. La concesión de la suspensión encuentra sustento en la apariencia del buen derecho, que en el caso consiste en que la omisión de evaluar su desempeño en la función jurisdiccional al no designarlo nuevamente para ocupar el referido encargo, aparentemente viola derechos humanos. Una vez que fue evaluado lo anterior, la Juez concedió la suspensión para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se impida desempeñar sus funciones jurisdiccionales con todas las prestaciones y obligaciones que la misma conlleva hasta que cause ejecutoria la resolución de amparo, sin que ello implique que por necesidades del servicio el quejoso pueda ser cambiado de adscripción. Lo anterior, fue recurrido por el quejoso y las autoridades responsables, a partir de los siguientes argumentos. I. La parte quejosa, en su único agravio expresó esencialmente lo siguiente: a) Que la afirmación que sostiene que por las necesidades del servicio el quejoso puede ser cambiado de adscripción por no tener derechos adquiridos en la ********** Sala, es incongruente porque no mantiene las cosas en el estado que actualmente guardan. Igualmente, se hace notar que ninguna de las responsables del tribunal ya mencionado cuestionó el acuerdo de adscripción a la Novena Sala y, por ello, la Jueza introduce un punto ajeno a la litis de suspensión que el artículo 77, fracciones I, II y III, con relación a los artículos 219 y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. b) Es incongruente afirmar que la suspensión no tendrá efectos si ya se decidió sobre su designación como Magistrado por el Senado de la República, debido a que no corresponde al Senado resolver, sino a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pues fue a dicho órgano al que el presidente constitucional remitió la ratificación del nuevo nombramiento y será materia de fondo determinar si los actos de dicha comisión son inconstitucionales. c) Es incorrecto que la Jueza afirme que en su procedimiento está pendiente la determinación sobre la aprobación o no aprobación de su nuevo nombramiento, debido a que dicho procedimiento concluyó con el dictamen aprobado el veintiséis de julio de dos mil once. II. El director contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sus dos agravios señaló esencialmente los siguientes argumentos: Primer agravio: La falta de interpretación de los artículos 77, fracciones I y II, 78, 79, 124, fracción II, 131 y 132 de la Ley de Amparo, con relación a los artículos 192 y 193 de la misma ley de la materia. a) Se realizó una indebida fundamentación y motivación porque no se atendieron los razonamientos expresados en los informes previos rendidos por las autoridades. b) No se observó el contenido de lo previsto en los artículos 5o., penúltimo párrafo y séptimo transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aplicables a los Magistrados de Sala Regional en cuanto a la conclusión de sus encargos, por lo que no se realizó una adecuada fundamentación y motivación, al aplicar por analogía preceptos tesis (sic) del Poder Judicial Federal y Poderes Judiciales Estatales. c) No realizó un análisis exhaustivo e integral de los artículos 17, 49, 73, fracción XXIX-H, 97, 108 primer párrafo, 113 primer párrafo, 116, fracción III y 123, apartado B), primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5o. penúltimo párrafo, 7o. transitorio, 4o., 8o., 18, fracción V y 41, fracción III, de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, publicado (sic) en el Diario Oficial de la Federación el seis de diciembre de dos mil siete, mediante la cual abrogó la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa publicada en dicho órgano informativo el quince de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, así como los artículos 8o., fracciones VIII y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 250, fracción I, del Código Penal Federal, como disposiciones de orden público e interés social que se vinculan con el quejoso al formar parte de un órgano colegiado que imparte justicia y, sobre todo, como servidor público y sus obligaciones como tal, previstas en la Constitución como en las citadas leyes secundarias, lo cual es de orden público e interés social transgrediendo con ello los artículos 77, fracción II, 79 y 132 de la Ley de Amparo. d) Se invadió la esfera de competencia del Congreso de la Unión, además de sustituirse en las facultades administrativas propias del presidente de la República y de la Cámara de Senadores, con relación a la conclusión y designación de nuevos nombramientos de Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. e) La interlocutoria transgrede el artículo 17 constitucional