AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE ANTES DE EMITIR LA ORDEN DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN O ROTACIÓN, AQUÉLLOS SE ENCONTRARAN ADSCRITOS EN DETERMINADO LUGAR PARA ABATIR UN REZAGO, NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA GENERAL PREVISTA EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 6/2007 (*) Y, POR TANTO, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN CONTRA DE DICHA ORDEN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 15/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 30 DE JUNIO DE 2015. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE MEZA PÉREZ, SERGIO JAVIER COSS RAMOS Y JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ. PONENTE: SERGIO JAVIER COSS RAMOS. SECRETARIO: NOEL ISRAEL LOERA RUELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; así como 41 Bis, 41-Ter, fracción I, y 55 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 10 y 49 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en virtud de que se trata de la denuncia sobre la posible contradicción de tesis, entre las sustentadas por criterios de Tribunales Colegiados de este Cuarto Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.
El artículo 227, fracción III, de la ley de la materia establece que las contradicciones de tesis a que se refiere la fracción III del artículo 226 del mismo ordenamiento, podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito, por el procurador general de la República, por los Tribunales Colegiados contendientes y por sus integrantes, por los Jueces de Distrito o, por las partes en los asuntos que las motivaron.
En el caso, la denuncia de contradicción fue formulada por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 282/2014; por lo que es dable concluir que la denuncia proviene de parte legítima.
TERCERO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 282/2014, en sesión de catorce de octubre de dos mil catorce, consideró lo siguiente:
"QUINTO.-Antecedentes del asunto. Los antecedentes del presente asunto son los que a continuación se indican.
"En síntesis, en su demanda de garantías, ********** manifestó como actos reclamados: La promulgación, refrendo, contenido, publicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la abrogación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, del Reglamento de Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, la falta de aplicación del artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la emisión del oficio SCRPPA/DS/01301/2014, de fecha seis de agosto de dos mil catorce, emitido por el coordinador de Supervisión y Control Regional, en suplencia del subprocurador de Control Regional; Asimismo, solicita la suspensión de los actos reclamados, esencialmente, para el efecto siguiente ‘... que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y continuar asignando a la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de Nuevo León’.
"Por acuerdo de uno de octubre de dos mil catorce, el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, negó al quejoso la suspensión provisional de los actos reclamados, porque no se cumple con el requisito que para tal efecto exige el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, al considerar que se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, al tratarse el acto reclamado de la rotación de su área de trabajo, como agente del Ministerio Público, considerando que deben preservarse los valores colectivos frente a su interés particular.
"Con relación a ello consideró que, de suspenderse el acto reclamado -la rotación de su área de trabajo-, se afectaría el interés social, porque impediría la facultad de las autoridades expresamente autorizadas para reubicar a los servidores públicos, que es una atribución de ejercicio libre y discrecional que tiende a lograr la eficacia y el desempeño de esa institución.
"Consideró el Juez que, del oficio en mención, se advierte que fue asignado a la Delegación Estatal de Tamaulipas, Estado el cual, es conocido por tener altos índices de inseguridad, por lo que resulta indispensable la presencia de autoridades como los agentes del Ministerio Público para preservar el orden y seguridad de la población en dicha entidad.
"Asimismo, señaló que sobre los intereses individuales del quejoso orientados a evadir momentáneamente el acatamiento de las disposiciones que en un entorno periférico, le vinculan a cumplir con un determinado mandato de sus superiores jerárquicos, deben predominar los diversos que asisten a la sociedad en general, en la inteligencia que, de concebir las cosas de una manera distinta, llevaría al absurdo jurídico de que por medio de la medida suspensiva, el órgano jurisdiccional se sustituyera en las facultades exclusivas e inherentes de las potestades administrativas, en franca contravención de lo previsto por la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo.
"Por tanto, concluyó que el valor público o social se contrapone a lo individual y, se reitera, que en el caso, procede negar al quejoso la suspensión provisional de los actos reclamados.
"En contra de la negativa de la suspensión provisional de los actos reclamados, el solicitante de garantías promueve el presente recurso de queja.
"SEXTO.-Sistematización de los agravios. En el Único agravio expuesto por el recurrente, manifiesta que la negativa de la suspensión provisional no se encuentra debidamente fundada y motivada, porque fundamenta su decisión en lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Amparo en vigor, misma que consta de trece fracciones, sin que especifique qué fracción en particular tomó en cuenta para el caso que nos ocupa, señala que dichas fracciones son diferentes y no guardan una relación entre sí, ni dependen una de otra, por lo que considera que su fundamentación es ambigua, debiendo de ser más específica y aplicar la fracción que tomó en cuenta para emitir su ilegal determinación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 146 de la Ley de Amparo, que señala que en las resoluciones que decida sobre la suspensión definitiva, deberá contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas, así como las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder o negar la suspensión y los puntos resolutivos en los que se exprese el acto o actos por los que se concede o niegue la suspensión y, en el caso que nos ocupa, no se especificó claramente la fracción que contiene el supuesto que tomó en cuenta para emitir la resolución que ahora se combate.
