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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AUN CUANDO OPERE LA PRESUNCIÓN DE SU EXISTENCIA, EN TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO, PARA ACREDITAR LOS REQUISITOS DE LAS FRACCIONES I Y III DEL ARTÍCULO 124 DE ESE MISMO ORDENAMIENTO, DEBE DEMOSTRARSE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TAL ACTO AGRAVIA AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 175/2013. · Registro digital (IUS): 24716
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2013-12-06
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Pág. 404.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 175/2013. SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y EL ENTONCES TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: HUGO ALBERTO MACÍAS BERAUD.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a partir del día tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII (en sentido contrario), y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis sobre materia común, entre Tribunales Colegiados de diversos circuitos. Lo anterior con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009. En el presente asunto, esta Sala considera innecesario emitir acuerdo para que el tema sea visto en Pleno, debido a que para resolver el fondo de esta contradicción, se atendería a una decisión de éste, emitida en jurisprudencia firme que, aun cuando se refiere a la suspensión provisional de los actos reclamados en los juicios de amparo, finalmente se estima aplicable en lo sustancial, también para resolver sobre la suspensión definitiva en esos asuntos.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril del año en curso, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, en virtud de que fue realizada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con residencia actual en Zapopan, Jalisco, uno de los órganos colegiados entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

a) Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Emitido en la ejecutoria dictada dentro de la revisión incidental número 18/2013, en la cual se determinó confirmar la interlocutoria recurrida y negar la suspensión definitiva del acto reclamado, con base en las consideraciones que se transcriben a continuación:

"CUARTO. Los agravios son infundados en parte e inoperantes en el resto.

"En la resolución recurrida se negó la suspensión definitiva bajo el argumento de que no se acreditó con algún medio de convicción que el acto reclamado, consistente en la resolución que resolvió el incidente de falta de personalidad de diecinueve de octubre de dos mil once, en el juicio 688/2010-C, del índice de la Décima Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje, del Estado de Jalisco, le agravia, pues no demostró ser parte dentro del procedimiento laboral 688/2010-C.

"De lo reproducido se desprende que, las razones y motivos que condujeron a negar la suspensión definitiva, en esencia, se sustenta en que se incumplió con los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo.

"En los agravios, en síntesis, se afirma que el interés suspensional se acreditó en todo caso, de manera presuntiva, al no haberse rendido el informe previo por parte de la responsable.

"Lo anterior es infundado, porque los artículos 124 y 132 de la Ley de Amparo establecen:

"‘Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

"‘I. Que la solicite el agraviado.

"‘II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

"‘Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión:

"‘a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes;

"‘b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;

"‘c) Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario;

"‘d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza;

"‘e) Se permita el incumplimiento de las órdenes militares;

"‘f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, y (sic)

"‘g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las normas oficiales mexicanas; se afecte la producción nacional;

"‘h) Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio en cualquiera de sus fases, previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo en el caso que el quejoso sea ajeno al procedimiento, situación en la que procederá la suspensión, sólo sí con la continuación del mismo se dejare irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.

"‘III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

"‘El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.’

"‘Artículo 132. El informe previo se concretará a expresar si son o no ciertos los hechos que se atribuyen a la autoridad que lo rinde, y que determinen la existencia del acto que de ella se reclama, y, en su caso, la cuantía del asunto que lo haya motivado; pudiendo agregarse las razones que se estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión.

"‘En casos urgentes el Juez de Distrito podrá ordenar a la autoridad responsable que rinda el informe de que se trata, por la vía telegráfica. En todo caso lo hará, si el quejoso asegura los gastos de la comunicación telegráfica correspondiente.

"‘La falta de informes establece la presunción de ser cierto el acto que se estima violatorio de garantías, para el solo efecto de la suspensión; hace además incurrir a la autoridad responsable en una corrección disciplinaria, que le será impuesta por el mismo Juez de Distrito en la forma que prevengan las leyes para la imposición de esta clase de correcciones.’

"En esos preceptos se contienen, por una parte, los requisitos a satisfacer para otorgar la suspensión de los actos reclamados, a saber: que la solicite el agraviado, no se siga perjuicio al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público y sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

"Asimismo, se prevé la información que debe contener el informe previo y las consecuencias que origina la omisión de rendirlo.

