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Modo: Corpus Pro

INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA EXHIBIDA CON MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN. PROCEDE AUNQUE EN EL JUICIO DE AMPARO SE HAYA DECRETADO EL SOBRESEIMIENTO AL DEMOSTRARSE QUE LA FIRMA DE LA DEMANDA DE AMPARO ES FALSA.

Tipo de asunto: QUEJA 60/2024. · Registro digital (IUS): 33384
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2025-07-04
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Julio de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.857.

QUEJA 60/2024. 19 DE MARZO DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO RANGEL RAMÍREZ. SECRETARIO: SERGIO IVÁN SÁNCHEZ LOBATO.

En la Ciudad de México, a diecinueve de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTO para resolver el recurso de queja 60/2024, interpuesto por **********, por su propio derecho, contra la resolución de siete de diciembre de dos mil veintitrés, dictada por el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el incidente de reclamación de daños y perjuicios derivado del juicio de amparo indirecto 624/2019.

RESULTANDO:

PRIMERO. ********** promovió juicio de amparo indirecto contra actos de la Jueza Primera de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, actuario de su adscripción y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, que hizo consistir en:

a) Del Juzgado Primero, la resolución de fecha 11 de junio de 2019, mediante la cual resolvió que el recurso de revocación interpuesto por ********** en contra del acuerdo de fecha 7 de mayo de 2019 es fundado. Una copia de esta resolución se agrega como anexo “1” del presente escrito inicial (sic) de demanda. - - b) Del actuario adscrito al Juzgado Primero, el requerimiento que me hará como consecuencia de la resolución del Juzgado Primero de fecha 11 de junio de 2019. - - c) De la Secretaría, el acto futuro inminente consistente en la ejecución de cualquier arresto ordenado por el Juzgado Primero. Sobre este acto se abundará en el apartado VIII (sobre la suspensión) del presente escrito inicial (sic) demanda.

SEGUNDO. El Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a quien por razón de turno correspondió el conocimiento del asunto, mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, ordenó formar el cuaderno de suspensión, en el cual, en interlocutoria de veintisiete de junio del mismo año, concedió al quejoso la suspensión definitiva.

La tercera interesada **********, interpuso recurso de revisión, el cual tocó conocer a este órgano colegiado en el expediente RI 228/2019, el que en ejecutoria de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, modificó la resolución recurrida por cuanto hace al cálculo de la garantía y concedió la suspensión definitiva.

Mediante sentencia dictada en audiencia de diez de septiembre de dos mil veintiuno y firmada el día veintiocho del mismo mes y año, la secretaria encargada del despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo; este tribunal confirmó ese fallo en ejecutoria de seis de enero de dos mil veintidós, dictada en el recurso de revisión 247/2021.

El quince de julio de dos mil veintidós -vía electrónica-, la tercera interesada **********, promovió incidente de reclamación de daños y perjuicios, el cual se desechó mediante resolución de diecinueve de julio de dos mil veintidós.

Mediante escrito de veintisiete de julio de dos mil veintidós, la tercera interesada interpuso recurso de queja, el cual correspondió conocer a este tribunal colegiado en el expediente QC 324/2022.

El catorce de noviembre de dos mil veintidós, la tercera interesada solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciera su facultad de atracción, respecto de los recursos de queja 324/2022, 310/2022 y 312/2022.

En resolución de quince de marzo de dos mil veintitrés, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los referidos recursos de queja; por lo que este tribunal, en acuerdo de trece de abril siguiente, ordenó archivar como asuntos concluidos los referidos recursos.

El cinco de julio de dos mil veintitrés, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró fundado el recurso de queja.

En cumplimiento, el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, el Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México admitió el incidente de reclamación de daños y perjuicios, en el cual se celebró la audiencia incidental el veintiuno de noviembre siguiente y se emitió interlocutoria el siete de diciembre último.

Esa resolución se notificó al quejoso, aquí recurrente, por medio de lista el trece de diciembre de dos mil veintitrés y surtió efectos el catorce siguiente; por lo que el término de cinco días para la interposición del recurso de queja transcurrió del quince de diciembre de dos mil veintitrés al cinco de enero de dos mil veinticuatro.