"Asimismo, señala una incorrecta aplicación de lo establecido en el artículo 128 de la Ley de Amparo en vigor, argumentando que, si bien es cierto que las leyes y reglamentos que rigen a los servidores públicos y, específicamente, a los agentes del Ministerio Público de la Federación y, en general, a la Procuraduría General de la República, los faculta para cambiar de adscripción a dichos servidores públicos, también es cierto que antes de tomar una determinación de esa índole, se deberá considerar lo establecido en los artículos 16, 21 y 102, apartado A, de la Constitución Pública de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y su reglamento; la Ley del Servicio Civil de Carrera Judicial y su reglamento; apegándose a lo dispuesto por los artículos 16 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional; así como lo señalado en el procedimiento establecido en el artículo 64 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, en concordancia con lo señalado por el artículo 41, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para llevar a cabo la rotación del personal perteneciente al Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, como en el presente caso, puesto que debió de considerar que el otorgamiento de la suspensión solicitada en nada afecta la vigencia de lo establecido en el artículo 128 de la Ley de Amparo, ni la priva de eficacia general como erróneamente lo consideró el Juez recurrido y, por el contrario, debió considerar las circunstancias personales del quejoso, como lo es el estado de salud, la capacidad física, económica y mental del servidor público y, obviamente, el desempeño y capacidad intelectual de la función que tiene asignada como lo es el de estar asignado al ‘Programa de Apoyo y Abatimiento al Rezago’, respetando sus derechos fundamentales, elementos que considera no se tomaron en cuenta al momento de dictar la resolución impugnada, al no concedérsele la suspensión provisional solicitada, sirve de fundamento a lo anterior, lo establecido en los siguientes criterios:
"‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. EL JUICIO DE PONDERACIÓN REALIZADO POR EL JUEZ DE DISTRITO PARA DETERMINAR SI SE CUMPLE EL REQUISITO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE LA MATERIA PARA CONCEDER DICHA MEDIDA NO PUEDE, POR REGLA GENERAL, INVOLUCRAR EN FAVOR DEL QUEJOSO EL ARGUMENTO DE QUE LA SOCIEDAD ESTÁ INTERESADA EN QUE LOS ACTOS DE AUTORIDAD SE AJUSTEN A LOS MANDATOS LEGALES Y RESPETEN LAS GARANTÍAS FORMALES DE LEGALIDAD Y DEBIDO PROCESO.’ (se transcribe)
"‘SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.’ (se transcribe)
"‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA ES INDEBIDO ATENDER, SOLAMENTE A LA CALIDAD DE ORDEN PÚBLICO DE QUE ESTÁ INVESTIDA LA LEY EN QUE SE FUNDA EL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe)
"Indica que los criterios sustentados dentro de los incidentes de suspensión 802/2006 y 736/2013, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, este último en el que se le concedió la suspensión definitiva en las resoluciones de fechas veintiuno de mayo y quince de agosto, ambas de dos mil trece, como lo señala en la resolución de doce de septiembre de dos mil catorce, por dicha autoridad que textualmente, en lo que interesa, señala:
"‘Por lo que al encontrarse reunidos los requisitos que alude el artículo 128 de la ley de amparo, toda vez que lo solicita la parte quejosa no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y atendiendo lo establecido en el diverso numeral 138 de la ley de la materia, por lo que hace al acto consistente en que no se lleven a cabo el cambio de adscripciones ordenado en los oficios SCARPA/DS/03181/2013, SCARPA/DS/03180/2013 y SCARPA/DS/03179/2013, de trece de marzo de dos mil trece, toda vez que de realizarse les ocasionaría perjuicio de imposible reparación, se concede la suspensión definitiva a los impetrantes de garantías.’
