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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 125 Y 129 DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA, PROCEDE HACER EFECTIVA, EN LA VÍA INCIDENTAL, LA TOTALIDAD DE LA GARANTÍA, SIN IMPORTAR LAS CANTIDADES PREVIAMENTE FIJADAS PARA RESPONDER TANTO POR LOS DAÑOS COMO POR LOS PERJUICIOS, CUANDO ALGUNO DE ÉSTOS RESULTE SUPERIOR AL GARANTIZADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2014. · Registro digital (IUS): 25382
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-12-05
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Pág. 679.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ DE JESÚS ORTEGA DE LA PEÑA, ALEJANDRO ALBERTO ALBORES CASTAÑÓN Y VÍCTOR PEDRO NAVARRO ZÁRATE. DISIDENTE: MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. PONENTE: ALEJANDRO ALBERTO ALBORES CASTAÑÓN. SECRETARIOS: RAÚL LÓPEZ PEDRAZA Y EDUARDO ADRIÁN OCHOA GUAJARDO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 11/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de mayo de dos mil catorce, y además en observancia al oficio SECJACNO/1255/2014, suscrito por el Magistrado Edwin Noé García Baeza, secretario ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, que contiene las bases para la distribución de las contradicciones existentes en este circuito, por materia especializada y materia común, así como la lista de los Magistrados integrantes de los Plenos del Cuarto Circuito por especialidad y su presidente decano, disposiciones en las que se establece la competencia de los Plenos especializados para conocer de las contradicciones de tesis planteadas entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo de este Cuarto Circuito, así como entre los Tribunales Colegiados de distintas materias de este circuito tratándose de contradicciones de materia común, hipótesis esta última, que se actualiza en la especie, considerando que los tribunales contendientes son especializados en materia civil y que el punto a dilucidar se vincula con los daños y perjuicios derivados del otorgamiento de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo, que es un tema de naturaleza común.

Sin que obste que para la resolución del presente asunto se aplique la Ley de Amparo abrogada, pues, en atención a que la contradicción de tesis se presentó el veinte de febrero de dos mil catorce, su trámite se rige por las disposiciones de la Ley de Amparo vigente, que prevén la competencia de este órgano colegiado para conocer de la denuncia de contradicción de tesis en los términos precisados.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por la Juez Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, quien se encuentra facultada para denunciar la posible contradicción de criterios, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO. De la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver la queja número 181/2013, en sesión de dieciséis de enero de dos mil catorce, se advierte que se consideró ilegal lo determinado por la Jueza Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, dentro del incidente de daños y perjuicios derivado del juicio de amparo número 646/2012, determinación, esta última, que, en lo conducente, es del siguiente tenor:

"Siguiendo con la cuantificación de los perjuicios, y de acuerdo a lo establecido en párrafos que preceden, cabe decir que en la especie aquéllos deben computarse a partir del nueve de mayo de dos mil doce, fecha en que se adjudicó el inmueble en favor del tercero interesado y que por virtud de la suspensión no pudo obtener su posesión, hasta el veinticuatro de mayo de dos mil trece, fecha en que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito dictó la ejecutoria donde se confirmó la sentencia constitucional dictada por este órgano jurisdiccional en que se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo. Ello, en la medida que fue el periodo en que, precisamente, la caución otorgada surtió sus efectos.

"En esas condiciones, resulta incontrovertible que la medida suspensiva duró un lapso de un año y quince días, por lo que tomando en cuenta el dictamen antes valorado, con el cual se acreditó como renta mensual del inmueble ubicado en calle **********, número **********, del fraccionamiento **********, en **********, Nuevo León, la cantidad de $********** (********** pesos ********** centavos moneda nacional), se concluye que la cantidad que corresponde por concepto de perjuicios, asciende a $********** (********** pesos noventa centavos moneda nacional), que se calcula de la siguiente manera:

"De la suma de $********** (********** pesos cero centavos moneda nacional), relativa a un año de renta (doce meses) más el monto de $********** (********** pesos ********** centavos moneda nacional), referente a los quince días del mes restante, lo que arroja el total de $********** (cuarenta y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos noventa centavos moneda nacional).

"Sin embargo, en la especie el monto máximo que es factible estimar, y así se determina por concepto de perjuicios, es la cantidad de $********** (********** pesos ********** centavos moneda nacional), dado que esa fue la que se consideró procedente cuando este órgano jurisdiccional resolvió sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual ninguna de las partes se inconformó, al margen de que se trata de hacer efectiva la garantía exigida y no un concepto no exhibido ni controvertido.