"Luego, el requisito previsto en la fracción I del artículo 124 de la Ley de Amparo, referente a la petición de parte, contrario a lo que se sostiene en los agravios, no consiste únicamente en la solicitud del otorgamiento de la medida, sino que implica la existencia del interés o de la titularidad de un derecho del quejoso a tutelar.

"Es así, pues el ejercicio de una acción presupone la existencia de un interés de obtener lo pretendido, sustentado en la tenencia de un derecho a su favor; de ahí que, para otorgarse la medida, es insuficiente la petición de que así proceda, sino justificar, aunque sea de manera presuntiva, el interés en que se conceda ésta, lo que necesariamente lleva a un examen de la presunta existencia del agravio que pueda causarle la ejecución de los actos.

"Por consiguiente, respecto del acto consistente en la resolución que resolvió el incidente de falta de personalidad de diecinueve de octubre de dos mil doce, en el juicio 688/2010-C, del índice de la Décima Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, arroja sobre el peticionario, la carga de allegar los elementos de prueba para establecer en forma indiciaria o presuntiva, que es realmente titular de un derecho sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la concesión de la medida.

"Sin que la omisión de rendir el informe previo por sí, conduce a tener por acreditado el interés suspensional, por que la presunción de ello generada conlleva a tener por ciertos los actos reclamados, que no es determinante para establecer alguna afectación de difícil reparación, de ahí que ello no libera la satisfacción de los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, entre ellos, lo relativo al interés suspensional.

"Por consiguiente, si el ahora recurrente adoptó una actitud procesal pasiva, al omitir allegar los elementos de prueba tendentes a demostrar el interés suspensional, la determinación adoptada en la audiencia incidental es objetivamente correcta al incumplirse con los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo.

"En apoyo a lo así considerado, acude el criterio que se comparte y que se contiene en la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página 413 del Tomo III, Segunda Parte-1, correspondiente a enero-junio 1989, del Semanario Judicial de la Federación, en su Octava Época, que dice: ‘INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, OBLIGACIÓN DE PROBARLO AUNQUE OPERE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME.’ (se transcribe).

"Máxime, que del análisis del incidente de suspensión se advierte que no se acompañó alguna documental, por lo que el Juez de Distrito no estuvo en aptitud de tomarla en consideración, por no haberla adoptado en el cuaderno incidental, ni haber exhibido con su demanda copia de aquélla, para que se agregara a aquél, según se infiere de la lectura íntegra del aludido libelo y, específicamente, en el apartado referente al capítulo de suspensión en el que no se aprecia que acompañó alguna prueba para justificar su interés jurídico.

"Sirve de apoyo, en lo conducente, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 71/2010, publicada en la página 7 del Tomo XXXII, septiembre de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación (sic), que dice: ‘PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97).’ (se transcribe).

"También es aplicable el criterio del propio Pleno, plasmado en la jurisprudencia P./J. 92/97, publicada en la página 20, Tomo VI, diciembre de 1997, de la Época y Semanario aludidos, que dice: ‘PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO.’ (se transcribe).

"En consecuencia, el Juez Federal estuvo en lo correcto al negar a la ahora recurrente la suspensión definitiva, por considerar que no satisfizo lo dispuesto en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, por no acreditar su interés suspensional, al menos en forma presuntiva.

"En ese orden de ideas, es infundado que de la contradicción de tesis 158/2004-SS, se advierta que la falta de informe previo conlleve a la acreditación del interés suspensional, ya que la citada ejecutoria, en la parte medular, dice:

"‘Ahora bien, si se toma en consideración que «cierto» se define como lo que es «verdadero, seguro, indubitable» (Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, página 550), es inconcuso que para efectos de la suspensión definitiva, la presunción de certeza del acto reclamado conlleva la de su existencia y, en esa virtud, ante la falta de informe previo de las autoridades responsables, no es dable prejuzgar sobre la no realización de actos que el quejoso aduce se van a producir y ejecutar en su contra, apoyando tal conclusión de inexistencia actual en el hecho de que en la demanda de garantías se expresaron como de realización futura, habida cuenta que dicho análisis conllevaría a actuar en sentido contrario de la indicada presunción de certeza, la cual solamente puede desvirtuarse con pruebas directas y no con distintas presunciones no legales, ni menos aún con simples conjeturas. Por tanto, es dable concluir que, ante la falta de informe previo para determinar si se debe conceder o negar la suspensión definitiva, el Juez de Distrito deberá partir de la base de que los actos reclamados son ciertos, prescindiendo de los calificativos que el quejosos haya expresado en su demanda de garantías; en la inteligencia de que la suspensión sólo podrá concederse cuando se satisfagan los requisitos que para tal efecto prevé el artículo 124 y demás aplicables de la Ley de Amparo. Es menester destacar, que no pasa inadvertido la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 12 (sic), que se lee bajo el rubro: «SANCIONES POR INFRACCIONES ASENTADAS EN ACTA DE VISITA, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA LA PROBABLE APLICACIÓN DE.», sustentada por la otrora Segunda Sala de este Alto Tribunal; sin embargo, el criterio que en la misma se contiene parte de la existencia de los informes previos de las autoridades responsables y, por ende, resulta inaplicable para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, dado que en la especie se parte de la ausencia de dicho informe, lo que trae como consecuencia que se tengan por presuntivamente ciertos todos los actos reclamados por disposición expresa de la ley. Esto es, el criterio a que se refiere la jurisprudencia de mérito se refiere a aquellos casos en que las autoridades responsables, al rendir su informe previo, expresamente admiten la existencia de la orden de visita y el acta relativa, mas no así de las posibles consecuencias de tales actos, como lo es la orden de clausura e imposición de sellos, por lo que para resolver sobre la suspensión definitiva de dichos actos, debe atenderse a su propia naturaleza; en cambio, en los supuestos que aquí se analizan, no existe manifestación alguna por parte de las autoridades responsables por cuanto se refiere a la existencia de los actos que le son atribuidos, por lo que para determinar si es o no procedente otorgar la aludida medida cautelar, deben tenerse como ciertos tales actos, prescindiendo de los calificativos que el quejoso da a los mismos en su demanda de garantías.’

"De la citada ejecutoria derivó la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 321 del Tomo XXI, febrero de 2005, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN AMPARO. ANTE LA OMISIÓN DE RENDIR EL INFORME PREVIO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRESUMIR CIERTOS LOS ACTOS FUTUROS, AUNQUE PRESCINDIENDO DE LOS CALIFICATIVOS A LOS ACTOS RECLAMADOS, SIN PERJUICIO DEL ANÁLISIS QUE DEBA REALIZAR SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LOS REQUISITOS LEGALES PARA OTORGARLA.’

"De la ejecutoria y jurisprudencia transcritas, contrario a lo afirmado, se establece que la suspensión de los actos reclamados sólo podrá concederse cuando se satisfagan lo requisitos que para tal efecto prevé el artículo 124 y demás aplicables de la Ley de Amparo, entonces, si el citado artículo, en su fracción I, alude a que la medida suspensional procede ‘a petición de parte’, ello implica la existencia del interés o de la titularidad de un derecho del quejoso a tutelar, de ahí lo infundado del agravio en análisis.

"Es infundado que el Juez no analizó de manera completa lo pedido en la solicitud de suspensión, porque del análisis de la demanda de amparo y de la interlocutoria recurrida se advierte que sí analizó los efectos para los cuales se solicitó, pues al respecto dijo:

"‘La parte quejosa solicita la suspensión definitiva del acto reclamado ... para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se continúe con el desarrollo del citado juicio laboral ... toda vez que la suspensión se solicita para los efectos precisados en el párrafo que antecede, este juzgador federal se pronunciará únicamente respecto a ellos.’

"Por otra parte, dice que sin la suspensión, el juicio de amparo podría quedar sin materia, por lo cual, el Juez de Distrito tiene la obligación de decretar aun de oficio la suspensión, tratándose de actos, que de consumarse durante la tramitación del juicio de amparo, harían imposible restituir al quejoso en el goce de las garantías individuales que reclama.