De ese cómputo se descuentan los días inhábiles del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, por corresponder al periodo vacacional de los Juzgados de Distrito, en términos del artículo 16 sexies (sic) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona diversas disposiciones relativas a las vacaciones de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de septiembre de dos mil veintitrés; así como el uno de enero de dos mil veinticuatro, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo, 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

TERCERO. Mediante escrito presentado en el cuatro de enero de dos mil veinticuatro, el quejoso interpuso recurso de queja, el cual correspondió conocer a este tribunal colegiado, el que en auto de presidencia de nueve de febrero de dos mil veinticuatro lo admitió y ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento. En ese mismo acuerdo se turnó el asunto al magistrado Fernando Rangel Ramírez, para elaborar el proyecto de resolución respectivo.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de queja conforme lo dispuesto en los artículos 37, fracción III, y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el artículo 97, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo, por tratarse de un recurso de queja interpuesto contra una resolución pronunciada por un juzgado de Distrito en materia Civil residente en este Circuito, que declaró infundado por una parte y fundado por otra un incidente de reclamación de daños y perjuicios derivado de un juicio de amparo indirecto en materia civil.

SEGUNDO. En la resolución recurrida, el juez de Distrito precisó que la tercera interesada demandó las siguientes prestaciones:

a) Se haga efectiva la póliza de fianza ********** expedida por **********, de $2’124,361.98 (dos millones ciento veinticuatro mil trescientos sesenta y un pesos 98/100 moneda nacional).

b) El pago de los perjuicios causados con motivo de la no disposición de cantidades a que tenía derecho a percibir con motivo de la suspensión del acto reclamado que asciende a $9’368,506.62 (nueve millones trescientos sesenta y ocho mil quinientos seis pesos 62/100 moneda nacional).

c) Como consecuencia, la exhibición del certificado de depósito por el monto restante -descontando el monto de la póliza exhibida- que asciende a $7’244,144.64 (siete millones doscientos cuarenta y cuatro mil ciento cuarenta y cuatro pesos 64/100 moneda nacional).

d) Se decrete la responsabilidad para el quejoso con motivo de la imposibilidad para ejecutar la resolución reclamada y en consecuencia, la indemnización del crédito original de $50’055,654.76 (cincuenta millones, cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 moneda nacional).

Declaró improcedentes las prestaciones identificadas en los incisos b), c) y d), con base en las siguientes consideraciones:

1) En el caso, se reclamó la resolución de once de junio de dos mil diecinueve que revocó el auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento judicial de ejecución de garantías otorgadas mediante prenda sin transmisión de posesión 298/2018-B, para el efecto de requerir al quejoso la entrega de la posesión de los bienes que garantizaron las obligaciones de los contratos base de la acción, en los términos ordenados en auto de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, con el apercibimiento que de no hacerlo o existiera negativa injustificada, se le impondría un arresto por nueve horas por desacato a un mandato judicial, así como su ejecución.

2) En ese juicio se había despachado ejecución en contra del quejoso por el importe de $50’055,654.76 (cincuenta millones cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 moneda nacional). Esa cantidad la consideró el juzgado de Distrito al tipo de cambio en pesos mexicanos al día en que se emitió la suspensión definitiva, para calcular los perjuicios, determinado que los daños se encontraban garantizados con el embargo de la dicha suma.

3) En la prestación d), la parte tercera interesada pretende se declare que el quejoso es responsable por la pérdida y detrimento total de la garantía y que, con motivo de ello, se debe indemnizar a la incidentista por la cantidad de $50’055,654.76 (cincuenta millones cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 moneda nacional).

4) Lo anterior no es jurídicamente posible, pues ese tema no fue materia del juicio de amparo ni del incidente de daños y perjuicios.

5) Por ello, la prestación identificada en el inciso b) también es improcedente, pues se reclama el perjuicio que la tercera interesada dice sufrió con motivo de la privación de la ganancia lícita que la cantidad asegurada hubiera generado. Ello, pues este incidente de daños y perjuicios no es la vía ni la forma para demandar esa prestación.

6) La prestación c) tampoco es procedente, pues se reclama la exhibición de un certificado de depósito por el resto de la responsabilidad derivada de los perjuicios generados.

7) La tercera interesada pretende el cobro de prestaciones ajenas a la materia del incidente de daños y perjuicios, pues en éste rige el principio indemnizatorio, relativo a dejar sin daño al que lo hubiere resentido con motivo de la suspensión y ese principio constituye propiamente la reparación del quebranto o merma que en su patrimonio efectivamente sufrió la tercera interesada.