al permitir que con la medida cautelar el quejoso ejerza como Magistrado de Sala Regional una vez que concluya su cargo, esto es, sin nombramiento, a partir del cuatro de octubre de dos mil once, en perjuicio de los gobernados, ya que la resolución impugnada sólo tiene efectos en contra de las autoridades responsables y no contra personas físicas o morales, o autoridades judiciales y administrativas ajenas al juicio, por lo que se generaría una incertidumbre jurídica por las posibles resoluciones o actuaciones en que intervenga el hoy quejoso, ya que éstas podrían estar investidas de invalidez por carecer de nombramiento y ser objeto de impugnaciones, trayendo como consecuencia, un retraso a la impartición de justicia, resquebrajando así las garantías de legalidad, seguridad jurídica, así como de la expedita y eficaz administración de justicia, consagradas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. f) No señaló precepto legal alguno que permita que el quejoso como impartidor de justicia, se encuentra eximido de acatar y cumplir con todas sus obligaciones contraídas como servidor público, consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias aplicables al caso. g) No realizó una adecuada ponderación de valores, en apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, entre el interés particular del quejoso y el interés superior de la colectividad o de la sociedad, derivado de la naturaleza del acto reclamado, a efecto de determinar si se desprendían o no otros derechos fundamentales e independientes a la impartición de justicia, relacionados con la conclusión del nombramiento del quejoso. h) No acató la jurisprudencia aplicable al caso concreto, en transgresión a los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. i) Con la suspensión se sigue perjuicio al interés social, se contravienen disposiciones de orden público, no se causan daños de difícil reparación al quejoso. Asimismo, menciona que los actos reclamados revisten el carácter de negativos y por ello, se otorgaron efectos restitutorios y constitutivos de derechos al quejoso en per
uicio de la impartición de justicia y de los principios que rigen el ejercicio de las funciones, cargos y comisiones del servicio público, situación que se hizo del conocimiento de la Jueza sin que lo ponderara. j) La suspensión es improcedente porque resulta obvio que si la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se han abstenido de pronunciarse sobre la propuesta de otorgarle un nuevo nombramiento como Magistrado de Sala Regional al hoy quejoso, tal abstención reviste el carácter de un acto negativo al carecer de ejecución misma. k) La suspensión es improcedente por la falta de interés suspensional del quejoso (se citan textualmente los argumentos expresados en su informe previo fojas 5 a 12 del cuaderno incidental). l) Resulta erróneo el argumento de la Juez, al dar el carácter de la propuesta de nuevo nombramiento del quejoso como una ratificación de su actual nombramiento, ya que estos, por disposición expresa de la ley no tiene vinculación alguna. m) El artículo séptimo transitorio de la ley orgánica mencionada no tiene efectos retroactivos, en tanto que no se está en presencia de un derecho adquirido, y tal artículo no vuelve al pasado sino que establece hacia el futuro una nueva regulación. n) En virtud de que el nombramiento del quejoso concluye el tres de octubre de dos mil once, el presidente de este Tribunal Federal, con tres meses de anticipación informó de tal circunstancia al presidente de la República y posteriormente sometió a su consideración la propuesta de su nuevo nombramiento. Sin embargo, dicha propuesta no es vinculatoria con la determinación que llevó a cabo el presidente de la República y la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. ñ) Los principios de permanencia y de independencia judicial de los Magistrados del Tribunal Federal o de cualquier autoridad que imparta justicia no son vitalicios, ya que tales principios sólo se aplican durante el periodo de sus nombramientos. o) La disposición expresa prevista en los artículos 5o., penúltimo párrafo y séptimo transitorio de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el sentido de que los Magistrados al término de su nombramiento deberán de hacer entrega de su Magistratura, se concatena con lo dispuesto por los artículos 108, primer párrafo, y 113, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al artículo 8o., fracciones VIII y XXIV, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, situación que en ningún momento valoró la Jueza de Distrito, no obstante de que se hizo valer en los informes previos de los