"Se aclara que no es factible considerar en la indemnización el monto que, de manera específica, se determinó para garantizar daños, pues en el caso tal concepto ni siquiera fue reclamado por la parte incidentista.

"En consecuencia, una vez que quede firme la presente resolución, se ordena extraer de la caja de valores el certificado de depósito **********, expedido por el **********, SNC, que ampara la cantidad de $********** (********** pesos ********** centavos moneda nacional), a nombre de la quejosa **********, debiendo endosarse al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a fin de que efectúe su canje en dos certificados de depósito en los términos siguientes:

"a) El primero, a nombre del tercero perjudicado **********, por la cantidad de $********** (********** pesos ********** centavos moneda nacional), con motivo de los perjuicios determinados en esta interlocutoria.

"b) El segundo, a nombre de la quejosa **********, por el remanente, esto es, por la cantidad de $********** (********** pesos ********** centavos moneda nacional).

"Hecho lo anterior, deberá entregar el fedatario ambos documentos a este juzgado, para el efecto de que sean entregados en forma personal al tercero perjudicado en cita y a la quejosa, previa solicitud de las partes."

En efecto, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver la queja número 181/2013, en sesión de dieciséis de enero de dos mil catorce, determinó que lo resuelto por la Jueza Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, dentro del incidente de daños y perjuicios derivado del juicio de amparo número 646/2012, era ilegal, por las razones siguientes:

"Ahora bien, de los agravios que se hacen valer, se desprende que, de manera esencial, el recurrente se inconforma con el hecho de que, habiéndose cuantificado el perjuicio que le fue causado con motivo de la suspensión decretada en autos, por la cantidad de $********** pesos con ********** centavos, la Juez concluya que el billete de depósito exhibido como caución por la quejosa y que ampara la cantidad de $********** pesos con ********** centavos, sea dividido en dos y sólo se haga efectiva la cantidad de $********** pesos con ********** centavos, procediendo a la devolución a la impetrante de los ********** pesos restantes.

"En efecto, dicho proceder de la Juez de Distrito deviene incorrecto pues, atendiendo a la naturaleza y finalidad de la caución de que se trata, no es factible hacer tal división, cuando ha procedido el incidente de daños y perjuicios, donde se tuvo por acreditado que el perjuicio causado al tercero, actor incidentista, sobrepasa la garantía que pretende hacer efectiva.

"Al respecto, debe tenerse presente que la suspensión tiene como objeto evitar que el acto reclamado se pueda consumar de tal manera que llegue a ser irreparable, impedir que se deje sin materia el juicio de amparo, así como evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación con la ejecución del acto reclamado; por ello, su efecto es mantener las cosas en el estado que guardan hasta en tanto se resuelva el juicio.

"No obstante que la suspensión es una prerrogativa legal del quejoso, la propia ley prevé la forma de equilibrar tal situación privilegiada del impetrante de garantías, respecto del tercero perjudicado quien, con la suspensión de los actos reclamados, puede verse afectado, en tanto tal medida impide que ingrese en su esfera jurídica el derecho obtenido; y establece así la caución, como una exigencia para garantizar al beneficiado por el acto de autoridad cuya ejecución se suspende, el pago de una indemnización por los daños y perjuicios que, en caso de negarse la protección constitucional o sobreseerse en el juicio, le haya ocasionado la medida cautelar.

"Por tanto, la caución es, a su vez, la garantía procesal de la que goza el tercero perjudicado dentro del juicio constitucional, para que, en caso de resultar afectado por la suspensión de los actos reclamados, cuando la quejosa no obtiene la protección constitucional solicitada, sea indemnizado por los daños y perjuicios que causó la medida suspensional; de ahí que la propia ley establece expresamente que la caución que debe otorgarse por el quejoso para obtener la suspensión, debe ser bastante para responder por los daños y perjuicios que ésta le genere al tercero perjudicado, o sea, que debe ser suficiente y proporcionado a esa afectación que puede sufrir.