8) El artículo 156 de la Ley de Amparo limita a los daños y perjuicios como consecuencia directa de la eficacia o ineficacia de la suspensión, es decir, el menoscabo patrimonial o la imposibilidad de obtener una ganancia lícita con motivo de la paralización del acto reclamado en el juicio de amparo.

9) Razón por la cual, el incidente previsto en el citado artículo no constituye un juicio de responsabilidad donde se puedan reclamar otras afectaciones que si bien pudieron originarse con motivo del juicio de amparo, no se encuentran vinculadas directamente con la suspensión del acto reclamado y con la garantía fijada para reparar los daños e indemnizar los perjuicios que con aquélla se hubieren causado, en el supuesto de que la parte quejosa no obtenga sentencia favorable en el juicio de amparo.

10) Ello, pues la base en que se sustenta el incidente de daños y perjuicios no es otra sino hacer efectiva la garantía que el quejoso exhibe en el incidente de suspensión, pues a través de ella éste adquiere la obligación ante el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo de responder de los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada, en caso que al quejoso no se le conceda el amparo.

11) No es obstáculo que en la ejecutoria de cinco de julio de dos mil veintitrés, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de queja 5/2023, se haya abordado el tema relativo a la imposibilidad de desechar de plano el incidente de reclamación de daños y perjuicios cuando la parte tercera interesada reclame una cantidad superior al monto de la garantía fijada por el órgano jurisdiccional como requisito de efectividad al momento de conceder la suspensión del acto reclamado en favor de la quejosa.

12) Lo anterior, pues como se consideró en esa ejecutoria, es necesaria la interpretación del artículo 156 de la Ley de Amparo -que regula las cuestiones inherentes al incidente de reclamación de daños y perjuicios- a efecto de determinar la procedencia o admisibilidad del incidente, pues la garantía fijada y otorgada no delimita la controversia en el proceso incidental donde la tercera interesada realiza la solicitud de indemnización por un monto superior, al ser la suspensión y no la garantía la que genera una afectación al tercero interesado.

13) Si se desecha el incidente de reclamación de daños y perjuicios por virtud que la parte tercera interesada haya solicitado un monto superior a la garantía fijada y otorgada, equivaldría a dejar de lado el derecho que tiene la incidentista de probar la afectación sufrida con motivo de la suspensión.

14) De ahí que una vez admitido el incidente, será materia de pronunciamiento la comprobación de que el monto de los daños y perjuicios es superior a la garantía establecida y pagada.

15) En el juicio de amparo 625/2019, se resolvió el incidente de daños ahí promovido en similares condiciones y se declaró infundado el recurso de queja 172/2023 que en su contra se promovió, por lo que no puede determinarse una cuestión diferente si existe identidad de actos reclamados y afectación.

Respecto de la prestación identificada en el inciso a), en lo que interesa, el juez de Distrito consideró:

... En la especie, la parte quejosa señaló como actos reclamados: - - - *De la Jueza Primera de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, la resolución de once de junio de dos mil diecinueve dictada en el recurso de revocación, deducido en el procedimiento judicial de ejecución de garantías otorgadas mediante prenda sin transmisión de posesión 298/2018-B, que modificó el proveído de siete de mayo de esa anualidad para el efecto de requerir nuevamente a los codemandados, entre otros, ********** y **********, a fin de que entregaran la posesión de los bienes que garantizaron las obligaciones de los contratos base de la acción, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondría un arresto de nueve horas por desacato a un mandato judicial. - - *Del actuario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil, así como del Secretario de Seguridad Ciudadana, ambos de la Ciudad de México, la ejecución del acto reclamado a la juez responsable. - - - En ese tenor, la suspensión se otorgó para el efecto de que se abstuvieran de ejecutar la orden de arresto por nueve horas, con la que se apercibió al quejoso ********** con motivo de la revocación del auto de siete de mayo de dos mil diecinueve a través de la resolución reclamada, dictada en el procedimiento judicial de ejecución de garantías otorgadas mediante prenda sin transmisión de posesión 298/2018-B, sin que lo anterior implicara la suspensión del procedimiento de donde derivan los actos reclamados. - - - Al efecto, como ya se asentó con anterioridad el quejoso exhibió la póliza de fianza **********, expedida por **********, por $1’417,409.29 (un millón cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos nueve pesos 29/100 moneda nacional) y el endoso de aumento de la fianza electrónica, expedido por la misma afianzadora por la cantidad de $706,952.69 (setecientos seis mil novecientos cincuenta y dos pesos 69/100 moneda nacional). - - - Ahora, la actora incidental reclama el pago del monto que garantizó el pago de daños y perjuicios con motivo de la suspensión definitiva concedida, sustancialmente en las siguientes consideraciones: - - - *Refiere que su representada resintió una privación de las ganancias lícitas que refiere no ha podido obtener por no conseguir la garantía prendaria. - - - *Dice que la incapacidad de incorporar el aseguramiento del crédito demandado por el monto de $50’055,654.76 (cincuenta millones cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 moneda nacional), obstruyó una objetiva ganancia, ya que aduce que de haber tenido a disposición la referida cantidad la hubiera transferido a la cuenta SIAC del Banco de México para depositarlo en una inversión y así administrar sus reservas acumuladas. - - - *Señala que la falta de disposición de dicha cantidad, que como consecuencia de la suspensión impidió a su representada acceder a los créditos en libros (cuentas por cobrar), efectivamente se generó perjuicios. - - *Considera que la suspensión decretada en este asunto impidió ejecutar la resolución de once de junio de dos mil diecinueve, por medio de la cual se requirió al quejoso la entrega de los bienes que garantizaron las obligaciones de los contratos base de la acción en el procedimiento de ejecución de garantía otorgadas mediante prenda sin transmisión de posesión 289/2018 (sic). - - * Sostiene que el hecho de no haber podido disponer de las cantidades a las que dice tenía derecho, conllevó a una inseparable consecuencia de afectación conforme al valor adquisitivo del dinero por el simple transcurso del tiempo que dejó de ganar diversos rendimientos. - - - * Hace alusión a los cálculos que se realizaron tanto por este órgano jurisdiccional al momento de fijar la garantía correspondiente en la resolución de la suspensión, así como lo que determinó el Décimo Primer Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito e inserta una tabla en la hace los cálculos que a su parecer sufrió con motivo de la suspensión que va desde el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, hasta el uno de enero de dos mil veintidós, por lo que dice que dichas operaciones le dan como resultado la cantidad de $9’368,506.62 (nueve millones trescientos sesenta y ocho mil quinientos seis pesos 62/100 moneda nacional) que refiere asciende a la cantidad que su representada hubiera podido ganar de haber incorporado a su patrimonio la cantidad de $50’055,654.76 (cincuenta millones cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 moneda nacional). - - - De lo narrado con antelación, se desprende que la actora incidental se duele de que resintió una afectación al no haber podido acceder a los bienes dados en garantía así como a la cantidad del crédito demandado, es decir, un perjuicio. - - - Lo anterior, pues manifestó que con motivo de la vigencia de la suspensión del acto reclamado la garantía prendaria se extinguió. - - - Como quedó asentado, en párrafos precedentes, para acreditar los perjuicios no es necesario que la tercera interesada mencione un acto específico que se vio frustrado, ante la imposibilidad de continuar con esa ejecución y obtener el pago de las cantidades a las que se condenó en el juicio de origen al peticionario; basta con que realice una exposición razonada que contenga los siguientes elementos que se deben tomar en cuenta para acoger su pretensión: - - a) La exposición de los hechos, creíbles, de dónde surgiría la ganancia. - - - b) La base de su cuantificación. - - - c) Las pruebas que demuestren tal cuantificación. - - Al respecto, es menester puntualizar que en la interlocutoria respectiva, se estableció lo siguiente: - - - “Garantía. Con fundamento en los artículos 132 y 136 de la Ley de Amparo, la medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de hacerlo si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación de la presente resolución, la parte quejosa no exhibe en cualquiera de las formas establecidas por la ley, una garantía por $1’417,409.29 (un millón cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos nueve pesos 29/100 moneda nacional), cantidad que se fija en atención al tiempo probable de solución del juicio principal que es de cuatro meses y que servirá para indemnizar los perjuicios que puedan ocasionarse a la parte tercera interesada con el otorgamiento de la suspensión. - - - Lo anterior es así, porque la medida precautoria tiene como efecto que la parte tercera interesada no vea satisfecha su pretensión de tomar posesión de la garantía que reclama, hasta en tanto sea vencida la rebeldía del quejoso; de ahí que la suspensión otorgada tiene como consecuencia, la imposibilidad de que la actora en el procedimiento de origen, pueda acceder a la garantía que respaldó el crédito que otorgó a las respectivas codemandadas. - - - Por lo tanto, el importe de la cantidad líquida reclamada, esto es, $50’055,654.76 (cincuenta millones cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 moneda nacional), tal y como se desprende del anexo dos exhibido con el escrito de demanda de amparo; constituye el parámetro objetivo que debe ser tomado en cuenta, para calcular el importe de la garantía que se debe otorgar para que en su momento continúe surtiendo efectos la medida cautelar concedida. - - - Sin embargo, la suspensión otorgada no tiene como consecuencia que se prive a la parte tercera interesada de la cantidad que afirma aún le adeuda la demandada del crédito que dio a esta última, ni de la garantía que le fue otorgada por la parte acreditada para responder del adeudo. - - - Lo anterior, porque no debe perderse de vista que aún no existe una sentencia que condene a los codemandados, dentro de los cuales se encuentra el aquí quejoso, a pagar a la actora la cantidad referida; sin embargo, la suspensión definitiva implica el retraso en la recuperación de dicha garantía, por lo que la única afectación que pudiera resentir la parte, de no ser favorable al quejoso el juicio de amparo, sería la privación de las ganancias lícitas que podría haber obtenido de haber incorporado la garantía perseguida con el procedimiento de origen en su esfera jurídica desde la concesión de la suspensión, durante el tiempo que esté vigente la suspensión definitiva. - - (...)”. - - Así las cosas, se cumple con elemento marcado con el inciso a), dado que de los hechos narrados por la tercera interesada, se advierte que su pretensión descansa en que con motivo de la concesión de la suspensión definitiva, no pudo tomar posesión de los bienes que garantizaban el crédito que le otorgó a la parte actora del juicio de origen. - - - Al respecto, si bien el quejoso adujo que la suspensión únicamente se concedió a efecto de que no se ejecutara la orden de arresto girada en su contra, lo cierto es que la medida precautoria tuvo como efecto que la parte tercera interesada no viera satisfecha su pretensión de tomar posesión de la garantía que reclama, hasta en tanto se venciera la rebeldía del quejoso; de ahí que la suspensión otorgada tuvo como consecuencia, la imposibilidad de que la actora en el procedimiento de origen, pudiera acceder a la garantía que respaldó el crédito que otorgó a las codemandadas. - - - Asimismo, si bien el promovente de este juicio de amparo refiere que nunca ha tenido en su poder los bienes dados en prenda, ni sabe dónde se encuentran, lo cierto es que en la determinación de once de junio de dos mil diecinueve que en esta instancia se pretendió recurrir, la jueza responsable determinó que la empresa **********, -obligada principal del contrato base de la acción del juicio de origen-, se encuentra integrada por un Consejo de Administración –del que es parte-, por lo que los integrantes de dicho consejo se encuentran obligados de manera solidaria e individual de la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabilidad, control, registro, archivo o información que previene la ley, por lo que concluyó que sí corresponde de manera individual a cada uno de los miembros del Consejo de Administración de la citada codemandada, la obligación de exhibir y rendir cuentas en relación con los créditos en Libros (cuentas por cobrar) que constituyeron la garantía prendería en primer lugar y grado a favor de la tercera interesada. - - El elemento identificado con el inciso b), esto es la base de su cuantificación, así como el establecido en el inciso c), que le obliga aprobar esa cuantificación también se acreditaron, con independencia de que la promovente de este incidente realice la cuantificación de los daños y perjuicios por una temporalidad no contemplada en el incidente de suspensión, lo cierto es que la materia de esta resolución no es cuantificar a cuánto ascienden los daños y perjuicios, sino si existieron o no dichas afectaciones a la quejosa, lo cual quedó demostrado con las manifestaciones de la actora del incidente. - - - Aunado a que la tercera interesada ofreció como pruebas las siguientes: - - 1. Documental, consistente en copia certificada del contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria sobre créditos en libros (cuentas por cobrar) en primer lugar y grado de preferencia, con deuda solidaria y fianza, celebrado el treinta de octubre de dos mil quince. (En formato electrónico). - - - 2. Documental. consistente en la copia