hoy recurrentes. p) El criterio sustentado por la Jueza de Distrito pareciera que una resolución judicial, como aconteció al caso concreto, tenga las mismas características de una norma jurídica que permita que un impartidor de justicia ejerza como tal, sin nombramiento, como excluyente de responsabilidad penal. Segundo agravio. La violación flagrante por falta de aplicación e interpretación de los artículos 77, fracciones I y II, 78, 79, 124, fracción III y 132 de la Ley de Amparo, con relación a los artículos 192 y 193 de la propia ley de la materia. a) La Jueza Federal desnaturalizó la institución de la suspensión, en razón de que antes de llevar a cabo un estudio de la procedencia de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, debió llevar un análisis exhaustivo y de satisfacción previa, de los requisitos establecidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo. b) En los informes previos rendidos por las autoridades a las que represento, se hicieron valer los razonamientos lógico-jurídicos por los que se actualiza la improcedencia de la medida cautelar solicitada por el quejoso, al no satisfacerse los requisitos que para tal efecto establece el artículo 124, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que no se causan daños y perjuicios de difícil reparación al quejoso y los actos reclamados revisten el carácter de negativos en contra de los cuales no era dable el otorgamiento de la medida suspensional y, por el contrario, se otorgaron efectos restitutorios y constitutivos de derechos al quejoso, en perjuicio de la impartición de justicia y de los principios que rigen el ejercicio de las funciones, empleos, cargos y comisiones en el servicio público, situación que se hizo del conocimiento de la Jueza sin que lo ponderara. III. El director general de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, sostuvo en síntesis los siguientes dos agravios: Primer agravio, hay una violación directa a lo establecido en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 4o. y 5o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, toda vez que se vulneran y causa una intromisión al procedimiento y facultades del Poder Legislativo Federal, en materia de aprobación de Magistrados del tribunal. a) La aprobación por parte del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del dictamen por el que aprueba la designación de Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; es un acto que no le causa perjuicio alguno a los derechos del quejoso, puesto que dicha aprobación del dictamen no produce consecuencias jurídicas que le impidan al quejoso continuar en el cargo de Magistrado del tribunal, en cuanto a que dicho nombramiento se le otorgó por plazo determinado, y al otorgarle la suspensión para prorrogar dicho nombramiento, lo hace constitutivo de derechos al establecer la estabilidad en el puesto, por el simple transcurso del tiempo lo que resulta contrario a lo que la propia ley establece. b) El nombramiento vigente en el que el quejoso apoya su pretensión, no es afectado por el acto que de esta autoridad reclama el quejoso, y al concluir dicho nombramiento y no pronunciarse respecto de su nuevo nombramiento, no se le causa daño alguno en su esfera jurídica, ya que el quejoso no resiente afectación alguna que altere su patrimonio o sus derechos, en cuanto a que la protección de la ley respecto de ese nombramiento termina al concluirse el plazo para el cual fue nombrado, y esta autoridad no ha realizado acto alguno que le impida desempeñar, con las garantías que le confiere el artículo 17 constitucional; ya que los actos que el quejoso reclama de esta autoridad son independientes del nombramiento vigente del que goza el quejoso y el mismo es candidato para ocupar un nuevo nombramiento como Magistrado a Sala Regional del tribunal. c) Al otorgarle el a quo el derecho indebido y extralegal de hacer exigible su continuación, estabilidad y/o seguridad en el desempeño de su función causa agravio a esta autoridad, pues el Juez dicta su resolución en franca y directa contravención a lo que dispone la Ley Orgánica del Tribunal Federal y de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que de acuerdo a lo preceptuado en su artículo 5o., se le otorgó al hoy quejoso un nombramiento por tiempo determinado (10 años computados a partir de su nombramiento), y al fenecer éste en relación con el artículo 7o. transitorio de la misma ley, debe de entregar su Magistratura. d) Al concederle la suspensión definitiva al quejoso para el efecto de prorrogar el nombramiento que le fue otorgado por plazo determinado, el Juez de Distrito le está otorgando efectos constitutivos de