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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 277/2014. · Registro digital (IUS): 25469
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-02-13
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO, DÉCIMO Y DÉCIMO OCTAVO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, TERCERO
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Pág. 1717.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 277/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO, DÉCIMO Y DÉCIMO OCTAVO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y TERCERO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO, ACTUALMENTE TERCERO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. 26 DE NOVIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ, ALBERTO PÉREZ DAYÁN Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. DISIDENTES: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GEORGINA LASO DE LA VEGA ROMERO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambos preceptos legales vigentes a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados de distinto circuito en un tema que, por ser de naturaleza administrativa, corresponde a la materia de su especialidad.

SEGUNDO. Legitimación. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada para ello, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República y 227, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que se formuló por el Magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, siendo este tribunal el que sustentó uno de los criterios presumiblemente discrepantes.

TERCERO. Consideraciones previas. Previo a determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es menester tener en cuenta que el artículo 217 de la Ley de Amparo(1) señala que la jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los Tribunales Colegiados que se ubiquen en el circuito correspondiente.

En ese sentido, debe estimarse que el criterio de un Tribunal Colegiado de Circuito queda sin efectos cuando el tema jurídico a que se refiere queda definido por jurisprudencia emitida por el Pleno del Circuito al que corresponde y, por tanto, no puede participar en una denuncia de contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto circuito, al no ser jurídicamente posible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo tome en consideración para definir, en su caso, el criterio que habrá de prevalecer con carácter de jurisprudencia.

Ahora bien, de los antecedentes que informan el presente asunto se advierte que la denuncia de contradicción de tesis que nos ocupa comprende, entre otros, el criterio sustentado por los Tribunales Colegiados Octavo, Décimo y Décimo Octavo en Materia Administrativa del Primer Circuito, los que coincidieron en señalar que no es procedente conceder la suspensión contra las obligaciones que derivan de lo previsto en los artículos 17 K y 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, dado que se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social.

Sin embargo, en sesión celebrada el veintinueve de septiembre de dos mil catorce, el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió la contradicción de tesis 25/2014, entre los Tribunales Colegiados Primero, Noveno y Décimo en esa materia y circuito, declarando que el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es en el sentido de que no procede otorgar la suspensión contra la obligación impuesta en el artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del dos mil catorce, consistente en ingresar mensualmente la información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, ya que se contravendría el interés que tiene la sociedad en que los procedimientos implementados para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales se tramiten con celeridad y eficacia, en virtud de que dicha obligación constituye la base necesaria para que la autoridad hacendaria pueda ejercer la facultad de comprobación regulada en la fracción IX del artículo 42 del citado ordenamiento legal, consistente en la denominada revisión electrónica.

El criterio relativo se contiene en la jurisprudencia PC.I.A. J/31 A (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación el siete de noviembre de dos mil catorce, que es del siguiente tenor:

"SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE DECRETARLA CONTRA LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE DE ENVIAR MENSUALMENTE SU INFORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. No procede decretar la medida cautelar referida contra los efectos y consecuencias del precepto mencionado, al no colmarse el requisito previsto por el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que de permitir a los contribuyentes que, aun de modo provisional, omitan enviar mensualmente su información contable a través de la página de Internet de la autoridad hacendaria, se contravendría el interés de la sociedad en que los procedimientos fiscales establecidos para revisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias se tramiten y concluyan con celeridad y eficacia, pues se obstaculizaría el ejercicio de la facultad de revisión regulada por el numeral 42, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, en atención a que la remisión electrónica de la contabilidad constituye la base necesaria para llevarla a cabo."

Luego, si de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, el criterio jurisprudencial del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, antes transcrito, es de observancia obligatoria para los Tribunales Colegiados del circuito correspondiente, entonces, debe estimarse que el criterio de los Tribunales Colegiados Octavo, Décimo y Décimo Octavo en Materia Administrativa del Primer Circuito que se denuncia como posible opositor quedó sin efectos y, por tanto, no debe participar en la presente denuncia de contradicción de tesis.

CUARTO. Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, el criterio que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, es preciso tener en cuenta los principales antecedentes de los asuntos de donde emanan los criterios que se denuncian como opositores y las consideraciones esenciales que los sustentan.

Al efecto, debe señalarse que todas las ejecutorias que se analizan tienen su origen en un juicio de amparo indirecto en el que se reclamó, esencialmente:

1. El decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, en particular, los artículos 17 K y 28, fracción IV;

2. Las reglas de carácter general relativas contenidas en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, así como en la primera y segunda resoluciones de modificaciones a la precitada Resolución Miscelánea Fiscal; y,

3. La aplicación y ejecución de las normas generales impugnadas.

En la demanda de amparo, se solicitó la suspensión provisional de los efectos y consecuencias de las normas impugnadas y, en su oportunidad, la definitiva:

a) Para que los actos y resoluciones emitidos por la autoridad hacendaria no se notifiquen a través del buzón tributario a la parte quejosa ni se le obligue a ésta a utilizar dicho medio de comunicación electrónico para enviar promociones, solicitudes o avisos, ni para dar cumplimiento a requerimientos de la propia autoridad hacendaria; y,

b) Para que no se obligue a la parte quejosa a ingresar su información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

Por razón de orden, se estima conveniente señalar, en primer término, que en los recursos de queja, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, se impugnó el auto por virtud del cual el Juez de Distrito concedió la medida cautelar solicitada.

Al resolver el recurso de queja 102/2014, el referido Tribunal Colegiado desestimó los agravios formulados por la autoridad recurrente en contra de la anterior determinación, al tenor de las siguientes consideraciones esenciales:

"Ahora, los agravios aducidos por la autoridad recurrente, vinculados con la legalidad de la medida suspensional decretada por el Juez de Distrito son infundados.

"Con el objeto de establecer las razones que sustentan la declaratoria de infundados, es de precisarse que los artículos 17-K, 18, segundo párrafo, 38, fracción I, segundo párrafo, 134, fracción I y segundo transitorio, fracciones III y VII, del Código Fiscal de la Federación, así como de las reglas I.2.8.6., I.2.8.7. y I.2.8.8., y sus anexos 1, 1-A, 2, 3, 6, 11, 14, 15, 18, 22, 23 y 24, y artículo décimo tercero transitorio de la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, ponen de manifiesto que, por un lado, las personas que, de acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad tendrán, entre otras obligaciones, la de generar en medios electrónicos los registros o asientos que integran la contabilidad, para lo cual, registrarán sus operaciones e ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las reglas de carácter general, en las cuales se prevé un medio de comunicación y realización de esos trámites denominado ‘buzón tributario’ y, por otro lado, se observa que a través del medio señalado se establece un sistema de notificación electrónica de cualquier acto o resolución administrativa que emita la autoridad, en documentos digitales, incluyendo cualquiera que pueda ser recurrido, así como de presentación de promociones, solicitudes, avisos, cumplimientos a requerimientos de la autoridad, a través de documentos digitales; medio a través del cual, los contribuyentes también podrán realizar consultas sobre su situación fiscal.

"Ciertamente, de acuerdo con la regla I.2.8.6 ‘Contabilidad en medios electrónicos’, los contribuyentes a que se refiere el artículo 28, fracción III, del código tributario deberán llevar la contabilidad en sistemas electrónicos con la capacidad de generar archivos en formato XML que contengan lo siguiente:

"I. Catálogo de cuentas utilizado en el periodo; a éste se le agregará un campo con el código agrupador de cuentas del SAT, contenidos en el anexo 24, apartados A y B.

"II. Balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo, capital, resultados (ingresos, costos y gastos) y cuentas de orden; en el caso de la balanza de cierre del ejercicio se deberá incluir la información de los ajustes que para efectos fiscales se registren. Se deberán identificar todos los impuestos y, en su caso, las distintas tasas, cuotas y actividades por las que no deba pagar el impuesto; así como los impuestos trasladados efectivamente cobrados y los impuestos acreditables efectivamente pagados, conforme al anexo 24, apartado C.

"III. Información de las pólizas generadas, incluyendo el detalle por transacción, cuenta, subcuenta y partida, así como sus auxiliares. En cada póliza debe ser posible distinguir los CFDI que soporten la operación, asimismo, debe ser posible identificar los impuestos con las distintas tasas, cuotas y actividades por las que no deba pagar el impuesto. En las operaciones relacionadas con un tercero, deberá incluirse el RFC de éste, conforme al anexo 24, apartado D.

"Asimismo, el artículo 28, fracción IV, del código invocado prevé que las personas que, de acuerdo con las disposiciones fiscales están obligadas a llevar contabilidad, ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con las reglas de carácter general que se emitan para tal efecto.

"Por su parte, de la lectura a la regla I.2.8.7 ‘Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicos de manera mensual’, se conoce que la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, a la que se remite la contabilidad en medios electrónicos, es el denominado "buzón tributario," estableciéndose para ello la periodicidad del envío.

"En tanto que la regla I.2.8.8 ‘Cumplimiento de la disposición de entregar contabilidad en medios electrónicos a requerimiento de la autoridad’ prevé que cuando sea requerida la información contable sobre las pólizas dentro del ejercicio de las facultades de comprobación, o cuando se solicite o se requiera cierta información, el contribuyente estará obligado a entregar a la autoridad fiscal el archivo electrónico, conforme a lo establecido en la regla I.2.8.6., fracción III, así como el acuse o acuses de recepción correspondientes a la entrega de la información establecida en las fracciones I y II o segundo párrafo de la misma regla, según corresponda, referentes al mismo periodo.

"Ahora, en relación con el buzón tributario, el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación precisa que es un sistema de comunicación electrónico, ubicado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, que se asigna a las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, a través del cual se realizan notificaciones; se presentan promociones, solicitudes y avisos; se da cumplimiento a requerimientos de la autoridad y los contribuyentes efectúan consultas sobre su situación fiscal.

"Por su parte, de la demanda de amparo se advierte -específicamente de los capítulos dedicados a la precisión de los actos reclamados y hechos que atañen a éstos- que la sociedad quejosa reclama la inconstitucionalidad de los preceptos legales y reglas fiscales en consulta, al estimar que conforman un sistema o unidad normativa, en cuanto prevén las figuras del ‘buzón tributario’ y ‘contabilidad en línea’, dado que el numeral 17-K del Código Fiscal de la Federación entró en vigor -para las personas morales- a partir del treinta de junio de dos mil catorce, de acuerdo a lo que postula el artículo segundo transitorio del decreto respectivo; en tanto que las reglas I.2.8.7. y I.2.8.8. -complementarias del numeral 28 del Código Fiscal de la Federación- resultan aplicables a ese tipo de personas a partir del cinco de julio del presente año, a pesar de que la información a que se refiere la primera de ellas, referente a los meses de julio a diciembre, se deberá enviar conforme al recuadro que se inserta en el artículo décimo tercero transitorio de la segunda resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce y, para efectos de la regla I.2.8.6., en su fracción I, la información deberá ser entregada a la autoridad en octubre del propio año.

"Sin que ... haya expuesto en la demanda de amparo, o bien, aparezca de alguno de los documentos que en copia certificada adjuntó a ese escrito, que se hubiese verificado en su esfera jurídica algún acto de autoridad con fundamento en los mencionados preceptos legales.

"De ahí que -se concluye- las normas tildadas de inconstitucionales se reclaman por parte de la quejosa, en cuanto leyes generales autoaplicativas, es decir, con motivo de que las obligaciones derivadas de las disposiciones ahí contenidas nacieron para ella al momento de que inició su vigencia, sin necesidad de que se actualizara condición o acto alguno, a través del cual dicha norma general adquiriera individualización.

"...

"Sin que, en la especie, pueda considerarse -como lo aduce la autoridad recurrente- que con el otorgamiento de la suspensión provisional se contravienen disposiciones de orden público y se afecta el interés social, dado que se permite a la quejosa soslayar obligaciones a las que se encuentra sujeta, precisamente, por ser de orden público y cuyo incumplimiento repercute en el interés colectivo.

"Resulta de ese modo, porque si bien -en principio- las disposiciones legales que emite el Congreso de la Unión, al ejercer su facultad legislativa, o bien, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, al expedir reglas de carácter general, se consideran de orden público y su cumplimiento de interés social; lo cierto es que aplicar esa medida para establecer la procedencia o improcedencia de la suspensión de los actos reclamados -ya provisional, ya definitiva- implicaría hacerla nugatoria.

"Ello, porque todas las disposiciones legales en mayor o menor medida son de interés social y orden público; por tanto, bajo esa perspectiva, se llegaría a la conclusión equívoca de que cualquier medida cautelar tendente a paralizar la ejecución de un acto que se base en aquéllas ha de negarse.

"En esas condiciones -como se señaló en el considerando que antecede- el concepto de orden público, más que gravitar en el hecho de que las leyes revistan tal carácter, debe partir de la no afectación de los bienes de la colectividad tutelados por las leyes, ya que lo que debe valorarse es el eventual perjuicio que pudieran sufrir las metas de interés colectivo.

"De tal suerte que, para colegir válidamente el contenido de la noción de orden público, es menester ponderar las situaciones que se llegaran a producir con la suspensión del acto reclamado, es decir, si con la medida se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le inferirá un daño que, de otro modo, no resentiría.

"Y, en el presente asunto, no se infiere daño alguno a la colectividad, pues el Juez de Distrito concedió la suspensión provisional de los actos reclamados -atento a lo que postula el numeral 148, primer párrafo, de la Ley de Amparo- para que no se materialicen los efectos y consecuencias de los artículos 17-K, fracción II, segundo y tercer párrafos, 18, segundo párrafo y 28 del Código Fiscal de la Federación; así como de las reglas I.2.8.6., I.2.8.7. y I.2.8.8. de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución de Miscelánea Fiscal para dos mil catorce y sus anexos, a saber, para que la peticionaria de amparo continúe dando cumplimiento a sus obligaciones fiscales, en la forma en que venía haciéndolo antes de la entrada en vigor de aquellas disposiciones, hasta en tanto -las autoridades responsables- reciban notificación de lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva.

"Como se ve, por el momento y de acuerdo a como fue concedida la medida cautelar, a ... no le serán notificados cualesquiera acto o resolución administrativa a través del buzón tributario; ni, por ende, deberá enviar -por el mismo medio electrónico- promociones, solicitudes o avisos, así como dar cumplimiento a requerimientos de la autoridad fiscal; como tampoco estará obligado a ingresar su contabilidad mensualmente a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.

"Por consiguiente, sólo se está suspendiendo la verificación de los procedimientos digitales para la comunicación entre las autoridades exactoras y la contribuyente (los cuales constituyen -evidentemente- medios para facilitar a las citadas autoridades el ejercicio de sus facultades); pero sin que con ello se exente a la empresa quejosa del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, las cuales deberá efectuar dicha sociedad en los términos que disponían las leyes con anterioridad a la entrada en vigor de los preceptos tildados de inconstitucionales.

"Tampoco conlleva -la citada resolución- restricción alguna para que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación por medio de cualquiera de las formas que tradicionalmente venía utilizando (revisión de gabinete, visita domiciliaria, revisión de estados financieros dictaminados por contador autorizado, entre otras); o de que, en caso de negarse la protección constitucional solicitada por la quejosa, lo haga a través del mecanismo electrónico que se cuestiona de inconstitucional.

"Habida cuenta que, si bien, conforme a lo previsto en los artículos 42, fracción IX y 53-B del Código Fiscal de la Federación, las autoridades exactoras cuentan con la facultad de comprobación denominada revisión electrónica; para lo cual, es necesario, previamente, el análisis de la información y documentación que obre en poder de dichas autoridades, la que -a su vez- debe ser enviada por los contribuyentes, además de que cualquier irregularidad que surja con motivo de la información remitida, derivada de esa verificación, se notificará y enviará en documento digital a través del buzón tributario.

"De donde se desprende que para que las autoridades puedan realizar la revisión electrónica referida, es necesario que los contribuyentes cumplan con lo dispuesto en el artículo 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación, así como con las reglas I.2.8.6. y I.2.8.7. de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce.

"Lo cierto es que el hecho de que el contribuyente envíe su información no implica -por sí mismo- el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, pues, al tratarse de una facultad discrecional, la autoridad se encuentra en libertad de decidir su ejercicio.

"Además -como se dijo- el ejercicio de las facultades de comprobación puede efectuarse en la esfera jurídica de la quejosa, a través, de cualquiera de los diversos medios tradicionales que prevé el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación; por lo que no se actualiza el supuesto previsto en la jurisprudencia 84/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’, en donde se sostuvo, por parte de dicho órgano colegiado, que es improcedente conceder la suspensión contra la ejecución de los actos de fiscalización que, en ejercicio de las facultades de comprobación, efectúen las autoridades fiscales, pues su finalidad es verificar que los gobernados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar omisiones o créditos fiscales, así como comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a la autoridad hacendaria, facultad que es de orden público, pues la sociedad está interesada en la prosecución y conclusión de esos procedimientos administrativos, a efecto de que el Estado pueda hacer frente a las necesidades colectivas.

"Toda vez que tal criterio se sustentó en una legislación que ha sido superada por el nuevo sistema jurídico mexicano, es decir, en ella se interpretaron disposiciones de la anterior Ley de Amparo, cuando actualmente -sobre todo tratándose de la suspensión del acto reclamado- impera un nuevo Estado de derecho.

"Aunado a que la concesión de la suspensión a favor de ... sólo impide -en caso de que la autoridad fiscal decidiera ejercer sus facultades de comprobación- la revisión electrónica que se lleva a cabo con base en la información que los contribuyentes deben hacer llegar a la autoridad hacendaria, a través del cumplimiento de la obligación de ingresar su contabilidad mensualmente (contabilidad en línea); empero, continúan expeditas esas facultades, a fin de que aquélla las ejerza de forma tradicional, es decir, por medio de las formas tradicionales de comprobación que consagra el numeral 42 del Código Fiscal de la Federación.

"En el tópico que nos ocupa -cabe resaltar- se han pronunciado en sentido contrario al que este Tribunal Colegiado de Circuito sustenta, los órganos jurisdiccionales siguientes:

"• Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver -en sesión de ocho de agosto de dos mil catorce- el recurso de queja 140/2014.

"• Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver -en sesión de seis de agosto de dos mil catorce- el recurso de queja 155/2014.

"• Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver -en sesión de treinta de julio de dos mil catorce- el recurso de queja 163/2014.

"• Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, al resolver -en sesión de cinco de agosto de dos mil catorce- el recurso de queja 77/2014.

"• Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, al resolver -en sesión de cinco de agosto de dos mil catorce- el recurso de queja 94/2014.

"• Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver -en sesión de cinco de agosto de dos mil catorce- el recurso de queja 206/2014.

"• Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver -en sesiones de veintiocho y veintinueve de julio del presente año- los recursos de queja 166/2014, 169/2014, 173/2014 y 175/2014.

"Esto es, resolvieron que, de otorgarse la medida suspensional para los efectos solicitados, es decir, para no cumplir con las obligaciones que imponen las normas y, por ende, que la autoridad se abstenga de emplear el buzón tributario para notificar al contribuyente cualquier acto o resolución administrativa que emita; no obligar a la contribuyente a enviar mediante ese medio electrónico promociones, solicitudes o avisos, así como a dar cumplimiento a requerimientos de la propia autoridad, y no obligarla a entregar la contabilidad a través de los medios electrónicos, contraviene disposiciones de orden público y causa perjuicio al interés social, pues esas obligaciones guardan estrecha relación con la facultad de comprobación denominada revisión electrónica, regulada en los numerales 42, fracción IX y 53-B del Código Fiscal de la Federación.

"...

"Por tanto, al ser clara la contradicción de ese criterio con el sustentado por este Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el presente recurso de queja 102/2014, con fundamento en los artículos 225, 226, fracción II y 227, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor, se ordena hacer la denuncia correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la posible contradicción de criterios entre los sostenidos por los indicados Tribunales Colegiados de Circuito y en el cuerpo de este considerando, para los efectos legales a que haya lugar."

Cabe apuntar que, al resolver los recursos de queja 100/2014, 104/2014, 107/2014 y 109/2014, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito reiteró las consideraciones transcritas con antelación, precisando, adicionalmente, lo siguiente:

"Por último -en el aspecto que nos ocupa- es de resaltar que, de llegar a considerarse procedente el otorgamiento del amparo a la quejosa, no se podrían retrotraer las cosas en el tiempo; de modo que la afectación sufrida en su esfera jurídica sería irreparable por el tiempo que ésta perdure, esto es, la autoridad fiscal ya tendría en su poder y, consecuente a ello, conocería la información contable que mensualmente la quejosa ingresaría, conforme a lo que prevé el artículo décimo tercero transitorio de la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce."

Ahora bien, los recursos de queja, cuyo conocimiento correspondió a los Tribunales Colegiados de Circuito precisados en la ejecutoria antes transcrita, se interpusieron contra el auto por el que el Juez de Distrito negó la medida cautelar solicitada, al estimar que se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social. En los agravios respectivos, la parte quejosa argumentó, fundamentalmente, lo siguiente:

• Con el otorgamiento de la suspensión no se contravienen disposiciones de orden público ni se causa perjuicio al interés social, ya que nada impide que la quejosa cumpla con sus obligaciones fiscales en los términos en que lo viene haciendo, esto es, mediante los mecanismos ordinarios previstos en la ley, máxime que la autoridad hacendaria puede ejercer sus facultades de comprobación a través de los diversos procedimientos que prevé el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, como lo son la visita domiciliaria y la revisión de gabinete.

• Al negarse la medida cautelar solicitada se le causan daños de difícil reparación, primero, porque se le obliga a utilizar un medio de comunicación electrónico que no respeta la garantía de seguridad jurídica y, además, porque al tener que enviar mensualmente su información contable por vía electrónica, se permite que la autoridad fiscal revise sus papeles sin que exista mandamiento escrito emitido por autoridad competente, debidamente fundado y motivado, lo que, a su decir, se traduce en una violación permanente a sus derechos fundamentales de privacidad e intimidad y de inviolabilidad.

Al resolver los recursos de queja de sus respectivos índices, los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Tercero en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Segundo en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito y Tercero -actualmente en Materia Civil- del Décimo Segundo Circuito, desestimaron los motivos de agravio antes precisados, al tenor de las siguientes consideracione

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25469-1e5b710d/suspension-en-el-juicio-de-amparo-procede-concederla · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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