SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE ESA MEDIDA CAUTELAR NO PUEDE DESECHARSE POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE RECLAME UN MONTO SUPERIOR AL QUE SE FIJÓ COMO GARANTÍA.
QUEJA 3/2023. 5 DE JULIO DE 2023. CINCO VOTOS DE LA MINISTRA Y LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIADO: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ Y SHELIN JOSUÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, Nombre de banco presentó una demanda en la vía mercantil especial de "procedimiento judicial de ejecución de garantías otorgadas mediante prenda sin transmisión de posesión", en contra –entre otros– de Nombre de sociedad anónima, y de tres de los miembros de su consejo de administración: Nombre de persona 1, Nombre de persona 2 y Nombre de persona 3 a quienes les reclamó, entre otras prestaciones, el pago de pesos y, en caso de no cubrir la cantidad demandada, la entrega de la posesión de las "garantías prendarias", es decir, todo contrato, pagaré y documentación que sustentara los créditos identificados en los asientos respectivos, que Nombre de sociedad anónima tuviera a su favor con sus clientes, a fin de con ello cubrir el monto de lo demandado.
El Juez de Distrito –en calidad de juez de proceso mercantil– admitió la demanda y emitió auto de ejecución en el que ordenó el requerimiento de pago en contra de los demandados y, en caso de no hacerlo, la entrega de la posesión de la garantía prendaria.
Ante la falta de pago y la entrega de la garantía prendaria, la parte actora solicitó al juzgador que requiriera nuevamente a los demandados y, en caso de no pagar o entregar la garantías, se les impusiera arresto.
Tras resolver un recurso de revocación, el juez emitió un nuevo auto de requerimiento de pago y entrega de las garantías, con apercibimiento de arresto contra los demandados.
Inconforme, Nombre de persona 1 promovió demanda de amparo indirecto en el que reclamó ese auto con apercibimiento de arresto, y su ejecución.
Del asunto, correspondió conocer a un Juez de Distrito de amparo en Materia Civil, quien admitió la demanda y, en su oportunidad, emitió sentencia en la que sobreseyó en el juicio constitucional. Esa sentencia fue confirmada en la revisión que conoció el Tribunal Colegiado respectivo.
Una vez que se comunicó al Juez de Distrito la sentencia ejecutoriada, Nombre de banco, como tercera interesada, presentó un incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, reclamando un monto de daños y perjuicios superior al que el juzgador estableció en la garantía cuando concedió la suspensión definitiva.
A ese escrito recayó un auto en el que el Juzgado de Distrito desechó de plano el incidente, por considerarlo notoriamente malicioso o improcedente, por reclamar un monto ajeno al que fue materia de la garantía y, por ende, no encuadrar en el artículo 156 de la Ley de Amparo.
Inconforme, la tercera interesada interpuso recurso de queja y, antes de que el Tribunal Colegiado lo resolviera, solicitó a esta Suprema Corte ejercer su facultad de atracción para resolverlo, misma que sí se ejerció.
Por lo tanto, el problema jurídico que esta Primera Sala debe resolver consiste en determinar si el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, es improcedente y debe desecharse de plano cuando la parte tercera interesada reclama una cantidad superior al monto de la garantía fijada por el órgano de amparo como requisito de efectividad al momento de conceder la suspensión a la quejosa, o bien, si ese reclamo sí puede integrar la litis incidental, pero su comprobación forma parte del fondo del asunto.
ÍNDICE
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de cinco de julio de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de queja 3/2023, derivado del juicio de amparo indirecto Número de expediente 1 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
El problema jurídico que esta Primera Sala debe resolver consiste en determinar si el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo,(1) es improcedente y debe desecharse de plano cuando la parte tercera interesada reclama una cantidad superior al monto de la garantía fijada por el órgano de amparo como requisito de efectividad al momento de conceder la suspensión a la quejosa, o bien, si ese reclamo sí puede integrar la litis incidental, pero su comprobación forma parte del fondo del asunto.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Contratos de crédito.(2) El treinta de octubre de dos mil quince y el ocho de febrero de dos mil diecisiete, Nombre de banco (en lo sucesivo Nombre sintetizado de un banco) celebró dos contratos de apertura de crédito con garantía prendaria sin transmisión de posesión sobre créditos en "libros" –cuentas por cobrar dentro de la cartera de clientes– con la empresa Nombre de sociedad anónima (en lo sucesivo Nombre sintetizado de sociedad anónima).
