INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL JUICIO DE AMPARO. TIENE COMO LÍMITE DE RESPONSABILIDAD LAS GARANTÍAS Y CONTRAGARANTÍAS OTORGADAS PARA LA EFICACIA O INEFICACIA DE LA SUSPENSIÓN (ARTÍCULOS 129 DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y 156 DE LA VIGENTE).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS PEDRO PABLO HERNÁNDEZ LOBATO, FRANCISCO EDUARDO FLORES SÁNCHEZ Y AGUSTÍN ARROYO TORRES. PONENTE: AGUSTÍN ARROYO TORRES. SECRETARIA: MARÍA LUISA GUERRERO LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia Civil del Cuarto Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de febrero de dos mil quince; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Civil de este Cuarto Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por el Juez Tercero de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado.
TERCERO.-Posturas contendientes. Con el propósito de estar en aptitud de determinar sobre la procedencia, así como sobre la existencia de la divergencia de criterios denunciada y, en su caso, establecer el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, conviene tener presentes las consideraciones en las que los Tribunales Colegiados de Circuito basaron sus resoluciones.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja **********, en sesión de veintitrés de junio de dos mil dieciséis, consideró lo siguiente:
"CUARTO.-Es sustancialmente fundado el agravio transcrito, por las siguientes razones.
"La materia del recurso de queja es la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, dictada en los autos del juicio de amparo indirecto **********, que resolvió el incidente de daños y perjuicios, instado por el tercero perjudicado **********. Cabe señalar que, si bien se declaró fundada dicha incidencia, a consideración del referido **********, la resolución recurrida resulta ‘oscura, ambigua y contradictoria’, en virtud de que el Juez de amparo, dice, condena a pagarle al incidentista los perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión (por no poder disponer del inmueble objeto de la litis en el juicio natural), señalando que la suma asciende a $517,721.80 (quinientos diecisiete mil setecientos veintiún pesos 80/100 moneda nacional), para posteriormente establecer: ‘sin embargo las garantías exhibidas para garantizar la suspensión provisional $3,282.56 (tres mil doscientos ochenta y dos pesos 56/100 moneda nacional) y la definitiva $148,320.00 (ciento cuarenta y ocho mil trescientos veinte pesos 00/100 moneda nacional), sumadas dan como total la cantidad de $151,602.56 (ciento cincuenta y un mil seiscientos dos pesos 56/100 moneda nacional)’, lo que dice, no le queda claro.
"En principio conviene destacar, que de acuerdo a las constancias del presente cuaderno se advierte, que la presentación de la demanda de garantías (relacionada con el incidente de suspensión e incidente de pago de daños y perjuicios materia de la resolución aquí recurrida), fue en diciembre de dos mil once. Ello, únicamente, se precisa, para evidenciar que la tramitación del juicio de garantías e incidencia que resolvió la resolución que aquí se recurre y que ahora se resuelve, será conforme a la anterior Ley de Amparo, sin que de cualquier forma se estime ello de mayor trascendencia, porque igual, en la actual ley se sigue exigiendo, cuando se concede la suspensión del acto reclamado, que se garanticen esos rubros en favor del tercero perjudicado.
"Luego, como se anticipó al inicio del presente considerando, es verdad que, como lo indica el inconforme, la resolución aquí recurrida, de veintinueve de septiembre de dos mil catorce, no es clara, porque condena a una cantidad, pero acota que la garantía exhibida no la cubre y no dice nada más.
"Ello genera incertidumbre al aquí recurrente, pues daría pie al quejoso para alegar que, solamente se podrá ejecutar esa condena en las cantidades exhibidas para la provisional y para la definitiva.
"Dado que en dicha interlocutoria resolvió:
"‘Así las cosas, al quedar plenamente acreditados lo (sic) supuestos del dispositivo 129 de la ley de la materia, resulta fundado el incidente que promovió el tercero perjudicado ********** y, se condena a la parte quejosa a pagar al incidentista los perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión al no poder disponer del inmueble objeto de la litis en el juicio natural, en ese tenor advirtiéndose que la suma por tal concepto asciende a $517,721.80 (quinientos diecisiete mil setecientos veintiún pesos 80/100 moneda nacional), sin embargo las garantías exhibidas para garantizar la suspensión provisional $3,282.56 (tres mil doscientos ochenta y dos pesos 56/100 moneda nacional) y la definitiva $148,320.00 (ciento cuarenta y ocho mil trescientos veinte pesos 00/100 moneda nacional), sumadas dan como total la cantidad de $151,602.56 (ciento cincuenta y un mil seiscientos dos pesos 56/100 moneda nacional).
"‘Por lo que una vez, que la presente resolución cause ejecutoria; procédase a hacer efectivas las garantías que exhibió el quejoso con motivo de la suspensión definitiva de los actos reclamados, de tal modo que deberá girarse oficio a la persona moral **********, a fin de hacer de su conocimiento la anterior determinación, y para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación, exhiba ante este juzgado federal, billete de depósito por la cantidad de $143,320.00 (ciento cuarenta y tres mil trescientos veinte pesos 00/100 moneda nacional), monto que ampara la póliza de fianza **********; apercibido que de no cumplir con lo anterior, con fundamento en la fracción I del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2o., se hará acreedora a una multa de $3,885.60 (tres mil ochocientos ochenta y cinco pesos 60/100 moneda nacional), equivalente a sesenta veces el salario mínimo general vigente que rige la zona, razón de $64.76 (sesenta y cuatro pesos 76/100 moneda nacional) ...’
"De ahí que resulte lacónica la recurrida, al omitir aclarar, qué sucederá respecto a la cantidad que no cubren las pólizas exhibidas.
"Ahora bien, los artículos 125 y 129 de la anterior Ley de Amparo, establecían:
"‘Artículo 125. En los casos en que es procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.
"‘Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía.’
"‘Artículo 129. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante la autoridad que conozca de ella un incidente, en los términos prevenidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Este incidente deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que, de no presentarse la reclamación dentro de ese término, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante las autoridades del orden común.’
"Como puede observarse, en el primero de los preceptos, la garantía de que se trata, debe ser bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se cause al tercero, en caso de no obtener la quejosa sentencia favorable en el juicio de amparo; pero esa caución atiende, bien a los datos que se proporcionan en la demanda de amparo o en el informe previo, o inclusive a la que rindan las partes en la audiencia incidental, y desde luego a la experiencia del juzgador de amparo que, sin embargo, no puede anticipar con exactitud el monto real y cierto que podrían causarse, pues solamente la duración del amparo es un dato incierto para él, como igual sería lo relativo a los daños que el quejoso pudiera causar al inmueble y que podrían afectar considerablemente su valor, o los perjuicios, pues éstos dependen en mucho de las variaciones del mercado. Por ello, ni es responsabilidad del Juez de Distrito, sino en caso de que fije garantías fuera de toda razón, ni es determinante el monto de la garantía que fije para resolver el incidente de que se trata, pues incluso pudiera suceder que no se causen daños ni perjuicios; tanto es así, que en el incidente hubo de acudir a la prueba técnica. Por lo que es importante tomar en consideración que al respecto rige el principio indemnizatorio.
"Al respecto orienta la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Plenos de Circuito, Libro 13, Tomo I, diciembre de 2014, página 708, que dice:
"‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO. CONFORME A LOS ARTÍCULOS 125 Y 129 DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA, PROCEDE HACER EFECTIVA, EN LA VÍA INCIDENTAL, LA TOTALIDAD DE LA GARANTÍA, SIN IMPORTAR LAS CANTIDADES PREVIAMENTE FIJADAS PARA RESPONDER TANTO POR LOS DAÑOS COMO POR LOS PERJUICIOS, CUANDO ALGUNO DE ÉSTOS RESULTE SUPERIOR AL GARANTIZADO. El indicado artículo 125 prevé que en los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaron; por su parte, el numeral 129 citado establece que cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de la garantía otorgada con motivo de la suspensión, se tramitará ante la autoridad que conozca de ésta en un incidente, procedimiento en el que rige el principio indemnizatorio, relativo a dejar sin daño al que hubiere sido agraviado por la suspensión, y tal principio constituye propiamente la reparación del quebranto o merma que en su patrimonio efectivamente sufrió el tercero perjudicado. Por tanto, en el incidente de daños y perjuicios puede hacerse efectiva la totalidad de la caución sin importar la cantidad que se haya fijado para garantizar uno u otro concepto, de manera que cuando uno de ellos, por ejemplo, los perjuicios sean mayores a la cantidad fijada para su garantía, la autoridad competente podrá disponer hasta del total de la caución, esto es, de la cantidad fijada para garantizar el diverso concepto de daño, en atención a que la finalidad indemnizatoria de la garantía es asegurar indistintamente tanto los daños como los perjuicios.’
"Esta tesis se publicó el viernes 5 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 8 de diciembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario Número 19/2013.
"Asimismo, la de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 148, que a continuación se transcribe:
"‘DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO PERJUDICADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO.-El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen con motivo de la suspensión concedida en el juicio de amparo biinstancial, en cuya tramitación el tercero perjudicado debe cumplir con las cargas que le impone la propia ley. En ese caso, para ver acogida su pretensión, el actor incidentista tiene la carga, primero, de manifestar en los hechos de su escrito incidental en qué consistió el daño o el perjuicio causado, así como justificar su relación directa con la suspensión del acto reclamado y, en segundo término, demostrar sus afirmaciones, pues en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo de sus excepciones. En esa narración de hechos es importante conocer si el tercero perjudicado sustenta su pretensión en la generación de daños o de perjuicios, cada uno con una naturaleza jurídica distinta, pues mientras que los primeros se refieren al menoscabo sufrido en el patrimonio del demandante (hecho cierto), los segundos corresponden a las ganancias lícitas que debieron haberse obtenido (hecho probable). Así, para demostrar los daños aducidos y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, se hace necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos efectivamente se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida. En cuanto a la demostración de los perjuicios, no es necesario que el tercero perjudicado mencione un acto específico que se vio frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble; basta con que realice una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen claramente la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación y probarlas. Entonces, en la resolución del incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo, el juzgador debe atender a los hechos en que se sustenta la pretensión para evaluar qué extremos debe colmar el actor incidentista.’
"Tesis de jurisprudencia 80/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintinueve de junio de dos mil once.
"El también transcrito artículo 129 revela que, el tercero perjudicado puede hacer efectiva la garantía que hubiere otorgado el quejoso por medio del incidente. Empero, si como en la especie dicha garantía resulta insuficiente, puede tomarse la última parte del mencionado precepto que reza: ‘... sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante las autoridades del orden común.’
"Entonces, aunque en el incidente de suspensión en que se actúa, únicamente, puede hacerse efectiva la que se fijó en la definitiva, que lo es por $148,320.00 (ciento cuarenta y ocho mil trescientos veinte pesos 00/100 moneda nacional), queda a salvo el derecho del hoy inconforme para hacer efectivo el resto de la condena -ya decretada por el a quo, por $517,721.80 (quinientos diecisiete mil setecientos veintiún pesos 80/100 moneda nacional)-. Primero, mediante requerimiento que el propio Juez de Distrito haga al quejoso, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, para que en el término de tres días, exhiba certificado de depósito por el monto restante $369,401.80 (trescientos sesenta y nueve mil cuatrocientos un pesos con ochenta centavos), lo cual da oportunidad a dicho quejoso para no constituirse en mora; y en su defecto ante la autoridad del orden común, con toda (sic) las consecuencias del procedimiento respectivo, sirviendo como título, desde luego, la presente ejecutoria.
"No se omite decir, a manera de información adicional, que este Tribunal Colegiado, resolvió en sesión de doce de marzo de dos mil quince, la diversa queja **********; que en ese asunto se estableció, fundamentalmente, que si bien al concederse la suspensión provisional, y en su caso la definitiva, se determinó una cantidad para garantizar el pago de los posibles perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada con la suspensión del acto reclamado, tal cantidad no regía al momento de promoverse el incidente respectivo, pues era posible probar que se ocasionaron por mayor o por menor cantidad, dado que la Juez Federal, solamente había hecho un cálculo probable al momento de fijar la garantía respectiva; que el señor Magistrado José Gabriel Clemente Rodríguez, no estuvo de acuerdo con ese criterio, y formuló voto aclaratorio en los términos siguientes:
"‘En principio, sí comparto el sentido de la resolución -fundada-, en cuanto considero que, tal y como se precisó en la ejecutoria, resulta errónea la decisión de declarar improcedente el incidente de daños y perjuicios provenientes del otorgamiento de la medida cautelar definitiva, dentro del incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo indirecto, propuesto en términos del artículo 156 de la Ley de Amparo, al estimar que la planilla de liquidación es incorrecta; pues corresponde al Juez de Distrito su análisis, valoración y, en su caso, corrección oficiosa, para determinar su pertinencia o no, en cuanto al fondo, atendiendo a las pruebas existentes dentro del juicio constitucional.
"‘No obstante lo anterior, no se comparte parcialmente el sentido que rige a la ejecutoria de que se trata, al estimar que dentro del incidente de daños y perjuicios es factible ofrecer y desahogar pruebas para modificar el monto de las cantidades que por tales conceptos fueron fijados desde la interlocutoria que otorgó la suspensión definitiva, puesto que estimo que dentro de la incidencia a que se contrae este medio ordinario de defensa legal, sólo pueden ofrecerse y desahogarse elementos de convicción para acreditar que efectivamente acontecieron aquellos hechos o circunstancias que den lugar al resarcimiento de tales conceptos -daños y/o perjuicios- al tercero interesado, hasta por el monto total de la garantía requerida y exhibida.
"‘Así, considero que tal oportunidad probatoria no permite, como lo estimó la mayoría, cuestionar los montos como el de renta de un inmueble fijado en la interlocutoria respectiva, para el cálculo de la garantía que debía otorgar la quejosa como requisito de eficacia de la cautelar definitiva, concedida para evitar el desalojo del inmueble cuya posesión pretendió defender, pues ello debió realizarse dentro del propio incidente de suspensión, en principio, aportando los elementos conducentes y, en segundo lugar, de convenir a sus intereses, a través del recurso correspondiente, en el cual se impugnara tal decisión jurisdiccional.
"‘Luego, al no haber procedido así el tercero interesado, en concepto del suscrito Magistrado, la cuantificación de la indemnización de que se trata, debió partir de aquel monto consentido por aquél, sin que, se insiste, sea viable cuestionarlo en ulterior ocasión, como ahora se estima y autoriza en la ejecutoria de que se trata.
"‘Por consiguiente, mi voto se pronuncia en el sentido que sí resultaba procedente la incidencia planteada, en una cantidad menor a la estimada por la ejecutoria, a virtud que la cuantificación de la renta del inmueble constituye un tema inmutable, ante la firmeza de la decisión judicial adoptada en la interlocutoria que concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, al haber sido consentida por el tercero interesado, en su oportunidad, apartándome en ese preciso aspecto de la ejecutoria de mayoría.’
"Ahora bien, el presente asunto no es idéntico a dicha queja **********, porque en ésta ya el Juez de Distrito superó el tema de debate, al establecer la cantidad que por perjuicios se causaron, y no vino a la queja la parte quejosa.
"Entonces, sin que el señor Magistrado José Gabriel Clemente Rodríguez abdique de aquel criterio, el asunto se pone a la consideración del Pleno en los términos que anteceden.
"Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve:
"ÚNICO.-Es fundado el presente recurso de queja.
"Notifíquese; con testimonio de esta resolución y, en su oportunidad archívese este expediente como totalmente concluido."
CUARTO.-El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver la queja **********, en sesión de tres de mayo de dos mil diecisiete, consideró lo siguiente:
"... SEXTO.-Estudio. Ahora bien, resulta pertinente atender al contenido de los artículos 132 y 156 de la Ley de Amparo, que dicen:
"‘Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.
"‘Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía.
"‘La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos.’
"‘Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente.’
"Conforme a los preceptos transcritos, el tercero interesado en el juicio de amparo, puede ver resarcida la afectación a su patrimonio sufrida con motivo de los daños o perjuicios generados por la suspensión concedida al quejoso.
"Los requisitos de procedencia del incidente de daños y perjuicios son los siguientes:
"1. La existencia de un tercero interesado;
"2. El otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados;
"3. La exhibición de la garantía exigida con motivo de la suspensión de los actos reclamados.
"4. El dictado en el juicio de amparo de una sentencia desfavorable a la parte quejosa.
"5. Para la demostración de los daños es necesario que se acredite el hecho, acto o situación concreta que los generó, para poder determinar el vínculo o nexo causal entre los daños y la medida cautelar concedida.
"6. En cuanto a la demostración de los perjuicios no es necesario que el tercero interesado narre un acto específico que pudo haberse frustrado ante la imposibilidad de disponer del inmueble. Basta con la narración o explicación de hechos creíbles de donde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado.
"Por su parte, con relación al tópico de daños y perjuicios, los artículos 2108 y 2109, del Código Civil Federal, establecen lo siguiente:
"‘Artículo 2108. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación.’
"‘Artículo 2109. Se reputa perjuicio la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación.’
"A partir de esas definiciones legales, el Máximo Tribunal del País estableció que puede afirmarse válidamente que el daño constituye un dato cierto y objetivo, en tanto que el perjuicio, se ubica dentro del ámbito de las probabilidades, de donde se colige que en cada caso se requiere un estándar de prueba diferente, porque diferente es la calidad de los hechos que, en cada supuesto, debe demostrar el tercero interesado.
"Cuando la pretensión del incidentista descansa en la circunstancia de que la suspensión del acto reclamado le generó daños, esto es, la pérdida o menoscabo sufrido en su patrimonio, es imperativo que se indique con precisión tanto el hecho o acto concreto por el que el incidentista vio disminuido su haber patrimonial como la vinculación directa entre dicha afectación y la suspensión del acto reclamado y que, en su momento, los demuestre.
"Si el tercero interesado afirma que, ante la imposibilidad de usar el inmueble de su propiedad, se vio en la necesidad de arrendar otro inmueble, cuyo pago de rentas originó una disminución a su patrimonio, es necesario que, entre otros hechos, el tercero interesado, manifieste en su escrito incidental esa circunstancia, esto es, la celebración del contrato de arrendamiento respectivo y, obviamente, que ofrezca las pruebas pertinentes que demuestren sus asertos (la forma escrita del contrato de arrendamiento, pruebas testimoniales, etcétera) de manera que el estándar de prueba en ese caso debe ser de alta calidad.
"Esto, porque la garantía que se pretende hacer efectiva, se rige por el principio indemnizatorio, conforme al cual la indemnización -del vocablo indemne, que significa dejar sin daño- constituye, propiamente, la reparación del quebranto o la merma que en su patrimonio efectivamente ha sufrido el tercero interesado.
"En consecuencia, para demostrar los daños y que éstos son consecuencia inmediata y directa de la suspensión concedida en el juicio de amparo, es necesaria la demostración del hecho, acto o situación concreta que los generó, pues sólo así el juzgador está en aptitud de constatar, en primer orden, si éstos, efectivamente, se produjeron y, en segundo lugar, si existe un vínculo entre ellos y la medida cautelar concedida.
"Por su parte, en el caso de los perjuicios no puede darse el mismo trato, pues por su propia naturaleza éstos se ubican en un plano hipotético, al disponer la norma legal, que se trata de ganancias lícitas que debieran haberse obtenido por el demandante, definición que per se, obliga al incidentista a exponer los hechos relevantes de su reclamo a partir de probabilidades, cuyo mayor o menor grado dependerá de las pruebas que ofrezca el interesado y de las que, a su vez, allegue el quejoso.
"Al respecto, como se mencionó en párrafos anteriores, debe partirse de la base de que en la narración de hechos, el actor incidentista ha de señalar en qué consistieron los perjuicios que dijo resentir, esto es, debe hacer una exposición razonada para explicar con hechos creíbles de dónde surgiría la ganancia de la que, en su concepto, se vio privado y aportar datos que revelen, claramente, la probabilidad para definir, de modo verosímil y aceptable que, en efecto, de haber tenido el uso o la disposición del inmueble se habrían generado las ganancias indicadas, esto, en el entendido de que también ha de proporcionar las bases para su cuantificación.
"Ahora, aunque en su petición el incidentista puede afirmar la existencia de algún negocio o acto específico, cuya realización no alcanzó a concretarse por la falta de disposición del bien inmueble, esto no significa que, en el preciso tema de los perjuicios, el juzgador de amparo deba exigir siempre la existencia de un concierto de voluntades de esa naturaleza -de que alguien estaba interesado en el bien inmueble ya sea para comprarlo o alquilarlo- pues, por tratarse los perjuicios de situaciones posibles, es válida y suficiente la afirmación de asertos que arrojen una alta probabilidad de haber percibido los beneficios reclamados si se hubiera tenido la disposición del bien, las razones o bases que sustentan esa aseveración y los datos que permitan cuantificarlos, así como su demostración con las pruebas necesarias.
"Por tanto, las pruebas que en tal caso ha de ofrecer el tercero interesado, si bien no ameritan un estándar de alta calidad, sí deben ser aptas para demostrar la probabilidad expresada como fundamento de la pretensión, en el entendido de que su mayor o menor grado de credibilidad, dependerá también de los elementos de convicción que, a su vez, ofrezca el quejoso.
"Si el tercero interesado afirma que, con motivo de la suspensión definitiva, se dejó de percibir una ganancia lícita (frutos civiles), por carecer del uso o de la libre disposición del bien raíz, en virtud de que estuvo en posibilidad de arrendar dicho bien y, al efecto, ofrece las pruebas consistentes en pericial en materia inmobiliaria, y las aseveraciones de dicho incidentista no son desvirtuadas por el quejoso con pruebas encaminadas a reducir el grado de probabilidad sobre la rentabilidad del inmueble, el juzgador está en aptitud de resolver lo conducente una vez valoradas las pruebas ofrecidas, sin necesidad de requerir al tercero interesado prueba de algún acto específico que demuestre que, invariablemente, el bien se iba a rentar, pues en ese evento basta que se demuestre la probabilidad de lo dicho, es decir, que sí había base de que esa ganancia pudo haberse obtenido.
"Lo expuesto encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente:
"‘DAÑOS Y PERJUICIOS EN EL INCIDENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. HECHOS QUE DEBE DEMOSTRAR EL TERCERO INTERESADO PARA ACREDITARLOS CUANDO, ANTE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO PUDO DISPONER DEL INMUEBLE CONTROVERTIDO.-El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé el incidente de daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad derivada de las garantías que se otorguen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27556-254cdf4a/incidente-de-danos-y-perjuicios-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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