"Por otra parte, si bien es cierto que se han fijado parámetros para determinar cómo es que debe cuantificarse la garantía, dentro de lo que destaca la distinción entre la naturaleza jurídica de los daños y los perjuicios; no menos es verdad, que ello deviene del imperativo constitucional de motivar la resolución respectiva, donde se advierta la justificación de tal decisión, o sea, cómo es que la garantía fijada cumple con la dualidad de finalidades: permitir que el quejoso obtenga la suspensión del acto reclamado y garantizar al tercero los daños y perjuicios que, en consecuencia, se le puedan originar.

"Lo cual no implica, como alega el recurrente, que la garantía se encuentre subdividida para efectos del pago de la indemnización (folios 50 y 51 de la presente ejecutoria); es decir, el hecho de que al fijarse la caución, ante la ausencia de una forma específica prevista en la ley, el Juez deba considerar las constancias que obren en el sumario incidental y considerando, desde luego, que la naturaleza y finalidad jurídicas de la caución es precisamente restaurar el equilibrio perdido respecto al tercero perjudicado ante la concesión de la suspensión del acto reclamado y garantizar las consecuencias derivadas directamente de la medida suspensional, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su esfera jurídica, desde el momento en que se concedió la suspensión y hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado; así como la dificultad jurídica del asunto, la complejidad de los temas involucrados, el número de partes interesadas, el lugar donde se decreta la suspensión y, en general, las cargas de trabajo de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados del Circuito de que se trate; y, en particular, que la caución comprende dos partidas, correlativas a los posibles daños y perjuicios que puedan originarse con la suspensión, o sea, tanto la estimación de la pérdida o menoscabo en el patrimonio que jurídicamente acarrea al tercero no poder disponer, mientras se resuelve el juicio de amparo, de los beneficios que tenía con la ejecución del acto reclamado, como aquella relativa a la privación de las ganancias lícitas que obtendría de tener bajo su dominio, durante el citado lapso, la respectiva prerrogativa.

"Es decir, otorgada la caución, se estima que ésta garantiza de manera suficiente y proporcionada el pago de los daños y perjuicios causados a tercero, con motivo de la suspensión, sin que cada una de las partidas o conceptos que sirvieron de base para estimar su monto deban prevalecer como si estuviesen desvinculadas, pues de lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de Amparo, no se desprende válidamente que deban otorgarse por separado las garantías por cada uno de los conceptos apuntados.

"Luego, la caución es una, que garantiza tanto la reparación de daños como la indemnización de los perjuicios efectivamente causados.

"En el caso, según obra en autos, y en acatamiento a la resolución incidental antes transcrita, concretamente en la parte en que se estableció que, con fundamento en el artículo 125 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, para que siguiera surtiendo efectos la suspensión otorgada, debía la parte quejosa exhibir una garantía a satisfacción de ese órgano jurisdiccional, por la cantidad de $********** pesos con ********** centavos, en cualquiera de las formas permitidas por la ley y dentro del término de cinco días contado a partir del siguiente en que surtiera efectos la notificación de ese proveído, y la cual tiene como finalidad garantizar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercero perjudicada; se exhibió el billete de depósito respectivo. Luego, si la garantía asciende a la citada cantidad, no existe razón para estimar que sólo se puede hacer efectiva por $********** pesos con ********** centavos, aun cuando su monto total se haya obtenido o provenga de la suma de dos partidas (daños y perjuicios), pues, se insiste, no son conceptos desvinculados para efectos de la suspensión y, por ende, para la procedencia del pago por la afectación comprobada por el tercero.

"Se sigue, que la consecuencia jurídica de decretar procedente el incidente de daños y perjuicios es hacer efectiva la garantía conforme al billete de depósito exhibido en autos; esto es, por la cantidad de $********** pesos con ********** centavos que ampara el mismo, en tanto la cuantificación de la indemnización procedente ascendió a $********** pesos con ********** centavos.

"En tales condiciones, lo procedente es declarar fundado este recurso de queja." (énfasis añadido)

Por su parte, de la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver la queja número 168/2013, en sesión de veintisiete de noviembre de dos mil trece, se advierte que se consideró legal lo determinado en la resolución incidental de daños y perjuicios de veintitrés de septiembre de dos mil trece, terminada de engrosar el mismo día, dictada por el Juez Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, dentro del incidente de suspensión 2399/2012-I-C, determinación que, en lo conducente, es del siguiente tenor:

"Ahora bien, continuando con la cuantificación de los perjuicios, se tiene que si la interlocutoria en la que se concedió la suspensión definitiva fue notificada al Juez responsable el once de diciembre de dos mil doce (foja 160 de este incidente), y que el proveído en el que se tuvo por recibida la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, que sobreseyó la sentencia recurrida, se notificó a las partes el veintinueve de abril de dos mil trece, surtiendo efectos tal notificación al día siguiente -treinta del mismo mes y año- (foja 640 del juicio de amparo); resulta incontrovertible que entre una fecha y otra transcurrió un lapso de cuatro meses y diecinueve días.

"Por tanto, atendiendo a que en el dictamen que obra en este incidente se estableció que la renta mensual estimada del inmueble respecto del cual se reclaman los perjuicios que ahora se calculan es de $********** (********** pesos **********/100 moneda nacional), y que el tiempo que la tercera perjudicada incidentista no pudo disponer de dicho bien fue de cuatro meses y diecinueve días, esto es, no obtuvo la renta de cinco meses como lo pretende el incidentista, se concluye que la cantidad que corresponde por concepto de perjuicios asciende a $********** (********** pesos **********/100 moneda nacional), que se calcula de la siguiente manera: De la suma de $********** (********** pesos **********/100 moneda nacional), relativa a los cuatro meses de renta, más el monto de $********** (********** pesos **********/100 moneda nacional), referente a los diecinueve días del mes restante, lo que arroja el total antes citado.

"Sin embargo, pese a que la suma que corresponde a los perjuicios es de $********** (********** pesos **********/100 moneda nacional), de cualquier manera el monto máximo que es factible estimar, y así se determina por tal concepto, es la cantidad de $********** (********** pesos **********/100 moneda nacional), dado que ese fue el que se consideró procedente por perjuicios cuando este órgano jurisdiccional resolvió sobre la suspensión definitiva, en contra de lo cual ninguna de las partes se inconformó, pues si bien el ahora incidentista interpuso recurso de revisión en contra de la interlocutoria de seis de diciembre de dos mil doce, también lo es que no combatió lo relativo al monto de la garantía, al margen de que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito confirmó dicha interlocutoria. Además de que se trata de hacer efectiva la garantía exigida y no un concepto no exhibido ni controvertido.

"Se aclara que no es factible considerar en la indemnización del monto de qué manera específica se determinó para garantizar daños, pues en el caso tal concepto ni si quiera fue reclamado por la parte incidentista.

"En consecuencia, una vez que quede firme la presente resolución, se ordena extraer de la caja de valores el certificado de depósito **********, expedido por el **********, SNC, que ampara la cantidad de $********** (********** pesos **********/100 moneda nacional), a nombre de la quejosa **********, debiendo endosarse a nombre del actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional a fin de que efectúe su canje en das certificados de depósito, el primero a favor del tercero perjudicado **********, por la cantidad de $********** (********** pesos **********/100 moneda nacional), con motivo de los perjuicios determinados en esa interlocutoria en virtud de la concesión de la suspensión definitiva de los actos reclamados; mientras que el segundo por el remanente a nombre de la quejosa **********.

"Hecho lo anterior, deberá entregar el fedatario ambos documentos a este juzgado a fin de que sea entregado el correspondiente al citado tercero perjudicado; en tanto que el segundo deberá continuar en resguardo, para los efectos legales que pudieran corresponder ..."

En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver la queja número 168/2013, determinó que lo resuelto por la Jueza Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado, dentro del incidente de suspensión 2399/2012-I-C, era legal, por las razones siguientes:

"Puntualizado lo anterior, el disidente aduce que le causa agravio lo resuelto por el Juez de Distrito, toda vez de que el hecho de haberse determinado hipotéticamente los daños y perjuicios en la resolución, por medio de la cual le fue concedida la suspensión de los actos reclamados, no implica que ese parámetro considerado sea obligatorio y tampoco que la garantía se encuentre subdividida, es decir, que haya un monto máximo para los daños y otro para los perjuicios.

"Asimismo, agrega que el Juez de Distrito incurre en desacierto, ya que éste tiene la obligación de indemnizar al quejoso de los perjuicios que sufrió, hasta donde alcance la caución que presentó la quejosa, de acuerdo con lo previsto por el artículo 125 de la Ley de Amparo; precepto que confiere al juzgador la facultad de estimar anticipadamente el monto que debe otorgarse como requisito para conceder la suspensión, sin que ese cálculo resulte exacto, porque los daños y perjuicios reales pueden ser mayores o menores; lo que significa que el monto previo de la caución sólo es un requisito para otorgar la suspensión, pero esa fijación no impide que la regulación se haga y se exija hasta por el monto que efectivamente ascendieron.

"Como ejemplo, el recurrente invoca el caso de la situación que rige la ley, en relación a la forma en que se concede a las personas morales la suspensión de los actos que reclaman en algún juicio de garantías plasmada en la tesis de rubro: ‘INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE AUN ANTE LA FALTA DE EXHIBICIÓN MATERIAL DE GARANTÍA A CARGO DE LA QUEJOSA CUANDO ÉSTA ES UNA PERSONA MORAL OFICIAL.’

"Por tanto, concluye que lo decidido por el Juez de Distrito trae como consecuencia malgastar a las instituciones que imparten justicia, ya que, posteriormente, tendría que promover un juicio diverso para exigir el monto remanente que por perjuicio le debe la quejosa, lo que provoca la infracción a los principios de justicia pronta y expedita.

"Esto que alega el recurrente es infundado.

"En efecto, de lo previsto en el artículo 125 de la ley de Amparo anterior, aplicable al caso, se obtiene que el Juez de Distrito al conceder la suspensión debe fijar una garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causare al tercero perjudicado, si el quejoso no obtiene sentencia favorable en el juicio de garantías.

"Es decir, el legislador de amparo desdobla el monto de la caución en dos rubros, como son: a) los daños; y, b) los perjuicios.

"Esto es, la garantía la debe fijar el juzgador según las circunstancias de cada caso a fin de determinar cuál es el monto de los daños y cuál es el de los perjuicios que podrían ocasionarse al tercero perjudicado.

"Sobre este tema, debe destacarse que, en cumplimiento a lo previsto en la norma referida, el Juez de Distrito en la sentencia interlocutoria del seis de diciembre de dos mil doce, fue claro al determinar que la garantía fijada estaba integrada por el rubro de daños hasta por la suma de $********** (********** pesos **********/100 moneda nacional), en tanto que los perjuicios, los calculó en la cifra de $********** (********** pesos **********/100 moneda nacional).

"También es necesario tener presente que dicha resolución fue impugnada por el tercero perjudicado, aquí disconforme, pero en ningún momento se dolió en sus agravios del monto de la caución y tampoco de lo decidido en cuanto a que aquélla garantizaba los rubros, como son: los daños y los perjuicios por cantidades diferentes; tan es así, que en el incidente de revisión 6/2013/3, este Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil no hizo pronunciamiento alguno sobre dichos aspectos al confirmar la interlocutoria en comento, ya que no fue materia de los agravios.

"Partiendo de esta base, es indudable que el quejoso debía ceñirse a los términos en que fue concedida la caución y, en su reclamación, debió tener en cuenta que había una cantidad límite por la cual podía reclamar los perjuicios que se le ocasionaron con motivo de la suspensión.

"De esta manera, es desacertado que el Juez de Distrito debía cubrir el monto total de $********** (********** pesos **********/100 moneda nacional), al recurrente con el certificado de depósito exhibido por la parte quejosa.

"Ahora, es cierto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó jurisprudencia con el rubro: ‘INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE AUN ANTE LA FALTA DE EXHIBICIÓN MATERIAL DE GARANTÍA A CARGO DE LA QUEJOSA CUANDO ÉSTA ES UNA PERSONA MORAL OFICIAL.’; sin embargo, el Juez Federal no tenía que ceñirse a dicha jurisprudencia, pues la misma no es aplicable al caso, ni aun de manera analógica.

"En efecto, según esa jurisprudencia, el Alto Tribunal de la Nación partió de la base de que las personas morales oficiales, de acuerdo con el artículo 9o. de la Ley de Amparo anterior, están exentas de presentar materialmente alguna garantía, ya que éstas se satisfacen con la presunción legal de su capacidad patrimonial para reparar el daño e indemnizar de los perjuicios ocasionados al tercero perjudicado con motivo de la concesión de la medida cautelar, se les concediera con motivo de algún juicio de garantías que promoverán.

"Empero, dicha jurisprudencia no dirimió el supuesto en que un Juez de Distrito haya fijado una caución contemplando dos rubros distintos como son los daños y los perjuicios que podrían ocasionar con la suspensión del acto reclamado y que el tercero perjudicado al reclamar uno de esos dos conceptos, tenga derecho a que se le cubra con el monto destinado para garantizar el otro, como en el caso pretende el disidente.

"Por otro lado, el tercero perjudicado, al ejercer su acción de reclamo de la responsabilidad derivada con motivo de la suspensión, debe fundarlo en hechos relativos a la causación de daños o a la generación de los perjuicios que se le ocasionaron.

"De esta manera, si en el caso, el recurrente al ejercer su acción incidental precisó que con motivo de la suspensión concedida en el juicio de garantías se le ocasionaron ciertos perjuicios que cuantificó y solamente sobre ese rubro se pronunció el Juez de amparo, entonces, éste estuvo en lo correcto al resolver que se cubriera al disidente hasta el monto máximo del rubro de perjuicios.

"De este modo, dicho juzgador no estaba facultado para ordenar la entrega de la caución en la parte que garantiza el rubro de daños, ya que de hacerlo se le dejaría en estado de indefensión a la parte contraria, puesto que el tema a dilucidar se concretó a perjuicios que el tercero perjudicado estimó se le ocasionaron con motivo de la suspensión." (énfasis añadido)

CUARTO. Con el objeto de resolver si en el caso se configura o no la contradicción de tesis, se procede a sintetizar los elementos de hecho y de derecho que los Tribunales Colegiados contendientes tomaron en consideración para sustentar los criterios denunciados como opuestos.

I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver la queja número 181/2013, en lo sustancial, consideró:

a) Que atendiendo a la naturaleza y finalidad de la caución, no es factible hacer la división en dos de dicha garantía y que sólo se haga efectiva la cantidad relativa a los perjuicios, devolviéndose al quejoso, demandado incidentista, la cantidad correspondiente a los daños; lo anterior, porque la propia ley establece expresamente que la caución que debe otorgarse por el quejoso para obtener la suspensión, debe ser bastante para responder por los daños y perjuicios que ésta le genere al tercero perjudicado, o sea, que debe ser suficiente y proporcionada a la afectación que puede sufrir.

b) Que si bien es cierto que se han fijado parámetros para determinar cómo es que debe cuantificarse la garantía, dentro de lo que destaca la distinción entre la naturaleza jurídica de los daños y los perjuicios; también lo es, que ello deviene del imperativo constitucional de motivar la resolución respectiva, donde se advierta la justificación de tal decisión, o sea, cómo es que la garantía fijada cumple con la dualidad de finalidades: permitir que el quejoso obtenga la suspensión del acto reclamado y garantizar al tercero los daños y perjuicios que en consecuencia se le puedan originar; lo cual no implica que la garantía se encuentre subdividida para efectos del pago de la indemnización.

c) Que otorgada la caución, se estima que ésta garantiza de manera suficiente y proporcionada el pago de los daños y perjuicios causados a tercero, con motivo de la suspensión, sin que cada una de las partidas o conceptos que sirvieron de base para estimar su monto, deban prevalecer como si estuviesen desvinculadas, pues de lo dispuesto por el artículo 125 de la Ley de Amparo, no se desprende válidamente que deban otorgarse por separado las garantías por cada uno de los conceptos apuntados. Luego, la caución es una, que garantiza tanto la reparación de daños como la indemnización de los perjuicios efectivamente causados.

d) Que si la garantía asciende a determinado monto, no existe razón para estimar que sólo se puede hacer efectiva por la cantidad establecida, en su caso, para daños o por la establecida para perjuicios, pues, aun cuando su monto total se haya obtenido o provenga de la suma de dos partidas, la de daños y la de perjuicios, no son conceptos desvinculados para efectos de la suspensión y, por ende, para la procedencia del pago por la afectación comprobada por el tercero.

II. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver la queja número 168/2013, en lo sustancial, consideró:

a) Que la garantía la debe fijar el juzgador según las circunstancias de cada caso a fin de determinar cuál es el monto de los daños y cuál es el de los perjuicios que podrían ocasionarse al tercero perjudicado que, en el caso, el Juez de Distrito fue claro al determinar que la garantía fijada estaba integrada por la cantidad que correspondía al rubro de daños y por la cantidad que correspondía al rubro de perjuicios.

b) Que la resolución en la que el Juez Federal estableció la garantía fue impugnada por el tercero perjudicado, sin que se doliera en sus agravios del mont

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25382-afbf438b/suspension-del-acto-reclamado-en-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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