"Lo anterior es infundado, porque del artículo 123, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que los actos a que alude esa fracción, son aquellos que de ejecutarse se consumarían materialmente, haciendo físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada, dejando sin materia el juicio de garantías, por lo que si en el caso, el acto reclamado se hizo consistir en la resolución que resolvió el incidente de falta de personalidad de diecinueve de octubre de dos mil doce, en el juicio 688/2010-C, del índice de la Décima Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, es inconcuso que, sí es posible a través de la concesión del amparo, conforme al citado artículo 80 de la Ley de Amparo, devolverle al peticionario de la acción constitucional el disfrute de la garantía violada; de ahí que sea infundado que en el caso, el Juez de Distrito debió otorgar la suspensión de oficio.

"Al caso se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1698 del Tomo XLIX, en el Semanario Judicial de la Federación, de la Quinta Época, que dice: ‘SUSPENSIÓN DE PLANO Y DE OFICIO, CUANDO PROCEDE.’ (se transcribe).

"Tampoco es verdad que el Juez debía conceder la medida suspensional conforme al artículo 200 de la Ley de Amparo, que dice: ‘Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, si la procedencia de la suspensión fuere notoria y el Juez de Distrito que conozca del incidente no la concediere por negligencia o por motivos inmorales, y no por simple error de opinión, se impondrá la sanción que fija el Código Penal aplicable en materia federal para los delitos cometidos contra la administración de justicia.’

"Se afirma lo anterior, porque el primer párrafo del artículo 199 de la citada ley dispone: ‘El Juez de Distrito o la autoridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, que no suspenda el acto reclamado cuando se trate de peligro de privación de la vida, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, si se llevare a efecto la ejecución de aquél, será castigado como reo del delito de abuso de autoridad, conforme a las disposiciones del Código Penal aplicable en materia federal.’

"Ahora bien, del análisis armónico de ambas disposiciones, se colige que el Juez de Distrito está obligado a proveer favorablemente respecto a la suspensión sólo cuando ello ‘fuere notorio’, es decir, cuando el acto reclamado se trate de peligro de privación de la vida, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, o analógicamente de algún acto, que si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada, lo que, se insiste, no sucede en el caso, dado que se reclamó un acto que tiene efectos restitutorios.

"Deviene inoperante el agravio vertido, en el sentido de que de no concederse la suspensión, podría actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo; ya que tal argumento vierte una cuestión atinente al fondo de la litis en el juicio de amparo al que este toca se contrae que, en todo caso, tal tópico será materia de la sentencia que al respecto se dicte en el juicio principal.

"Robustece la anterior consideración la jurisprudencia VI.2o.C. J/202, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que ese comparte, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, junio de dos mil uno, página 601, que dice: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INCIDENTAL, INATENDIBLES.’

"Ahora bien, se invoca en los agravios la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 566 del Tomo II, correspondiente al mes de septiembre de 1995, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"‘INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. BASTA LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO PARA TENER POR ACREDITADO EL INTERÉS JURÍDICO Y PROCEDA EL. Atento a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, para los efectos del incidente de suspensión, basta la presunción de certeza del acto reclamado para tener por acreditado presuntivamente el interés jurídico del quejoso y poder obtener la suspensión en términos del artículo 124 y relativos del ordenamiento legal citado, en razón de que dadas las limitaciones probatorias del incidente y su naturaleza misma, no hacen posible que se exija prueba plena indubitable de la existencia del acto reclamado, lo que en todo caso sería materia, del juicio principal.’

"Sin embargo, no se comparte el anterior criterio, por considerarse que la presunción de certeza del acto es insuficiente para acreditar los requisitos que exige el mencionado artículo 124 de la Ley de Amparo, entre ellos, el interés suspensional, pues el hecho de que sea parte en el juicio de amparo, no se traduce en que lo sea también en el juicio laboral; máxime que el interés jurídico en el juicio de amparo se analizará hasta el dictado de la sentencia respectiva; entonces, si la quejosa en el juicio de garantías demandó la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la resolución que resolvió un incidente de falta de personalidad, sin demostrar con ningún medio probatorio que es parte en el juicio laboral, es incuestionable que el Juez del conocimiento actuó correctamente en negar la medida cautelar.