"Manifiesta también que, con base a la resolución decretada en fecha doce de abril del dos mil trece, dentro del recurso de queja 46/2013, promovido por el suscrito y otros, radicado en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, tomando como base en que el aquí quejo (sic) y coagraviados dentro del juicio de amparo 736/2013, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, al encontrarse adscritos al ‘Programa de Apoyo y Abatimiento al Rezago’, teniendo como función en beneficio de la sociedad la resolución final de averiguaciones previas que no fueron resueltas en su momento, con lo que, al encontrarme realizando su función en dicho programa, resolviendo las averiguaciones previas encomendadas de rezago, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, toda vez que se encuentra adscrito a dicho Programa de Apoyo y Abatimiento al Rezago, el cual no ha dejado de tener vigencia, puesto que no le han notificado que dicho programa ya se haya terminado, y que al momento de la notificación del oficio impugnado se encontraba resolviendo diversas averiguaciones previas de rezago que señala en su escrito inicial de demanda de amparo; por lo que la procuración de la Justicia Federal dentro de la Procuraduría General de la República, continuará en sus términos, con sus planes, programas y métodos de implementación y aplicación a nivel nacional, tanto en la entidad federativa que se le pretende asignar como en este Estado, además de señalar que el oficio impugnado SCRPPA/DS/01301/2014, de fecha seis de agosto del presente año, suscrito por el C. Anselmo Mauro Jiménez Cruz, coordinador de Supervisión y Control Regional, en suplencia del subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la República, mediante el cual se le hace del conocimiento el cambio de adscripción al Estado de Tamaulipas, y del que no se desprende que le haya sido asignada alguna agencia, ya sea investigadora o adscrita a un Juzgado de Distrito, o bien, un Tribunal de Circuito, por lo que solicita la aplicación del principio de la ponderación y apariencia del buen derecho, que señala el artículo 138 de la Ley de Amparo, así como las características y trascendencia del acto que se combate, por lo que de llegar a materializarse el acto que reclama se le causaría un perjuicio a sus derechos fundamentales por un acto de autoridad, solicitando la aplicación de las tesis de jurisprudencia siguientes:
"‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’ (se transcribe)
"‘SUSPENSIÓN PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.’ (se transcribe)
"Asimismo, argumenta que, el hecho de que el oficio impugnado manifieste una rotación de área de trabajo, se traduce en un cambio de adscripción, al señalar que le asigna como mi nueva área de trabajo en el Estado de Tamaulipas, con lo que, dice, sus derechos laborales los ejercería ante la delegación de dicho Estado, además dicho oficio no señala que dicha rotación sea de manera temporal o permanente, además de no haber realizado el procedimiento establecido en el artículo 64 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, en concordancia con lo señalado por el artículo 41, fracción IV, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para llevar a cabo la rotación o cambio de adscripción del personal perteneciente al Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal como en el presente caso, lo que indica, le causarla un perjuicio de imposible reparación: por lo que considero la aplicación del criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, dentro del recurso de queja 46/2013, que en fecha doce de abril del dos mil trece, declaró procedente el recurso de queja interpuesto por el suscrito compareciente y otros, señalando dicho criterio, en lo que interesa, lo siguiente: (se transcribe)
"SÉPTIMO.-Estudio del agravio. El único agravio expuesto por el quejoso es infundado.
"En el acuerdo dictado por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, el uno de octubre de dos mil catorce, que constituye el acto recurrido, se negó al quejoso la suspensión provisional de los actos reclamados, porque no se cumple con el requisito que para tal efecto exige el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, al considerar que se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, al tratarse el acto reclamado de la rotación del área de trabajo del quejoso, en su carácter de agente del Ministerio Público, considerando que deben preservarse los valores colectivos frente a su interés particular.
"Con relación a ello, consideró el Juez de Distrito que de suspenderse el acto reclamado -la rotación de su área de trabajo-, se afectaría el interés social porque impediría la facultad de las autoridades expresamente autorizadas para reubicar a los servidores públicos, lo cual consideró, que es una atribución de ejercicio libre y discrecional que tiende a lograr la eficacia y el desempeño de la institución para la cual labora el quejoso.
"También consideró el Juez de Distrito que, del oficio en mención, se advierte que fue asignado a la Delegación Estatal de Tamaulipas, Estado el cual es conocido por tener altos índices de inseguridad, por lo que resulta indispensable la presencia de autoridades como los agentes del Ministerio Público, para preservar el orden y seguridad de la población en dicha entidad.
"Asimismo, señaló que sobre los intereses individuales del quejoso, orientados a evadir momentáneamente el acatamiento de las disposiciones que en un entorno periférico, le vinculan a cumplir con un determinado mandato de sus superiores jerárquicos, deben predominar los diversos que asisten a la sociedad en general, en la inteligencia que de concebir las cosas de una manera distinta, llevaría al absurdo jurídico de que, por medio de la medida suspensiva, el órgano jurisdiccional se sustituyera en las facultades exclusivas e inherentes de las potestades administrativas, en franca contravención de lo previsto por la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Por tanto, concluyó que el valor público o social se contrapone a lo individual y, reiteró que, en el caso, procede negar al quejoso la suspensión provisional de los actos reclamados.