certificada de la relación de cuentas por cobrar relativas al contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria sobre créditos en libros (cuentas por cobrar) en primer lugar y grado de preferencia, con deuda solidaria y fianza celebrado en fecha treinta de octubre de dos mil quince, por un total de $75’077,464.26 (setenta y cinco millones setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 26/100 m.n.) y que se encuentra anexado al contrato mencionado en el punto anterior. - - - 3. Documental, consistente en la copia certificada de la relación de cuentas por cobrar relativas al contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria sobre créditos en libros (cuentas por cobrar) en primer lugar y grado de preferencia, con deuda solidaria y fianza celebrado en fecha treinta de octubre de dos mil quince, la cual se integra por doscientos noventa y un créditos, y suman la cantidad de $49’845,095.33 (cuarenta y nueve millones ochocientos cuarenta y cinco mil noventa y cinco pesos 33/100 m.n.). - - 4. Documental, consistente en la Boleta de Inscripción del Registro Único de Garantías Mobiliarias con número de asiento/cadena única de datos **********, número de garantía inmobiliaria **********, de cuatro de noviembre de dos mil quince. - - - 5. Documental, consistente en la Boleta de Inscripción del Registro Único de Garantías Mobiliarias con número de asiento/cadena única de datos **********, número de garantía inmobiliaria **********, de fecha doce de enero de dos mil diecisiete. - - - 6. Documental, consistente en la copia certificada del contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria sobre créditos en libros (cuentas por cobrar) en primer lugar y grado de preferencia, con deuda solidaria y fianza, celebrado el ocho de febrero de dos mil diecisiete. - - - 7. Documental, consistente en la copia certificada de la primer relación de cuentas por cobrar relativas al contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria sobre créditos en libros (cuentas por cobrar) en primer lugar y grado de preferencia, con deuda solidaria y fianza celebrado en fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, por un total de $55’540,155.14 (cincuenta y cinco millones quinientos cuarenta mil ciento cincuenta y cinco pesos 14/00 moneda nacional) y que se encuentra anexado al contrato ya mencionado en el punto anterior. - - - 8. Documental, consistente en la copia certificada de la segunda relación de cuentas por cobrar relativas al contrato de apertura de crédito simple con garantía prendaria sobre créditos en libros (cuentas por cobrar) en primer lugar y grado de preferencia, con deuda solidaria y fianza celebrado en fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, por un total de $19’535,261.77 (diecinueve millones quinientos treinta y cinco mil doscientos sesenta y un pesos 77/00 m.n.). - - - 9. Documental, consistente en la Boleta de Inscripción del Registro Único de Garantías Mobiliarias con número de asiento/cadena única de datos **********, número de garantía inmobiliaria **********, de fecha quince de febrero de dos mil diecisiete. - - 10. Documental, consistente en el estado de cuenta certificado por el C.P. **********, contador público facultado por **********, para los efectos de la Ley de Instituciones de Crédito, por la cantidad de $50’055,654.76 (cincuenta millones cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 76/100 m.n.), en el cual se integra el estado de cuenta del contrato del treinta y uno de octubre de dos mil quince y el estado de cuenta del contrato del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. - - - 11. Documental pública, consistente en el folio mercantil **********, en la cual se desprende que la escritura noventa y dos mil quinientos dieciocho de fecha cinco de julio de dos mil diecisiete, ante el licenciado **********, titular de la notaría ********** de la Ciudad de México, se hizo constar la protocolización de la Asamblea de Accionistas de **********, mediante la cual se designó como miembros del Consejo de Administración de la misma, al quejoso, acto jurídico que quedó inscrito en dicho folio, el diez de octubre de dos mil diecisiete. - - - 12. Documental, consistente en los estados de cuenta de **********, en el Sistema de Atención a Cuentahabientes del Banco de México, también conocido por sus siglas como “SIAC”, en donde administra diariamente las reservas acumuladas, correspondiente a los periodos en que estuvo vigente la suspensión del acto reclamado. - - - 13. Documental, consistente en la póliza de fianza ********** y su endoso de aumento, emitida por **********por el monto total de $2’124,361.98 (dos millones ciento veinticuatro mil trescientos sesenta y un pesos 98/100 moneda nacional), por concepto de perjuicios generados al tercero interesado por la suspensión del acto reclamado otorgada al quejoso. - - - 14. Documental pública, consistente en la información financiera consultable en la página oficial de Internet del Banco de México, donde constan las publicaciones de las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio, en promedio mensual y porciento anual, mismas que resultan aplicables para calcular un rendimiento promedio, respecto de los meses de junio de dos mil diecinueve a enero de dos mil veintidós. Es decir, las Tasas de Interés Interbancaria de Equilibrio a veintiocho días, promedio mensual, en por ciento anual

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33384-b75eb18f/incidente-de-danos-y-perjuicios-para-hacer-efectiva · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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