derechos al quejoso sobre un derecho que por ley se extingue por el simple hecho de haber concluido el plazo para el que fue nombrado, por lo que es notoriamente improcedente el otorgamiento de la medida cautelar, pues se otorga la suspensión sobre un derecho inexistente, contraviniendo con ello la naturaleza jurídica del amparo y los efectos suspensivos del acto reclamado. e) La Juez por el simple hecho de que el aún Magistrado haya sido considerado para un nuevo nombramiento siguiendo lo preceptuado por los artículos 4o. y 8o. de la ley, le deriva el derecho de permanecer en el mismo mientras el Senado de la República no se pronuncie en relación al nuevo nombramiento al que ha sido propuesto, hecho por demás ilegal, ya que si bien la ley establece que los Magistrados que hayan concluido el periodo para el que fueron nombrados, podrán ser considerados nuevamente para ocupar dicho encargo. f) El legislador no reguló la ratificación, como en otras leyes lo ha hecho, y en este caso, el legislador fue muy claro al establecer nombramientos de los Magistrados por plazo determinado y establece como primer presupuesto para que puedan ser considerados nuevamente para ocupar un nuevo nombramiento como Magistrado de Sala Regional, que los Magistrados estén por concluir el periodo para el que fueron nombrados, así lo dispone claramente el artículo 5o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. g) Ni en la Constitución Política de los Estados Unidos, ni en ningún ordenamiento secundario se establece la obligación de dictaminar en su conjunto las propuestas de nombramientos para ocupar un encargo, por lo que esta autoridad puede dictaminar y presentar varios dictámenes ante el Pleno del Senado de la República o, en su caso, de la Comisión Permanente; ya que la normatividad que alude a la aprobación de nombramientos de los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se encuentra solamente con lo que disponen los artículos 4o. y 6o. de la Ley Orgánica del Tribunal (sic). Segundo agravio. La autoridad responsable señala que la Juez realiza una indebida aplicación de jurisprudencia, violando el artículo 73, fracción XXIX-G, de la Constitución. a) El legislador estableció en el artículo 4o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la facultad discrecional y no reglada, del presidente de la República de nombrar con la aprobación del Senado de la República a los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esto es, que la designación de dichos nombramientos recae en dos Poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, sin contemplar la figura de ratificación. b) La propuesta de nuevo nombramiento del quejoso no tiene vinculación alguna con el que actualmente ocupa o como lo pretende el quejoso que sea una ratificación para obtener una inamovilidad que la misma ley no prevé por tratarse de encargos por plazos determinados. c) Los criterios jurisprudenciales de interpretación que el a quo aplica al caso concreto, se hace referencia a la figura de la ratificación como condición para obtener la inamovilidad en su encargo como Magistrado, así como los elementos a considerar para el estudio y aprobación de la ratificación. Figura que no contempla la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por establecer nombramientos expedidos por tiempo determinado, por lo que no hay similitud alguna en los diversos ordenamientos para que se pueda aplicar por analogía lo dispuesto por la jurisprudencia en materia de ratificación de Magistrados del Poder Judicial, al no encontrarse el quejoso dentro de tales supuestos. d) El Juez debió de interpretar la ley de acuerdo a lo que el legislador quiso normar, de ahí que para llegar a una interpretación sistemática de la ley, debió de estarse, en todo caso, a lo manifestado por el legislador en la exposición de motivos en la cual se establece que se le da un plazo determinado a los nombramientos para que los Magistrados no tengan derechos adquiridos, por ello se le amplió dicho plazo de su nombramiento, el cual originalmente era de seis años, y en la nueva ley se amplió a un plazo de diez años, lo cual se dio de esa manera para cumplir con lo plasmado con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado
Unidos Mexicanos, y el Juez en una especie de auto-legislación, materialmente legisla o acopla a su modo, y aplica la figura de la ratificación y sus reglas para los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo cual es inconstitucional. QUINTO. Tanto el director contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como el director general de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, solicitan que la suspensión se revoque y por ello, sus agravios serán atendidos en primer orden. Este tribunal considera que los diversos argumentos expresados en los agravios de las autoridades recurrentes son infundados e inoperantes. En cuanto a los argumentos que se estiman infundados, se observa que tanto el director contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa -primer agravio incisos b) y h)- como el director general de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión -primer agravio inciso d) y segundo agravio inciso c)- impugnan esencialmente que la Juez de Distrito no aplicó la jurisprudencia correcta, ya que utiliza por analogía tesis del Poder Judicial Federal y los Poderes Judiciales Estatales. Asimismo, el director contencioso de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en su primer agravio, incisos d), e), f), g), i) y p), y segundo agravio inciso a), recurre esencialmente que la Juez de Distrito invadió la esfera de competencia del Congreso del Unión y se sustituyó en el presidente de la República en lo relativo a la designación de Magistrados del citado tribunal, con lo cual se genera incertidumbre jurídica sobre las posibles actuaciones que lleve a cabo el quejoso. La misma autoridad recurrente, también menciona en los incisos i) y j) que la suspensión se dictó sobre un acto negativo y, por tanto, se están dando efectos restitutorios y constitutivos de derechos al quejoso. De igual forma, la autoridad recurrente señala que con la suspensión concedida se actualiza una violación a los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal porque sin que exista precepto legal que lo justifique, el quejoso ejercerá como Magistrado de Sala Regional una vez que concluya su nombramiento, en perjuicio de los gobernados ya que la resolución sólo tiene efectos en contra de las autoridades responsables. Se agrega a lo anterior que la Juez no realizó una ponderación de valores por tratarse de actos negativos que no analizaron la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora, el interés de la colectividad, ni los daños de difícil reparación. En similar sentido, el director general de Asuntos Jurídicos Administrativos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión señaló en su primer agravio, inciso a) y d), que la suspensión concedida le constituye derechos al quejoso porque su nombramiento tiene un plazo definido y ello va en contra de la naturaleza del amparo. Son infundados los argumentos antes señalados en atención a que la suspensión otorgada por la Juez de Distrito se concedió en los términos de los artículos 124 de la Ley de Amparo y 107, fracción X, de la Constitución Federal, que a la letra dicen: ‘Artículo 124.’ (se transcribe). ‘Artículo 107.’ (se transcribe). En el juicio de amparo el quejoso reclamó -entre otros actos- el dictamen de fecha veintiséis de julio de dos mil once, aprobado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el cual se observa que en el punto segundo del acuerdo se ‘ratifican los nombramientos propuestos por el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.’. No obstante lo anterior, el quejoso no se ubica en los nombres de los Magistrados ‘ratificados’ pese a que todos siguieron el mismo procedimiento de evaluación por parte del órgano legislativo. Por tales situaciones, el quejoso reclama en el amparo la omisión en que incurre la comisión, por no haberlo nombrado nuevamente como Magistrado y porque no se justifican los motivos por los cuales dicha autoridad arribó a tal determinación. Bajo este contexto, la Juez de Distrito atendió al caso concreto y analizó la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo a partir de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pronunciado progresivamente respecto a las garantías judiciales de los funcionarios que desempeñan cargos de (sic) jurisdiccionales. Igualmente, destaca el reconocimiento del derecho a la administración de justicia en la doble vertiente del interés público y los principios de justicia independiente, pronta, completa e imparcial garantizada mediante la seguridad y estabilidad de los funcionarios que imparten esta labor. Tenemos así que el derecho de acceso a la justicia se hace exigible a todas las autoridades que ejercen funciones jurisdiccionales, sin importar si dependen de órganos de los Poderes Judiciales o de órganos del Poder Ejecutivo y por ello, la suspensión concedida no sigue perjuicio al interé
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23912-8fbbc81e/suspension-no-procede-concederla-contra-la-omision-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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