"Los argumentos expuestos en el único agravio propuesto por el solicitante de la suspensión provisional, se encuentran encaminados a demostrar que la resolución recurrida se encuentra indebidamente fundada y motivada, para poner de manifiesto que debe revocarse el acuerdo impugnado, por estimar que no se vulnera el interés social ni el orden público y que, por ende, debía considerarse la apariencia de buen derecho de su pretensión y otorgarse le la suspensión provisional que solicita.
"En el caso, la litis se constriñe a determinar, a la luz de los argumentos del recurrente, si la resolución emitida por el Juez de Distrito se encuentra debidamente fundada y motivada, como para concluir que, en la especie, no se cumplía con las exigencias del artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, esto es, que de concederse la suspensión provisional se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, al tratarse el acto reclamado de la rotación del área de trabajo del quejoso, en su carácter de agente del Ministerio Público, y que, por tanto, debían preservarse los valores colectivos frente al interés particular del quejoso.
"Como se adelantó, los argumentos expuestos por el recurrente resultan ineficaces por infundados.
"En el caso a estudio, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el oficio SCRPPA/DS/1301/2014, suscrito por la autoridad responsable el seis de agosto de dos mil catorce, a través del que determinó su rotación, como agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Delegación de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Nuevo León, a la Delegación Estatal en Tamaulipas.
"El quejoso solicitó la suspensión de los actos reclamados, por lo que con dicha solicitud, es claro que se encuentra reunido el requisito que exige el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, amén de que se acredita con la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre la existencia del oficio SCRPPA/DS/130/12014, fechado el seis de agosto de dos mil catorce, visible de la foja 1 a la 7 de la demanda inicial de amparo, designándose como nueva área de trabajo del aquí quejoso, la Delegación Estatal en Tamaulipas.
"Sin embargo, considerando las características del acto reclamado, se estima que, en la especie, no se surte el requisito previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones.
"Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha estimado que los conceptos de orden público e interés social se encuentran íntimamente vinculados y ha concluido que el orden público y el interés social, se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que, de otra manera, no resentiría, como se advierte de la jurisprudencia 8, publicada en la página 44, Séptima Época, Informe 1973, Parte II, y Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 522, página 343, que dice:
"‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.-De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que de fina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.’
"Se considera que no es procedente conceder la medida cautelar solicitada, en virtud de que su otorgamiento implicaría contravenir disposiciones de orden público, por lo que no se surte el requisito de procedencia previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, porque, como se vio con antelación, la rotación es una figura prevista en el artículo 63 la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, cuya instrumentación en términos del diverso 64, será realizada por las unidades administrativas u órganos desconcentrados de la procuraduría dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.
"Por otra parte, el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República señala, en lo que interesa, que:
"‘Artículo 33. El Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y Pericial comprende lo relativo al agente del Ministerio Público de la Federación, agente de la Policía Federal Ministerial y perito profesional y técnico, y se sujetará a las bases siguientes:
"‘I. Se compondrá de las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio, así como reincorporación al mismo, en los términos de las disposiciones aplicables;
"‘II. Tendrá carácter obligatorio y permanente y observará los programas, cursos, exámenes y concursos correspondientes a las diversas etapas de las ramas ministerial, policial y pericial, los cuales se realizarán por las unidades y órganos que determinen las disposiciones aplicables, sin perjuicio de que se establezcan mecanismos de coadyuvancia con instituciones públicas o privadas;
"‘III. Se regirá por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina e imparcialidad y de respeto a los derechos humanos y tendrá como objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación constante del personal en el desempeño de sus funciones, así como fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia;
"‘El contenido teórico y práctico de los programas de capacitación, actualización y especialización fomentará que los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial y los peritos logren la profesionalización y ejerzan sus atribuciones con base en los referidos principios y objetivos, y promoverán el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para el desempeño del servicio;
"‘IV. Contendrá las normas para la emisión, revalidación, registro y el reconocimiento de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que el personal ministerial, policial y pericial deberá tener para desempeñar su función y acceder a los niveles superiores;
"‘V. Contará con un sistema de rotación de agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial y de peritos profesionales y técnicos, dentro de la Procuraduría General de la República, y
"‘VI. Determinará los perfiles, categorías y funciones de los agentes del Ministerio Público de la Federación, agentes de la Policía Federal Ministerial y de peritos profesionales y técnicos.’