"Es infundado que la autoridad responsable no podía haber tenido a la recurrente por contestada la demanda en sentido afirmativo, si no fuera demandada en el juicio laboral, pues de ello se acredita su interés suspensional, porque para acreditarlo, no basta que la inconforme se diga parte en el juicio laboral de origen, sino que debió acreditarlo, y al no hacerlo, fue correcta la negativa de la suspensión, pues, se reitera, en todo caso, el interés jurídico en el juicio de amparo derivado de que sea parte en juicio de origen, se analizará hasta el dictado de la sentencia respectiva.

"Se considera pertinente denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la probable contradicción de tesis que pudiera existir entre el criterio aquí adoptado y el contenido en la tesis últimamente transcrita, conforme a lo previsto por el numeral 197-A de la Ley de Amparo, que a la letra dice:

"‘Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días. La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias. La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195.’

"Consecuentemente, procede confirmar la interlocutoria recurrida y negar la suspensión del acto reclamado."

Cabe agregar que, mediante resolución plenaria de ese Tribunal Colegiado de veintiséis de marzo de dos mil trece, se aclaró el tercer resolutivo de la referida ejecutoria con la finalidad de hacer mención a la denominación correcta del órgano con el que se estimó haber entrado en contradicción de tesis, puesto que se había aludido al Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, pese a que lo correcto es aludir al entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.

b) Criterio del entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito. Dictó ejecutoria en el incidente de revisión 146/95, donde determinó confirmar la resolución interlocutoria sujeta a revisión y conceder la suspensión definitiva en contra de las autoridades y por los actos precisados en el segundo de sus resolutivos, al considerar lo siguiente:

"QUINTO. Los agravios formulados por la autoridad responsable son, por una parte, inatendibles y, por la otra, infundados.

"En efecto, supuesto que el artículo 77 de la Ley de Amparo, solamente es aplicable a las sentencias que resuelven el fondo del juicio de garantías y no en relación al incidente de suspensión, es claro que los argumentos que trascienden a la violación de este numeral, resultan inatendibles.

"Por otra parte, debe decirse que, contrario a lo aducido por la inconforme, atento a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, para los efectos de este incidente, basta la presunción de certeza del acto reclamado para tener por acreditado presuntivamente el interés jurídico de los quejosos y como tal obtener la suspensión en términos del artículo 124 y relativos del ordenamiento legal antes invocado; dado que las limitaciones probatorias del incidente de suspensión (artículo 131 de la ley de la materia) y la naturaleza misma de dicho incidente, no hacen posible ni deseable siquiera, que en tales casos se exija prueba plena indubitable de la existencia de los actos reclamados, lo que será materia, en todo caso, del juicio en lo principal, amén de que los criterios que señala resultan inaplicables, en tanto que, por un lado, no se desvirtúan los hechos invocados en la demanda de garantías y, por el otro, se refiere al juicio principal y no al incidente de suspensión.

"Así las cosas, y al no existir queja deficiente que suplir, en la materia de la revisión se confirma la resolución incidental recurrida. ..."

De la citada ejecutoria derivó la tesis aislada XX.32 K, bajo registro IUS 204274, de la Novena Época, por Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo II, septiembre de mil novecientos noventa y cinco, materia común, visible en la página 566, de rubro y contenido siguientes:

"INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. BASTA LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO PARA TENER POR ACREDITADO EL INTERÉS JURÍDICO Y PROCEDA EL. Atento a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 132 de la Ley de Amparo, para los efectos del incidente de suspensión, basta la presunción de certeza del acto reclamado para tener por acreditado presuntivamente el interés jurídico del quejoso y poder obtener la suspensión en términos del artículo 124 y relativos del ordenamiento legal citado, en razón de que dadas las limitaciones probatorias del incidente y su naturaleza misma, no hacen posible que se exija prueba plena indubitable de la existencia del acto reclamado, lo que en todo caso sería materia, del juicio principal."

CUARTO. Existencia de la contradicción. De conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(1) en virtud de que dicho criterio ha sido interrumpido.

La forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos, debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se r

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24716-82a6f03a/suspension-del-acto-reclamado-aun-cuando-opere-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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