2. Juicio mercantil (expediente Número de expediente 2). El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, Nombre de banco presentó una demanda en la vía mercantil especial de "procedimiento judicial de ejecución de garantías otorgadas mediante prenda sin transmisión de posesión",(3) en contra –entre otros– de Nombre de sociedad anónima, y de tres de los miembros de su consejo de administración: Nombre de persona 1, Nombre de persona 2 y Nombre de persona 3, a quienes les reclamó, entre otras prestaciones, el pago de $UN MONTO TOTAL EN NÚMEROS (un monto total en letras en moneda nacional) por concepto de "adeudo total" y, en caso de no cubrir la cantidad demandada, la entrega de la posesión de las "garantías prendarias", es decir, todo contrato, pagaré y documentación que sustentara los créditos identificados en los asientos respectivos, que Nombre de sociedad anónima tuviera a su favor con sus clientes, a fin de cubrir con ello el monto de lo demandado.
3. Auto de admisión y de requerimiento de pago. El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México admitió la demanda y despachó ejecución para que se requiriera a los demandados a fin de que, en el acto de la diligencia, pagaran las cantidades reclamadas y, en caso de no hacerlo, entregaran la posesión de todos los documentos vinculados con los créditos a cargo de su cartera de clientes que se establecieron como garantía prendaria, y así poder ser cobrados por la actora; lo anterior, bajo apercibimiento de multa.
4. Solicitud de arresto. Ante la falta de entrega de la garantía prendaria, mediante escrito de tres de mayo de dos mil diecinueve, Nombre de banco solicitó a la jueza mercantil que requiriera nuevamente al demandado Nombre de persona 1 –entre otros–, como miembro del consejo de administración de la empresa demandada, la entrega de la posesión de los documentos integrantes de la garantía prendaria, pero con apercibimiento de arresto.
5. Negativa de apercibimiento. A tal petición recayó el auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, mediante el cual la juzgadora negó lo solicitado.
6. Recurso de revocación. Inconforme, mediante escrito de trece de mayo de dos mil diecinueve, Nombre de banco interpuso un recurso de revocación.
7. Acto reclamado. En respuesta a tal escrito, el once de junio de dos mil diecinueve, la jueza mercantil emitió un auto en el que declaró fundado el recurso de revocación y, en su lugar, ordenó que se requiriera nuevamente a los codemandados –incluyendo a Nombre de persona 1– la entrega de los bienes otorgados en garantía prendaria, con el apercibimiento de que, de no hacerlo o de advertirse nueva negativa, ya sea por sí o por interpósita persona, se les impondría un arresto.
8. Demanda de amparo indirecto (expediente Número de expediente 1). Inconforme, el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, el señor Nombre de persona 1 presentó una demanda de amparo indirecto en la que reclamó el acuerdo que resolvió el recurso de revocación y su ejecución.
9. Admisión. El veinte de junio de dos mil diecinueve, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México admitió a trámite la demanda y ordenó formar, por cuerda separada, el incidente de suspensión, a fin de pronunciarse sobre la medida cautelar.
10. Suspensión provisional. En auto de esa misma fecha, pero dictado en el cuaderno incidental, el Juez de Distrito del conocimiento concedió la medida cautelar.
11. Suspensión definitiva. Mediante interlocutoria de veintisiete de junio de dos mil diecinueve, la medida cautelar provisional fue sustituida procesalmente, pues el Juez de Distrito concedió la suspensión definitiva al quejoso,(4) y le fijó como monto de la garantía para la efectividad de la medida cautelar la cantidad de $UNA CANTIDAD EN NÚMERO "A" (una cantidad en letra "A" en moneda nacional), la cual calculó tomando en cuenta el "adeudo total" que Nombre de banco reclamó en el juicio de origen, así como "en atención al tiempo probable de solución del juicio principal que es de cuatro meses y que servirá para indemnizar los perjuicios que puedan ocasionarse a la parte tercera interesada con el otorgamiento de la suspensión".
12. Revisión incidental (expediente Número de expediente 3). Inconforme con esa determinación, al considerar insuficiente el monto de la garantía, Nombre de banco interpuso un recurso de revisión incidental cuyo conocimiento correspondió al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, quien emitió sentencia en sesión de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en el sentido de modificar la interlocutoria impugnada. Ello, a fin de establecer como monto de la garantía la cantidad de $UNA CANTIDAD EN NÚMERO "B" (una cantidad en letra "B" en moneda nacional), y precisar que la garantía sólo responde por "los posibles perjuicios que se pudieran causar a la parte tercera interesada con motivo de la suspensión", ya que por la naturaleza del acto reclamado "no existe sentencia firme que establezca la condena a favor de la recurrente para justificar que se garanticen los posibles daños que pudiera generar la concesión de la suspensión definitiva".
13. Sentencia de amparo indirecto. El veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, la Juez Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México emitió sentencia en la que sobreseyó en el juicio de amparo, con base en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo,(5) por falta de instancia de parte agraviada, ya que resultó falsa la firma de la demanda presentada a nombre de Nombre de persona 1, como quejoso.
14. Recurso de revisión Número de expediente 4. Inconforme, el señor Nombre de persona 1 interpuso un recurso de revisión, pero en sesión de quince de diciembre de dos mil veintiuno, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito confirmó la resolución recurrida.
15. Incidente de responsabilidad de daños y perjuicios. El cinco de julio de dos mil veintidós, el apoderado legal de Nombre de banco presentó un "incidente de responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión definitiva", en el que reclamó los daños y perjuicios que consideró le provocó la imposibilidad de ejecutar el acto reclamado para vencer la resistencia del quejoso para hacer entrega de la garantía prendaria –mediante el apercibimiento de arresto ahí inmerso–. En concreto, la promovente reclamó las siguientes prestaciones:
• El pago de $UN MONTO TOTAL EN NÚMEROS (una cantidad total en letra en moneda nacional), por concepto de daño –derivado de un hecho que hizo ver como superveniente–. Lo anterior, pues la tercera interesada aseguró que, durante la vigencia de la suspensión, el plazo de las "garantías prendarias" –cuentas por cobrar– que amparaban el "adeudo total" reclamado en el juicio de origen, venció y eso ocasionó su pérdida.(6)
• La declaratoria de que se generaron $UNA CANTIDAD EN NÚMEROS "C" (una cantidad en letra "C" en moneda nacional), por concepto de perjuicios. Lo anterior, ya que el juicio de amparo indirecto tardó en resolverse en definitiva más de los seis meses que el Tribunal Colegiado pronosticó en la revisión incidental, y en realidad transcurrieron novecientos cuarenta y dos –según la promovente–, lo cual se calculó mediante la multiplicación por la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a veintiocho días y la suma del 16% del Impuesto al Valor Agregado.
• Que se haga efectiva la póliza de fianza por $UNA CANTIDAD EN NÚMEROS "B" (una cantidad en letra "B" en moneda nacional), que la peticionaria exhibió con la finalidad de garantizar los perjuicios, derivados de la suspensión.
• Que se requiera al quejoso para realizar el pago de $UNA CANTIDAD EN NÚMEROS "D" (una cantidad en letra "D" en moneda nacional), como saldo restante, por concepto de "perjuicios".
16. Auto recurrido. En respuesta a esa solicitud, el siete de julio de dos mil veintidós, el Juzgado de Distrito desechó de plano el incidente, al considerar que era "notoriamente malicioso o improcedente", porque la tercera interesada pretendía cobrar "prestaciones ajenas a lo que se constriñe la incidencia". Esto, pues, según el juzgador federal, el incidente previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo no constituye un juicio de responsabilidad donde se puedan reclamar otras afectaciones que, si bien, pudieron originarse con motivo del juicio de amparo, no están vinculadas directamente con el monto de la garantía fijada para reparar los daños e indemnizar los perjuicios que con aquélla se hubieren causado, en el supuesto de que la parte quejosa no obtenga la protección constitucional.
17. Recurso de queja. En contra del desechamiento del incidente, el quince de julio de dos mil veintidós, el apoderado legal de Nombre de banco interpuso un recurso de queja, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo,(7) en donde hizo valer un único agravio, en el que argumentó, esencialmente, lo siguiente:
• Si bien la cantidad que se reclama por daños y perjuicios es superior a la que se determinó como garantía al conceder la suspensión definitiva, ello únicamente se debe a que la caución fue fijada conforme a "una estimación" de los posibles daños y perjuicios; sin embargo, "ahora en el incidente se plantean daños y perjuicios reales y conmensurables, sin que ello signifique que se trate de cuestiones ajenas a la incidencia regulada en el artículo 156 de la Ley de Amparo".
• El hecho de que la cuantificación contenida en las prestaciones reclamadas pueda ser superior a la póliza de fianza que se exhibió como garantía a la que se condicionó la efectividad de la suspensión del acto reclamado, no hace al incidente propuesto como notoriamente improcedente, ni mucho menos faculta al Juez de Distrito para desecharlo de plano. En todo caso, la demostración de la cuantificación está reservada al trámite, es decir, al ofrecimiento y desahogo de pruebas, así como a la resolución de fondo del propio incidente.
• El contenido de las prestaciones que integran un incidente que supera el monto de la garantía exhibida no puede considerarse por ese hecho ajeno a la responsabilidad derivada de la suspensión; por el contrario, se encuentran vinculadas directamente con dicha medida cautelar y con la garantía fija para reparar los daños e indemnizar los perjuicios que efectivamente causó, bajo la premisa de que, precisamente, la quejosa obtuvo sentencia desfavorable en el juicio constitucional.
• El hecho de que el Juez de Distrito fije el monto de la garantía que debe otorgarse por la medida concedida no implica que desde ese momento esté aceptando la verdadera existencia de los daños y perjuicios a la parte tercera interesada. Ello, dado que "su determinación es hipotética", por lo que, en todo caso, corresponde a la tercera interesada no sólo la plena demostración de que se le causó la afectación, sino también su importe, lo cual puede verificarse sólo si se permite la tramitación del incidente, con independencia de que el contenido o suma de cantidades pueden parecerle ajenas al monto de la fianza.
• Una interpretación contraria, obstaculizaría la oportunidad de que el tercero interesado pruebe plenamente la cuantificación de los daños y perjuicios que sufrió con motivo de la suspensión.
18. Trámite ante el Tribunal Colegiado del recurso de queja (expediente Número de expediente 5). El conocimiento del recurso de queja correspondió al Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual, en auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, lo admitió a trámite.
19. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción Número de expediente 6. Antes de que el Tribunal Colegiado resolviera el recurso de queja, mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil veintidós directamente ante esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Nombre de banco, por conducto de su apoderado legal, solicitó a este alto tribunal que ejerciera su facultad de atracción para conocer de la queja interpuesta en contra del desechamiento del incidente de daños y perjuicios. Después de que el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá hizo propia la solicitud, el quince de marzo de dos mil veintitrés esta Primera Sala dictó sentencia en la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción Número de expediente 6 en la que resolvió atraer el recurso de queja.(8)
20. Trámite ante esta SCJN. Por acuerdo de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, la Presidenta de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso de queja, lo registró con el número de expediente 3/2023 y lo turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, a fin de que elaborara el proyecto de resolución respectivo.
21. Avocamiento. El treinta de mayo de dos mil veintitrés, el Presidente en funciones de la Primera Sala emitió auto de avocamiento para el conocimiento del asunto y solicitó el envío de los autos a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de sentencia.
I. COMPETENCIA
22. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente recurso de queja, en términos de lo dispuesto en los artículos 21, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(9) 80 bis de la Ley de Amparo;(10) y puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, porque en la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción Número de expediente 6, esta Primera Sala resolvió atraer el recurso de queja.
II. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD
23. De conformidad con el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, el recurso de queja se hizo valer por parte legitimada, pues fue presentado por Nombre de banco, quien es la parte tercera interesada dentro del juicio de amparo indirecto Número de expediente 1, por conducto de su apoderado legal, Nombre del representante legal del banco, con tal personería reconocida ante el Juez de Distrito.
24. Por otra parte, el recurso de queja se interpuso oportunamente pues, el auto impugnado de siete de julio de dos mil veintidós, le fue notificado personalmente a la inconforme de manera electrónica el ocho de dicho mes y año, por lo cual, surtió efectos el mismo día, con fundamento en el numeral 31, fracción III, de la Ley de Amparo. Así, el plazo de cinco días, previsto en el precepto 98 de la misma para la interposición del citado recurso,(11) transcurrió del once al quince de julio de dos mil veintidós. Por su parte, el escrito de queja, se presentó el quince de julio de dos mil veintidós, de ahí que se considere oportuna su interposición. III. PROCEDENCIA DEL RECURSO
25. El recurso de queja se interpuso con sustento en el artículo 97, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo,(12) conforme al cual, este medio de impugnación procede en contra de las resoluciones que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios, entre las cuales, está aquélla que, de plano, decide desecharlo en un auto de trámite.
26. Así, debido a que, en la presente queja, la resolución recurrida es aquella en la que el Juzgado de Distrito desechó de plano el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se sostiene que el medio de impugnación es procedente.
27. Cabe precisar que la materia del presente recurso de queja se circunscribe a resolver cuestiones de estricta procedencia y no de fondo del incidente; es decir, si el órgano jurisdiccional de amparo estaba facultado o no para desecharlo de plano bajo la consideración de que la tercera interesada reclamó una indemnización por un monto superior al fijado como garantía, o bien, si tal reclamo no justifica su desechamiento al formar parte de la materia del fondo de la litis incidental.
IV. ESTUDIO DE FONDO
28. Esta Primera Sala considera que es fundado el agravio de la recurrente en el que afirma que el hecho de que la cantidad reclamada en su escrito incidental sea superior a la fijada como garantía por la suspensión del acto reclamado, no torna al incidente como notoriamente improcedente, ni mucho menos faculta al Juzgado de Distrito para desecharlo de plano, pues no se trata de cuestiones ajenas a la incidencia regulada en el artículo 156 de la Ley de Amparo, ya que precisamente su comprobación o no es la materia de fondo de la litis. Por lo tanto, dicho agravio resulta suficiente para revocar el auto recurrido.
29. Para explicar esa conclusión conviene, en principio, tener claro el texto del artículo 156 de la Ley de Amparo:
Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente.
30. Así, el estudio de fondo se divide en tres temas: i) la suspensión del acto reclamado en el amparo y el objetivo de la garantía; ii) la naturaleza del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión; y, iii) la correcta interpretación del artículo 156 de la Ley de Amparo (conclusión).
i) La suspensión del acto reclamado en el amparo y el objetivo de la garantía
31. El artículo 107, fracción X, de la Constitución Política del país establece que, en el amparo, los actos reclamados a la autoridad responsable podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria.(13)
32. De esa fuente constitucional se deduce que la institución de la suspensión tiene como objeto evitar que el acto reclamado se pueda consumar de tal manera que llegue a ser irreparable; impedir que se deje sin materia el juicio de amparo; y, evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación con la ejecución del acto reclamado.
33. Por ello, la consecuencia de la suspensión provisional es mantener las cosas en el estado que guardan hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, la cual, a su vez, de concederse, tiene vigencia hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicta al resolverse sobre el juicio de amparo. Tales medidas cautelares surten sus efectos inmediatamente después de su concesión pues, de lo contrario, no se cumpliría con su finalidad.(14)
34. No obstante, la autoridad que se pronuncie sobre la suspensión de los actos reclamados tiene obligación de tomar las medidas convenientes para que no se defrauden derechos de terceras personas, que se beneficiarían con la ejecución del acto reclamado.
35. Con tal objetivo, en los casos en que se considera fundada la petición de suspender el acto reclamado, pero existe la posibilidad de que ello pueda ocasionar daños o perjuicios a la tercera interesada, el propio artículo 107, fracción X, de la Constitución Política del país establece que la parte quejosa deberá de exhibir una garantía para responder por ellos.
36. El artículo 132 de la Ley de Amparo(15) recoge ese mandato constitucional y reitera que la efectividad de la medida cautelar deberá condicionarse a que la parte quejosa otorgue "garantía" bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren a la tercera interesada, y aclara que será para el caso de que la peticionaria no obtuviera sentencia favorable en el juicio constitucional.
37. Por lo tanto, la "garantía" como requisito de efectividad de la suspensión tiene como objetivo primordial servir como salvamento o protección a la parte tercera interesada de que, en caso de que la suspensión del acto reclamado cause daños y perjuicios en su contra, habrá una garantía que podrá hacer efectiva o cobrar de manera sencilla y cierta –por haber sido otorgada previamente–, en caso de que la quejosa obtenga una sentencia desfavorable.
38. Finalmente, es importante mencionar que, al fijar la garantía con motivo de la suspensión –incluso en la definitiva–, la persona juzgadora de amparo está obligada a realizar un ejercicio ex ante,(16) es decir, de naturaleza probabilística. Esto, porque aun cuando el daño constituye un dato cierto y objetivo, el perjuicio se ubica dentro del ámbito de las probabilidades, ya que se trata de la ganancia lícita que pudo haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación a futuro.
ii) Naturaleza del incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión
39. Cuando se configura una sentencia ejecutoriada de amparo desfavorable para la quejosa y, con motivo de la suspensión concedida, se ocasionaron daños o perjuicios a la tercera interesada, surge su derecho a promover el incidente al que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, cuyo contenido textual, previamente citado, es el siguiente:
Artículo 156. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante el órgano jurisdiccional que conozca de ella un incidente en los términos previstos por esta Ley, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio. De no presentarse la reclamación dentro de ese plazo y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante autoridad judicial competente.
40. Por su parte, los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo establecen lo siguiente:
Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia.
Artículo 67. En el escrito con el cual se inicia el incidente deberán ofrecerse las pruebas en que se funde. Se dará vista a las partes por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Atendiendo a la naturaleza del caso, el órgano jurisdiccional determinará si se requiere un plazo probatorio más amplio y si suspende o no el procedimiento.
41. Los artículos transcritos prevén el mecanismo legal para que la persona tercera interesada pueda ver resarcida la afectación a su patrimonio sufrida con motivo de los daños o perjuicios generados por la suspensión de los actos reclamados. Sin embargo, esos propios preceptos imponen cargas para lograr dicho propósito, pues resulta necesario que la parte incidentista demuestre la verdad de los hechos argumentados como fundamento de su derecho.
42. Por lo tanto, el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, es un mecanismo legal que sirve para confrontar la garantía fijada ex ante (meramente probabilística) con un cálculo ex post (más certero) y así alcanzar una justa reparación por la suspensión del acto reclamado. Ello, en la inteligencia de que es carga de la parte actora incidentista demostrar los hechos en los que basa sus pretensiones –para los daños de manera efectiva y para los perjuicios de manera verosímil– pues aunque el cálculo de éstos en el incidente se hace ex post, no deja de ser una operación en torno a lo que "pudo haberse ganado" para el caso de que el acto reclamado no se hubiera suspendido.
iii) Correcta interpretación del artículo 156 de la Ley de A
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33394-10416044/suspension-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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