"De lo anterior puede advertirse que el Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, al que pertenecen, entre otros servidores, los agentes del Ministerio Público de la Federación, se compone de las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio y además, la rotación de los agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia constituye parte de la etapa a través de la que desarrollan su labor.
"Esa medida se justifica, si se toma en consideración que el tipo de actividades que los aludidos servidores públicos tienen a su cargo, exige su disponibilidad para ser colocados en el lugar en que se requiera su intervención.
"La disponibilidad de que se habla no podría hacerse efectiva si no se contara con medios como la rotación o el cambio de adscripción, pues a través de ellas se logra mover a un agente del Ministerio Público Federal del lugar en que se desempeña a otro donde se hace necesaria su intervención, a fin de cumplir con el mandato contenido en los artículos 21 y 102 A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es precisamente la investigación y persecución de todos los delitos ante los tribunales, aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine.
"Esto es así, pues de no acatarse esas disposiciones emitidas con el ánimo de mejor procuración de justicia, la colectividad resentiría afectación, pues tal funcionamiento y la organización respectiva no estaría apegada a los lineamientos establecidos en las leyes, para mejor realización de dicha función pública que se materializa, en la especie, en el buen desarrollo de la persecución de los delitos en beneficio de la sociedad, ya que ésta confía en que las autoridades encargadas de la procuración de justicia, salvaguarden el orden y los derechos de los gobernados que se vean afectados por conductas tipificadas, evidentemente lo que se logra a través de esas instituciones.
"Por consiguiente, la rotación, como el cambio de lugar de trabajo, son medidas a través de las cuales se garantiza el otorgamiento efectivo del servicio público que presta la Procuraduría General de la República a la sociedad, lo que supone que su determinación obedece a necesidades del servicio.
"De ese modo, es posible concluir que el perjuicio al interés social y la contravención a disposiciones de orden público han quedado acreditados, no obstante que dicho aspecto no se encuentra dentro de ningún inciso al que alude el artículo 129 de la Ley de Amparo, pues al señalar en su redacción que: ‘Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: ...’, debe entenderse que dichos apartados son enunciativos y no limitativos, lo que da pauta para reconocerlos en otros supuestos.
"No obsta para arribar a la anterior conclusión que, si bien el estudio de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora son instrumentos constitucionalmente establecidos, a fin de que los juzgadores de amparo cuenten con herramientas que les permitan valorar la posible contravención a disposiciones de orden público o afectación al interés social con la concesión de la suspensión del acto reclamado; pues, por regla general, el análisis de los aspectos destacados es innecesario cuando, como en el caso concreto, la suspensión del acto reclamado conlleva perjuicio al interés social y la contravención a disposiciones de orden público como en el caso particular se daría con la paralización de una medida jurídica con que cuenta la Procuraduría General de la República para mover a sus agentes ministeriales a fin de colmar una necesidad en determinado punto geográfico del país.
"Medida que, como se expuso en líneas precedentes, está prevista e instrumentada en normas de orden público, cuya observancia le interesa a la sociedad.
"En estos casos, el examen de apariencia del buen derecho y peligro en la demora es innecesario, por regla general, en virtud de que existen algunas excepciones, como cuando el acto reclamado es inconstitucional en sí mismo, pues en ese caso se permite que el examen de provisional del acto reclamado que revele su evidente contraposición al orden constitucional, posibilite otorgar la suspensión.
"Sin embargo, en el caso concreto, contrario a lo que sostiene el solic
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25814-5e056467/agentes-del-ministerio-publico-de-la-federacion-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE ATENDER NO SÓLO A LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SINO ADEMÁS PONDERAR, SIMULTÁNEAMENTE, LA APARIE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBL (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE SI UNO DE LOS CRITERIOS DIVERGENTES QUEDÓ SUPERADO POR JURISPRUDENCIA DEL PLENO DE CIRCUITO QUE CONOCE DE LA MISMA (APLICACIÓN ANALÓGICA DE L (PC.III.A. 2 K (10a.))
- SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE CUANDO SE TRATE DE LA INTERRUPCIÓN DE ALGUNA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO JUDICIAL PARA NO PERDER LA MATERIA DEL JUICIO DE AMPARO Y EVITAR EL DICT (VII.2o.C.19 K (10a.))
- CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE LA DENUNCIA RESPECTIVA CUANDO LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES SE REFIERAN A U (2a. CXXXIV/2002)
- SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU ANÁLISIS AL MOMENTO DE PROVEER SOBRE ÉSTA SE INTEGRA POR DIVERSAS FASES ORDENADAS Y CONCATENADAS QUE, DADA SU PRELACIÓN Y ESTRECHA RELACIÓN, N (I.9o.C. J/1 K (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis